A propósito de la polémica por el informe del Banco Mundial

Informe En Perspectiva

EN PERSPECTIVA
Viernes 07.11.03, 07.58.

EMILIANO COTELO:
La polémica se desató el miércoles de tarde, a partir de la conferencia de prensa que convocó el senador Reinaldo Gargano, del Partido Socialista.

El legislador frenteamplista invitó a la prensa a su despacho con el fin de divulgar un documento del Banco Mundial en el que el organismo desliza una serie de comentarios novedosos a propósito del tema de moda: la eventual asociación de Ancap con una petrolera del exterior.

Gargano opinó que el dinero que, según el documento, recibiría el Estado por la asociación de Ancap –U$S 58 millones 800 mil— es escandalosamente bajo.

[Grabación]

“REINALDO GARGANO:
“Este no es un documento de trabajo: es un documento firmado, que además habla de AFE, de la Administración Nacional de Correos ...”

[Fin de la grabación]

De inmediato, el planteo recibió la respuesta del vicepresidente Luis Hierro López y del presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti. Ambos recalcaron que esos números no comprometen la opinión del gobierno uruguayo.

[Grabación]

“JORGE SANGUINETTI:
“Esa es la opinión de un funcionario que dice “Bueno, se piensa hacer una licitación de Ancap” y él da su opinión sobre cuál es el valor. Esa es una opinión del funcionario. Nadie nos está obligando a hacer esto, esta idea no surgió del BM, ¡por Dios! Es una idea que salió de adentro de Ancap, es una idea que viene desde hace tiempo ...”

[Fin de la grabación]

Agregaba que las cifras de la asociación de Ancap seguramente serán superiores a las citadas por Gargano, pero recién se conocerán cuando se concrete el proceso licitatorio, para el cual ni siquiera se ha redactado aún el texto del llamado.

Ayer, a esta hora En Perspectiva, ustedes escucharon los dos puntos de vista en dos entrevistas separadas. Francamente, yo no quedé satisfecho con que aquel fuese el resultado final de nuestro trabajo periodístico. La confrontación de las dos campanas dejaba a cualquier oyente una cantidad de dudas y nuevas preguntas. Pero hasta ese momento había sido imposible para nosotros acceder a los documentos y, por lo tanto, era muy difícil tratar de ordenar el tema y sacar nuestras propias conclusiones. Tanto Gargano como Hierro habían distribuido material gráfico a los periodistas. Pero en ambos casos ese material presentaba problemas: había traducciones no oficiales y/o versiones parciales de los documentos.

Ayer, después del programa, la producción de En Perspectiva trabajó a fondo en el tema, partiendo de la afirmación del senador Gargano de que los textos que él citaba estaban disponibles en el sitio web del Banco Mundial. Recorriendo esa fuente de información y realizando algunas consultas adicionales, logramos pasar en limpio lo que ahora voy a contarles.


EL DOCUMENTO EXISTE

A propósito, lo primero que hay que decir es que el documento referido por Gargano existe: está disponible efectivamente en el sitio web del Banco Mundial y contiene las afirmaciones señaladas por el senador.

Se trata de un documento oficial de unas 150 páginas, en el que un grupo de técnicos del organismo realizan una evaluación de la situación económica, financiera y social del país. Este documento está redactado en inglés. En cambio, el que ha circulado en las últimas horas corresponde a una traducción realizada en la propia bancada del Encuentro Progresista.

Está fechado el 25 de marzo de 2003, y lo señalo porque uno de los puntos en debate era si se estaba hablando del mismo documento. Hierro hablaba de uno de marzo, Gargano de uno de abril. Lo que ocurre es que en el sitio web del Banco Mundial también existe una carátula asociada a este documento, que tiene fecha 15 de abril (cuando se firmó el acuerdo). Esa carátula tiene apenas una página, está redactada en español y en ella se menciona como responsable nacional del proyecto a la Directora del Departamento de Empresas Públicas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contadora Graciela Pérez Montero, y como gerentes del mismo a lo técnicos del Banco Mundial, Carlos Vélez y Anna Wellenstein.

Un detalle –que en este caso matiza en alguna medida el intento de defensa realizado desde el oficialismo– es que el documento señalado fue elaborado por un completo equipo de técnicos del Banco Mundial, y no por “algún funcionario del organismo” como se ha señalado.

En este sentido, en el propio texto aparece el listado de los profesionales que trabajaron en la investigación. Textualmente, dice:

“This operation was prepared by a World Bank team composed of: Vivien Foster and Luis Guasch (LCSFP), Eleodoro Mayorga (COCPO), Paulo Correa and Nelson de Franco (LCSFP), Franz Drees (LCSFW), Juan Ianni (CITPO), Juan Pablo Uribe (LCSHH), Suhas Parandekar (LCSHE), Jorge Rebelo (LCSFT), Pilar Gonzalez (LEGLA), Daniel Oks (LCSPE), Lourdes Herrell (LCSFU), and Marcelo Celani, Luis Vaca-Soto, Luis Perez, Jorge Kogan, and Juan Pablo Martinez (consultants). The team was led by Carlos E. Velez (LCSFW) and Anna Wellenstein (LCSFU). The sector leaders are Juan Gaviria (FPSI) and Ariel Fiszbein (HD)”.


EL CONTENIDO DEL INFORME

Vayamos ahora al fondo de este asunto: la trascendencia del contenido del informe.

En general, la información contenida en este tipo de documentos, es utilizada por las autoridades de los organismos multilaterales de crédito como insumo a la hora de resolver, tanto la habilitación de programas de asistencia, como la liberación de los fondos destinados a financiarlos.

En este caso puntual, y valiéndose de la información contenida en este informe, los jerarcas del Banco Mundial aprobaron en abril de este año dos préstamos por un monto total de 252 millones de dólares, destinados a dar apoyo a los programas de reformas estructurales que Uruguay viene implementando.

Se trata del “Préstamo de Reforma Estructural en los Servicios Públicos y el Sector Social”, por 151 millones de dólares, y el “Préstamo Especial de Reforma Estructural en los Servicios Públicos y el Sector Social”, por 101 millones de dólares.

Según dice un comunicado de prensa del organismo con fecha 15 de abril, “estos préstamos permitirán lograr una mayor eficiencia en la provisión de servicios públicos e infraestructura, e incrementar el impacto del gasto público en educación y salud”.

Es en este contexto que los organismos multilaterales analizan muy exhaustivamente la realidad económica de cada país, en busca de señales concretas sobre su capacidad de repago, y para monitorear al mismo tiempo el avance de las reformas que son objeto del préstamo.

Así, en el anexo 5 del documento, bajo el título “Impacto fiscal del programa de reformas”, los técnicos del Banco Mundial enumeran una serie de ahorros e ingresos fiscales extraordinarios derivados de estas medidas que el gobierno tenía (y tiene) en su horizonte político.

En particular, se evalúa los ingresos extraordinarios que resultarán de lo que los técnicos llaman “una mayor participación del sector privado en la provisión de servicios públicos”, así como de otros impactos tales como mejoras en la eficiencia, planes de retiros incentivados, evolución de las ventas de los entes, etcétera.

Entre comentarios y evaluaciones a propósito de la situación de UTE, Antel, OSE, la Administración Nacional de Correos y AFE, aparecen, efectivamente, una serie de apreciaciones sobre Ancap, que fueron las que despertaron la inquietud del senador Gargano.


LOS 58:8 MILLONES

En concreto, el documento de los técnicos del Banco Mundial se detiene en esa nueva empresa que se conformaría entre Ancap y una petrolera del exterior para explotar el negocio de los combustibles. El informe hace una estimación del monto en efectivo que el Estado podría llegar a obtener cuando ese socio extranjero adquiera el 49% del paquete accionario de la nueva empresa mixta.

Para hacer esta evaluación, el Banco Mundial se valió –y quizás sea este el dato más novedoso– de una estimación realizada en abril del 2002 por la consultora estadounidense “Salomon, Smith & Barney”, contratada especialmente por Ancap para que la asesorara en este proceso.

Esa consultora estimó en 200 millones de dólares el valor de mercado de esa empresa mixta. En función de ello, se concluía que la petrolera del exterior que se asociara con Ancap, para hacerse cargo del 49% del paquete accionario de la nueva empresa, debería poner sobre la mesa un monto estimado en 98 millones de dólares.

Pero esos fueron cálculos realizados por Salomón, Smith & Barney en abril de 2002. Un año más tarde –marzo de 2003– los técnicos del Banco Mundial retomaron esa evaluación, y la ajustaron a la baja en función de lo que ha sido el magro desempeño de la economía del país y la región durante estos últimos meses, tras la profundización de la crisis de mediados del año pasado.

Los técnicos se ubicaron así en un escenario conservador, planteando una especie de “piso” del monto a recaudar, para evaluar la salud fiscal del país en lo que sería un hipotético “escenario más desfavorable”.

Concretamente, se aplicó una rebaja del 40% a la estimación previa, con lo que aquellos 98 millones de dólares se transforman en los 58 millones 800 mil dólares, que ganaron protagonismo a partir de la denuncia de Gargano.

El documento aclara explícitamente que se trata de un supuesto de trabajo, en un intento por aproximarse, en la medida de lo posible, a la futura realidad de las cuentas fiscales de nuestra país.


LA CARTA DE DAVRIEUX

En otro tramo del documento, en el Anexo 2, se incorpora una carta elevada al Banco Mundial el 7 de marzo de 2003 al organismo, con la firma del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Ariel Davrieux.

Se incluye la versión original de la carta, en español, con el membrete de Presidencia de la República, y una versión adicional en inglés.

Este pasaje del documento –que fue el que usó el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, a la hora de ensayar una defensa ante los planteos de Gargano– es lo que en la jerga se conoce como “carta de política”, en la que el gobernante suele explicitar cuáles van a ser las principales líneas por las que va a transitar su programa.

Esto podría ser lo más parecido a un “compromiso” asumido por el gobierno, aunque ni siquiera se trata de una “carta intención” como las que el país ha firmado ante el Fondo Monetario como respaldo de los últimos programas de asistencia aprobados por este organismo.

A propósito, cabe señalar que en esta misiva de Davrieux, no se maneja ningún tipo de cifra a propósito del tema Ancap, un argumento que fue esgrimido por el propio Hierro en las últimas horas, y que la producción de En Perspectiva pudo confirmar.

De todos modos, es evidente que algún integrante del gobierno uruguayo firmó el acuerdo que habilita la liberación de los fondos correspondientes a estos programas, parte de los cuales -77 millones- ya fueron liberados, otros 75 millones serán entregados en noviembre, restando un saldo de 100 millones cuyo desembolso está previsto para junio de 2004.

La pregunta que surge de inmediato es: ¿en qué medida la firma del acuerdo compromete al país en lo que es el contenido completo del informe elaborado por los técnicos del Banco Mundial? ¿El gobierno avala, expresa o implícitamente, la información que allí se maneja?

Según fuentes –acostumbradas a participar en este tipo de instancias– consultadas por En Perspectiva, las autoridades del país se deben hacer cargo de los compromisos explícitos que aparecen en el documento, pero de ninguna forma avalan con su firma opiniones, fundamentos, argumentos o proyecciones planteadas por los servicios técnicos del organismo en estos informes de apoyo.


LA CUESTION FINAL

De todos modos, la cuestión que ahora queda planteada es: Sea o no avalada por el gobierno uruguayo, aunque sea sólo de los técnicos del Banco Mundial, existe esa estimación de que el Estado recibiría 58:8 millones de dólares al concretar la asociación de Ancap con una petrolera del exterior.

Pero, de todos modos, parece claro que Gargano propone un debate en ese punto: ¿ese dinero, el de esa estimación, es satisfactorio o no? ¿El piso debería ser más alto para que el negocio tuviera sentido?

Gargano se pronuncia categóricamente: dice que esa cifra es ridícula, y para eso la compara con el patrimonio de toda Ancap en el año 2000, que era de 1.000 millones de dólares, incluyendo los bienes tangibles e intangibles que se pondrán a disposición de la futura sociedad mixta: la refinería, la boya petrolera, el mercado uruguayo de combustibles y la propia marca Ancap, entre otros.

Aquí la discusión ingresa en un terreno farragoso y sumamente técnico que es: ¿cómo se calcula el valor de una empresa? En particular, ¿cómo se calcula el valor de esto que es una asociación entre Ancap y una firma del exterior para desarrollar una parte de los negocios que la primera venía desarrollando hasta ahora?

En el cálculo de lo que pone Ancap en la nueva empresa ¿hay que tener en cuenta todo el valor de la refinería de La Teja, por ejemplo? Parece claro que no, porque la refinería seguirá perteneciendo a Ancap, no a la nueva empresa. La nueva empresa utilizará la refinería durante 30 años y la devolverá a Ancap al finalizar ese período.

Como se ve, el método de cálculo se aleja bastante de la comparación que propone el senador socialista. Pero, en definitiva, para realizarla uno debería, por lo menos, tener un manejo afinado de las técnicas de valuación de activos industriales y, como si esto fuera poco, conocer a fondo el negocio puntual de los combustibles.

Pero además, entran en juego otro tipo de consideraciones.

Si bien el negocio incluirá un precio, ese no es el objetivo final de esta asociación de Ancap. Según los impulsores de la ley, el objetivo principal es fortalecer a Ancap en el negocio de los combustibles, en un mercado –el uruguayo— que por las imposiciones del Mercosur deberá abrirse al ingreso de naftas importadas del exterior a partir del año 2006.

¿Qué significa “fortalecer a Ancap”? Aggiornar la refinería para producir combustibles competitivos en calidad, conseguir nuevos mercados, ganar escala que justifique las inversiones en la refinería; por todo lo anterior estar en condiciones de bajar los costos de producción y consiguientemente los precios al consumidor. Y, muy relacionado con todo esto, adquirir el know how de management de este tipo de compañías. Según el gobierno, la asociación llevará adelante ese relanzamiento de Ancap a lo largo de un período de 30 años, durante el cual Ancap seguirá obteniendo ganancias por el negocio de los combustibles.

El planteo del senador Gargano deja de lado estos otros aspectos y se concentra en una de las consecuencias de la asociación: lo que el Estado recibiría en efectivo en el momento de la firma del contrato. De ahí que el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista, Partido Nacional) le respondió ayer que ese enfoque equivale a analizar el negocio como una venta, cuando no se trata de una venta sino de una asociación.

En definitiva, el debate vuelve al punto que tantas veces se ha tratado en estos meses: la conveniencia o inconveniencia de esta asociación. Si se cree que todos esos objetivos que la asociación persigue podrán cumplirse con el negocio tal cual lo impulsa el gobierno. Ese termina siendo nuevamente el punto real de polémica, y ya conocemos cuáles son las posiciones en uno y otro sentido.

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NOTA: Emitido este informe, el presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti, remitió a En Perspectiva un “Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2002”. El mismo establece, a un tipo de cambio de $27,16, un valor patrimonial de U$S 315:519.665 (315 millones 519 mil 665 dólares).

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Edición: Jorge García Ramón
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