Al Parlamento derivaciones del caso Elena Quinteros

Senador Francisco Gallinal: El ministro Fau reitera que no sabe dónde están los militares citados a declarar por la Justicia. Son testigos, no van a ser procesados, no es aplicable el artículo 1º de la Ley de Caducidad. Él confunde a militares golpistas con las FFAA. Ministro Yamandú Fau: Pone al Parlamento en riesgo de disolución porque no le gusta mi estilo. Yo defiendo la ley, en eso coincido con las FFAA, y no tengo que explicarlo. Si otros tienen que explicar su actitud es su problema.



EN PERSPECTIVA
Jueves 11.12.03, 07.36.

EMILIANO COTELO:
El senador Francisco Gallinal anunció ayer que pedirá la censura parlamentaria del ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau.

ALFREDO DANTE:
Gallinal ya venía criticando la actuación del ministro Fau. El domingo, cuando concurrió a votar en el referéndum por la ley de Ancap, formuló declaraciones a los periodistas que fueron a cubrir esa instancia, manifestando que el gobierno y en particular el ministro estaban haciendo un pésimo manejo, cometiendo gruesos errores en la defensa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Recordó que el ministro no había votado la ley, que votó por su derogación en el referéndum de 1989, y que ahora defiende a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

EC – Estamos en comunicación con el senador Gallinal. Usted presentó ayer en la Cámara alta la moción que pone en marcha el mecanismo de censura. ¿Por qué un paso tan fuerte?

FRANCISCO GALLINAL:
En el transcursos de estos últimos días, nosotros ya habíamos enviado señales importantes; el martes por la mañana, acompañado por toda la Correntada Wilsonista, efectuamos una conferencia de prensa haciendo un conjunto de señalamientos muy críticos respecto a la situación que estamos viviendo, que queremos evitar, y básicamente a algunas definiciones del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, que nos generan una gran preocupación.

EC – El centro de esa inquietud es el caso Elena Quinteros, las actuaciones dispuestas por el juez suplente, Alejandro Recarey, y la respuesta desde el Poder Ejecutivo.

FG – El centro de esa inquietud es la defensa en la aplicación de la Ley de Caducidad, las divergencias suscitadas en los últimos tiempos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que eventualmente pueden culminar en escenarios de mayores dificultades todavía, y las expresiones del ministro Fau –en la noche del martes y en la mañana del miércoles— en que por tercera vez ratifica que como ministro Defensa desconoce el lugar donde se encuentran los subordinados, los ciudadanos vinculados a las Fuerzas Armadas que están bajo égida y que fueron convocados a declarar, lo cual...

EC – Respecto a esos militares, las versiones periodísticas señalan que habrían recibido protección, justamente, en unidades de las Fuerzas Armadas.

FG – Si así fuese, la situación sería de mayor dificultad todavía, porque o verdaderamente el ministro no conoce el lugar donde se encuentran, lo que es muy grave para un ministro de Defensa Nacional o, conociéndolo, la información que brinda es la contraria a la verdad.

EC – O sea que estas declaraciones de Fau que usted acaba de citar son las que precipitan su decisión de ir por el camino de la censura.

FG – Sí, porque es la tercera vez que las ratifica. Ya habíamos censurado en más de una oportunidad declaraciones de esas características, y creo que nuestro deber es defender bajo cualquier circunstancia el Estado de Derecho, precaver una situación de mayor conflictividad y enfrentamiento.

EC – Usted había efectuado algunos comentarios particularmente severos en dirección al ministro Fau y al Poder Ejecutivo. Palabra más, palabra menos, dijo que lo percibía como abogado de los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas...

FG – No: conservadores, no. Los más radicalizados o por lo menos vinculados a los hechos de 1973 y posteriores. He señalado expresamente que la institución Fuerzas Armadas, en nuestra visión, es absolutamente ajena a esta coyuntura pero además al golpe de Estado de 1973. Yo cuestiono y censuro a quienes usurparon el poder en 1973 y dieron el golpe de Estado en nombre de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que también hay una suerte de solidaridad mal entendida que puede llevar a radicalizaciones que no acepto de ninguna manera.

Y agrego: hace 17 años, el Directorio del Partido Nacional presidido por Wilson Ferreira Aldunate, en este mismo mes, decidió promover la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como consecuencia de los acuerdos del Club Naval, que fueron celebrados por el Partido Colorado con el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas, y la diferencia que hay entre aquella circunstancia y hoy es la ley. En aquel tiempo, al igual que hoy, existían citaciones a militares, policías, equiparados y asimilados, que estaban depositadas en la caja fuerte del general Medina, y fue en función básica y sustancialmente de aquella circunstancia, para evitar una desestabilización y un enfrentamiento entre los poderes del Estado y una desobediencia al Poder Judicial, que Wilson decidió ayudar a la gobernabilidad y poner sobre la mesa un instrumento de pacificación nacional como sin duda lo terminó siendo la Ley de Caducidad que, bien lo sabemos, le costó al Partido Nacional una situación muy difícil.

EC – Justamente, desde el Poder Ejecutivo se ha invocado la Ley de Caducidad, “su texto y su espíritu” para justificar las acciones llevadas adelante ante el Poder Judicial intentando llevar los pasos del juez Recarey.

FG – Hoy estamos o podemos llegar a estar enfrentados a una situación de similares características. El Poder Ejecutivo tiene que darse cuenta de que de alguna manera hay una suerte de injerencia dentro del Poder Judicial que lo debilita con una serie de recursos y de recursos de un Poder del Estado que no es parte en esos juicios. Creo que hay que tratar de preservar la independencia del Poder Judicial, aun cuando no se comparta las acciones promovidas desde ese ámbito, pero ¿qué país nos queda si permitimos que caiga o que se debilite esa independencia?

EC – Pero yo le decía que, justamente, el Poder Ejecutivo invoca la Ley de Caducidad, esta misma que usted citaba que su partido y Wilson Ferreira Aldunate impulsaron en 1986.

FG – Sin embargo, camina directo hacia una confrontación de poderes y un debilitamiento del Poder Judicial que no sirve a las circunstancias, cuando en función de la Ley de Caducidad es absoluta y terminantemente claro que, por el artículo 1º, ha caducado todo accionamiento respecto a los militares, policías, equiparados o asimilados que estuvieron involucrados en aquellos hechos, que los pueda hacer objeto de un procesamiento o de una punición o una sentencia. Y por otra parte el artículo 4º establece la necesidad de, en aras de ayudar a cicatrizar heridas que quedan de aquellos tiempos (sobre todo para los familiares, que no tienen más solución que un acto de fe y el paso del tiempo) y ayudar a aclarar la situación que llevó a la desaparición de personas o el secuestro de niños.

EC – O sea que usted coincide con el juez Recarey...

FG – Yo no coincido en absoluto con el juez.
EC – ... en cuanto a que aquí no se los está citando como involucrados en el caso...

FG – Yo no coincido...

EC – ... sino como testigos, que no está en juego para nada la posibilidad de castigarlos, de condenarlos por los hechos.

FG – Que no está en juego, no está en juego. Pero yo no coincido con el juez Recarey: simplemente señalo que si el Poder Ejecutivo actúa como tal, el presidente como presidente y en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, llevando la tranquilidad suficiente a la sociedad en su conjunto, pero además a la institución, de que la ley...

[Se interrumpe la comunicación]

EC - ¿Por qué usted, que dentro del Partido Nacional fue siempre de los dirigentes y parlamentarios más cercanos al gobierno, sale tan duro con este tema, llegando a presentar una moción de censura a un ministro? Si no recuerdo mal, por ejemplo, su grupo político fue de los que se opuso al retiro de los ministros del Partido Nacional del gabinete cuando se tomó esa decisión a fines del año pasado. Entonces, ¿por qué ahora aparece tan frontalmente en conflicto con decisiones del Poder Ejecutivo?

EC - ¿Y por qué usted llega a la conclusión de que yo fui un legislador cercano al gobierno durante todos estos años? No: durante todos estos años yo asumí con mucha responsabilidad que estábamos viviendo una de las circunstancias más difíciles de la vida del país, y que (como señalamos en un congreso de la Correntada Wilsonista que hicimos en Treinta y Tres en los días previos a la ruptura de la coalición) al país siempre una oportunidad más. Y esas fueron las circunstancias que en todo momento me guiaron, cuando no teníamos con el gobierno, ni tenemos, ni tendremos, ministros ni directores de entes autónomos y servicios descentralizados, ni contratos. Y es un caso casi único de la vida del partido. Entonces yo, con el gobierno, no tengo absolutamente ningún compromiso; sí lo tengo con el país, con mi partido y con el wilsonismo, que es el que reivindico y defiendo en estas circunstancias porque tengo la más absoluta convicción de que por el camino que vamos no sólo se deteriora el valor sustantivo que tenía y tiene la Ley de Caducidad, sino que vamos a vivir momentos de crisis institucional, lo que yo no quiero bajo ninguna circunstancia. Y además me parece que los uruguayos no podemos seguir siendo víctimas ni rehenes de la subversión guerrillera que generó lo que generó, ni de la dictadura militar y sus desmanes, y tenemos que terminar esos tiempos pero no al costo de un debilitamiento de las instituciones.

EC – Le hacía esa pregunta, entre otras cosas, porque usted sabe que siempre circulan los comentarios en cuanto a que, en la medida en que se acercan las elecciones, cobran impulso las jugadas políticas del tipo interpelaciones, etcétera. Como que podría haber intenciones electorales detrás de un planteo así.

FG – No, no las hay de ninguna manera. Creo que la situación es lo suficientemente grave y mucho más grave lo que hay que precaver. Yo no fui al camino de la interpelación por lo que le decía recién: por tercera vez el ministro ha ratificado expresamente que desconoce esa situación, ha anunciado la presentación de nuevos recursos ante el Poder Judicial, y además el tiene ese estilo y ese tono que sinceramente no nos convence ya desde el momento mismo en que comienza hablando (como lo ha hecho también en tres oportunidades en los últimos tiempos) del Ministerio “de la Defensa”, como que se pudiera volver tantos años para atrás y marcar las diferencias de esa manera, sinceramente, de un ministro que comprendo que se le haga muy difícil explicar la Ley de Caducidad, porque nunca la entendió: no la votó, firmó para que se convocara a un referéndum para derogarla, votó en el referéndum para derogarla...

EC – En la época en que el ahora ministro Fau integraba el Frente Amplio, dice usted.

FG – Sí; o integraba el sector del doctor Hugo Batalla, porque ahora me perdí un poco en cuál de sus cuatro estaciones estaba. Entonces, no es la forma, no es el ciudadano adecuado para estar al frente del Ministerio de Defensa Nacional, porque también él ha radicado las posiciones y se ha puesto prácticamente en un defensor de quienes estuvieron involucrados en aquellos tiempos. No imaginará que está defendiendo a las Fuerzas Armadas, porque la institución –lo he dicho en más de una oportunidad durante varios años y hoy lo reitero—es absolutamente ajena a esos desmanes y a esos golpes de Estado, su nombre fue usurpado para cometerlos. Yo a eso lo condeno, las respeto, y siento que me representan y que están integradas a nuestra sociedad, y así se lo transmití además en su momento, hace ya algunos meses, al comandante Danners, cuando yo avizoraba desde entonces y desde entonces empezaba a enviar señales, que no podíamos de ninguna manera entrar en un corral de ramas de estas características y en enfrentamientos de este tipo.

EC – El artículo 147 de la Constitución, que es el que usted está poniendo en marcha, establece que “Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno. Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada con un término no inferior a 48 horas para resolver sobre su curso. Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes, se dará cuenta a la Asamblea General, la que será citada dentro de las 48 horas”. O sea que, para que esto efectivamente arranque, usted necesita 16 legisladores (depende de si están todos en Sala, puede ser alguno menos)...

FG – Y eso habilitaría la convocatoria a la Asamblea General antes de las 48 horas.

EC – La bancada del Encuentro Progresista lo respalda, al parecer, y son 12 votos. Michelini también, con usted son 14. ¿Cómo llega a los 16?

FG – No sé, no es un problema mío.

EC – En el Partido Nacional, ¿quiénes lo acompañan?

FG – No sé. Ayer, antes de presentar la moción, me puse en contacto con los coordinadores de cada sector parlamentario del Partido Nacional para transmitirles mi decisión y mi definición, y ahora tienen hasta el martes para tomar las decisiones que entiendan pertinentes.

EC - ¿Usted está dispuesto a que se escuche al ministro Fau? Porque él reclama eso: que antes de que se intente una censura, se atienda sus argumentos.

FG – Por supuesto: el ministro tiene que estar presente en la sesión, tiene que argumentar, tiene que hablar. Así lo establece expresamente la Constitución de la República.

EC – En la sesión del martes del Senado.

FG – En la sesión del martes del Senado. Yo no recorrí el camino de la interpelación por los motivos que le dije, pero además porque si promuevo una moción de interpelación la terminamos discutiendo el 31 de diciembre, porque ahí la fecha la fijan el presidente del Senado con el ministro.

***

EC – El diálogo es ahora con el ministro de Defensa, Yamandú Fau. ¿Cómo recibió esta noticia de que el senador Gallinal presenta una moción de censura?

YAMANDÚ FAU:
Con algo de sorpresa (no con toda la sorpresa), porque abruptamente se incorporó al escenario público una actitud muy dura, muy radical, del señor senador, una vez que el doctor Lacalle, el viernes último, se comunicó primero con el señor presidente de la República y algunas horas después con quien habla, para decirnos en un sentido muy profundo de compromiso institucional, y con una gran entereza expresarnos el apoyo que daba a la forma en que el gobierno venía administrando una situación especialmente delicada, nos manifestó todo su apoyo. En mi caso personal puedo referirme a lo que me dijo, me señaló bien claro que esto no es únicamente el apoyo de Luis Alberto Lacalle, es el apoyo del Partido Nacional.

Al día siguiente un matutino recogió declaraciones en ese sentido del doctor Lacalle y al día siguiente, cuando sale de cumplir con su obligación de votar, el señor senador hace virulentos ataques al ministro marcando una posición totalmente distinta de la que el doctor Lacalle había sostenido.

EC - ¿Qué está queriendo decir con esta enumeración de hechos?

YF - Simplemente señalo que estos hechos se producen seis meses antes de que los partidos diriman quiénes van a ser sus candidatos a la Presidencia y nueve meses antes de que el pueblo sea convocado para elegir al nuevo presidente de la República. Yo constato eso; no debo presumir intenciones, ni las voy a presumir. Digo que hay una realidad interna en el Partido Nacional, hay quienes cuestionan el liderazgo del doctor Lacalle y en función de eso adoptan y fijan sus actitudes.

EC - Yendo a los argumentos del doctor Gallinal, él cuestiona el hecho de que usted, con su actitud y sus declaraciones de estos días, por ejemplo, lo desconcierta, al sostener que no sabe, que no tiene idea de dónde se encuentran los militares que han sido citados a declarar y que no concurrieron en su momento. ¿Qué responde usted?

YF - Él dice otras cosas.

EC - Pero hablemos primero de este punto.

YF - No puedo entrar al punto si no hablo… Mire que voy a hablar sólo de cosas que le dijo a usted, no voy a traer otras cosas.

EC - ¿A ver…?

YF - Él dice que no le gusta mi estilo, entonces pone en marcha los mecanismos de censura al ministro que pueden llegar a la disolución de las Cámaras, porque a él no le gusta el estilo del ministro. No le gusta el tono del ministro, entonces pone en marcha los mecanismos que pueden llegar a la disolución del Parlamento.

Luego abre juicios definitivos, él ya tiene posición; no escuchó al ministro por qué dijo eso, no le preguntó por qué dijo eso, no analizó las declaraciones del ministro, y por sí y ante sí declara que la censura corresponde sin que se produzca lo que en este país se produce desde que se inventó la interpelación, que es el diálogo a que debe someterse.

EC - El senador dice que está dispuesto, por supuesto, a escuchar al ministro, que no hay inconveniente, y que usted comparezca en el Senado el martes.

YF - Después de que yo lo planteé públicamente; hasta entonces el mecanismo es que el Senado no requiere la presencia del ministro, él no ha solicitado la presencia del ministro. Si el ministro habla es porque va a ir al Parlamento por su propia voluntad a dar sus argumentos; es un hecho absolutamente curioso.

EC - Usted dice que debió haberse pasado primero por la instancia de la interpelación.

YF - No lo digo yo, lo dice el país desde el año 1830 hasta ahora: nunca hubo un caso de un ministro que haya sido censurado sin oírlo. Siempre fue así, se pone en marcha el mecanismo de la convocatoria y luego, si son satisfactorias las respuestas se las aprueba y si no se puede recurrir a esos mecanismos previstos.

EC - Más allá de las críticas al estilo o al tono, el senador Gallinal también señala que no entiende cómo el ministro de Defensa Nacional puede decir que no sabe dónde están los militares que han sido citados a declarar.

YF - Él dice algo más grave: dice que como yo no voté la ley, no la entiendo. Es decir que todos aquellos legisladores que no están de acuerdo con una ley y votan en contra, no pueden hablar, no pueden opinar, no la entienden porque no la votaron. ¿Se da cuenta de lo que significaría en el país dividirnos entre los que estamos de acuerdo con una ley –la entendemos– y los que no estamos de acuerdo –no la entendemos–? Parece un razonamiento muy forzado.

Es público y notorio que yo no voté la ley, lo señalo cada vez que se me pregunta; es público y notorio que cuando esa norma se plebiscitó yo estuve en la posición de reclamar el voto verde para que fuera derogada. Y realicé un conjunto de argumentos que creo muy serios y fundados en el sentido de que esa ley cerraba definitivamente una serie de hechos, no daba ninguna posibilidad de indagar o juzgar, cerraba definitivamente todos estos hechos tan desagradables que el país vivió.

EC - Ahí viene la discrepancia del senador Gallinal, él dice que desde su punto de vista la ley permite, en materia de desaparecidos, por ejemplo, seguir investigando y enfatiza que el Poder Ejecutivo está omiso en ese sentido.

YF - ¿Cómo va a estar omiso en los mensajes que remite al Poder Judicial el Poder Ejecutivo que nombra una Comisión para la Paz a efectos de indagar el destino de los desaparecidos; el gobierno que llega a conclusiones en innumerables casos que pudieron ser esclarecidos por las investigaciones que la comisión llevó a cabo; un Poder Ejecutivo que le dice al Poder Judicial que está dispuesto a seguir haciendo todo aquello que pueda hacer para esclarecer estos hechos; un gobierno que da por culminada la Comisión para la Paz pero deja establecida una secretaría de seguimiento para poder recabar toda aquella información que permita esclarecer…? ¿De dónde surge que no hay un cumplimiento de la Ley de Caducidad?

EC - El otro punto es que, según el senador Gallinal, la Ley de Caducidad no impide que un militar sea citado a declarar como testigo; no está en juego –dice– en estos casos un castigo a los militares que el juez quería interrogar.

YF - Desde hace 17 años todos los jueces del país, todos los jueces penales que han tenido que ocuparse de estos hechos, tuvieron algo meridianamente claro: el texto de la ley, que es de una claridad absoluta, establece que previo a tomar resoluciones el juez debe preguntarle al Poder Ejecutivo si el caso está comprendido por la Ley de Caducidad. Así lo han hecho pacíficamente todos los jueces del país que cumplieron con la ley.

En este caso, un juez que ejercía en carácter de suplente avanzaba en un expediente, no sólo con citaciones, llegó a intimar a los señores comandantes de las Fuerzas Armadas para que entregaran determinada documentación. Todo eso hacía sin previamente preguntarle al Poder Ejecutivo si el caso estaba comprendido o no por la Ley de Caducidad, porque si el Poder Ejecutivo decía, como lo manda la ley, que estaba comprendido, no sólo no podía hacer citaciones en ningún carácter, sino que no podía intimar a las Fuerzas Armadas, como las intimó, a entregar determinada documentación.

¿De dónde puede interpretarse tan… –no quiero usar adjetivos, no es mi intención– tan rebuscadamente ir más allá de lo que los propios jueces han ido? El día que le entregamos a la Suprema Corte el mensaje pidiendo que el juez que venía actuando nos consultara, ese mismo día se presentó en otro juzgado penal la respuesta al planteo del juez que entendía en el caso de la nuera de Gelman, que le preguntó al Poder Ejecutivo si esos asuntos estaban comprendidos o no por la ley, y el Poder Ejecutivo le contestó. Así se hizo permanentemente; ¿por qué ese hecho tiene esta notoriedad? Porque un juez suplente hace lo que ningún juez en este país había hecho desde que la ley está vigente: omitió consultar al Poder Ejecutivo porque mientras omitía la consulta avanzaba en las actuaciones en las que quería avanzar.

EC - El senador Gallinal dice que usted confunde a la institución Fuerzas Armadas con aquellos de sus integrantes que estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos o que integran sus bolsones más radicales.

YF - Yo no hablo ni actúo para conquistarme la simpatía o la antipatía de las Fuerzas Armadas. Actúo exclusivamente con la preocupación profunda de que en este país lo peor que puede pasar es que las leyes no se cumplan, ése es mi objetivo. En ese objetivo tengo además la enorme tranquilidad de tener una coincidencia absoluta y total con las Fuerzas Armadas. Yo no tengo necesidad de decir que creo en las Fuerzas Armadas, que estoy de acuerdo con ellas, que las apoyo, como si hubiera alguna duda de cuál es mi actitud; no lo hago porque no tengo necesidad. Yo defiendo la ley y en eso coincido con las Fuerzas Armadas de mi país. Si otros tienen que explicar que su actitud no es contra las Fuerzas Armadas es un problema de quien hace el razonamiento, y la necesidad que tiene de hacerlo.

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Transcripción: Jorge García Ramón y María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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