REPERCUSIONES DEL IV CONGRESO DEL FRENTE AMPLIO

Polémica en el FA por propuesta de derogación de la Ley de Caducidad

El planteo de derogar la Ley de Caducidad si se accede al gobierno despertó un duro debate en el Congreso del Frente Amplio. Finalmente se optó por quitar la mención expresa de la derogación de la norma, manteniendo que “se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. Para el dirigente del PVP Hugo Cores la ley es incompatible con los tratados sobre Derechos Humanos y por tanto lo aprobado por el congreso igual obliga al Frente Amplio a la derogación del texto legal.

EN PERSPECTIVA
Martes 23.12.03, hora 9.07.

EMILIANO COTELO:
¿Qué hacer con la Ley de Caducidad en un eventual gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista (FA-EP)? Ese fue uno de los temas más duramente discutidos durante el Congreso del FA del fin de semana pasado, que comenzamos a analizar ayer con en entrevista con el senador Enrique Rubio.

El domingo, en régimen de plenario, se presentó una moción que promovía explícitamente la derogación de la Ley de Caducidad en un gobierno encabezado por Tabaré Vázquez. Y a propósito de un agregado a la moción original surgida en comisión se produjo un debate particularmente enérgico y apasionado que tuvo dos protagonistas: el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Hugo Cores y el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Eleuterio Fernández Huidobro.

José Irazábal tiene una síntesis de ese intercambio.

JOSÉ IRAZÁBAL:
Exactamente. Cores argumentó en el Congreso del FA que el punto sobre la Ley de Caducidad era uno de los más importantes que tenían para resolver el FA y el propio país. “Es la constatación –dijo– de que lo que se ha dicho por parte de la derecha durante 16 años no es cierto, que la ley de caducidad resolvía para siempre el tema de los derechos humanos”. Dijo también que una muestra clara de esto son, por ejemplo, las marchas que se hacen los 20 de mayo, las protestas que han hecho los familiares, las acciones de la justicia –nombró la actuación de los jueces Cavalli y Recarey– y señaló que la herida en este sentido no está cerrada y que los gobiernos después de la salida de la dictadura actuaron como defensores de la impunidad y no de la reconciliación nacional. “No podemos ser, como ha dicho la prensa de la región, un paraíso de la impunidad, donde nunca nadie ha sido llamado ni siquiera como testigo”, afirmó en defensa de su planteo.

Luego se refirió a la respuesta concreta que se presentaba en ese momento, que era derogar la Ley de Caducidad.

(Grabación: )

“La moción que nosotros planteamos se remite a la existencia en el mundo y en la legislación interna uruguaya de un sistema de garantías que establece que hay delitos que por su naturaleza son permanentes. La desaparición forzada de personas es un delito permanente y por lo tanto una ley que caduca la pretensión punitiva del Estado está reñida con los tratados que el país ha suscrito –la Convención de Costa Rica, los tratados de Ginebra, la Convención de Viena–, que precisamente desarrollan in extenso la idea de que tienen la misma fuerza que las leyes interiores los compromisos que el Parlamento vota en materia internacional.

Nosotros creemos que es una señal imprescindible para hacerle al país: que con el FA no habrá normas que garanticen la impunidad. Y es una señal también para hacerle a una figura virtual, que no sabemos ni siquiera si existe, pero nosotros también tenemos que decir que el FA no es indiferente ante la conducta de algunos militares. El FA supo distinguir entre los militares que en los años 60 apoyaban a Pacheco y los militares como el general Seregni y el general Licandro, que se enfrentaron a Pacheco. Yo me pregunto: ¿las Fuerzas Armadas están todas alineadas con Gavazzo, con Silveira, con Cordero? ¿Son intocables estos sectores? ¿Qué señal les hacemos a los oficiales uruguayos que creen en la Constitución y en la ley, a los oficiales uruguayos que están dispuestos a respetar a un presidente de la República como va a ser Tabaré, apoyado por el voto democrático de los uruguayos?”

(Fin de la grabación)

EC - Así hablaba Hugo Cores durante el Congreso del FA el domingo en el Palacio Peñarol, defendiendo la necesidad de derogar la ley de caducidad en un gobierno encabezado por Vázquez.

JI - Inmediatamente subió al estrado el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que fue el encargado de argumentar en contra de esta propuesta. El representante del MPP comenzó esa defensa recordando los compromisos asumidos por el FA en el plebiscito de 1989 sobre la ley de caducidad.

“Esta fuerza política que hoy levanta su palabra rumbo a 2005, rumbo a la campaña electoral y a un gobierno, estos documentos que estamos aprobando en este Congreso no pueden dar el mensaje al país de que cuando tenemos mayorías parlamentarias circunstanciales dejamos de respetar los compromisos”, decía Fernández Huidobro.

(Grabación: )

“Cuando se votó esta ley en diciembre de 1986 salimos casi de inmediato a juntar firmas durante lo que quedaba de diciembre, el 87 y el 88; ratificamos aquellas firmas eludiendo la última valla tramposa que nos puso aquella Corte Electoral, y luego salimos a convocar votos rumbo al 16 de abril. Recorrimos el país de punta a punta, casa por casa, utilizamos todos los medios de prensa y fuimos muy severamente interpelados por los adversarios en torno a si íbamos a acatar el resultado, mientras ellos sostenían aquella pregunta amenazante del ‘¿Después qué?’. Y nosotros dijimos que íbamos a acatar el resultado popular, el veredicto popular, nos gustara o no nos gustara, y les pedíamos a los adversarios que hicieran una declaración parecida.

Perdimos, compañeros. Y en aquella amarga madrugada de la derrota del 16 de abril declaramos nuevamente ante la prensa que nuestra palabra estaba empeñada en el acatamiento y el cumplimiento de lo que el pueblo había decidido.

Después hay argumentos jurídicos en los que no me voy a meter, bibliotecas en torno a los asideros y a las consecuencias de las derogaciones o de las anulaciones (…).

También tenemos argumentos políticos, compañeros: le entregaríamos en bandeja –hoy ya lo vimos en los medios de prensa– a la derecha, mañana mismo, este argumento para colocarlo como tema central de la campaña electoral, desenfocando la campaña electoral de los problemas de nuestro pueblo y desde allí al día de las elecciones vamos a tener que estar discutiendo todos los días la crisis institucional en la que este partido puede colocar al país, aunque no sea verdad, con la derogación de la ley de impunidad.

Este es el congreso de la victoria, compañeros, y a todo se puede renunciar menos a la victoria, compañeros, y no les haríamos ningún favor a nuestro pueblo y a nuestros niños y a los que pasan hambre hoy arriesgando con una torpeza política como la que se nos propone la victoria que está allí, hoy, al alcance de la mano. Gracias compañeros.”

(Fin de la grabación.)

EC - Finalmente la moción que promovía la derogación de la ley de caducidad en un gobierno frenteamplista no prosperó; de todos modos la votación fue más pareja de lo que muchos pensaban, tuvo 569 votos a favor y 746 en contra. Sí se votó, en cambio, la moción original que provenía de la comisión, una moción que a propósito de la ley de caducidad dice, entre otras cosas, que “el gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales, y al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”.

Cito estas dos frases de la moción votada porque, por ejemplo el profesor Hugo Cores, dirigente del PVP, dirigentes del PIT-CNT, de su Comisión de Derechos Humanos, y representantes de desaparecidos, entienden que con esa frase se está diciendo lo mismo que en la votación se rechazó. O sea, que a partir de esas frases, el gobierno del FA se vería obligado de todos modos a derogar la ley de caducidad.

La discusión se ha reabierto entonces.

Profesor Cores, ¿por qué sostiene usted que de todos modos un gobierno del Frente estaría obligado a derogar la ley?

HUGO CORES:
Para empezar porque nosotros creemos que existe en Uruguay un extendido sentimiento contra la impunidad y contra la ley que la regula, que ha habilitado la existencia de esa impunidad.

En la comisión en la que yo trabajé, que fue la que preparó la moción que finalmente fue sometida a la sesión plenaria del IV Congreso, a los pocos minutos de haberse iniciado el debate –una comisión en la que participaron alrededor de 130 compañeros– una vieja militante del Partido Socialista propuso eliminar de las resoluciones unos cuatro párrafos de valoración positiva, muy positiva, de la labor hecha por la Comisión para la Paz. Esta propuesta de la militante socialista del interior hubiera recibido el apoyo, quizás, de la mayoría, pero intervino un diputado de la Vertiente Artiguista que propuso que en lugar de eliminar todas las referencias a la Comisión para la Paz, se eliminaran sólo las elogiosas, las que establecían una valoración positiva de lo actuado.

Ahí ya tuve la visión, la percepción, de que esto estaba muy extendido –incluso en los sectores que se han proclamado partidarios de no incursionar en este tema–, de que hay un sentimiento extendido y arraigado que refleja –los congresos del Frente expresan muchas veces los comités de base, el sentir de los militantes de base de los partidos que están representados en el Parlamento y en el gobierno del Frente– el rechazo a esta ley.

Creo que es lógico: punto final, obediencia debida, decretos de perdón hubo en Argentina, en Chile, en toda la región; sin embargo la presión de los pueblos y el desarrollo de un pensamiento internacional humanitario que tiende a sancionar los crímenes de guerra, la instalación del Tribunal Penal en Roma, los acuerdos que lo habilitaron, la legislación que obliga a los países a adecuar sus normas internas a esos avances que existen de carácter libertario y humanitario en el derecho internacional, son un factor que obliga –de la misma manera que la economía obliga a modernizarse y hay panegiristas de todos los pelos; y constantemente se nos habla de que hay que adecuar tecnológicamente el país– a adecuar el reloj de las normas que regulan la vigencia de los derechos de la persona y las libertades políticas a lo que en el mundo está ocurriendo.

EC - Claro, pero el tema era si esto se resolvía expresamente en el Congreso del FA; y expresamente se rechazó la posibilidad de derogar la ley de caducidad en un gobierno encabezado por Vázquez.

HC - A nosotros no nos parece que el Congreso estuviera a punto de cometer ninguna torpeza política, como se ha argumentado. No nos parece que se trate de eso. Si el hecho está en la sociedad, si la insatisfacción frente a la ley de caducidad está en la sociedad, la nombremos o no, la problemática de esa ley nos golpea la puerta.

Obsérvese lo siguiente: se dice, se argumenta, como una argumentación “política”, de “sabiduría política” –entre otra serie de comillas–, que no hay que mentar la cuerda en la casa del ahorcado, como si no existieran los familiares que todos los 20 de mayo salen y la gente que está solidaria con ellos, como si no existieran los jueces, como si no existieran Cavalli, Alejandro Recarey.

EC - Pero Fernández Huidobro insistía en que si éste es uno de los temas del programa del FA, la fuerza política y sus candidatos se van a ver expuestos a lo largo de todo el año que viene a la interpelación de los rivales en la campaña electoral, a la interpelación periodística, a propósito de qué se va a hacer, si se va a derogar la ley y qué consecuencias tendrá desde el punto de vista de la inestabilidad institucional, como diciendo que eso podría llevar a poner en riesgo el triunfo del FA.

HC - Creo que eso no es así. El FA no está en condiciones de dirigir la agenda nacional, no está en condiciones de dirigir lo que los medios de comunicación priorizan; los medios de comunicación en su conjunto, para bien o para mal –creo que hoy para mal–, son los que fijan la agenda; excepcionalmente es un magistrado, una fuerza política, excepcionalmente el Frente, y abierta la agenda hay que opinar. Tanto hay que opinar ante estos hechos que media hora después de que Eleuterio Fernández Huidobro hizo esa argumentación en nombre de la sabiduría política y de que no hay que mentar la cuerda en la casa del ahorcado, el Congreso votó por unanimidad una moción presentada por el PVP donde se historian a lo largo de tres páginas los episodios recientes con relación a los destinos de los restos de Elena Quinteros, la presumible existencia de un cementerio clandestino en un terreno fiscal uruguayo, los obstáculos que al ejercicio del Poder Judicial ejerció el Poder Ejecutivo con intromisiones groseras. Fueron groseras cuando Cavalli procesó a Juan Carlos Blanco, de todo tipo, hasta un editorial del diario El País que ocupó casi una página donde se lo trataba de “caballo”; agresiones de todo tipo acerca de la trayectoria de un magistrado. ¿Cómo? ¿Cuándo un poder político, el presidente de la República puede presionar a un magistrado que tiene que resolver sobre una cuestión de la manera en que se hizo? ¿Hay seguridad política en un país donde desde el poder político hace una intromisión tan flagrante en el ámbito natural establecido por la Constitución? Constitución cuya separación de poderes está protegida por las normas, las costumbres y las ideas de los uruguayos, según engolamos la voz para decir.

Media hora después de que se invocara la sensatez política para no referirnos a este tema, para no decir una cosa obvia, porque si el FA se negara a votar esta moción… Detengámonos; desde hace un rato estoy tentado de explicarle a usted que esta moción, la que fue aprobada, fue redactada por nosotros, o sea esta moción de actualizar las normas internas de acuerdo a los avances del derecho internacional, fue redactada por nosotros, la expusimos nosotros. ¿Cuál fue la moción presentada por el diputado Bayardi y el senador Huidobro? Fue eliminar un párrafo que nosotros habíamos escrito, que mencionaba expresamente la ley de caducidad. Donde decía: “Se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, nosotros agregábamos: “anulando las normas que la contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos en los organismos internacionales de derechos humanos”. La moción que finalmente resultó triunfante es ésta, menos esa frase que acabo de leer. ¿Por qué? Porque cuando se puso a votación la moción Huidobro-Bayardi, tampoco tenía los dos tercios de los votos; entonces para habilitar que surgiera alguna, nosotros también votamos, por eso salió prácticamente por unanimidad.

EC - La que quedó dice: “El gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. Así quedó; y usted dice que esto, así como está, implica que va a existir la obligación de derogar. ¿Por qué?

HC - Yo no soy experto en esto, como Eleuterio Fernández Huidobro, tampoco soy experto en cuestiones constitucionales; se lo oí al doctor Héctor Gros Espiell, se lo oí a alguien que me enseña mucho en este terreno que es Raúl Olivera, el compañero que está en la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. La normativa internacional, incluso regulada por el Tratado de Viena… ¿A qué viene esto del Tratado de Viena? Viene porque todos los países del mundo, exigidos por una especie de conciencia universal humanitaria y contraria a la impunidad, están procesando su adhesión a los tratados que garantizan la no existencia de delitos permanentes, como por ejemplo no se puede desaparecer a alguien y después muerto el perro se acabó la rabia y a eso hay que agregarle el olvido. Esa situación es rechazada porque el mundo ya atravesó estas cuestiones, primero en la Segunda Guerra Mundial y después en otras guerras recientes, y se está instalando en Europa un tribunal donde se aspira a sentar a los criminales y a los genocidas. La adecuación a esas normas implica la dilución de las anteriores.

EC - Por más que éstas hayan sido ratificadas en un referéndum, por más que hayan sido sometidas a la votación de la población y ésta las haya convalidado.

HC - Exactamente. Un hombre que sabe mucho de todo esto, el doctor Alejandro Artucio –actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro FA–, ha sostenido que no existe una ley con más fuerza que otra, las leyes son todas iguales, con o sin plebiscito, cosa que en materia de derecho tiene una racionalidad bastante lógica. No ha habido ningún debate doctrinario –en esto funcionan la doctrina y el debate al más alto nivel– y ninguna otra autoridad en derecho lo ha discutido.

EC - Fernández Huidobro –usted escuchó– argumentaba: “Nosotros nos habíamos comprometido a respetar el resultado del referéndum, que fuera cual fuera lo respetaríamos”. Y aquí se estaría promoviendo la derogación de una ley que la gente quiso que quedara. ¿Por qué? ¿Porque cambió el tiempo, porque es otro momento? ¿De eso está hablando usted?

HC - Las normas no son para tejer en torno a ellas elogios verbales, son para cumplirlas. La Ley de Caducidad no se cumplió, en primer lugar no la cumplió Sanguinetti que no aplicó su Artículo 4º; segundo, las normas, que no son para prosternarse frente a ellas sino que son formas que procuran regular la vida cambiante de las sociedades, también se actualizan y se derogan, como se derogan las constituciones. ¿Cuántos cambios constitucionales tuvimos entre la Ley de Caducidad y hoy? Con plebiscitos, por supuesto, con nuevas consultas populares. En tercer lugar, ¿fue tan libre como se dice la elección de 1989? Cuando se terminaba la campaña publicitaria del voto verde, cuyo último spot publicitario era un testimonio lacónico, sereno, de Sara, donde decía: “Busco a mi hijo. Ayúdeme a encontrarlo”, hubo tal presión sobre los medios que finalmente ese mensaje no se pudo difundir. Sara Méndez había sido hostigada, primero le robaron el hijo, después la tuvieron presa años, cuando salió la hostigaron todos los gobiernos, el de Sanguinetti, el de Lacalle, el de Sanguinetti de nuevo y el de Batlle. Todos hostigaron la búsqueda que hacía de su hijo.

Entonces no es cierto que todos recorrimos y aquello fue una especie de club de filósofos donde unos hablábamos del voto verde y otros del voto amarillo en igualdad de condiciones. No. Incluso se anunció –revisemos la prensa de la época– que provocaría malestar militar el hecho de que aquella ley fuera anulada por la voluntad popular.

Yo me pregunto si en el año 89 no existían zonas de la ciudadanía que se sentían presionadas por la amenaza militar de interferir en el curso de las instituciones. Entre 1989 y hoy han nacido muchos miles y miles de uruguayos que tienen derecho a opinar sobre todo eso; si tienen derecho para todo, si tienen todas las obligaciones que emanan del orden establecido, ¿por qué no pueden opinar sobre la Ley de Caducidad?

EC - Usted insiste en que lo que se votó en el Congreso del FA igual, en principio, obliga a derogar la norma porque es incompatible con los tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha suscrito. ¿En qué sentido es incompatible? Un par de ejemplos de lo que habría que derogar de la Ley de Caducidad. ¿Qué habría que eliminar?

HC - Habría que eliminar todo lo que establece la caducidad de la acción estatal sobre los crímenes que los tratados establecen como imprescriptibles por su naturaleza. No son todos los crímenes.

EC - ¿Usted dice que a partir de esa derogación pasarían a ser juzgables y condenables todos los autores de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?

HC - No todas las violaciones; hay violaciones que han prescripto; torturas, malos tratos son delitos gravísimos… Entre otras cosas, permítame que haga otro argumento, en este año 2003 han aparecido por lo menos dos textos y en los años anteriores habían aparecido dos o tres más; me refiero a libros, por primera vez en 18 años tenemos un libro que nos cuenta qué pasaba en el Penal de Libertad, un libro que se llama “Vivir en Libertad”, que agotó tres ediciones, y “Las crónicas de una derrota”, de José Jorge Martínez, donde hay una crónica terrible de cómo fue sometido a tortura este periodista y luchador. Por primera vez los uruguayos, los jóvenes uruguayos conocen testimonios de cómo vivió gente 12 años en el Penal de Libertad.

No estamos planteando que se reabra el gigantesco diccionario de delitos y atropellos que se hicieron contra aquellos miles de presos que tuvieron que desfilar por ahí, que dejaron una parte grande de su juventud en esas mazmorras. No pedimos que a los verdugos, al psicólogo que los mortificaba, a los médicos que veían morir a su lado a los presos de enfermedades curables y no los mandaban al Hospital Militar, no pedimos que se reabran esas situaciones; la vigencia de los tratados internacionales remite a la situación de desaparición forzada de personas y crímenes.

Me parece que acabo de cometer un error: no sé si el caso de los que murieron no tendría que ser revisto; no soy experto, siento en el corazón que no se podría permitir lo que pasó con el diputado Gerardo Cuesta, que murió abandonado, sin asistencia médica en el Hospital Militar, y otras situaciones de ese tipo. Pero nosotros nos estamos refiriendo básicamente a los delitos de desaparición forzada de personas; un día la Policía o el ejército se lo llevó, nadie más supo acerca de él y finalmente se pretende que nos conformemos con una información trasmitida en forma oral, anónima, secreta, sin ningún respaldo material, que dice que fueron enterrados, después desenterrados, después quemados y después arrojados al mar. Eso nos parece una falta… si un gobierno progresista conviviera con esos parámetros de información sobre seres humanos desaparecidos no sería un fortalecimiento de la dignidad de este pueblo, que se merece otro tratamiento acerca del destino de sus propios hijos.

EC - Cuando se redactó en comisión esta moción, ¿todos los que la redactaron sabían o eran conscientes de esta interpretación que implica la obligación de derogar la ley de caducidad?

HC - Por supuesto.

EC - ¿Entonces? ¿Usted dice que existe implícitamente ese compromiso y no se lo está reconociendo? Porque explícitamente se rechazó esa posibilidad en el Congreso.

HC - Usted vio que yo hice todo lo posible para que esa situación adquiriera la mayor transparencia y sinceridad posibles, en la comisión, en el plenario del Congreso y aquí dialogando con usted. ¿Qué podría decir, qué orador, senador, diputado, edil o integrante de un comité de base, por más prestigio que tenga, quién se podría subir a una tribuna en este país para decir que Uruguay, ése que todos los días los propios dirigentes frenteamplistas dicen que hay que modernizar, que hay que integrar a un mundo que cambia, que hay que hacer que el mundo nos mire como un país civilizado, quién se subiría a una tribuna a decir: señores, nosotros que en el año 89 no votamos una ley de caducidad no la podemos mover, es inamovible, se nos diga lo que se nos diga, que entonces no lo sabíamos, no lo podemos hacer? Vamos a rechazar los tratados internacionales –implicaría eso–, nos vamos a exponer al público señalamiento como país y como ordenamiento jurídico porque no aceptamos los tratados internacionales, vamos a romper el Tratado de Viena, el Tratado de Ginebra, el Pacto de Costa Rica. Me gustaría saber qué sentiría Enrique Iglesias o Gros Espiell o los diplomáticos uruguayos que andan procurando mejorar el destino del país en el mundo si el FA adoptara la idea de no aceptar ningún compromiso internacional porque algunos señores militares –ni siquiera las Fuerzas Armadas– no están dispuestos a comparecer ante un magistrado civil y someterse a sus preguntas.

EC - Usted es dirigente de un partido minoritario dentro del Frente…

HC - Por ahora.

EC - Pese a eso, en la campaña electoral, usted y otros dirigentes de ese mismo sector, ¿van a bregar por esto, van a poner esto permanentemente en el tapete, con las incomodidades que implica desde el punto de vista del debate para el FA?

HC - Sí; no será el único tema, porque nosotros suscribimos buena parte de los documentos aprobados por el Congreso que comportan un programa nacional muy completo que incluye reactivación, preocupación por la pérdida de empleos, mejora del salario, reactivación productiva. Todas esas serán también temáticas de nuestro discurso, según se vayan presentando. Cuando haya que discutir y pronunciarse sobre la reactivación y país productivo como PVP también tenemos una opinión. País productivo y redistribución, mejora salarial; país productivo y creación de empleo; nos interesa el lado obrero, el lado laboral, el lado social –creo que al FA en su conjunto–; vamos a poner mucho el énfasis en ese aspecto, y en otras materias también.


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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe

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