CASO BERRÍOS

Juez chileno solicita la extradición de cuatro militares uruguayos

Ya procesados por la justicia trasandina por el delito de asociación ilícita, los militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Ramón Rivas podrían ser extraditados a Chile. Así lo solicitó el juez trasandino, Alejandro Madrid, que dirige la investigación chilena sobre el asesinato de Eugenio Berríos. Según Madrid, el químico fue asesinado porque quería volver a Santiago y declarar en varias investigaciones por violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

EN PERSPECTIVA
Martes 30.12.03 - Hora 7.33

EMILIANO COTELO:
El juez especial chileno, Alejandro Madrid, pidió la extradición de tres militares uruguayos implicados en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berríos que fuera agente secreto durante la dictadura del general Augusto Pinochet, desde 1973 a 1990.

ALFREDO DANTE:
El magistrado busca someter a juicio en Chile a los militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

EC – Estos tres integrantes del Ejército fueron procesados por el juez chileno junto a varios militares trasandinos por el delito de asociación ilícita que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están procesados algunos oficiales chilenos.

¿En qué aparecen involucrados estos oficiales uruguayos, Alfredo?

AD – En una supuesta colaboración con militares chilenos que secuestraron a Berríos y lo trajeron a Uruguay, donde su rastro se perdió en noviembre de 1992 hasta que su cadáver apareció en una playa de El Pinar en abril de 1995.

EC – Estamos en contacto con Santiago de Chile para hablar con el doctor Alejandro Madrid, ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

Madrid, usted pide ahora la extradición de estos militares uruguayos pero ya los había procesado. ¿Es correcto?

ALEJANDRO MADRID:
Claro. Previo a la solicitud de extradición fueron procesados con un conjunto de otros militares y civiles chilenos que formaron parte de esta asociación ilícita con los fines que usted sabe.

EC – Usted lo da como un hecho: formaron parte de esta asociación ilícita.

AM – Claro, exactamente. Eso es lo que está establecido en el proceso que investigo.

EC – Usted estuvo en Montevideo, en abril, presenciando interrogatorios a estas mismas personas.

AM – Estuvo en Montevideo justamente en el mes de abril de este año, en el marco de una diligencia de exhortos que fue realizada por el doctor Salazar, magistrado de la localidad de Pando. Ahí, precisamente, fueron interrogados por el doctor Salazar estos militares uruguayos, con un conjunto de testigos también, que sabían de estos hechos.

EC - Si entiendo bien, fueron interrogatorios que desarrolló el juez uruguayo Pedro Salazar a pedido de la justicia chilena.

AM - Exactamente, a pedido de la justicia chilena. En este tiempo coincidente con la petición de extradición y al procesamiento de estas personas, existe un nuevo exhorto en la CSC para ser aprobado y diligenciado por la justicia uruguaya también. A la vez que la justicia uruguaya también ha remitido exhortos aquí que están en vías de cumplimiento para una serie de diligencias instrumentadas por el doctor Salazar, a las que se les dio pleno lugar, siempre con un espíritu de plena colaboración con la justicia uruguaya, que también investiga estos hechos.

EC - Exacto; estamos hablando de dos indagatorias judiciales que corren paralelas.

AM - Exactamente. La situación es que el proceso judicial uruguayo está en una etapa de presumario, todavía no ha formulado cargos en contra de nadie.

EC - Quizás la pregunta sea obvia para usted, ¿pero por qué, después de haber procesado a los militares uruguayos Casella, Radaelli y Sarli, y de haber participado usted en este interrogatorio en abril aquí en Uruguay, ahora pide la extradición?

AM - Porque el procesamiento de los militares uruguayos trae como consecuencia eso, precisamente: su juzgamiento en Chile, por lo menos la petición para que ello ocurra. Es un trámite que establece nuestra legislación, yo le solicito eso a la CSJC, que si lo aprueba lo va a solicitar a la justicia uruguaya por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En definitiva la justicia uruguaya tendrá que resolver, la Corte Suprema Uruguaya, si accede o no a esta petición.

EC - ¿Cuánto demora el trámite dentro de Chile, por ejemplo la aprobación de la CSJC?

AM - Entiendo que es un trámite rápido. Pienso que en el mes de enero el tema puede estar resuelto, o por lo menos en vías de serlo.

EC - Otra pregunta: yo decía que en aquellos interrogatorios que usted presenció en Uruguay, el juez Salazar consultó a los tres militares que hemos mencionado, pero también a dos policías: Elbio Hernández y Ramón Rivas. Elbio Hernández era el jefe de la comisaría en la que Berríos buscó refugio en Parque del Plata en el momento en que había escapado de la custodia de quienes lo tenían detenido y el coronel Ramón Rivas era el jefe de la Policía de Canelones, donde ocurrió el incidente.

AM - El coronel Rivas también fue procesado y también se solicita su extradición.

EC - Ah, también se solicita su extradición.

AM - Exactamente; son cuatro personas en definitiva.

EC - Corregimos la información: estamos hablando de cuatro militares. ¿Y qué pasa con el policía Elbio Hernández?

AM - No, el policía Elbio Hernández, por lo menos de acuerdo a los antecedentes de los que dispongo –el doctor Pedro Salazar a lo mejor dispone de otros; eso es su parte, no lo sé–, no participó en esto más que de lo que fue impedido coercitivamente de hacer.

EC - ¿Cómo sigue esto en Chile? ¿Cuáles son las próximas actuaciones?

AM - Yo notifiqué a los militares chilenos que fueron sometidos a proceso. Dos generales en retiro que comandaron en su tiempo la Dirección de Inteligencia del Ejército quedaron sometidos a prisión preventiva, pidieron su libertad bajo fianza, se las negué y eso está en trámite de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago; también tienen el plazo para apelar el procesamiento. Mientras estoy notificando al procurador de número de turno que representa a las personas ausentes, en este caso a los militares y al jefe de Policía uruguayos y después se inicia el trámite ante la CSJC, como le mencioné. Hay un procedimiento sobre eso, un informe de la fiscal de la CSJC; después el presidente de la Corte pone en tabla esta petición y la sala penal la resuelve con preferencia. Ése es el trámite.

EC - En definitiva y en síntesis: ¿cuál es la composición de lugar que usted ha logrado hacerse de los hechos ocurridos en Uruguay con respecto a Berríos?

AM - Es más o menos la que usted ha señalado, con la salvedad de que todas estas cosas comenzaron en Chile, toda esta organización se formó, se financió, operó, tuvo mandos en el mando de la institucionalidad del Ejército de Chile y entiendo que también al margen de la del Ejército de Uruguay, durante la vigencia de gobiernos democráticos y del orden constitucional en ambos países, cuando acontecieron los hechos que ustedes conocen.

EC - ¿Con qué objetivo fue traído Berríos a Uruguay?

AM - Con el objetivo de eludir la acción de la justicia chilena, que en ese momento investigaba varios procesos por violación a los derechos humanos y por otras razones que se están averiguando en el proceso.

EC - ¿Por qué termina siendo asesinado Berríos en Uruguay?

AM - Porque quería volver a Chile y prestar declaración.

EC - La extradición de los militares uruguayos que hemos mencionado se solicita por el delito de asociación ilícita, ¿verdad?

AM - Y secuestro también.

EC - Asociación ilícita y secuestro; por lo tanto, ¿a qué penas se exponen estas personas según la legislación chilena?

AM - Son penas altas que varían y que en todo caso superan las que exige la legislación internacional para solicitar su extradición, que es de tres años.

EC - Superan los tres años.

AM - Claro, además existe un tratado bilateral entre Chile y Uruguay de cooperación recíproca en materia penal; eso se señala en la petición a la que hago referencia.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe

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