SATISFACCIÓN COMUNAL POR PLAN DE REFINANCIACIÓN

Aunque mejor, 2004 será un año difícil para la Intendencia de Montevideo

“La Intendencia no quedó tan mal parada” pese a que “la estantería se desarmó en Uruguay”. Así resumió la gestión 2003 el director general del Departamento de Recursos Financieros de la IMM, Alfredo Asti. Una vez terminado el cierre anual se prevé un déficit menor al de 2002. El jerarca destacó el éxito del programa de refinanciación de deudas que, entre otras cosas, logró 93.000 soluciones de pago contado. Sin embargo, adelantó que la baja de la patente de rodados dispuesta en el Congreso Nacional de Intendentes traerá dificultades a las finanzas de la capital.

EN PERSPECTIVA
Viernes 09.01.04, hora 8.46.

JOSÉ IRAZÁBAL:
Vamos a dialogar con el contador Alfredo Asti, director general del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Asti es contador público, licenciado en Administración; participa desde 1985 en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay; consejero por el orden de egresados en la Facultad de Ciencias Económicas, claustrista alterno por el mismo orden. Su actividad profesional en el área privada se ha desarrollado básicamente en el ámbito de la industria de la construcción, de la alimentación y de la salud. Pertenece a Asamblea Uruguay.

¿Cuál fue el resultado del plan de refinanciación de los deudores de la IMM que acaba de terminar? ¿Fue déficit o superávit? ¿Cómo cerró la administración del intendente Mariano Arana el año 2003? ¿Cuáles son los principales desafíos financieros para lo que queda del período de gobierno? ¿Van a subir los impuestos?

Estas son algunas de las preguntas que le vamos a plantear al contador Alfredo Asti.

Asti, comencemos por el plan de refinanciación de tributos que puso en marcha la intendencia. Esto fue básicamente entre octubre y diciembre, ¿verdad?

ALFREDO ASTI:
Exactamente. Fue un programa de carácter excepcional debido a la excepcionalidad de la situación en la que se encontraban en el momento en que se tomó la decisión todos los uruguayos. Por supuesto, en este caso solamente limitado a los montevideanos. Había que reconocer que lo que había pasado en el país, el terremoto que destruyó mucho de las bases de lo que había sido el funcionamiento de nuestra sociedad desde junio del año 2002 en adelante, había implicado una serie de perjuicios para todos, para los contribuyentes pero también para la administración municipal. En ese entorno se entendió que excepcionalmente podía realizarse este plan con características distintas de lo que han sido en el pasado otros planes de refinanciación, por la amplitud que tenía, por el alcance que tenía para distintos tipos de deudores, principalmente para aquellos con deudas de mucha antigüedad, que se vieron realmente muy beneficiados al acogerse a este régimen.

JI - Usted hablaba del terremoto que nos tocó atravesar a los uruguayos, por lo menos el pico de ese terremoto, el año pasado. ¿De qué índices de morosidad estamos hablando en tributos como la Contribución, la Patente de Rodados, impuesto de puerta, tarifa de saneamiento?

AA - Tradicionalmente la administración municipal en los últimos años manejaba una morosidad global de todos los tributos tomando el ciclo anual. Cuando hablamos de morosidad siempre trato de extenderme un poco en el tema, cuando nos referimos a un porcentaje, a qué porcentaje nos estamos refiriendo. Si nos referimos al conjunto de tributos que recauda la intendencia en un año exclusivamente, sin acumular años anteriores, la morosidad estuvo siempre en el entorno de entre 18 y 20 por ciento, incluyendo estos difíciles momentos que pasó el país, el pico de la crisis, porque la crisis empezó antes de 2002 y para nuestro entender todavía continúa, simplemente estamos en una fase menos dramática de la misma. Siempre estuvo entre 18 y 20; por supuesto, en los momentos de mayor profundidad de la crisis se acercó al 20 por ciento y en algún momento lo superó.

Éste es un tema que debemos destacar: el comportamiento de ese 80 por ciento de los montevideanos que ha estado al día con la administración municipal y que son los que en definitiva han permitido continuar a esta administración con todas las políticas sociales, las obras y los servicios que la mayoría o todos los montevideanos le reclaman.

JI - Si los porcentajes eran los acostumbrados, ¿por qué se pone en práctica la refinanciación?

AA - Porque entendíamos que lo que había pasado en el país había dejado a muchos montevideanos sin posibilidad de reaccionar, sin poder ponerse al día, y si se seguía manteniendo la situación, que había sido de un crecimiento de la morosidad, se podía entrar en situaciones similares a la que tienen otras administraciones de porcentajes muy altos de morosidad, con el perjuicio, no sólo para la administración sino para los propios contribuyentes, de la inseguridad jurídica que les da el hecho de que se inicien acciones judiciales.

JI - La respuesta de los contribuyentes fue... por lo menos a nosotros nos resulta impresionante, se terminaron dando números hasta el mes de marzo y van a tener que atender 1.500 personas por día.

AA - Algunas precisiones. Sí, fue muy buena la respuesta, fundamentalmente en el tema pago contado, hubo 93.000 soluciones de pago contado.

JI - ¿Cómo es esa solución?

AA - La Intendencia envió en los respectivos vencimientos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre las facturas de todos los tributos con la quita incluida por todos los tributos y tarifas que estuviera adeudando cada contribuyente a su domicilio.

JI - O sea que la gente ya sabía lo que tenía que pagar si quería entrar en este plan.

AA - Exactamente. La mayor parte de esas 93.000 soluciones, sin necesidad de pasar por la Intendencia, fue a la red descentralizada y pagó. Eso es un índice muy importante. Contemos que por supuesto, en esas 93.000 soluciones, que además implicaron 195 millones de pesos, contamos a personas que igual hubieran pagado si no hubiera habido este régimen.

JI - Estamos hablando de una quita ¿de cuánto?

AA - Proporcionalmente, si tomamos todo lo que se pagó en este período, por lo menos hasta el 31 de diciembre, fue aproximadamente un 40 por ciento de multas y recargos; obviamente, con porcentajes muy superiores de quita para las deudas más viejas y menores para las más nuevas. El plan preveía una quita de una parte de la multa, que está topeada en un 15 por ciento, que en el caso de pago contado pasaba a un 5 por ciento y en el caso de convenios a un 10 por ciento. Fundamentalmente la que se sentía más en deudas de mucha antigüedad era la quita por recargos. El recargo se fijaba en el pago contado en el 1,5 por ciento mensual. Pero la deuda se había originado, por ejemplo, a principios de los años 90, los recargos en ese momento, porque la inflación era muy alta, llegaban al 6,5 y 7 por ciento mensual.

JI - Gente que ya debía tres veces o más…

AA - O mucho más, 10 veces la deuda original. Tenemos deudas de 1990, por ejemplo, que incluyen deudas de 1990 hasta el presente, con quitas de más del 90 por ciento de multas y recargos. Atendimos, hasta el 31 de diciembre, 105.000 cuentas corrientes –muchas personas tienen más de una cuenta corriente porque tienen distintos tributos–; la mayor parte de ellas fue atendida por pago contado, y lo que hemos hecho –aquí viene la precisión de los datos que usted decía–, a partir de que se superara la capacidad de atención, mucho antes del 26 de diciembre, fue empezar a otorgar números con día y hora establecidos, para que el contribuyente que quisiera hacer convenios no tuviera que tener esperas, para los meses de enero, febrero y marzo. Por la aglomeración de gente que se produjo el 26 de diciembre, el día del vencimiento, continuamos atendiendo los días 29 y 30 de diciembre. Eso nos llevó a que esos números que se otorgaba a la gente que estaba haciendo la cola directamente se entregaran en la propia cola para fin de marzo, todo el mes de abril y principios de mayo.

JI - Hasta mayo se van a estar firmando convenios.

AA - Corregimos una cifra que se manejó por error: se dijo que se atenderían 1.500 personas por día, serán 1.500 personas por semana; son 300 personas por día. Vamos a tener 90 días hábiles, eventualmente podríamos llegar a atender, si se cumpliera toda la agenda, 27.000 personas, que podrían ser muchas más cuentas corrientes por lo que decíamos anteriormente, que en general cuando se adeuda un tributo se adeuda más de uno.

JI - Tuvimos la oportunidad En Perspectiva de recibir a representantes del gobierno del departamento de Canelones. Allí existió una especie de ultimátum, lo decía el propio secretario Roberto Yavarone: que se iba a hacer una amnistía tributaria, pero después se iba a pasar directamente a liquidar, a rematar a aquellos deudores que no se presentaran a la refinanciación. En Montevideo el anuncio no se hizo con esas características.

AA - No. Primera aclaración: antes de la vigencia de este decreto ya estábamos haciendo remates judiciales. No hemos utilizado la técnica de publicitar los remates judiciales porque no creemos que el terror sea un buen método para disuadir a los contribuyentes.

JI - ¿Cómo es el tema de los remates judiciales? ¿Cuántos hubo?

AA - Durante mi administración, en el último año ha habido unos cinco o seis remates judiciales grandes, importantes.

JI - ¿A qué le llama “grandes, importantes”?

AA - Con deudas importantes. Hemos seleccionado, por supuesto, propiedades importantes, fundamentalmente vinculadas a actividades no de vivienda, no personales, generalmente los titulares de la deuda, o los sujetos pasivos de deuda son personas jurídicas, no personas físicas.

JI - Empresas, industrias...

AA - Empresas, industrias e incluso se ha llegado a último momento a soluciones importantes. La Intendencia ha buscado en grandes deudas soluciones a través de decretos de la Junta Departamental, cuando hay un remate generado por otros acreedores, buscar una solución que permitiera realizar el remate, para que la deuda con la Intendencia no desestimara la solución final, para evitar que propiedades en el Centro histórico de Montevideo pudieran quedara desocupadas o deshabitadas, con todos los problemas urbanos que eso trae. Recientemente hubo una solución de este tipo en lo que era la vieja Uruguay-España, que tuvo un proceso judicial no propiciado por la Intendencia, pero la Intendencia también tenía iniciada una acción judicial, que hubo que solucionar a través de un decreto de la Junta que permitió hacer una quita importante fuera de este régimen, anterior a este régimen, para una solución de forma de contemplar los intereses incluso de trabajadores que estaban reclamando el cobro de sus adeudos.

JI - En ese caso se busca flexibilizar criterios.

AA - En este caso hay una norma que está aprobada presupuestamente, que establece que en aquellos casos debidamente fundamentados, la Intendencia, con el aval de la Junta Departamental, puede exonerar de multas y recargos hasta el 75 por ciento cuando hay un hecho separado del tema tributario que lo justifique; en este caso esto permitía que trabajadores que tenían adeudos laborales con los ex propietarios pudieran cobrarlos a través de la venta del inmueble.

JI - En ese caso se priorizó el interés de los trabajadores.

AA - Y la recuperación; ese mismo artículo que mencionaba decía: “Cuando no exista otra forma de recuperar el crédito tributario”. Era la única forma de recuperarlo.

JI - El 30 de diciembre venció ese plazo, la Intendencia terminó estirando el plazo para la refinanciación dos días más de lo previsto en un principio y ese 30 de diciembre incluso se encontró con cientos de personas que aparecieron en el Palacio Municipal a último momento para tratar de encontrar un acuerdo, una solución para el atraso en el pago de tributos. En la prensa se difundió en esos días que el intendente de Montevideo era proclive a extender unos días más el plazo y que usted no quiso.

AA - La información es esencialmente errónea, pero tiene un marco de situaciones en el cual puede justificarse ese error. La Junta Departamental el día 18 de diciembre, el último día de sesiones antes del receso, había enviado una minuta de comunicación a la Intendencia para prever una postergación del plazo, preocupada fundamentalmente porque vencía el 26 de diciembre, porque eran 90 días a partir de la aprobación de la Junta el 26 de setiembre y todavía no se habían cobrado los aguinaldos. Eso podía impedirles a muchos montevideanos realizar el acuerdo. El tema es que el 26 de diciembre ya habíamos resuelto, teniendo en cuenta esa solicitud, extender al 29 y 30 la atención no directa, sino con entrega de números, lo que posibilitaba que prácticamente todo el que quisiera concurrir recibiera un número para ser atendido en los meses de marzo, abril y mayo. En verdad la extensión estuvo dada en ese sentido.

JI - Se sustituyó la cantidad de días por los números.

AA - Exactamente, o sea que no hubo en ese sentido una discusión. Entendíamos que esta era la mejor: incluso agregábamos en nuestro comunicado a la Junta en este sentido que también íbamos a incluir dentro de este régimen de facilidades, en la primera cuota de la patente de rodados que se está emitiendo en este mes de enero, las deudas que pudieran haberse originado en 2003 con quita. Porque como decíamos, los demás tributos ya habían sido enviados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre a los domicilios de los contribuyentes con quitas y eso posibilitó el pago contado. No así la Contribución Inmobiliaria, porque la última emisión había sido en setiembre, antes de la vigencia del decreto. Con esto completamos la posibilidad del pago contado a todos los contribuyentes; los que quieran hacer convenio tienen el otro sistema. No quedó nadie sin atender porque el 30 de diciembre sobre la hora de cierre ya no había más personas para atender, terminamos el horario de atención sin personas para atender, se le dio número a todo el que concurrió el 29 y el 30.

***

JI - Usted dice que se presentaron alrededor de 105.000 cuentas corrientes a la refinanciación. ¿Cuántas no se presentaron, cuántas quedaron fuera de la refinanciación?

AA - Estimamos… cuando decimos estimamos no es que no tengamos los datos ciertos, sino que estamos depurando a aquellas situaciones en las cuales puede ser que esa cuenta corriente ya no exista más; ponemos el caso de patentes de rodados. Al inicio del año 2003 la intendencia dio de baja más de 100.000 cuentas corrientes o inscripciones en el registro de vehículos…

JI - Gente que en 2001 debió cambiar la chapa y no la cambió.

AA - Exactamente; por normativa presupuestal la patente de rodados se genera por la circulación en Montevideo, por eso tiene un carácter de tasa, no es un impuesto. Tiene la necesidad de prestación de un servicio que es la contrapartida de circular por Montevideo. Al no haber cambiado las chapas no pueden circular por Montevideo, por lo tanto no se genera en este caso la obligación de pago.

JI - Hablando de una situación ideal, esos autos no estarían circulando en ninguna parte del país porque no podrían reempadronar en otra intendencia.

AA - Lo que pasa es que lamentablemente los vemos en el interior circulando. Éste es un déficit importante de la coordinación que puede existir a nivel del Congreso Nacional de Intendentes; Montevideo lo ha destacado permanentemente en las reuniones. Es una solución que esperemos que en poco tiempo podamos encontrar entre todos los intendentes, porque este tema va más allá de lo tributario, es un tema de honestidad e igualdad ante las obligaciones de los ciudadanos. Porque quien tiene un vehículo empadronado en Montevideo y circula en otros departamentos con chapas no vigentes no está pagando en ninguno de los dos departamentos, ya no es un tema de guerra de patentes, no paga en Montevideo ni en el interior porque no está empadronado. O sea que esta situación permite que haya vehículos que estén circulando en algún lugar del país sin pagar patente de rodados, que es un tributo importante, propio de las intendencias, genuino, que la Constitución de la República les asigna, que no recauda en general el Estado como persona mayor; se admite ese tema, que está a solucionar rápidamente.

JI - Supongo que esos 100.000 datos están en manos de la Dirección de Tránsito de la intendencia.

AA - Sí; ya habíamos iniciado una acción antes de que se aprobara este decreto que la suspendió por la vigencia del mismo exclusivamente. Una vez terminada la vigencia del decreto vamos a empezar a realizar acciones judiciales de embargo de todos los vehículos que no han cambiado la matrícula. Muchos de ellos pueden no existir, por la antigüedad del parque automotor dejaron de existir y los propietarios no entregaron las chapas. La intendencia tiene una norma aprobada de que lo que se llama devolución de las matrículas se puede realizar…

JI - El embargo se puede realizar si hay deuda.

AA - En este caso siempre hay deuda porque la baja se dio a partir del 1º de enero de 2003, el cambio de chapas se realizó en el año 2001 y para realizar el cambio se tenía que estar al día. Obviamente que todas las personas que estaban al día hicieron el cambio, o sea que de 2001 a 2002 hubo un período en el que se generó más deuda, además de la que se pudiera haber generado antes de 2001. A partir de la finalización de este período de régimen excepcional, de esta quita de multa y recargos, vamos a iniciar acciones judiciales a los efectos de trabarles embargo a todos los vehículos que no hayan cambiado la matrícula que podamos identificar como tales; esto va a abarcar, por supuesto, a los que estén en cualquier lugar del país. Muchos de ellos no están circulando, muchos sí y no generan recursos para ninguna intendencia. Creemos que eso le hace mal al sistema general de patentes de rodados.

JI - ¿Cuándo cree que va a estar funcionando este sistema de seguimiento para comenzar acciones contra quienes no hayan pagado?

AA - El problema que tenemos, como en otros temas vinculados al seguimiento judicial de las deudas tributarias, es toda la complejidad que le da nuestro sistema judicial a determinar medidas cautelares sobre los bienes de los contribuyentes. Tiene que estar muy bien presentada la documentación. La Intendencia tiene todos los registros históricos que permiten hacerlo, pero el volumen del que estamos hablando, más de 100.000 vehículos, hace que tenga que ser paulatinamente. Comenzaremos como siempre priorizando a los vehículos de mayor valor que son los que entendemos que pueden responder al pago de la patente de rodados y luego seguiremos en función de los éxitos que vayamos teniendo en este caso. Es una decisión tomada anteriormente a la vigencia de este decreto, que se suspendió exclusivamente por la vigencia del mismo, entre otras cosas porque el decreto incluía soluciones para este tipo de vehículos, permitiéndoles abonando la deuda por todo concepto limitada al 50 por ciento del valor de aforo del vehículo.

JI - Podemos pensar que si se dio plazo hasta abril, puede haber gente que sacó número y que vaya a solucionar algún tipo de situación de estas 100.000 de las que estamos hablando.

AA - Sí; se tiene identificado el objeto sobre el cual cada número va a solicitar las facilidades; el número de padrón, de matrícula o la dirección, o sea que aquellos vehículos que no hayan registrado su intención…

JI - Claro, se maneja información como para iniciar los procedimientos antes de que termine el plan de refinanciamiento.

AA - Todavía no los hemos terminado de procesar, porque obviamente en los últimos tres días -26, 29 y 30 de diciembre- fueron muchos los números que se entregaron, pero en los próximos días vamos a tener identificado quiénes han solicitado hacer el trámite. A quienes no lo hayan solicitado se les va a iniciar las acciones correspondientes.

JI - Nos llamaba un oyente que dice que en su barrio hay automóviles que tienen matrículas viejas, las de seis dígitos con números grandes, y pregunta quién controla eso. Esto de alguna forma ya está explicado.

AA - Los oyentes ven periódicamente –y bastante polémica trae esto– a los inspectores de tránsito haciendo el control del pago de la patente de rodados, además de los controles habituales que se hacen por normas de tránsito. Es muy difícil, de acuerdo a lo que podemos apreciar, que un vehículo pueda circular habitualmente en Montevideo sin ser detectado. Si es detectado ya están la indicación y la normativa para detenerlo y quitarle la matrícula.

JI - Ya que estamos en el tema de las patentes, todos sabemos que los aforos en dólares de los vehículos han caído, eso se manejó públicamente a la hora de discutirlo dentro del Congreso de Intendentes; allí se abrió una posibilidad, una resolución –que muchos calificaron de ambigua–, según la cual la patente de rodados podría bajar entre un 5 y un 15 por ciento, a criterio de cada Intendencia, a partir del 1º de enero, que ya dejamos atrás. La IMM ha anunciado rebajas que van de un 2,5 por ciento para los automóviles más caros, a un 5 por ciento para otro tipo de automóviles; ¿eso no muestra una voracidad fiscal de la Intendencia?

AA - No; en este tema, como en muchos otros, ha habido una desinformación que se ha generado. No es extraño que haya sido sobre el tema patente de rodados. Es un tema muy especial en la tributación de las intendencias municipales, es el único en el cual las fronteras no están definidas, a diferencias de todos los otros tributos. No están definidas porque un vehículo por definición se puede trasladar de un departamento a otro, no así los demás objetos de tributación, como las viviendas, la propaganda o los espectáculos públicos. Por eso creemos que acá hubo más una campaña política que otra cosa. Debemos partir primero de decir que a Montevideo el tema patente de rodados lo afecta en mayor medida que a las administraciones del interior. Primero, y fundamentalmente, porque Montevideo se financia casi exclusivamente con los recursos que aportan los montevideanos, el 99 por ciento del presupuesto de Montevideo –o más– se financia con ingresos propios, menos del 1 por ciento con transferencias del gobierno central. A diferencia de las intendencias del interior que promedialmente tienen más de un 30 por ciento financiado por el presupuesto nacional. Siempre aclaramos que está bien que esto sea así, que las intendencias del interior reciban un financiamiento del presupuesto nacional, porque esto está definido en la Constitución de la República, en la última modificación constitucional, desde antes ya estaba previsto y expresamente en la última. Lo que está mal es que se excluya a Montevideo de ese financiamiento, habiendo creado el término a nivel de legislación, no de Constitución, de legislación, por las mayorías parlamentarias que ha habido en este período, de intendencias del interior. No vamos a discutir si a Montevideo le corresponde más o menos que a las intendencias del interior, por las distintas situaciones en que se encuentra cada una de ellas, pero cada una tiene su problemática, sus motivos para requerir financiamiento. Montevideo, por ejemplo, se hace cargo del financiamiento del saneamiento, de lo cual no se hacen cargo las intendencias del interior porque tienen un organismo nacional, como OSE, que lo hace. Entonces, primer caso, la patente de rodados afecta a Montevideo mucho más que a las intendencias del interior.

JI - ¿Cuánto es? Se habla de un 36-37 por ciento, ¿es así?

AA - El tema es que fue así, pero la patente de rodados ha venido bajando en valores constantes permanentemente desde el año 2000 hasta acá, ha bajado más de un 40 por ciento en términos reales. En este año en particular, para no extenderme, el Congreso de Intendente resolvió aplicar el acuerdo de Paso Severino, que viene de 1995, que tomaba los valores de aforo en dólares. Es cierto que los valores de aforo en dólares bajaron, todos nuestros cálculos –el “nuestros” comprende a la Comisión Intermunicipal de Aforos, que involucra a todas las intendencias o a la mayoría de ellas, que trabajan técnicamente en el tema– dan que los aforos en dólares bajaron un 30 por ciento con respecto al último aforo que se realizó a finales de 2001 y se aplicó en 2002. Pero en ese momento el dólar valía 14 pesos y hoy está en 30, o sea que los valores en pesos se multiplicaron por más de dos. Siempre hacemos el mismo ejemplo: un vehículo que valía 10.000 dólares en 2002 valía 140.000 pesos; ese vehículo vale hoy 7.000 dólares y a 30 vale 210.000 pesos; de 140 a 210 mil pesos los aforos en pesos aumentaron, y la patente siempre se cobró en pesos, nunca hubo una relación peso-dólar, por lo tanto los ajustes siempre se realizaron en pesos. En realidad, si aplicáramos el principio de Paso Severino, que establecía que se hacía el acuerdo para que hubiera una patente única y se permitiera mantener el valor constante de la recaudación de la patente de rodados, esto quiere decir no aumentar la presión tributaria a los contribuyentes pero tampoco desfinanciar a las intendencias. Deberíamos encontrar una solución que permitiera a las intendencias adecuar el valor de los aforos sin perder una recaudación que provenía de un cambio fundamental en la estructura de precios relativos que tuvo nuestra economía con la devaluación o el abandono de la política cambiaria que pasó en junio de 2002: Esto no estaba previsto cuando en 1995 se hizo el acuerdo de Paso Severino, y que se fue manteniendo con disminuciones permanentes a partir del año 2000, que bajó un 30 por ciento antes de que pasara lo de 2002.

JI - Su argumentación es muy clara, ¿pero no se da de frente con que otra Intendencia que está muy cerquita, a poco más de 100 Kilómetros, esté anunciando rebajas mucho más grandes viviendo en un mismo país y capaz que con un ingreso menor? ¿Cómo hace la Intendencia de San José?

AA - Primer tema, la Intendencia de San José está incluida en ese porcentaje de financiamiento por parte del presupuesto nacional, que financiamos todos los uruguayos, incluyendo los montevideanos, por lo cual la incidencia relativa de los ingresos vehiculares en esa intendencia es menor. No me corresponde hablar de políticas tributarias de otras administraciones, pero nos extraña el énfasis que han puesto algunas intendencias, en particular la de San José, en proteger a los contribuyentes de la presión tributaria en el tema vehículos, cuando todos podemos acordar que quienes poseen vehículos no son precisamente los sectores más castigados por la crisis, los sectores más carenciados de nuestro país. Montevideo tiene una política distinta en ese sentido; no decimos que todos los que tienen vehículo tengan capacidad contributiva, pero decimos que tenemos que atender a todos los montevideanos, poniendo el énfasis en aquellos que no tienen prácticamente ningún ingreso, ningún recurso. Para ellos tenemos que tener ingresos disponibles para poder realizar políticas sociales y servicios fundamentalmente, que también son obras sociales, porque hacer el saneamiento es una política social porque es una política de inclusión social.

Si nosotros decimos “rebajamos la presión sobre los vehículos automotores” cuando éstos aumentaron de precios en pesos, que es como se financian las intendencias y se cobran los tributos, en pesos, estamos beneficiando a un sector de la población que es el que tiene vehículo, que no es toda la población. Nosotros tenemos una política más global, de menor carga tributaria, por eso la administración municipal durante el año 2003 ajustó todos los tributos por debajo de la inflación, no solamente la patente de rodados, todos. Nos extraña que se haya puesto énfasis en la patente de rodados, que se diga que prácticamente no se pueda recaudar la patente de rodados por su valor. El combustible, que es el otro egreso importante que tiene quien posee un automóvil, por ejemplo el gasoil en términos reales aumentó un 84%. Mientras, la patente bajó en términos reales. Si alguien no hace circular su vehículo no es por la patente de rodados sino por el aumento de los combustibles.

JI - Alberto Garda nos escribe desde Miami y nos dice: “Estimados: viviendo en Miami, que las calles están 100 veces mejor que en Montevideo, por un Honda Accord 2000 pago 36 dólares, o sea 1.000 pesos; por un Mercedes de 1987 en Montevideo al año 2003 pagamos 15.500 con pago al contado. ¿Eso le parece una contraprestación de servicios?”.

***

JI - ¿Cómo cierra el ejercicio 2003? ¿Tendrá déficit, tendrá superávit?

AA - Todavía no tengo las cifras finales porque se están recibiendo las facturas de los proveedores que han prestado servicios durante el mes de diciembre. Nuestra estimación es que va a cerrar con un déficit menor al del año pasado. Visto lo que pasó en el año 2003, las consecuencias del año 2002, logramos superar nuevamente un momento muy crítico para las finanzas de todas las administraciones públicas sin haber perturbado la prestación de los servicios, manteniendo los servicios, incrementando el tema de las políticas sociales, que para nosotros es fundamental. Ese fue el eje sobre el cual trabajamos en el año 2003 y en el cual seguiremos trabajando en el año 2004, un año que va a ser muy difícil, entre otros motivos por la caída del valor de las patentes de rodados, que afecta entre un 3 y un 4 por ciento el presupuesto general de la Intendencia.

Simplemente, para hacer una referencia al oyente que escribía desde Miami: no podemos comparar las estructuras tributarias de un país y otro, no podemos decir si está bien que nosotros tengamos una patente más cara que la de Miami. Seguramente el señor paga una patente más barata pero paga un impuesto a la renta personal mucho más alto del que pagaba en Uruguay; entre otras cosas porque en Uruguay no hay impuesto a la renta personal. Por lo tanto no es comparable. Pero me gustaría, si ese oyente quiere, comunicarnos vía mail, le dejo los datos para que pueda comunicarse y explicarle cómo ha bajado en términos reales la patente de rodados tanto en pesos, en dólares, incluso en pesos corrientes.

JI - Hablamos del tema déficit. Arranca esta administración municipal, esta nueva administración de Arana, con 73 millones de dólares de déficit. Después en la rendición que hace la intendencia en el ejercicio 2001 se habla de un superávit ese año de 18 millones de dólares y un déficit acumulado de 40 millones; en 2002 se desarmó la estantería.

AA - La estantería se desarmó en Uruguay; para ese desarme de estantería la Intendencia no quedó tan mal parada. En 2002 hubo un déficit de 138 millones de pesos, teniendo en cuenta que los ingresos de la intendencia en ese momento fueron aproximadamente de 4.000 millones, no fue un déficit importante después de lo que pasó en el país. Este año estamos previendo un déficit menor al del año pasado. No podemos hablar de un desarme de la estantería, sí de una adecuación a al realidad. Nuestras previsiones eran de un superávit en 2002 y en 2003; por supuesto con parámetros muy distintos. Los ingresos de la administración municipal cayeron muy fuertemente, un 12 por ciento en 2002, un 2 por ciento en 2003 con respecto a 2002, o sea 15 por ciento con respecto a 2001, basado esto en tres elementos, no sólo en la morosidad.

El primer problema fue el nivel de actividad, la baja del nivel de actividad afectó los ingresos de la administración municipal: el empadronamiento de vehículos cero kilómetro era un ingreso habitual muy importante todos los años para todas las administraciones municipales, en particular la de Montevideo como decíamos; prácticamente no hubo aumento en esto. Un segundo tema fue la decisión propia de la administración municipal de indexar por debajo de la inflación; esto pensando en los contribuyentes de Montevideo, fundamentalmente en los que tenían mayores dificultades. Y un tercer y último elemento residual fue un aumento leve, pero en términos absolutos importante, de la morosidad producto de esta misma situación. La devaluación produjo un cambio cualitativo en los ingresos que se había previsto, con aumentos muy importantes de los egresos –mencionábamos el aumento de los combustibles, que es un factor importante de la canasta de productos que utiliza la intendencia para realizar los servicios–; la factura de las tarifas públicas, la energía eléctrica, aumentaron muy por encima de la inflación. El resultado es obvio: si ajustamos por debajo de la inflación nuestros ingresos y recibimos desde afuera los precios de lo que adquirimos en bienes y servicios muy por encima de la inflación el resultado de déficit se explica.

JI - Tiene un peso muy fuerte el tema de los salarios en la IMM en el presupuesto, ¿verdad?

AA - Sí, tradicionalmente ha estado en el entorno del 50 por ciento en estos últimos años, pese a una política que se inició con la administración del Frente Amplio de ir intentando limitar la incidencia de las remuneraciones en el total de egresos, mejorando la retribución de los funcionarios que estaban.

JI - ¿Cuál fue el ajuste de 2003 en salarios?

AA - En salario hubo dos ajustes en el año 2003, un 10 por ciento en el mes de marzo y un 3 por ciento en el mes de octubre. Con esto volvimos a niveles similares a setiembre del año 2002, o sea antes del conflicto.

JI - ¿Para este año cómo lo ve?

AA - Este año tenemos que redefinir la política salarial a la luz de lo que pase en el país. Si bien hay signos alentadores de recuperación, no van a ser inmediatos para los ingresos municipales; esto es tradicional, tenemos una correlación muy grande con la evolución del producto bruto, pero retrasada, cuando el producto bruto empieza a recuperarse los ingresos también, pero un poco más retrasados. No pasa lo mismo cuando el producto bruto cae, esto se siente mucho más rápidamente en la Intendencia.

JI - Usted dijo que este 2004 tampoco va a ser un año fácil para el presupuesto municipal. ¿Por qué?

AA - Por la caída del ingreso por la patente de rodados, que no estaba prevista de esta manera, que incide entre un 3 y un 4 por ciento de todo el presupuesto municipal, dado que cayó en términos reales más de un 10 por ciento y la incidencia es de aproximadamente un 30 por ciento.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Mauricio Erramuspe

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