Continúa la polémica por cambio del sistema de peajes

Ministro de Transporte, Lucio Cáceres: La del Tribunal de Cuentas es una opinión no vinculante sobre legalidad, pero la administración debe resolver también por razones de conveniencia. Podríamos haber perdido U$S 35 millones en un arbitraje. Diputado Carlos González Álvarez: El TC es el único habilitado para declarar la legalidad. Todos sufrieron las consecuencias de la crisis y se contempla sólo a una empresa. Hay que cumplir los contratos.


EN PERSPECTIVA
Jueves 29.01.04, 07.33.

JOSÉ IRAZÁBAL:
La polémica sobre el cambio de régimen en el cobro de los peajes no se apaga; al contrario, parece que va cobrando temperatura. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, estuvo ayer en el Parlamento.

ALFREDO DANTE:
En una reunión especial de la Cámara de Hacienda de la Cámara de Diputados, solicitada por el nacionalista Carlos González Álvarez, convocada para que el ministro explicara los motivos por los cuales mantuvo la habilitación del cobro en ambos sentidos en la ruta interbalnearia. La resolución había sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas por razones de legalidad, pero el Ministerio la mantuvo.

Cáceres ratificó ayer que mantendrá el sistema de cobro; dijo entre otras cosas que no sólo permitió mejorar la recaudación de la empresa sino también la del propio gobierno que grava con IVA el peaje.

JI – Estamos en comunicación con el ministro Cáceres. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno para habilitar el cobro del peaje en ambos sentidos?

LUCIO CÁCERES:
Pero... dígame una cosa. La primera pregunta que me hago: ¿es necesario manejar un argumento para cobrar de ida y de vuelta? Empecemos por la básica, porque creo que es elemental: cuando usted saca boleto [en los ómnibus urbanos] ¿paga de ida y de vuelta? Si toma un taxi para ir a un lugar y volver ¿paga de ida y de vuelta? Es tan elemental el tema de que se paga cuando se va y se paga cuando se vuelve, si usted recorre los peajes del mundo, que me parece que todo lo que se está planteando hoy es una forma disimulada de defender a la gente que no quiere pagar cuando vuelve, no al sistema del que paga en un sentido y cuando vuelve no paga: ese en definitiva pagaba el doble [a la ida] y no pagaba cuando volvía.

Ahora está claro que se paga cuando se va y se paga cuando se vuelve; cuando no se hace eso y se adopta una solución que, en una de esas, para una coyuntura... Como fue acá en el Uruguay: ¿por qué se puso el cobro en un solo sentido? Porque en la Ruta 1, en un lugar donde no se puede instalar más casillas, en el puente del Santa Lucía, no había posibilidad de ampliar las casillas para que no hubiera embotellamientos y se implementó este sistema. Por eso ahí se sigue cobrando en un solo sentido, porque hasta el día de hoy no se puede poner más casillas.

JI – Usted lo plantea como algo obvio...

LC – Es tan obvio, es tan obvio, que me parece que a toda esta discusión que se ha planteado uno no la puede comprender.

Además me parece que es bueno que los medios informen a los usuarios que hoy eluden que, en realidad, hoy están perdiendo plata. En un auto a nafta, si sólo consumiera nafta (lo cual estaría muy mal con Bridgestone, que es el que auspicia este espacio)... (risas) el ahorro podría ser de $10. Pero como resulta que la nafta es alrededor de un 20% de lo que consume un auto si cuenta también las cubiertas, el lubricante, el valor del auto, etcétera, se da cuenta usted de que la cuenta le da negativa. Lo que pasa es que muchas veces, como al auto ya lo pagó, no se acuerda de que circular en auto cuesta por cada quilómetro.

JI – Usted dice que esto es algo obvio, pero hubo que cambiar un contrato. Incluso su colega, el ministro de Economía, dijo refiriéndose a este tema “Estoy de acuerdo con la seguridad jurídica, estoy de acuerdo con que los contratos no deben ser modificados”.

LC – Sí. Será una opinión del ministro de Economía. La verdad es que me parece que los ministros debemos tener otra forma de comunicarnos que no sea por la prensa.

JI – Pero ¿hubo que cambiar el contrato, o no? Hay quienes afirman que el contrato habilitaba...

LC – Lo que creo es que, si usted lee el contrato de una forma, la verdad es que dice que ni siquiera habría que haberlo modificado. En lo que sí hubo que modificarlo es porque había obras, porque había especificaciones técnicas y demás, a las cuales el Tribunal de Cuentas no hizo ningún tipo de observación. En el tema del cobro en doble sentido planteó este tema de la modificación del contrato. En fin, la opinión del Tribunal de Cuentas es muy respetable pero no la compartimos: en otras concesiones también se impuso el cobro en doble sentido simplemente con una resolución. ¿Por qué? En los otros casos los pliegos decían que se cobra en el sentido de salida, pero se puede establecer otras formas de cobro. En este contrato la verdad es que decía que se cobra en el sentido de salida, y en otro renglón dice que el concesionario podrá plantear al Poder Ejecutivo o al Ministerio de Obras Públicas el cobro en otra forma, y éste podrá autorizarlo. Pero me parece que es estar buscando a la letra chica algo que tiene la letra grande: la letra grande es que si usted tiene una carretera de peajes, que es por definición una carretera en la que usted hace una inversión y se cobra a través del peaje, la lógica es que usted cobre a los que la usan, sea que vayan o que vengan.

Se dará cuenta de que el primero que debería estar interesado en cobrar en un solo sentido, si eso no le generara dificultades, es Consorcio del Este. El costo de recaudación es menor cuando usted cobra en un solo sentido que cuando cobra en dos. Ahora: cuando por cobrar en un solo sentido resulta que tiene una cantidad de ciudadanos que eluden en pago, porque estaba claro que cuando se medía en el puesto se veía que volvían muchos más vehículos de los que habían salido.

JI – Pero cuando Consorcio del Este ganó la licitación sabía que la gente tenía la posibilidad de tomar caminos alternativos.

LC – Sí, y no dijo nada en ese sentido hasta que le empezó... Nosotros hemos defendido que no se ha quebrado la ecuación económico financiera, pero no cabe duda de que se erosionó. Por el quiebre de la ecuación económico financiera, Consorcio del Este presentó el año pasado una reclamación por U$S 35 millones, que nosotros denegamos directamente. La verdad es que a eso dijimos que no, pero es un tema que si no resolvemos hoy a nivel administrativo, esto pasa a una instancia de arbitraje.

JI – Esto ha generado un problema adicional, que es el que la gente que toma la ruta alternativa lo vuelve a hacer y ha generado embotellamientos. Pasó en la ruta 8 a la altura de Pando, y la Intendencia Municipal de Canelones ha pedido a su Ministerio una colaboración económica para resarcirla por esta situación que se le ha creado.

LC – Yo no he tenido un planteamiento de colaboración económica; simplemente el secretario de la Intendencia estaba preocupado por ese tema. Sobre ese asunto quiero decir que las carreteras no son dimensionadas para el día en que hay un pico de demanda (como nadie dimensiona nada para el pico de demanda), sino para lo que se llama “la hora trigésima”: se acepta 30 horas en el año en el que haya congestión y por tanto dificultades en el flujo vehicular, lo que la gente llama embotellamiento. Calcule usted que si hubiera este problema durante, por ejemplo, cuatro fines de semana, cuatro domingos de enero, cuatro de febrero y el fin de Semana Santa, estaríamos hablando de nueve días.

Bueno: esos embotellamientos han durado un par de horas, o sea que estamos en 18 horas, o sea que estamos dentro de los parámetros normales de la tolerancia del embotellamiento. Eso, desde el punto de vista técnico, no justificaría que se hiciera en Pando una doble vía, por ejemplo, para poder alojar mayor cantidad de vehículos con más fluidez.

Lo que es cierto es que a Pando esto le genera una molestia, que a la Intendencia le genera tener que hacer un servicio, y que hay que buscar una forma de resolverlo... Si es que este fenómeno se mantiene, porque me animaría a decir que los propios usuarios, que no sé si hacen ese cálculo que yo le hacía hace un momento, hacen sí otra cuenta: “Me voy por Pando para no pagar, y sé que me voy a encontrar con una cola. Me vuelvo a la interbalnearia y termino”. Entonces, esos flujos se van a ir redistribuyendo con el tiempo hace un lado, hacia el otro, y en determinado momento llegará la estabilidad y allí veremos cuáles son las soluciones para ayudar a Pando.

Pero también una reflexión: nos preocupamos por el embotellamiento en Pando, pero esos vehículos siguen y después de pasar el arroyo Carrasco entran a Avenida Italia y se embotellan en siete u ocho quilómetros, digamos que hasta Bulevar Artigas. Me parece que estamos magnificando un problema, tal vez porque estamos en el verano y, bueno: son las noticias del verano. Pero creo que el país tiene otros temas que son bastante más importantes.

AD – Volviendo a la habilitación que el Ministerio concede a Consorcio del Este para el cobro en ambos sentidos, y que fue declarada ilegal por el Tribunal de Cuentas...

LC – No: no fue declarada ilegal porque, para declararla ilegal, el organismo necesita tener la facultad de decir “Esto es ilegal y no se puede hacer”. En este caso, el Tribunal de Cuentas da una opinión jurídica no vinculante, en la cual entiende que no era, digamos... ajustado a derecho el cobro en el doble sentido.

AD – Está bien: no es vinculante, pero ¿está bien aplicar una medida teniendo un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas en el sentido de que no es ajustada a derecho?

LC – El Tribunal de Cuentas analiza el aspecto del Derecho, y esa es una parte. Y el que administra tiene el Derecho y la conveniencia. O sea: en los platos de la balanza tengo que poner temas tales como “Si no hacemos esto pasamos por ejemplo a un arbitraje”. ¿Cuál será la solución de un arbitraje? Probablemente una solución que dé la razón a Consorcio del Este. En este tema del cobro en doble sentido, con relación a la reclamación de Consorcio del Este por U$S 35 millones, nosotros nos hemos negado. ¿Qué es lo que va a decir un arbitraje, que se guía por la equidad y no por el Derecho? Es probable que diga que, efectivamente, en estos años que han sido complicados y en los que muchas ecuaciones económicas se han desajustado, asiste razón a Consorcio del Este, tal vez no por todo el monto reclamado, y que el Estado debe indemnizarlo”.

Nosotros teníamos la posibilidad de ampliar la concesión de esos peajes a Consorcio del Este más allá de 2007, pero no lo hicimos y lo metimos dentro de la megaconcesión, que es –llamémosle— la concesión del Estado. En este momento se está haciendo la securitización, es decir que se está pidiendo al sistema financiero que, sobre los peajes que van a ser cobrados dentro de unos cuantos años, le dé ese dinero ahora para poder atender las obras. Estos peajes llegaron a cobrar U$S 16 millones por año, IVA incluido, y el último año cobraron U$S 7 millones y algo. Se da cuenta de que hay un cambio en los números, ¿no? No es lo mismo securitizar algo que vale 16 o que vale 7. Por lo tanto, es importante que el número sea más alto. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque a Consorcio del Este se le termina el asunto dentro de tres años, y por lo tanto están dispuestos a hacer esta transacción en este momento. Pero si queda para el año que viene ya es un año menos, y por lo tanto es probable que no le interese.

Así, le podría dar otro conjunto de razones pero lo remito a que las lea en la versión taquigráfica de la comisión, donde hay otros argumentos.

JI – Sabemos que no tiene más tiempo y nos habíamos comprometido a liberarlo rápidamente porque tiene que cumplir otros compromisos. Pero el diputado González Álvarez ha anunciado una interpelación. ¿Qué piensa de eso?

LC – La verdad es que ya he tenido unas cuantas, y me parece que este año electoral seguramente habrá ambiente de interpelaciones; es un año que se presta para esas cosas.

JI - ¿Le sorprendió que lo convocara la Comisión de Hacienda?

LC – No sé... La verdad, me parece que la lógica es que estos temas sean tratados por la comisión a la que voy regularmente, que es la de Transporte. Pero en la Comisión de Transporte no está el diputado González Álvarez, que era quien promovía esto, y por lo tanto... Algún diputado (en particular Ronald Pais) hizo mención a ello, a por qué este tema estaba en la Comisión de Hacienda cuando el propio Tribunal de Cuentas dice que de acá no derivan ingresos ni egresos para el Estado, y por lo tanto entendía que no le corresponde intervenir según lo que establece la constitución.

***

JI - Vamos a dialogar ahora con el diputado Carlos González Álvarez, de Alianza Nacional, Partido Nacional, a quien ubicamos en la carretera, ¿no?

CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ:
Sí, es cierto; voy para el interior.

JI - ¿Ya pagó el peaje?

CGA - Sí, he pagado varios ya.

JI - ¿Qué evaluación hace de la comparecencia ayer en la Comisión Hacienda del ministro de Transporte?

CGA - La evaluación que hago es que es el Tribunal de Cuentas (TC) el que tiene que establecer cuál es la legalidad y no los asesores del ministro, de eso no tenemos dudas. A la legalidad de los actos la debe establece el TC, que dijo que es ilegal cambiar el contrato. El ministro dice ahora que cambió el contrato con la empresa ante un reclamo porque se le había roto la ecuación económico financiera, que la devaluación y la crisis de la economía la había perjudicado y que, ante el riesgo de llegar a perder en un tribunal arbitral, prefirió transar. Nosotros no lo creemos correcto porque, si reconocer la crisis del año 2002 implica resarcir a la empresa dándole unos 3 millones de dólares por año, ¿por qué no hicimos lo mismo con los miles de productores agropecuarios, de industriales, de comerciantes a quienes la devaluación (…)? [N. de R.: debido a cortes en la comunicación celular, el diálogo está reconstruido según se infiere del contexto].

JI - Tenemos problemas de comunicación; recordemos que el diputado está en la carretera. Trataremos de restablecer el contacto.

***

JI - Usted decía que discrepaba con el argumento que manejó el ministro ayer, quien entre otras cosas dijo que Consorcio del Este había presentado una solicitud por U$S 35 millones por quiebre de la ecuación económico financiera después de la devaluación del año 2002.

CGA - Sí, efectivamente, eso les ha pasado a cantidad de empresarios, de industriales, de comerciantes, de productores agropecuarios, y el Estado siempre ha dicho que no se pueden cambiar los contratos, que había que respetarlos; ni siquiera han querido hacer leyes de refinanciación para los deudores porque hay que respetar los contratos con los bancos. En este caso el ministro se apresura y dice: “Sí, voy a reconocer esto, porque a lo mejor pierdo en un tribunal arbitral”. Además esa cifra de U$S 35 millones es traída de los pelos, usted sabe que los abogados cuando hacen un reclamo piden 10 veces más de lo real. Cáceres transa con la empresa, creo que está mal lo que ha hecho el ministro, es ilegal cambiar el contrato y no es conveniente lo que ha hecho.

JI - ¿Cuáles son los perjuicios de fondo por los que usted se opone a este cambio que se ha hecho?

CGA - Yo creo que hay que mantener los contratos. Esta empresa está a más de la mitad del plazo de concesión, le faltan cuatro años para terminar y ya lleva más de 10. O sea que durante 10 años aceptó las reglas de juego de cobrar en un solo sentido, y ahora al final, en el último año del gobierno del Partido Colorado y con tres o cuatro años más de concesión, el ministro Lucio Cáceres decide aceptar este cambio que va a beneficiarla económicamente en unos 3 millones de dólares anuales, sin ninguna contrapartida para la sociedad. Lo único sería el riesgo de perder al ir en el tribunal arbitral; yo no veo ningún otro beneficio para la sociedad o para el Estado; solamente un beneficio para la empresa.

JI - Su argumento es entonces que usted se opone a que se haya modificado el contrato.

CGA - Exactamente, ese es el tema más grave para mí. En cuanto al otro tema, el ministro lo diluye diciendo que va a ocurrir sólo en el verano, que en invierno no va a haber embotellamientos; eso es correcto, pero debió haberse preocupado por la gente que genera los embotellamientos y por los habitantes de Pando, a quienes les queda la ciudad cortada al medio. Para mí lo más grave es la actitud del ministro de cambiar un contrato de concesión que decía otra cosa.

JI - ¿Va a promover la censura del ministro?

CGA - Le hemos pedido alguna información más, le hemos pedido que dé a conocer el reclamo que le hizo el doctor Ignacio de Posadas, que es el abogado de Consorcio del Este; le hemos pedido los dictámenes jurídicos que tiene y según los cuales se puede hacer estos cambios; y alguna otra información más en cuanto a las recaudaciones y las inversiones de la empresa. Como no tengo oportunidad de hacerle una interpelación hasta el primer día hábil de marzo, nos tomaremos febrero y en la primera sesión de marzo, si el ministro no ha cambiado este contrato para atrás, no lo ha vuelto a su origen, vamos a tratar de interpelarlo.

JI – Según el ministro, tuvo que comparecer ante la Comisión de Hacienda porque usted está en ella; que en realidad este es un tema de Transporte y Obras Públicas.

CGA - No, sería para Transporte si fuese un tema exclusivamente de circulación de vehículos, de carreteras. Este es un tema de Hacienda porque es un contrato de concesión que el ministro cambia y le da 3 millones de ganancia anuales a la empresa. Por otra parte, la Comisión de Hacienda es una de las pocas comisiones del Parlamento en las cuales están representados todos los partidos, hay legisladores del PN, del Frente Amplio, del PC, del Partido Independiente y del Nuevo Espacio, es una comisión muy amplia, de nueve miembros. Entonces primero porque estoy yo, por supuesto; segundo porque es un tema de la hacienda, es un tema económico; y tercero porque es la comisión con más representatividad de legisladores.

-----------------------------------------
Transcripción: Jorge García Ramón y María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

recomendar esta nota