Gobiernos analizarán derechos de los uruguayos en España

Daniel Caserta (Casa Uruguay-Madrid): Desde el año 2000 venimos informando sobre la vigencia del tratado de 1870, con fallos judiciales que nos avalan. El embajador uruguayo recibió toda la información, y la Presidencia no respondió a nuestra invitación para reunirse con los inmigrados. Somos un país chiquito pero se debe exigir el cumplimiento del tratado.

EN PERSPECTIVA
Lunes 02.02.04, 07.34.

EMILIANO COTELO:
La emigración, un fenómeno que afecta a un alto número de uruguayos –porque siempre hay alguien cercano que ha tomado en los últimos años la decisión de irse del país— curiosamente pocas veces se toca con la agenda del gobierno. Pero en estas horas ese punto es uno de los principales en las conversaciones que mantendrán el presidente Jorge Batlle y autoridades españolas. España es uno de los destinos preferidos por los uruguayos que se han ido en busca de oportunidades de empleo.

ALFREDO DANTE:
Y con España pasa con lo que con el resto del mundo: Uruguay no tiene registros oficiales sobre la cantidad de emigrados. Se los estima en unos 30.000.

EC – El gobierno del presidente Jorge Batlle va a plantear a su par español la creación de un grupo de trabajo bipartito al más alto nivel ministerial con la finalidad de buscar la fórmula jurídica que reconozca un acuerdo de 1870 que permitiría a los uruguayos trabajar libremente en la Madre Patria.

Para ver cómo observan estas gestiones los uruguayos que viven en aquel país, estamos en comunicación con Daniel Caserta, presidente de la Casa Uruguay – Madrid. Recordemos qué es esa institución.

DANIEL CASERTA:
Es una asociación que nuclea a la colonia uruguaya en Madrid, que empezó en proyecto hace siete años, tiene cinco años de vida como asociación registrada en la propia Comunidad de Madrid, y cumple años este 14 de febrero. Con ello tratamos de acercarnos todo lo que nos falta desde el país, brindar a la gente toda la información que podemos, dar apoyo a quienes llegan y no saben ni para dónde agarrar. Una casa solidaria, que cuando llega la gente tiene por lo menos una referencia de cómo moverse. No podemos solucionarle la vida a todo el mundo, pero por lo menos es un lugar de referencia para los que llegan.

EC – No es la única organización que agrupa a los uruguayos.

DC – No. Actualmente, no; hace años era la única, pero cuando comenzó a llegar más cantidad de gente... Es como todo en Uruguay: existe Peñarol, existe Nacional, existe el Frente, el Partido Colorado, el Partido Nacional... Los uruguayos no cambiamos ni afuera.

EC – ¿Usted tiene alguna estimación confiable de la cantidad de uruguayos que residen en España?

DC – Yo les escuchaba en la introducción y es como lo decían. Es muy difícil saber cuántos uruguayos están realmente en España, porque quienes somos familiares de españoles salimos de Uruguay con pasaporte español, como españoles, y ya no marca la salida como uruguayos. Igual pasa con los italianos u otros ciudadanos comunitarios, y eso hace que difícilmente el gobierno uruguayo sepa cuántos realmente han salido. Puede llegar a tener una estimación.

Nosotros calculamos que debe haber 30.000 o más. Era raro antes en Madrid encontrarte a un uruguayo por la calle, y hoy los encuentras. Eso hace ver que la emigración ha sido mucha, y desde el año 2000 en adelante se sintió mucho más.

EC - ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan esos uruguayos, qué es lo que más les preocupa en la actualidad?

DC – El problema es que ya está en vigencia la nueva ley de extranjería, que es mucho peor que lo que teníamos. La gente que llega sin papeles a España tiene ese problema que no es poco. Hace siete años trabajabas sin papeles, más o menos; hoy está complicado por las multas que ponen a los empleadores, las empresas: entre 6.000 y 60.000 euros si encuentran un inmigrante ilegal, y si lo agarran por segunda vez le cierran el establecimiento. Eso ha hecho que los empleadores están viendo si toman o no a gente que no tenga la documentación en regla. Esa es la preocupación máxima porque en cualquier lado el problema es que si no tienes trabajo no tienes para comer, ni cómo alquilar un techo. El problema fundamental que tiene el que llega aquí es el trabajo.

EC - ¿Cómo se hace para obtener “los papeles”, para figurar en condiciones legales ante las autoridades?

DC – Antes, bastaba simplemente con una oferta de trabajo que no era fácil que te la dieran pero la podías conseguir: la presentabas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mediante un trámite que llevaba no menos de tres meses (mientras tanto no podías trabajar, tenías que esperar a que te autorizaran), con esa oferta de trabajo te daban el permiso de residencia y trabajo. Hoy, el Ministerio de Trabajo no está recibiendo las ofertas de trabajo; no te dejan ingresar la documentación para que aquellos inmigrantes cuya visa de turista ya esté vencida. Sí lo están haciendo con los contingentes, según los acuerdos que tienen los distintos países con el gobierno español. Uruguay no tiene contingentes, y los hijos y nietos de españoles –que es la nueva forma de hacerlo—pueden obtener una oferta de trabajo y entregarla en el ministerio pero es sólo para hijos y nietos de españoles que vienen con un visado de Uruguay, por los primeros tres meses.

Que quede claro: si no te dan el visado el Uruguay vienes como turista y, pasados los tres meses, por más que hubieras conseguido aquí una oferta de trabajo, España no la recibiría.

EC - ¿Qué esperan ustedes que gestionen las autoridades uruguayas con las españolas en esta visita que están desarrollando por estas horas?

DC – Nosotros hicimos en el año 2000, a través de ese programa, la primera denuncia que hizo la Casa Uruguay sobre la existencia de un convenio de amistad entre Uruguay y España, de 1870. Es un convenio que sigue vigente, que los jueces españoles en primera instancia lo dan como válido pero el gobierno español no, y cuando llegan las ofertas de trabajo son rechazadas. Desde el año 2000 venimos entregando al gobierno de Batlle y a los distintos actores políticos en el Uruguay documentación sobre la vigencia de ese convenio. Recién el año pasado el Senado uruguayo sacó un comunicado diciendo que el convenio está vigente, y nosotros lo veníamos diciendo desde el año 2000, con un estudio jurídico del doctor Daniel Pérez, que estaba en la Casa.

Lo que venimos pidiendo desde entonces es que el gobierno español cumpla con el convenio y permita a los uruguayos trabajar sin ningún problema, pero para eso el gobierno uruguayo debió tomar cartas en el asunto seriamente.

Nos dicen que Batlle viene hoy a hablar sobre el convenio de 1870. ¿Qué estuvo haciendo Batlle desde el 2000 hasta ahora? ¿No tuvo tiempo de plantearlo antes? Nosotros pensamos que Batlle no viene a arreglar el problema de los uruguayos que están aquí, sino a hacer planteos económicos para el Uruguay, lo que vemos perfecto, porque la gente tiene que trabajar y no queremos que siga inmigrando, pero...

EC – Las autoridades uruguayas se reunieron ayer con varias de las asociaciones que representan a uruguayos en España. La Casa Uruguay – Madrid ¿no participó en este intercambio?

DC . No, porque hace dos meses hicimos una carta formal dirigida al presidente Batlle, en la que lo invitamos a concurrir a la Casa Uruguay. Venía y lo que correspondía era invitarlo, pero no tuvimos ninguna respuesta; ni un sí ni un no: ninguna respuesta. Volvimos a enviar la invitación recibimos el acuse de recibo de la Presidencia, pero tampoco tuvimos respuesta. Nuestra idea era que no fueran los directivos de la Casa Uruguay a hablar con Batlle, porque el convenio de 1870 ya estaba planteado por distintas vías, Batlle ya sabía lo que le íbamos a plantear, Opertti también. Queríamos que fuera la gente la que le planteara las cosas en el propio local de la Casa Uruguay.

Por eso no acudimos: porque entendimos que sería una reunión estéril, de protocolo, en la que íbamos a quedar bien para la galería, sobre todo Batlle que quedaría como atendiendo y preocupado por los uruguayos que estamos en el exterior, cosa que no vimos en todo este tiempo. Por eso no acudimos: porque pensábamos que era la gente la que tenía que preguntarle. Acá hay una frase muy común: “Andá a pedirle cuentas al rey”, y nosotros queríamos que la gente le pidiera cuentas a Batlle; por eso.

EC – Así que prefirieron no participar de esa reunión en la que, según se informa hoy, el canciller Opertti expuso los principales argumentos que el gobierno uruguayo va a esgrimir ante las autoridades españolas, el presidente José Aznar y la canciller Ana Palacio.

DC – Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el embajador Araneo, y ya está claro lo que estamos pidiendo: que cumplan con un convenio que está vigente y que Uruguay no es capaz de hacer cumplir porque, como lo dicen las propias declaraciones, no quieren confrontar con España. Pero la gente aquí está pasando mal, y yo no hablo de que rompamos relaciones como lo hemos hecho con otros países, pero que por lo menos pongan las cartas sobre la mesa y digan “Somos un país chiquito pero por lo menos cumplan con lo que está firmado”. Es lo único que pedimos, nada más. Pensábamos que esta iba a ser una reunión nada más que para llenar las fórmulas.

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EC – Didier Opertti va a plantear mañana a su colega española, la canciller Ana Palacio, que este Tratado a amistad y paz de 1870 está vigente, y no fue derogado ni modificado por los compromisos que España asumió luego en el marco de la Unión Europea.

AD – El ministro Opertti tiene en su poder al menos tres sentencias de tribunales superiores que han reconocido la vigencia de este tratado, desestimando el argumento del gobierno español en el sentido de que el mismo fue derogado. Por eso, Opertti anunció que negociará “sin confrontar pero sin renunciar a los derechos” que provienen de aquel tratado.

EC – Uno de los principales argumentos que intentará hacer valer frente a Ana Palacio, “quien por ser jurista habla el mismo idioma”, según se consigna desde Madrid, es que la última sentencia judicial, de octubre de 2002, fue emitida frente al último recurso que podía interponer el Estado español, el trámite de casación, y la Justicia española dio la razón al inmigrante. Otros dos fallos fueron adoptados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de Canarias.

Las asociaciones de inmigrantes que se reunieron ayer con Batlle y Opertti no tienen grandes expectativas de que el problema se resuelva antes de los comicios generales que tendrán lugar en España el 14 de marzo. “El gobierno del Partido Popular quiere favorecer a los españoles y no va a tomar ninguna resolución antes de la elección”, dijo el portavoz de la Coordinadora de Trabajadores Inmigrantes Uruguayos, Juan González.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón

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