18.12.2005














Se mantiene la tercerización de créditos de los bancos en liquidación

Diputado Guillermo Alvarez: Las explicaciones del ministro de Economía no fueron satisfactorias para los interpelantes: regalamos el dinero de los uruguayos en comisiones a empresas que sólo tienen intención de cobrar. Positiva pero insuficiente la recomendación de encomendar al fideicomiso del Brou la gestión de los deudores múltiples. Director del BCU, Julio de Brun: La comisión por el cobro es menor a lo afirmado, y se corresponde con las características de esas empresas.



EN PERSPECTIVA
Miércoles 11.02.04, 07.36.


EMILIANO COTELO:
Tuvo lugar ayer en la Comisión Permanente del Poder Legislativo la interpelación al ministro de Economía, Isaac Alfie.

ALFREDO DANTE:
El ministro dijo que la gestión de cobro de los créditos de los bancos liquidados no significará ejecuciones masivas, como había sostenido uno de los legisladores interpelantes, el senador Enrique Rubio. La moción que declaraba insatisfactorias sus explicaciones no tuvieron mayoría: “sin consecuencia políticas”, como se suele titular en estos casos.

EC – Vamos a procurar la palabra de quienes estuvieron de uno y otro lado de la interpelación. Comenzamos con el diputado socialista Guillermo Alvarez, cointerpelante junto a Rubio. ¿Cuál era la inquietud del Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) respecto a la recuperación de los créditos de los bancos liquidados?

GUILLERMO ÁLVAREZ:
Si me permite, quiero hacer una precisión previa: si bien no hubo consecuencias políticas en lo que puede ser la censura al ministro, o declarar insatisfactorias sus explicaciones –tal como informaban ustedes— sí se aprobó una moción (que no votamos ni el senador Rubio ni yo, porque entendimos que no contemplaba todas nuestras aspiraciones) que plantea al Ministerio de Economía y sobre todo al Banco Central la necesidad de buscar que todas aquellas carteras cruzadas entre el Banco de la República y la banca privada puedan ser administradas por el fideicomiso del República. De todos modos, nos parece un paso adelante.

EC – Vamos a entender este punto que sí recogió un apoyo mayoritario: esa moción, decía usted, apunta a los créditos cruzados entre los bancos liquidados y el Banco de la República.

GA – Exacto. Porque una de nuestras grandes preocupaciones era que la mayoría de los deudores lo son a su vez del República y de alguno de los tres bancos actualmente en liquidación (Montevideo, Caja Obrera y Comercial). Sobre todo en el interior del país, donde el Caja Obrera, el Comercial y el República eran prácticamente los únicos bancos que existían.

El hecho de que hubiese dos liquidadores distintos, uno que lo único que puede buscar (legítimamente) es el lucro a través de las enormes comisiones que gana, y por otro lado el Banco República, crea una dificultad adicional porque lo que a nosotros nos importa es que la actividad productiva se ponga en marcha de una vez por todas. Y esto implica la posibilidad del desguace de una entidad productiva: yo ponía anoche el ejemplo de Sudamtex, donde hace poco tiempo hubo un acuerdo entre el República y el Citibank para rematar ante la posibilidad de que pudiese hacerse cargo de la planta un inversor alemán (que no sabemos todavía si existe o no, pero del que se habla). Eso no puede suceder de ninguna forma cuando una de las partes viene únicamente a cobrar una comisión y por lo tanto, cuanto más liquide, más comisión va a cobrar.

EC – Usted se refiere a la empresa que se encargue de la tercerización de la liquidación de uno de los bancos que han cerrado el año pasado.

GA – Exacto, y que además, por los montos del llamado, es una multinacional, no puede haber otra. Incluso los precalificados ya sabemos que son multinacionales, pero por los requisitos que puso el Banco Central, necesariamente tenía que ser una multinacional; no había en el Uruguay ninguna empresa que pudiese hacerse cargo de esas liquidaciones.

EC – El planteo apunta entonces a que, si Fulano de Tal es deudor del Banco República y al mismo tiempo de uno de los bancos liquidados, todos los créditos de Fulano de Tal vayan a parar al fideicomiso que recuperará las carteras pesadas del República.

GA – Exacto. A eso apunta la moción, aunque no es de carácter obligatorio sino que pide al Ministerio de Economía que estudie esa posibilidad conjuntamente con el Banco Central. Y eso es lo que calificamos como un resultado medianamente positivo: yo tampoco confío mucho en que el Banco Central se ponga a estudiar esto, pero vamos a esperar que el ministro de Economía vuelva a pensar en el tema y vea que lo que se está haciendo hoy es un disparate.

EC – Durante la interpelación, el ministro de Economía desvirtuó algún número que, a propósito de estos casos, había manejado el miembro interpelante. Según el ministro, el total de deudores de los fondos de recuperación de los bancos liquidados es de 53.617, y de ellos apenas 1.023 (1,63%) son a la vez deudores del República. Y, señaló, si en lugar de cantidad de deudores se considera el monto de las deudas, el porcentaje es 9,9%.

GA – Sí; esas son las cifras que dio ayer el ministro. A mí me sorprendieron mucho, porque hasta ahora yo venía manejando otra información y supongo que a Rubio le pasó lo mismo; veníamos manejando información absolutamente distinta. Lo vamos a tener que corroborar; no tengo por qué poner en duda la palabra del ministro pero lo vamos a tener que corroborar. Pero habría que ver incluso la calidad de las empresas; ese es otro tema a discutir porque, si son empresas productivas... Una cosa es que sea un comercio o cosa por el estilo, y otra que sean empresas productivas. Y le puedo asegurar que la mayoría son empresas productivas, que no son préstamos al consumo que se comparten entre dos, tres o cuatro bancos.

EC – Aunque el porcentaje de intersección entre los dos grupos sea bajo...

GA – Ah, yo creo que igual vale la pena.

EC – ... ¿igual vale la pena, dice usted, intentar que sea todo manejado por el fideicomiso del Banco de la República?

GA – Sí, sí. Le digo más: creo que vale la pena que absolutamente todas las deudas del patrimonio de recuperación del sistema financiero sean manejadas por el fideicomiso del República y que, en esta situación que estamos viviendo, el Uruguay no esté regalando millones y millones de dólares a una empresa que a lo único que viene (reitero, legítimamente) es a cobrar jugosas comisiones.

***

EC – Pasemos ahora al tema central, que de alguna manera usted está mencionando en esta última frase. ¿Qué es lo que preocupa al EP-FA sobre cómo se está realizando la liquidación de los bancos cerrados, Montevideo, Caja Obrera, el viejo Comercial y el Crédito?

GA – Dos preocupaciones. Una tiene que ver con lo que está sucediendo al día de hoy: que hay liquidadores interventores nombrados por el Directorio del Central (ayer el presidente del BCU dio una cifra sobre lo que está costando esto) que no tienen la mínima idea de qué deben hacer cada vez que un cliente se presenta a pagar, porque no tienen instrucciones del Directorio. Entonces se está perdiendo dinero, tiempo, la posibilidad de que la persona pueda pagar para reactivar su crédito y seguir trabajando, porque no le están recibiendo los pagos que quisiera hacer, reitero, porque no hay instrucciones del Directorio del Banco Central.

Eso es lo que está pasando al día de hoy. Me parece bárbaro. La autocrítica más grande que puede haberse hecho el presidente del Central en su vida se la hizo anoche cuando contó esto.

En segundo lugar, nos interesa el futuro. Creo que el tema...

EC – Permítame un momento, porque veníamos haciendo gestiones para contar con la participación del presidente del BCU, economista Julio de Brun, y acabamos de obtener el contacto con él. No sé si será posible tener las dos voces en diálogo... A propósito de esto que venía señalando el diputado Alvarez, una cita de algo que usted señaló anoche en la Comisión Permanente, ¿podemos conocer alguna explicación adicional? ¿Por qué hay liquidadores que no tienen instrucciones sobre cómo tratar a quienes vienen a pagar?

JULIO DE BRUN:
No le puedo explicar por qué está ocurriendo eso, porque no está ocurriendo. La cobranza ha sido normal. Lo que sí es que por medidas gremiales se ha suspendido el funcionamiento de los comités de crédito para aprobar nuevas financiaciones, pero eso responde a medidas gremiales que han estado en los fondos de liquidación desde que se tuvo conocimiento... no del proceso de tercerización –que estaba anunciado ya desde hace mucho tiempo— pero que de alguna manera se entraba en etapas más definitivas de ese proceso.

EC – Diputado: ¿usted lo había entendido así?

GA – No. Puede ser una forma de explicación, pero la realidad es que no se está recibiendo los pagos o los convenios ofrecidos. Le diría más: no recuerdo la cifra exacta porque no traje los papeles, pero el Banco Comercial elevó 19 millones de dólares en convenios de pago, o en acuerdos realizados con los clientes, y todavía no han sido resueltos por el BCU. Y me han visitado deudores diciéndome que les ha sucedido eso: que han ido al banco, han querido pagar y el interventor les ha dicho que no tienen las instrucciones necesarias.

Ahora: esto fue una digresión sobre el tema central, pero...

EC – Ya volvemos a él pero quisiera una ampliación del presidente del BCU respecto a este tema concreto. ¿Qué puede estar ocurriendo con estas situaciones que menciona el diputado Alvarez?

JdB – Los interventores asumieron recientemente, sus tareas han estado básicamente concentradas en tratar de poner al día algunos aspectos de control interno y de contabilidad de los fondos, en especial cerrar el balance de los números del año 2003, de la liquidación... Normalmente, quienes reciben a los clientes con propuestas de cancelación son los propios funcionarios de los bancos en liquidación; no hay ninguna instrucción del Directorio en cuanto a no recibir propuestas de crédito... Ya le digo: simplemente no están funcionando los comités de crédito porque en estos momentos hay medidas gremiales.

EC – Volvemos al diputado Alvarez, para terminar de explicar el núcleo del llamado a sala de ayer.

JdB – El núcleo del cuestionamiento estaba basado en que, primero, si creamos el fideicomiso del Banco República es porque pensamos que va a recuperar los créditos. De lo contrario sería una engañapichanga, no tendría sentido su creación. Por lo tanto, tenemos confianza en que el fideicomiso del República, que está administrado por gente del banco, podrá recuperar sus créditos.

Nos parece un disparate que, por otro lado, los créditos de los bancos en liquidación sean tercerizados a una empresa con determinados requisitos que en definitiva implican que sea una multinacional. ¿Para qué Uruguay está regalando...? Ojo: no hay que olvidar que todos los uruguayos hemos puesto dinero para salvar a los bancos, y que el Estado renunció a la recuperación de sus créditos con aquellos clientes con menos de U$S 100 mil para que pudiesen recuperarlos. Pero sería bueno que el Estado también recuperase sus créditos, porque eso lo están pagando usted, yo, el operador de su radio y aquella persona que nunca pisó un banco. ¿Por qué, entonces, nosotros tenemos que darle el 40, o el 30%... que al final nunca se va a saber, porque ahora nos enteramos ayer, en la interpelación, que el BCU está modificando ahora el borrador de llamado, un poco en base a las críticas que habían ido surgiendo.

EC – Ayer se le respondió a usted que las comisiones que se pagarán a la tercerizaciones no llegarán al 40%, sino que en promedio serán del 20%, y además por escalas.

GA – Exacto. O sea que por escalas y en promedio podrían llegar a ser un 20%, dependiendo de la oferta que se haga en ese sentido. No queda claro: si la oferta va a ser mayor puede ser mayor el promedio. Pero partamos de un promedio de 20% en una cartera de alrededor de U$S 900 millones, de la cual supongamos que se puede recuperar sólo un 40% (yo creo que se puede recuperar bastante más), calcule el 20% sobre esa cifra y va a ver la enorme cantidad de dinero que el Uruguay entrega gratuitamente a una empresa multinacional que viene simplemente a cobrar. Y que además no va a tener en cuenta (y ahí nuestro reclamo de poner en marcha el aparato productivo) las necesidades del Uruguay, las de los acreedores ni de los deudores, porque su negocio no es preocuparse por los demás (para eso está el Estado uruguayo) sino hacer dinero.

EC – Pero la respuesta fue que esta concesión de la gestión de cobro de estos créditos de los bancos liquidados no supondrá ejecuciones masivas. “Los administradores de carteras saben perfectamente que no se maximiza la recuperación si se va por ese camino”.

GA – Puedo coincidir en que cualquier administrador, si se pone a rematar todo al mismo tiempo... que es lo que hace el Estado hoy, por ejemplo rematando flotas de autos todas al mismo tiempo, y entonces vende autos por 500 dólares. Estoy de acuerdo en que ningún tipo con un poco de cerebro puede hacer ejecuciones masivas. Pero ojo: sí se pueden hacer ejecuciones masivas –y a eso estamos acostumbrados— a favor de determinadas personas, o determinadas entidades, o...

EC - ¿Cómo es eso? No le entiendo.

GA – Claro: de pronto me conviene rematar terrenos –mejor dicho ceder las carteras— porque sé que determinados compradores están interesados en especular con la suba que está teniendo hoy el valor del terreno en base a la agricultura. Usted sabe que en el sistema bancario eso se hizo, y con más razón eso lo puede hacer cualquier multinacional que venga al país interesada no en recuperar sólo el 40% de comisión, o el 20% como quiere el economista De Brun, sino además sacar una ganancia adicional en base a la especulación.

EC – Esa era entonces la preocupación central, y la respuesta del ministro no fue convincente para ustedes.

GA – No fue convincente para nosotros, lamentablemente, porque la idea del llamado a sala era sobre todo tratar de buscar un acuerdo que sirviera al país. Lamentablemente no lo obtuvimos, y por lo tanto no fue convincente.

***

EC – Seguimos ahora con el presidente del BCU con el tema central de la interpelación de ayer: el porqué de la concesión a privados de la gestión de cobro de los créditos de los bancos liquidados.

JdB – Básicamente hay dos razones. Una es que la cantidad de atribuciones que ha ido sumando el BCU en los últimos años, combinada con la disponibilidad de sus recursos para poder llevar adelante el proceso de liquidación de los que eran los cuatro mayores bancos privados del país, no tenemos los recursos ni la experiencia como para efectuar todo este proceso por el propio BCU. Lo que estamos haciendo, en definitiva, es usar las facultades que nos dieron tanto la ley de agosto como la de diciembre de 2002, en cuanto a la posibilidad de tener terceros que trabajen en esto.

Y, al mismo tiempo, incorporar en Uruguay una experiencia bastante interesante en cuanto a manejo de carteras en situación de estrés, digamos, como la de todos estos bancos, de manera de recuperarlas y generar productos financieros y mecanismos que de alguna manera aceleren también la recuperación de estos créditos a favor de los ahorristas.

EC - ¿A qué alude, por ejemplo?

JdB – La idea es que, tanto en la experiencia de México o Ecuador en América latina, como de Tailandia, Corea y otros países del sudeste asiático, ha sido muy común trabajar con firmas especializadas y experientes en el manejo de carteras para, a través de procesos de negociación con los deudores, poder llegar a distintas categorías de carteras en base a sus garantías y sus posibilidades de recuperación, y eso como paso previo a vender esos créditos a instituciones bancarias que eventualmente pudieran estar vinculadas a quienes están administrando el proceso de liquidación, y entonces transferirlos como créditos vigentes en instituciones bancarias “vivas”, digamos, o alternativamente utilizar mecanismos de securitización que permitan captar recursos por adelantado, con lo cual ir atendiendo también los derechos de los acreedores. Todo esto implica una gestión profesional especializada, de la cual en Uruguay básicamente no hay experiencia, y lo que buscábamos era tratar de atraer a Uruguay el valor agregado que pudiera tener un manejo de este tipo en una situación tan especial como fue la salida de la crisis de 2002.

EC – Pero una de las objeciones que hace el EP-FA es respecto a lo que termina cobrando esa multinacional (porque, sostiene, va a terminar siendo una multinacional) que se ocupe de esta tarea.

JdB – Yo no sé si es multinacional, o por lo menos una empresa extranjera. No todas las empresas extranjeras son multinacionales. Pero...

EC – Se cuestiona que la comisión pueda llegar al 40% y, decía el diputado Alvarez, es dinero que hemos puesto todos nosotros en esta crisis financiera.

JdB – Había una confusión con el tema de las comisiones, por lo menos en algunos cálculos que sacaba alguno de los legisladores interpelantes: atribuían ese 40% al total de la cartera o al total de la cartera recuperada, cuando en realidad lo que había era una recuperación por franjas y las comisiones altas se aplican también a los tramos en los que ya se está recuperando un monto importante de créditos, superior a lo que es normalmente la media de la recuperación de carteras en créditos de esta categoría, normalmente créditos en situación de mucho deterioro. Lo que se busca con la estructura de comisiones crecientes es evitar que quien está a cargo de la gestión de esta cartera cobre lo que es fácil cobrar (a las empresas que normalmente están pagando) y no hagan ningún esfuerzo por recuperar créditos cuya gestión pueda ser un poco más costosa.

Ciertamente, cuando hablamos de comisiones caras o de costos caros de gestión de la cartera tenemos que relacionarlo, respecto a qué. Si no hubiéramos tenido interés en el proceso de recuperación de carteras, y en buscar mecanismos que pudieran pasar a instrumentos de mercado lo que pueda ser la gestión de estos créditos en problemas de instituciones bancarias liquidadas, si el interés fuera simplemente ejecutar deudores, hubiéramos puesto esto en manos de innumerables estudios jurídicos que habrían salido a hacer procesos de ejecución; lo cual en líneas generales, dependiendo de lo que dure la ejecución y del monto de los créditos, probablemente llegaría también a comisiones u honorarios que absorberían no menos del 20 o 25% de los créditos a recuperar, y en algunos casos algo más.

Después hay un tema de valor agregado: si a través de incorporar conocimientos y experiencia logra mayor recuperación de carteras, uno puede pagar algo por ese servicio que recibe.

EC – La otra pregunta que hacía el diputado Alvarez era por qué no concentrar todo en el fideicomiso creado para recuperar los créditos pesados del Banco de la República.

JdB – El problema es que el supuesto que de alguna manera hacían los legisladores interpelantes era: juntemos todo, porque en definitiva los intereses tanto de los acreedores como de los deudores son los mismos. Y eso porque los deudores, o la mitad de los deudores, son los mismos en los fondos de recuperación y en el Banco República; y por el lado de los acreedores, el Estado en definitiva es el acreedor de todo esto. Pero no es cierto: en primer lugar, el porcentaje de deudores comunes a los fondos y al fideicomiso del República es bastante menor al que se afirmaba (anda alrededor de un 10% de los activos de los fondos los que también están en el Banco República), y por lo tanto no existe esa simultaneidad o coincidencia por el lado de los activos. Y tampoco del lado de los pasivos porque, si bien es cierto que el Estado es dueño del Banco República y del Hipotecario, el principal acreedor de éstos no es el Estado, sino que son los depositantes.

Además, en el caso del República y el Hipotecario, estamos hablando de instituciones bancarias abiertas, de un funcionamiento en el que los pasivos de estos bancos son libres de entrar o salir, mientas que los pasivos de un fondo de liquidación son gente que ha quedado allí a la espera de lo que se pueda recuperar de estos fondos... Entonces, los criterios de gestión son totalmente distintos, los incentivos son totalmente distintos, y realmente se generaría fuertes conflictos de interés si uno junta en un solo grupo las decisiones de cobro de distintas empresas. Porque, en definitiva, ¿a quién voy a dar prioridad a la hora de recuperar créditos: fortalecer al República o al Hipotecario, donde eventualmente podemos correr el riesgo de que si no se recupera la cartera pueda tener problemas por el lado de temores del lado de los depositantes, en cuyo caso estoy postergando el legítimo interés que también puedan tener acreedores en los fondos de liquidación? Eso es muy difícil de manejar cuando se genera el conflicto de interés de estar manejando distintas administraciones que tienen objetivos totalmente distintos.

Creemos más bien que, siendo entidades totalmente distintas y con objetivos distintos, se manejen también con autonomía en las decisiones sin perjuicio de que, cuando hay situaciones de deudores comunes (como las hay, no sólo entre el fideicomiso del Brou y los fondos de liquidación sino también con otras instituciones bancarias que también son acreedoras en algunos casos de algunas empresas que están en estos bancos en liquidación), hay un proceso de coordinación entre acreedores que siempre surge espontáneamente...

EC – De todos modos, el Parlamento aprobó ayer una moción, que contó con respaldo generalizado, para que en esos casos los deudores comunes a los bancos liquidados y al República se pase todo al fideicomiso del República.

JdB – Lo que encomienda la moción es que el BCU analice mecanismos para posibilitarlo.

EC - ¿Se va a atender ese pedido?

JdB – Lo vamos a evaluar desde el punto de vista legal, si tenemos alguna restricción en cuanto a mover fondos de un lado a otro... De todas maneras hay algo que vamos a analizar: si el Banco República encuentra que para la gestión de su fideicomiso lo mejor es concentrar a los deudores comunes, en realidad le está resolviendo un problema al BCU como liquidador de los otros fondos: en definitiva estaría comprando esos créditos en los fondos de liquidación, con lo cual el BCU estaría obteniendo recursos para pagar a los ahorristas. O sea que, si es bueno para el República hacer esta gestión, al BCU no podría pasarle nada mejor.

EC – En cuanto a la idea de tercerizar el cobro de los créditos de los bancos liquidados, ...

JdB – La administración, no sólo el cobro. Es un sentido más amplio: gestionar, recuperar valor, en fin.

EC – Bien. Hemos hablado de costos a propósito de la inquietud del EP-FA por las comisiones que cobraría esta empresa. Pero me pregunto por otro tipo de costos: ¿qué pasa con los ex funcionarios de los bancos liquidados que han pasado a los fondos de recuperación de activos? ¿Dónde van a continuar una vez que se produzca la tercerización?

JdB – Me imagino que es muy posible que muchos de ellos sigan trabajando en los propios fondos, dado que quien venga a administrar estas carteras seguramente aproveche la experiencia que estos funcionarios han tenido hasta ahora en esto, y no sé cuánta gente tomará. No olvidemos que también se implementó, en la salida de la crisis, un seguro de paro para el sector bancario que estaba previsto para este tipo de situaciones.

EC – Porque si no, estamos hablando de un costo adicional: el de seguir pagando esos sueldos.

JdB – No, no. Los funcionarios que no continúen trabajando en los fondos, una vez tercerizados, pasan a seguro de paro.

EC – De modo que, a partir del resultado de la interpelación de ayer, no hay cuestionamiento del Parlamento a la idea de la tercerización; no logró votos suficientes y supongo que la decisión es continuar adelante con el proceso.

JdB – Sí, claro.

EC - ¿Con qué fechas?

JdB – No le puedo dar fechas, pero estamos trabajando en eso.

EC - ¿Aproximadamente?

JdB – Ya se va a enterar.

***

EC – Veníamos hablando de uno de los dos aspectos de la interpelación de ayer, pero hubo otro tema en la exposición del senador Enrique Rubio, y ese sí terminó concitando el respaldo de todos los partidos.

AD – La resolución de la Comisión Permanente del Poder Legislativo dice:

“Declarar que el Estado uruguayo debe comprometer mayores recursos para proveer la investigación científica y tecnológica, de tal forma que se constituya en una verdadera prioridad del gasto público”.

EC – Sobre este aspecto volveremos en próximos programas.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón


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