“PRESUNTAS MOTIVACIONES POLÍTICAS SON ROTUNDAMENTE FALSAS”
Caso Peri: “una medida excepcional para una situación sin precedentes”
Ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán: Peri es un problema para el Ministerio desde hace años. Nunca un fiscal de Corte adquirió esta notoriedad, ni el servicio se vio resentido por múltiples reclamos, ni los ministros debieron observar por excesos en cuanto a su competencia... El sumario se inicia ahora porque lo he estudiado ahora y no era ministro cuando había escuchado decir vagamente estas cosas.
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EN PERSPECTIVA
Miércoles 18.02.04, 08.50.
EMILIANO COTELO:
El sumario administrativo con separación del cargo nada menos que del fiscal
de Corte y procurador general de la Nación, Óscar Peri Valdez, el tema político
más candente de los primeros días de febrero, es una medida que no tiene precedentes
en la historia uruguaya.
Sobre esta situación hemos tenido en estos días varias voces En Perspectiva,
pero faltaba la de quien tomó esta resolución en acuerdo con el presidente de
la República, el doctor Leonardo Guzmán, ministro de Educación y Cultura.
Cuando le solicitábamos la entrevista, el doctor Guzmán nos contestaba “Hasta
que no comparezca en el Parlamento, no; después de ir a la Comisión de Constitución,
Legislación y Códigos de la Cámara, con mucho gusto”. Fue ayer a la comisión
y aquí está en estudios de El Espectador cumpliendo aquella promesa.
LEONARDO GUZMÁN:
Repitiendo su expresión: viniendo a esta casa con mucho gusto, sentándome en
esta mesa de tan gratos recuerdos con mucho gusto. Pero, eso sí, lamentando
que sea verdad lo que usted dijo al inicio de la introducción: se ha convertido
en un tema político lo que es una cuestión de puro derecho.
Aquí no hay un tema personal, no un enfrentamiento entre personas que no se
entienden, no una cuestión político partidaria, sino una valoración dentro del
derecho de sucesivos actos cumplidos por el señor fiscal de Corte, cuya unidad
es el exceso de poder. Como el exceso de poder en la administración es una irregularidad
grave, y mucho más grave aún si está cometida por quien se halla al frente de
un servicio que debe custodiar la legalidad, lo natural es proceder. Por lo
demás, esto no ha sido ninguna novedad.
EC - ¿“No ha sido ninguna novedad” …?
LG - La existencia de irregularidades, la existencia de ilegalidades. Usted,
Cotelo, que tiene varios archivos de los cuales el principal es la memoria,
sabe que hubo observaciones del ministro Yamandú Fau, que hubo observaciones
y enfrentamientos públicos en la etapa del ministro Mercader, de manera que
el tema de la existencia de ilegalidades hasta podría haber sido invocado como
cuestión notoria. En el caso nos atuvimos al contenido de varios expedientes,
y a ellos nos remitimos en la exposición circunstanciada que formulamos ayer,
permitiendo toda clase de preguntas y toda clase de explicaciones, de manera
de que se tuviera la cabal convicción de que hemos actuado conforme a las reglas
de derecho.
EC - Pero, estará de acuerdo, es una medida grave.
LG - Es una medida excepcional para una situación excepcional. Nunca hubo un
fiscal de Corte que adquiriera esta notoriedad, nunca el servicio se vio resentido
por múltiples reclamos de fiscales que accionan ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, nunca sucedió que todos los ministros actuantes hayan debido
observar por excesos en cuanto a su competencia... Vamos a hacer alguna aclaración.
EC - Usted habla de una línea de conducta marcada por exceso de poder. Si voy
a al texto
de la resolución, la frase más extensa dice: “una línea de conducta
marcada por exceso de poder, con desconocimiento de la jerarquía a que está
sometido el funcionario, en cuestiones totalmente ajenas a la independencia
técnica de sus actuaciones”.
LG - ¿Qué quiere decir eso?
EC - O ¿cómo lo ejemplificamos para que el oyente entienda cuál es la preocupación
del ministro?
LG - Muy sencillo. Aquí no hay observaciones referidas a dictámenes sobre expedientes
concretos, no es “Autos A contra B dictaminó a favor de A debiendo hacerlo a
favor de B”; no es un problema sobre cuáles sean sus opiniones jurídicas en
aquellos asuntos en los cuales dictamina. Ni en esos, ni en los de él, ni en
los de ningún otro fiscal de la República hemos intervenido jamás ni el subsecretario,
doctor Daniel Bervejillo, que honrosamente nos acompaña, ni quien habla.
EC - En esos asuntos rige la independencia técnica.
LG - Esos asuntos son del área de la independencia técnica y en ellos no hemos
entrado. Tampoco hemos entrado en la valoración política de la actuación de
los señores fiscales. Recuerdo que allá por junio el senador Rubio nos dirigió
una solicitud de informes para saber si era propósito del Poder Ejecutivo cambiar
fiscales por motivo de algunos pronunciamientos que podían resultar incómodos
para la posición del Ejecutivo. Recuerdo que verbalmente hicimos saber públicamente
que no era propósito del Poder Ejecutivo proceder como se nos preguntaba. En
rigor el oficio hubiera podido no ser contestado, ya que los pedidos de informes
deben referirse a actuaciones, no a propósitos, no a futuro; sin embargo lo
contestamos. Demoramos en contestarlo y lo contestamos diciendo que no era propósito
en el momento en el cual se emitió el oficio ni ahora, y los hechos de todo
este tiempo han demostrado que es así. Cuando después me encontré con el senador
Rubio tuve la satisfacción de que él tuviera por plenamente contestado con los
hechos, no sólo con las palabras, que esa era la posición.
De modo que armar sobre esto todo un lío político no se puede comprender más
que con el propósito de distraer sobre el fondo jurídico de la cuestión.
EC - Ya que usted mencionó ese antecedente, ese episodio cercano, esta cuestión
reapareció en estos días, en el fin de semana; usted la habrá visto en el diario
El País, donde fuentes próximas a Peri Valdez sostuvieron que la decisión de
separar del cargo al fiscal de Corte se debía, entre otras cosas, a la resistencia
de éste a ejecutar algunos pedidos suyos, del ministro. Según esas fuentes usted
le habría planteado a Peri que sacara de la Fiscalía Penal a la doctora Mirtha
Guianze y que nombrara paralelamente a la ex jueza Ana Lima…
LG - Las dos cosas son rotundamente falsas.
EC - …Peri se habría negado y ahora estaría siendo sancionado con este sumario.
LG - ¡Las dos cosas son rotundamente falsas, absolutamente falsas! El doctor
Peri Valdez miente, si dijo eso. No me consta que la versión periodística sea
de fuente Peri Valdez o de allegados a Peri Valdez. Él tiene algunos voceros
que están prestigiando su tesis con distintas comparecencias en los medios y
son de pronto valorados en la forma que merecen. Pero niego radicalmente este
punto específico y me alegro de haber venido al estudio y no contestarlo por
teléfono porque estoy mirando a un periodista que ha hecho de esto profesión,
oficio y razón de certidumbre frente a sus oyentes. Si yo hubiera pedido algo
para esa persona o para otra fuera del ministerio, no hubiera tenido el menor
tropiezo, vendría acá y lo contaría porque no tendría nada de vergonzoso. El
doctor Peri Valdez en ningún momento tuvo que resistir eso que usted está planteando
porque yo jamás se lo planteé. Usted lo lee de una versión periodística; sobre
esa versión periodística en esta casa con tradición periodística me alegra poder
pronunciarme y decir rotundamente: es falso.
EC - En estos primeros minutos de la conversación usted ha ido aclarando lo
que no hay detrás de esta resolución que ha tomado de sumariar administrativamente
al fiscal de Corte.
LG - Tengo algo más sobre lo que no hay.
EC - Pero yo quiero hablar de lo que sí hay, desde su punto de vista.
LG - Tampoco hay detrás de esto el propósito de apurar la designación de un
sustituto, o el propósito de evitar que esté o no en manos de una mayoría que
pueda ser distinta de la actual en el próximo gobierno.
EC - Permítame recordar a los oyentes que usted aluden al hecho de que el fiscal
de Corte permanece en su cargo durante diez años.
LG - Sí.
EC - El doctor Peri Valdez fue designado en 1997, por lo que en principio tendría
que seguir hasta 2007. Una de las especulaciones que han circulado es que detrás
de esta decisión que se tomó estaría la de propiciar la sustitución ya, nombrar
a un nuevo fiscal de Corte ahora, de modo que permaneciera en ese puesto desde
2004 hasta 2014, y por lo tanto abarcando incluso un eventual gobierno del Encuentro
Progresista - Frente Amplio.
Ahora sí, le permito que siga con lo que estaba aclarando.
LG - Ya lo dije; no di los nombres de las alternativas políticas, como usted
lo plantea, pero dije “un eventual cambio de partido”. Radicalmente, la primera
vez que tuvimos que señalarle algo –si quiere usar la palabra observación–,
allá por el mes de abril, fue cuando advertimos que cuando le daba noticia de
un delito eventual, presunto, a un fiscal para que éste actuara, lo hacía en
exposiciones en un caso de 27 páginas y en otro de 64, lo cual significaba todo
un alegato a favor de la existencia del delito, y eso dirigido a fiscales que
tienen independencia técnica nos parecía y nos sigue pareciendo una invasión
con exceso de poder. Señalamos que, puesto que el fiscal tiene independencia
técnica hay que relatarle los hechos, que normalmente caben en una o dos carillas,
pero no hacerle un alegato, ya que eso interfiere en la corriente eidética de
ese señor fiscal que ha de ser destinatario y que en definitiva tiene derecho
a hacer su propio enfoque, construir su propia hermenéutica, es decir su propia
manera de argumentar frente a los hechos.
Nosotros fuimos detectando sucesivas irregularidades, las cuales se sumaron
a algunas que venían de atrás, se sumaron a las que fueron señaladas por la
jueza Vera Barreto, a las que fueron señaladas por la Suprema Corte de Justicia,
que rompió un convenio con el doctor Peri Valdez cuando era presidida por el
doctor Raúl Alonso Demarco…
EC - …que hoy es abogado defensor de Peri.
LG - …y después de advertir que la línea era en rigor la misma que hasta había
motivado comparecencias del doctor Mercader en el Senado, e incluso a ser interrogado
en la Cámara por el señor diputado Orrico sobre si además de observaciones no
había hecho alguna otra cosa para parar las demasías evidenciadas... Juntados
todos esos elementos llegamos a una conclusión: estamos ante un caso de exceso
de poder. Y frente a un caso de exceso de poder vinimos a hacer lo único que
debíamos hacer, ya que, como explicamos en la resolución, cuando usted como
hombre de derecho detecta una irregularidad en la administración no tiene la
elección de actuar o no, no tiene la opción de decir: “Primero voy a consultar
al sistema político”, como está de moda decir, que en realidad no es el sistema
político sino el elenco político…
EC - Eso se le ha reclamado en estos días.
LG - …Sistema es el sistema democrático republicano que nos permite respetarnos
y que nos obliga a escucharnos a todos y escuchar razones, no juntar exclusivamente
preconceptos o a formar camarillas alrededor de tales o cuales tesis, sean gremiales,
políticas o lo que fueran.
EC - Eso se le ha reclamado en estos días, lo ha dicho el senador Sanabria:
que usted debió haber hecho una ronda de consultas políticas antes de tomar
esta decisión.
LG – No, señor. Si yo como hombre de derecho tengo que salir a hacer una ronda
de consultas políticas para que un funcionario apolítico responda por presuntas
ilegalidades en un procedimiento saneado como el que hemos movilizado, entonces
lo que tengo que hacer es no solamente dejar el ministerio sino salir a fustigar
una manera de convivir por la cual hay gente que cree que entre el derecho y
su aplicación hay una zona lacustre, coloidal, con movimiento browniano dentro,
donde curiosamente pueden llegar a suceder cosas diversas de la aplicación lisa
y llana del derecho. Eso es contrario a derecho.
EC - ¿Ni siquiera eran convenientes u oportunas estas consultas políticas cuando
estamos hablando de un funcionario para cuyo nombramiento se necesita venia
de la Asamblea General, una venia con mayoría muy alta, muy exigente, de tres
quintos?
LG - Perdón: y para cuya destitución se necesita la misma mayoría que se requiere
para todo el mundo. Pero nadie está pidiendo hoy esa venia, sino que se están
movilizando los procedimientos jurídicos para saber si hay que pedirla o no.
Y si la venia se pide, se la pide en función de hechos comprobados que tienen
que ser suficientemente graves como para motivar la destitución. Si se pide
esa venia por esos hechos comprobados resulta un verdadero horror que se pueda
pensar que eso es cuestión de negociación política. No he escuchado un planteamiento
más antijurídico desde que se restableció en nuestro país el régimen de libertad.
***
EC – Como gran resumen de su decisión, usted percibe que Peri ha seguido “una
línea de conducta marcada por exceso de poder”. Sería bueno que nos detuviéramos
por lo menos en un par de ejemplos para que quede más claro, sobre todo ejemplos
que tienen que ver con esta etapa en la que usted es ministro (porque usted
ha relatado que hay antecedentes de otras actuaciones cuestionables de Peri
Valdez bajo el ministerio de Mercader o el de Fau). Por ejemplo, uno de sus
cuestionamientos tiene que ver con los mecanismos para proponer la designación
de fiscales. ¿De qué se trata?
LG - El doctor Peri Valdez crea un procedimiento para hacer su selección (el
procedimiento no está en la ley), lo pone en marcha y luego, cuando hace la
comunicación en función de que la ley le da la facultad de proponer fiscales
y traslados, establece cuál es ese procedimiento y lo califica como “técnico
y objetivo”. Entonces el decisor, que es el Poder Ejecutivo, si llegara a apartarse
de esos nombres pasaría a proceder en violación de lo técnico y de lo objetivo;
siendo esto lo que en el mundo positivo de hoy tiene mayor rango, parecería
que el jerarca está en infracción de lo objetivo y lo técnico. Eso es ignorar
que la ley le da al jerarca una discrecionalidad que le permite moverse siempre
que cumpla los principios que la propia ley establece, a saber: el mejor servicio
y la mejor idoneidad profesional.
Quiere decir que cuando el Poder Ejecutivo tiene una discrecionalidad, no por
eso tiene derecho a la arbitrariedad; lo que tiene la discrecionalidad es la
opción de apreciar quién realiza mejor no cualquier valor, sino los valores
del derecho; no los valores de los amigotes: los valores del derecho. Donde
el derecho no está escrito sigue mandando la axiología del derecho porque dentro
del mismo hay un vector, una línea, que indica no sólo la intensidad de la fuerza
sino su dirección. (Observará usted que las imágenes matemáticas de vez en cuando
vuelven, como cuando teníamos sentado aquí a nuestro querido contertulio…)
EC - …Rodrigo Arocena.
LG - Y el profesor Vilaró.
EC - Ah, también, claro.
LG - Que es profesor de matemática; es un ejemplo.
EC - Me llama la atención escucharlo a usted, un abogado y un hombre de derecho,
utilizando imágenes provenientes en este caso de la matemática.
LG - Es que es imposible aplicar el derecho si no se tiene claro el concepto
de dirección, fuerza, vector, o el concepto de asíntota, porque en definitiva
no realizaremos jamás los valores de manera perfecta y completa, pero tenemos
que ir acercándonos a ello lo más posible sencillamente en un sentimiento asintótico
de nuestra propia persona, que es lo que entra en juego detrás de esto.
El ejemplo que usted puso es uno entre varios; tenemos otro mucho mayor. La
construcción de una unidad, llamada “de Fortalecimiento Institucional” y un
Centro de Apoyo dentro de la misma, sin base legal.
EC - Mencionó dos temas, vamos a terminar con el primero. Una de las sorpresas
o críticas que usted ha recibido en estos días, después de conocerse la resolución,
ha sido que esas propuestas de nombramientos de fiscales que Peri Valdez formulaba
con criterios irregulares según su opinión, luego fueron convalidadas por usted
mismo y por el presidente de la República cuando se remitieron al Parlamento
para su aprobación.
LG - Claro que sí, porque eso certifica…
EC - ¿No hay una contradicción ahí?
LG – No; al contrario, lo que hay es una ratificación. Lo que nosotros queríamos
con la resolución en la que hicimos la observación respecto de los procedimientos,
no es discutir un cargo, dos cargos, poner a uno en lugar de otro; por eso los
aceptamos a todos, más allá de que el procedimiento nos mereciera observación
y de que el planteo conceptual contuviera la semilla de nuevas demasías de poder.
Lo que hicimos fue: vienen estos nombres, los tomamos; eso sí, en cuanto a los
conceptos dejamos las constancias correspondientes.
¿Por qué tomamos los nombres? Porque no estábamos queriendo tener ninguna pulseada
con ningún candidato, no teníamos otros candidatos que proponer, que defender,
y si los hubiéramos tenido los hubiéramos postergado porque es mucho más importante
defender las normas de derecho que resolver la situación particular de un ciudadano.
Si será más importante que hemos tomado la dura incomodidad de formular este
planteamiento en público, puesto que otro camino no había, y hacerlo en orden.
Pasamos unos cuantos días escuchando adjetivos, epítetos, dicterios, ofensa
tras ofensa, y nadie refutaba lo esencial de esto, a lo cual usted (de acuerdo
a su metodología, también emparentada con el rigor matemático) está felizmente
ateniéndose, que es el contenido de la resolución. Ahora, aclarado este punto,
que nosotros quisimos señalar las inconsecuencias conceptuales y no discutir
el cargo tal o cual…
EC - ¿Pero de eso se fue dejando constancia en los momentos respectivos, cuando
aparecían esas propuestas de nombres elevadas por el fiscal de Corte?
LG – No; se dejó constancia en el expediente en el cual se adoptó la resolución
de remitir esas propuestas. En el mismo expediente se hizo una resolución en
la cual se le llamó la atención al fiscal de Corte sobre este punto, sin adoptar
resolución sobre el mismo sino acumulándolo al conjunto de excesos de poder
o de ilegalidades que se fueron detectando, por un lado; por otro lado hubo
una observación formal referente a algo que tampoco podía pasar inadvertido:
venían cinco certificaciones, cuatro en un expediente y otra en otro, en las
cuales había un director o una directora que certificaba, de quien no venía
ni el nombre, ni el sello, ni la firma. Eso dentro de una oficina de máximo
rigor jurídico no puede pasar inadvertido, se agotaba en sí mismo y por lo tanto
expresamente la resolución da por compurgado el tema con la observación pertinente.
EC - Vamos al otro ejemplo que usted introducía, que creo que es el otro ejemplo
fuerte de los últimos meses en su diferencia de criterios con el doctor Peri
Valdez: la Unidad de Fortalecimiento Institucional y el Centro de Apoyo a los
Fiscales, creados por Peri Valdez. ¿Cuáles son los problemas de estas unidades,
de estas instituciones, estos organismos?
LG
- Estamos en una radio que vive de vender los 10 segundos, usted ha hecho una
síntesis perfecta: creados por Peri Valdez, no por la ley. Este Centro de Apoyo
por un lado precalifica primariamente a partir de un parte policial, antes de
que el fiscal haya escuchado al detenido; que a partir del parte policial manda
un resumen que tiene una precalificación efectuada por funcionarios que no tienen
rango de fiscales, que no han escuchado más campanas que la que viene en el
parte y reciben esa precalificación, en Montevideo y toda la República.
EC - O sea que desde esa unidad se le envía al fiscal encargado de cada caso
ese informe que incluye una precalificación.
LG - Exactamente.
EC - ¿Usted percibe, entonces, que de esta manera se está influyendo sobre el
fiscal de cada caso pero que además se lo hace con una versión parcial de los
hechos?
LG - Y con visible violación del principio según el cual la gente se presume
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, y la culpabilidad sólo se puede
demostrar después de que las personas tuvieron su Día ante la Justicia, como
nos enseñó para siempre nuestro maestro Eduardo J. Coutoure acá, tomando una
expresión que venía de la tradición estadounidense, que a su vez tomó una expresión
que venía de la construcción humanista liberal de los siglos XVII y XVIII europea.
De manera que esto, que para nosotros va en contra de nuestro sistema institucional,
de nuestra tradición constitucional y hasta del Pacto de Costa Rica, nos parece
por lo menos materia legal. Esto no se podría haber hecho ni por resolución
de Peri Valdez, ni siquiera por decreto; en todo caso, si nos traen un decreto
que de alguna manera va a entrar en la corriente eidética en que se va formando
el juicio de cada fiscal, nosotros entenderíamos que la materia, más que meramente
reglamentaria, es legal puesto que tiene que ver con el orden de proceder; y
el orden de proceder o los procesos, de acuerdo a la Constitución, son materia
de ley, no resoluciones administrativas, y menos de dependencias sometidas a
jerarquía.
Pero esto no es todo, además queda allí una registración de antecedentes, que
no está alcanzada por la vieja ley del año 1912 que asegura piadosamente el
secreto en términos garantizados por la ley. Aquí se trata de que de ese registro
de antecedentes hay una acumulación de información en una oficina que no ha
recibido una autorización legal para constituirse como tal. No basta con que
se diga que en la reorganización de la Fiscalía que fue aprobada dentro del
marco de la reforma del Estado y dentro de la organización que controla o maneja
CEPRE esto fue aprobado o bendecido.
EC - Ese argumento se manejó ayer en comisión.
LG - Claro, porque en realidad se trata de normas que llegan a la frontera y
rozan derechos esenciales de la persona, derechos humanos. Cuando se trata de
eso hemos tener la máxima de las sensibilidades. Y cuando se acumulan hechos
de esta naturaleza, para nosotros queda plenamente justificado actuar como lo
hicimos, a plena conciencia de derecho.
EC - Volviendo al Centro de Apoyo; ¿desde cuándo existe?
LG - Existe desde hace varios años.
EC - Ese es el tema: ¿por qué la reacción ahora?
LG - Porque ahora he estudiado el tema; yo no era ministro hace varios años
y había escuchado decir vagamente estas cosas. Naturalmente no llegué a esta
conclusión de un día a otro, sino estudiándola en los últimos meses. No puedo
responder por qué no actuaron otros ministros antes; descuento que han de haber
tenido que consagrar bastante tiempo y bastante vida a las actuaciones que ellos
en su momento también sintieron que eran irregulares.
EC - ¿Usted está diciendo, en otras palabras, que Peri Valdez ha sido desde
hace años un problema para el Ministerio de Educación y Cultura?
LG - Es una buena síntesis. (Me encanta escucharla en su voz, como me hubiera
encantado seguir el informativo, o el de Villegas de hoy de mañana, o el informativo
de María Isabel Pérez hace un rato, cuya voz me resulta incomparablemente más
entretenida que la mía).
***
EC – En uno de los argumentos de la defensa, o del cuestionamiento que formula
a su resolución, el doctor Raúl Alonso de Marco dice que usted ha “refritado”
informes viejos, incluso algunos que habían sido archivados en su momento, tal
como aquel episodio con la SCJ. Usted invoca la decisión de la SCJ de dar por
caducado un convenio con la Fiscalía de Corte por discrepancias con el proceder
de ésta, pero dice Alonso de Marco que aquel escrito de la SCJ en su momento
fue archivado por el ministro de la época, sin consecuencias. ¿Por qué para
usted es hoy un antecedente grave?
LG - En primer lugar yo no refrité: cité entre comillas de acuerdo a las mejores
prácticas de los polemistas serios; no tomé algo para reconstruirlo y en la
reformulación ganar o perder puntos.
En segundo lugar, lo que puede ser que haya estado archivado no era un sumario
sino una mera investigación administrativa, la cual no habrá concluido en su
momento con una resolución final porque no concluyó, pero por lo tanto no dejó
de constituir un antecedente funcional a tenerse perfectamente presente cuando
lo que se está detectando no es –lo dice la resolución– una o dos ilegalidades
aisladas, uno o dos errores tan humanos como que nadie es contratado como infalible,
sino una línea de gestión que hemos calificado primariamente y sin perjuicio
de las resultancias del sumario, como exceso de poder. En todo caso serán los
sumariantes, asistidos con todas las garantías por la Asesoría Letrada del ministerio
y por el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que constituye una garantía de Derecho
Constitucional y Administrativo para todo el país, quienes hayan de dictaminar,
y finalmente será la Fiscalía de Gobierno que por turno corresponda la que también
habrá de dictaminar.
EC - A propósito, ¿por qué se contrata al doctor Gonzalo Aguirre como asesor
de la escribana sumariante? Mi consulta es: ¿la Asesoría Letrada del propio
ministerio no era suficiente?
LG - Hay que aumentar al máximo las garantías, es absolutamente necesario que
se sepa que en esto no entra una cuestión partidaria, ni una cuestión de jerarquía
ni de funcionarios sometidos a jerarquía. El mejor camino es ese, y si alguien
me pregunta “¿Por qué además no tiene a alguien más?”, que venga ese alguien
más.
EC - Porque una interpretación es que se recurre a alguien de fuera porque la
propia Asesoría Letrada hasta ahora no había conformado el caso como para iniciar
un sumario administrativo a Peri.
LG - Permítame: si hubiera sido la Asesoría Letrada la que hubiera conformado
el caso la estarían recusando por haber sido la que conformó el caso. De manera
que precisamente hemos preservado en lo esencial la imparcialidad de la Asesoría
Letrada y la hemos complementado con la presencia de un profesor de Derecho
Constitucional.
EC - ¿Por qué un profesor de Derecho Constitucional y no uno de Derecho Administrativo,
que es lo que está en juego acá?
LG - Porque el Derecho Constitucional contiene las cabezas de capítulo de todo
el Derecho Administrativo, y porque en la vida práctica el profesor Aguirre
Ramírez ejerce Derecho Administrativo. ¿Por qué él y no otro? Puede ser otro,
ningún inconveniente; ése no es el tema. Además la cuestión no es estar cuestionando
los procedimientos de quien entra ésta custodiar la legalidad, sino demostrar
que no hay ilegalidad en el conjunto de hechos que hemos detectado.
EC - El doctor Alonso de Marco dice además que la resolución que se aprobó el
jueves pasado no debió haberse adoptado porque antes Peri Valdez, justamente
a través de su abogado, lo había recusado a usted ante el presidente de la República.
LG - Esa recusación fue rechazada por la Presidencia de la República por motivos
jurídicos y de falta de mérito que no fueron evaluados por quien habla. Conozco
de eso el planteo y la negativa, no conozco los contenidos porque no es a mí
a quien corresponde intervenir en eso.
EC - ¿Es correcto que el año pasado en ocasión de otro desencuentro fuerte entre
usted y Peri Valdez el presidente Batlle le propuso a Peri nombrarlo embajador
en Grecia, de modo de descomprimir la situación y dar vuelta definitivamente
la página?
LG - En aquel momento la noticia tomó estado público, nadie la desmintió y yo
no tengo por qué desmentirla; es un tema en el que no he sido el protagonista
y por lo tanto no puedo abundar. Sí puedo informar que antes, inicialmente,
a principios de enero se un año atrás, el doctor Peri Valdez había planteado
que quería irse a un organismo internacional y que posteriormente a esto que
usted me plantea otros amigos del doctor Peri Valdez gestionaron otro tipo de
soluciones para su vida funcional. Esto es independiente de la total convicción
con la cual hemos actuado en este episodio.
EC - Un oyente decía por teléfono que está en todo de acuerdo con usted en la
forma como ha procedido, pero le choca pensar que una salida posible a esta
situación pudiese haber sido la designación de Peri como embajador en Grecia.
LG - Me alegro de que entonces ese oyente esté feliz de que la solución no haya
sido esa y por lo tanto esté compartiendo conmigo el sentimiento de que carece
de mucho sentido que hayamos dedicado horas ayer en el Parlamento y dediquemos
tiempo hoy a tener que explicar por qué estamos defendiendo la legalidad con
este vigor y con la totalidad de nuestra persona, y en cambio estén apareciendo
invertidos los términos del tema: hasta hace diez días los cuestionamientos
al proceder del fiscal de Corte no eran novedad para nadie; ni lo eran hace
un año ni hace dos; no eran noticia; a nadie se le habría ocurrido encabezar
un informativo de El Espectador con esa noticia. Sin embargo he aquí que ahora
pasa a ser noticia que estamos siendo cuestionados nosotros, obreros del derecho,
obreros de la prueba, y gente que, eso sí, cada vez que venimos terminamos diciendo
lo mismo porque en realidad es desde esas convicciones que vivimos.
Antes de aburrir a los oyentes paso a pedir tiempo, porque ya he pasado largamente
los minutos que usted me había pedido.
EC - Para cerrar, simplemente una puntualización: aquí nadie lo está cuestionando
a usted, doctor Guzmán; estamos tratando de entender una decisión que no tiene
precedentes en la historia política uruguaya, que involucra a una institución
del Estado, la Fiscalía de Corte o la Procuraduría General de la Nación, muy
importante por el papel que juega en el sistema de Justicia de nuestro país,
y porque como usted mismo sabe y lo ha mencionado a lo largo de esta charla,
esta resolución ha provocado una verdadera tormenta desde el punto de vista
político. De allí estas preguntas, de allí el peso que la noticia está teniendo
en los panoramas informativos...
LG - Yo no vine a contagiarlo a usted, usted me está dando explicaciones de
por qué está haciendo el buen cumplimiento de su deber al permitir hablar sobre
hechos, convicciones y temas de fondo, y usted no tiene por qué justificarse.
A la salida
del estudio: Guzmán con sus ex compañeros de la tertulia de
los miércoles y con su antecesor en el Ministerio de Cultura.
EC - No, aprovecho para explicar por qué una noticia como ésta encabeza los
informativos de una radio, por qué le destinamos este tiempo a esta entrevista,
por qué le hemos destinado otros tiempos a otros reportajes sobre este mismo
asunto.
LG - Yo dije que hasta hace unos meses no era novedad como para encabezar informativos
el hecho de que había cuestionamientos a la legalidad de la actuación del doctor
Peri Valdez. Hoy tengo que ratificarlo sin perjuicio de decirle que estamos
en el punto de partida y no en el de llegada del sumario, por lo cual la obligación
de la administración no es demostrar que tiene un culpable condenado, porque
no se debe condenar antes de escuchar en términos jurídicos (repito: jurídicos;
no mediáticos ni políticos; en términos estrictamente de derecho); pero si eso
es lo que hoy se debe tener por suficiente, que es la semiplena prueba, para
usar el lenguaje tradicional, o sea los indicios vehementes, suficientes, de
que hay ilegalidad, si eso está, lo único que debe estar es el respeto hacia
el administrador que de ese hecho saca su consecuencia natural, que es emprender
la vía sumarial y no el pedido de que por motivos distorsionantes, ora políticos,
ora gremiales, ora de imágenes, se deje de percibir que estamos frente a una
situación de excepción –separación del cargo del fiscal de Corte– porque hemos
vivido una Fiscalía de Corte sin precedentes.
Y ahora me voy porque tengo la alegría de ir a firmar el convenio por el cual
el Museo de Historia Natural va a ir a ocupar un ala del Miguelete, mientras
se empieza a juntar fondos provenientes del llamado Fondo de Solidaridad que
van a permitir reciclarlo como hogar estudiantil con arreglo a una ley que –es
honroso decirlo– tuvo su iniciador en el senador Larrañaga. Del ministerio hay
que ocuparse, no sólo dar explicaciones.
EC - Tiene un conflicto en el Registro Civil, también…
Fiscal
de Corte sumariado y separado del cargo. Dr. Raúl Alonso de Marco,
abogado patrocinante de Peri Valdés: Es una arbitrariedad que el jefe de todos
los fiscales sea separado del cargo por supuestos indicios, o invocando hechos
probadamente falsos. El ministro de Educación toma estas medidas sin contestar
a la recusación de que fue objeto. Cabe la mayor responsabilidad al presidente
Batlle; confiamos en el Parlamento. Dr. Alejandro Abal, decano de Derecho: Peri
es cuestionado como jerarca administrativo y, formalmente, puede ser separado
del cargo (13.02.04).
El
ministro Guzmán y el fiscal Peri al Parlamento. Los trascendidos
intercambian la adjudicación de responsabilidades en presuntos intentos por
controlar la administración de Justicia. Diputado Jorge Orrico (EP-FA): No creo
que se trate de un enfrentamiento personal; hay componentes políticos. Diputado
Iván Posada (PI): Corresponde la interpelación. La instancia de mañana dará
elementos importantes (16.02.04).
LG
- Estamos en una radio que vive de vender los 10 segundos, usted ha hecho una
síntesis perfecta: creados por Peri Valdez, no por la ley. Este Centro de Apoyo
por un lado precalifica primariamente a partir de un parte policial, antes de
que el fiscal haya escuchado al detenido; que a partir del parte policial manda
un resumen que tiene una precalificación efectuada por funcionarios que no tienen
rango de fiscales, que no han escuchado más campanas que la que viene en el
parte y reciben esa precalificación, en Montevideo y toda la República. 
