"BATLLE VIOLÓ LA CONSTITUCIÓN, PERO NO VOTAN EL JUICIO POLÍTICO"

EP-FA perseguirá patrimonialmente
a autoridades por la crisis bancaria

Diputada Silvana Charlone (E 90, EP-FA): La comisión investigadora probó que Batlle, el ex ministro Bensión y el Directorio del Central tomaron medidas prohibidas por la Constitución y la Ley. Para capitalizar el viejo Banco Comercial necesitaban expresa autorización parlamentaria, pero lo hicieron por un contrato que ocultaron. Dieron asistencia financiera a bancos con patrimonio negativo mientras los vaciaban en sus narices. Deben resarcir el daño causado a la sociedad.

EN PERSPECTIVA
Viernes 26.03.04, 09.08.


EMILIANO COTELO:
La Cámara de Representantes volverá a discutir la semana próxima los informes de las cuatro fuerzas políticas que participaron en la comisión investigadora sobre la crisis del sistema bancario del año 2002. Se espera que de este análisis surjan, entre otras cosas, recomendaciones para legislar sobre el funcionamiento de la plaza financiera. Además se da como un hecho que los antecedentes van a ser derivados a la Justicia penal.

Pero otro de los procedimientos que también surgen de este trabajo de la comisión investigadora y que ha llamado la atención es la decisión del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), que anunció que si accede al gobierno nacional a partir de marzo de 2005 iniciará demandas patrimoniales contra las autoridades económicas de la administración Batlle que impulsaron medidas para frenar la corrida bancaria y paliar la crisis financiera del año 2002.

Eso fue comunicado por la bancada del EP el jueves 18 durante una sesión de la Cámara en la que se debatieron esos informes, sesión que quedó inconclusa a raíz del fallecimiento del diputado colorado Ángel Fachinetti, del Foro Batllista.

Vamos a dialogar con la diputada Silvana Charlone, del Espacio 90, EP-FA. ¿El EP-FA llega a estas sesiones ya en acuerdo con el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI)?


SILVANA CHARLONE:
Vamos a presentar en la sesión en la que se diriman finalmente estos temas nuestro proyecto de resolución, en el cual se marcan con claridad las responsabilidades que entendemos caben al presidente de la República, al ex ministro Bensión, al Directorio del Banco Central (BCU) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Le pedimos a la Cámara que se declare que el presidente de la República incurrió en violación grave de la Constitución, por lo cual sería pertinente la aplicación del artículo 93 de la Carta, que implica la posibilidad de realizarle juicio político.

Por otro lado estamos remitiendo todos los antecedentes a la Justicia penal, y a la vez hacemos una serie de recomendaciones, en algunos casos de tipo legislativo, en otros administrativas, sobre determinadas cosas que entendemos que sería necesario hacer para mejorar el sistema financiero.


EC - Eso es lo que establece, a muy grandes rasgos, el informe del EP-FA.


SC - Exactamente.


EC - ¿En cuáles de esos puntos hay acuerdo con otras bancadas?


SC - Excepto en el caso del Partido Colorado (PC), todos los proyectos de resolución, tanto el del PI como el del PN, remiten los antecedentes a la Justicia penal; o sea que ese sería un punto de acuerdo.

Se está trabajando en otra moción que también tendría un acuerdo primario... El problema es que como cada partido identifica distintos niveles de responsabilidad, si se ponen a votar los proyectos de los partidos no saldría nada, entonces para que la Cámara tenga un pronunciamiento, si es que eso es lo que queremos, hay que llegar a alguna moción que sea un mínimo común de los que eventualmente tenemos puntos de acuerdo. Entonces, le decía, otro punto en el que se está trabajando es la responsabilidad que le cupo al Directorio del BCU en lo actuado; allí se especifican distintas conductas, entre las cuales está que prestó asistencia financiera al Banco Comercial (BC) y al Banco Montevideo (BM) en contravención de las normas vigentes y de la Carta Orgánica del BCU. O sea que la Cámara estaría declarando la responsabilidad administrativa del Directorio del BCU en los hechos.


EC - ¿De todo el Directorio del BCU de la época?


SC - Sí, sí; es genérico.


EC - Porque según algunas versiones de prensa que vi se haría una distinción entre la conducta del presidente de la época, contador César Rodríguez Batlle, la vicepresidenta Eva Holtz, también del PC, y por otro lado la contadora Rosario Medero, integrante del PN.


SC - El tiempo es dinámico y esto no ha terminado. En lo que yo he visto redactado esas distinciones no estaban planteadas.


EC - O sea que se responsabiliza de manera pareja a Rodríguez Batlle, Eva Holtz y Rosario Medero.


SC - Y por otro lado hay –para mí acá la Cámara se queda muy corta– una adjudicación de responsabilidad política al ex ministro de Economía, el contador Bensión, se censura la estrategia que utilizó para paliar o para tratar de enfrentar la crisis. Nosotros decimos que en esto se quedan muy cortos porque en realidad todas las medidas que tomó el contador Bensión están avaladas en resoluciones del presidente de la República, quien las conocía; el propio contador Bensión nos ha dicho en la investigadora que todo había sido informado y acordado con el doctor Jorge Batlle. Entonces, responsabilizar a Bensión –que tuvo buena parte de la responsabilidad— pero sin responsabilizar al doctor Jorge Batlle, es como decir: “la Cámara se anima a llegar hasta acá y no da el paso siguiente”, cuando todos sabemos que obviamente no fue el contador Bensión quien dispuso de 522 millones de dólares por sí y ante sí, ni quien él solo quien firmó el contrato de capitalización del BC con los bancos extranjeros, por lo cual ahora nos están demandando, sino que todo esto fue aprobado, conversado y obviamente fue la decisión que tomaron el presidente de la República y el ministro de Economía.


EC - ¿Por eso es que ustedes –aquí acotamos el razonamiento al FA-EP– entienden que habría que llegar al juicio político al presidente Batlle?


SC - Nosotros entendemos que la conducta del presidente de la República ameritaría que se llegara al juicio político porque violó la Constitución.


EC - ¿A qué violación de la Constitución alude?


SC - Unas cuantas, que podemos puntualizar. En principio (esto está perfectamente y muy prolijamente fundado en un informe que nos hiciera llegar a la comisión investigadora el doctor Gonzalo Aguirre; también hemos consultado al doctor Korzeniak y naturalmente a nuestros asesores) se asoció al Estado uruguayo con privados en una sociedad de propiedad mixta sin autorización parlamentaria, pasando por arriba del artículo 188 de la Constitución que requiere la aprobación del Parlamento. Es un contrato secreto, sobre el cual cuando el Parlamento pidió información le fue negada.


EC - Estamos hablando del contrato a partir del cual el Estado capitalizó al viejo BC y pasó a integrar el paquete accionario.


SC – Exactamente, y cuyas acciones en definitiva después nunca llegaron a ser emitidas por otros motivos.

Pero el Estado además, sin estar autorizado constitucionalmente a realizar asistencia financiera, el presidente de la República se comprometió a mantenerlo abierto en condiciones de liquidez y solvencia por un plazo de 11 años, y de aportar todo el capital necesario para eliminar cualquier patrimonio negativo. Esto también está fuera de sus potestades.

Se comprometió a que el BCU no demandara a los bancos accionistas, transgrediendo la autonomía del BCU.

O sea, hay una enorme serie de puntos que resultan del contrato, por lo que decimos con total claridad que el presidente de la República, que aprobó este contrato, actuó fuera de sus competencias.


EC - Por esas razones la izquierda entiende que habría que llevar adelante un juicio político al presidente de la República, pero para eso no cuenta con los votos suficientes.


SC - No cuenta con los votos. Además se dispusieron 488 millones de dólares para hacer asistencia financiera sin competencia constitucional, sin que el Parlamento estuviera enterado, sin que el Tribunal de Cuentas estuviera enterado. De todo esto nos fuimos enterando a posteriori y justamente en el marco de los procedimientos de la comisión investigadora.


EC - Esa instancia del juicio político no tendría andamiento.


SC - No tendría los votos.


EC - Pero usted estaba repasando en qué puntos sí habría mayoría, se podría lograr un entendimiento entre el EP-FA, el PN y el PI; me gustaría que los retomáramos ahora. Con respecto al ministro de Economía y Finanzas de la época, el contador Alberto Bensión, lo que se señala es su responsabilidad política por la estrategia seguida.


SC - Exactamente, se le atribuye responsabilidad política.


EC - ¿Qué significa eso en términos prácticos?


SC - El ministro hizo las cosas mal, tomó decisiones inadecuadas, pero eso no tiene consecuencias, porque la forma de responsabilizar políticamente a un ministro es interpelarlo, censurarlo, pero el contador Bensión ya no está al frente del ministerio, Entonces, de alguna manera, se están cargando todas las tintas de lo que pasó en alguien cuya responsabilidad no puede ser exigida. No obstante se está admitiendo, el Parlamento está diciendo que acá se hicieron las cosas mal; pero por eso yo decía que nos quedamos cortos, porque todos sabemos que no fue solamente el contador Bensión.


EC - Usted está señalando ¿que está faltando valentía en los demás partidos políticos para proceder a responsabilizar políticamente a quien sí podría ser llamado a responsabilidad por el Parlamento, que es el presidente de la República?


SC - Yo tengo mi opinión, indudablemente habría que llegar al presidente de la República, pero por qué los demás partidos llegan hasta ahí, no lo puedo contestar.


EC - En cuanto al Directorio del BCU de la época, Rodríguez Batlle, Eva Holtz, Rosario Medero, usted decía que hay acuerdo entre el EP, el PN y el PI en adjudicarles responsabilidad administrativa…


SC - Exactamente.


EC - …por una serie de decisiones. Usted mencionaba algunas al comienzo; recordemos cuáles son.


SC - Fundamentalmente está el tema de la asistencia financiera que se dio al BC y al BM; se plantea el tema de la fusión de los bancos Montevideo y Caja Obrera. Se plantea el tema de cargos diferidos que se votaron para el Banco de Crédito, planes de readecuación donde está visto que se pretendía que figurara con un patrimonio positivo en la exposición, cuando en realidad claramente tenía patrimonio negativo.


EC - Esos son algunos de los puntos.


SC - Son algunos de los puntos marcados en la resolución que, como le decía, todavía no se votó; y las cosas hasta que no se votan… La vida política es muy dinámica, así que vamos a ver cómo termina la sesión cuando se realice.


EC - Yo le preguntaba si se iba a hacer un tratamiento diferencial dentro del Directorio de la época, porque en el caso concreto de la asistencia al viejo BC todos escuchamos declaraciones que formuló en los medios de comunicación y en el propio Parlamento la contadora Rosario Medero, dejando salvada su responsabilidad o señalando que ella se había opuesto a que se continuara asistiendo a esa institución en aquellas condiciones, puesto que ya se habían transgredido los límites legales vigentes, etcétera.


SC - Indudablemente, la resolución plantea la responsabilidad de los directores del BCU en forma genérica. Luego cada uno realizará sus descargos ante la Justicia.

Indudablemente la contadora Medero tuvo una actitud absolutamente distinta del resto del Directorio en una serie de oportunidades, realmente tuvo una guerra en el Directorio para que no se votara asistencia al BC, diciendo permanentemente que el patrimonio era negativo; tuvo una guerra para que no se votaran cargos diferidos donde, ella misma nos decía, era evidente que se estaban maquillando los balances, que esas resoluciones del Directorio estaban “activando defraudaciones”, así se lo dijo a la comisión investigadora.

Pero en el BM, donde había elementos –el BCU tenía toda la información aplicando las normas técnicas, el patrimonio también daba negativo en febrero– la asistencia fue votada por unanimidad en el Directorio.


EC - ¿Qué implica esto de adjudicar responsabilidad administrativa a los integrantes del BCU de esa época?


SC - Varias cosas; por un lado la Cámara aprueba una declaración que no tiene fuerza de ley. Pero es una declaración y, por ejemplo, los directores del BCU, de acuerdo a la Carta Orgánica de ese organismo, pueden ser demandados y son solidariamente responsables por las resoluciones que hayan tomado en contravención a las leyes, a los reglamentos y a la Constitución, entonces se podría adjudicar responsabilidad administrativa, si seguimos el razonamiento de alguna manera ese es uno de los caminos.


EC - ¿Van a ser demandados penal y civilmente?


SC - Nosotros entendemos que deberían ser demandados civilmente.


EC - Usted iba a agregar algo más.


SC - También se le están dando indicios fuertes a la Justicia penal, porque si se está diciendo que actuaron fuera de competencia o transgrediendo las normas legales, desde el punto de vista penal esto configura una serie de figuras delictivas o de ilícitos.


EC - ¿Ustedes ya tienen la tipificación?


SC - Naturalmente hemos pedido asesoramiento, pero desde el momento en que se pasa genéricamente los antecedentes a la Justicia preferimos no entrar en tipificaciones.


EC - Vayamos a lo que quizás suene más fuerte de todo lo que el EP ha anunciado, además de que reclama un juicio político al presidente de la República, que todo indica que no va a poder concretarse; en cambio sí podría concretarse, si el EP gana las elecciones, este otro anuncio: que iniciará demandas patrimoniales contra las autoridades económicas de la época. ¿De qué se trata?


SC - Es algo que uno entiende que todo gobierno debería hacer para cuidar sus intereses y para resarcirse cuando hay daños patrimoniales; está previsto en la Constitución en los artículos 24 y 25, como también en la Carta Orgánica del BCU.

Si el Estado es demandado y tiene que pagar, puede resarcirse en los funcionarios que tomaron las decisiones con culpa. Así está establecido en la Constitución. Aquí hay una cantidad de demandas contra el Estado, contra el BCU, por daños; y seguramente no tenemos todo el panorama, seguramente va a haber más. Entonces, si hay responsabilidad administrativa del BCU, si tomaron medidas que no debían haber tomado, si no tomaron las medidas adecuadas, si el BM fue vaciado en la cara del BCU, con el BCU dentro, si en plena supervisión intensiva se le fueron para TCB (Trade & Commerce Bank, de Islas Caimán) y empresas vinculadas prácticamente 160 millones de dólares entre febrero y la intervención, y no producto de la corrida interna, naturalmente es obligación, no es una potestad, yo entiendo que es una obligación de cualquier administración, si un funcionario o un jerarca por acción u omisión provoca que el Estado sea demandado y tenga que pagar, demandarlo si están las normas habilitantes para resarcirse.


EC - ¿Contra cuáles de todos los ex jerarcas que hemos estado mencionando irían esas demandas patrimoniales?


SC - Del mapeo de los decisores, aplicando las normas que correspondan, todos los que podamos. No se lo puedo decir hoy con precisión porque tendría que conocer todo el abanico de demandas que se están haciendo.

También le digo que más allá de los artículos 24 y 25, que son situaciones más precisas, hay doctrinas a nivel de Derecho Administrativo que establecen que cuando se le hace un daño patrimonial al Estado y son dañados no ya intereses de particulares sino intereses genéricos, también cabría la posibilidad de indemnización. Estamos profundizando en eso porque lo cierto es que salieron cientos de millones de dólares que no fueron necesariamente, como se dice, para asistir a los bancos en oportunidad de la corrida interna, sino que buena parte de esa plata se estaba yendo porque los bancos en algunos casos seguían siendo vaciados.


EC - ¿Es una decisión que ya está tomada? Si el EP gana las próxima elecciones, cuando asuma el gobierno, ¿llevará adelante estas demandas patrimoniales?


SC - No le quepa duda de que el EP va a aplicar todas las normas a nivel político, constitucional y de doctrina que permitan que el Estado en algo pueda resarcirse del enorme daño que sufrió.

Eso es una obligación, una obligación hasta ética; los patrimonios individuales no van a alcanzar para cubrir el enorme daño que se hizo (¡qué van a alcanzar!), pero lo que uno siente y lo que la gente siente es que pasan cosas muy graves y hay como una especie de ostentación de impunidad. Quien toma decisiones se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable, y si están los elementos a nivel legal y las herramientas para que esas responsabilidades sean exigidas, hay que exigirlas, porque creo que los uruguayos estamos todos cansados de que parece que no pasa nada y todo queda ahí, cuando todos sabemos que las cosas han sido muy graves y con muchas consecuencias para el futuro.


EC - Aguardamos la continuación de estas discusiones en la Cámara; ¿ya se fijó la sesión para la semana que viene?


SC – No; todavía no se ha coordinado la fecha.


EC - Es probable que sea el jueves próximo, según ha trascendido.


SC - El jueves próximo hay otra investigadora, la de la CND, pero no está coordinada todavía la sesión que quedó trunca el otro día.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón

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