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UNA INQUIETUD DE LULA Y KIRCHNER, RETOMADA EN LA ASAMBLEA DEL BID
Carta de Lima: planteo al FMI para mejorar criterios fiscales
![](http://serv2/espectador/img/perspectiva/alfie_030925_2.jpg) |
Ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie: Los países reclaman que el organismo no incluya la inversión industrial y comercial en la medición primaria de las cuentas fiscales. Con esto se busca evitar que por un simple criterio contable, y restricciones fiscales de corto plazo, los estados estén imposibilitados de concretar inversiones en infraestructura que podrían potenciar su capacidad productiva de largo plazo. Hacer algo similar con el gasto social es inviable, ya que no habría límites. Pero esto no se incluye en el reclamo.
EN PERSPECTIVA
Miércoles 07.04.04, 08.49.
EMILIANO COTELO:
A mediados de marzo, Argentina y Brasil dieron un primer paso hacia una negociación conjunta en el campo de las relaciones con el FMI. En un documento que firmaron los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio “Lula” da Silva en Rio de Janeiro reclamaron a ese organismo una flexibilización en el actual criterio de medición de las metas fiscales.
Su preocupación tenía que ver con los escollos que los criterios actuales implican para el desarrollo de inversiones, por ejemplo en infraestructura. Es una preocupación que no es nueva pero que volvió con fuerza a la agenda del continente a partir de ese movimiento.
La semana pasada, en la última reunión del BID que tuvo lugar en Lima, varios países recogieron esa inquietud y la plasmaron en la llamada Carta de Lima, que será presentada a las autoridades del FMI en el correr de este mes.
¿Por qué Uruguay firmó este documento? ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas?
Lo conversamos con el ministro de Economía, Isaac Alfie. En un principio, cuando se hizo público el planteo inicial conjunto de Lula y Kirchner, el gobierno uruguayo –a través del propio presidente Jorge Batlle– marcó distancia, por no decir que rechazó de plano la participación en una gestión de este tipo. ¿Por qué finalmente usted, en nombre del gobierno de nuestro país, firmó la Carta de Lima?
ISAAC ALFIE:
Se marcó distancia con respecto a los trascendidos de prensa. Leyendo la carta, tiene poco que ver con la introducción que usted ha hecho, esa es la verdad.
EC - ¿A ver…?
IA - Primer punto, la carta ya no habla de cambios sino de un mejor análisis de cada uno de los proyectos; empieza reconociendo que la solidez fiscal es el ancla de cualquier política económica seria. Por lo tanto, quiere decir que podemos medir el déficit como queramos, pero en última instancia, cuando se suma todo hay que tener una deuda sostenible a lo largo del tiempo –el ministro Pallocci ha hecho declaraciones bastante duras creo que ayer mismo; no sé si ustedes las han recogido– y para eso, independientemente de cómo se descomponga el resultado final, va a tener que haber siempre un nivel de resultado fiscal adecuado, o sea no se pueden tener déficit permanentes ni muy grandes.
La carta empieza reconociendo eso. Después habla de división de gastos en gastos corrientes y de inversión (en su momento se había hablado de sacar para afuera gastos sociales, lo que no aparece en ningún momento), y además se dice que habría que ver en determinados proyectos financiados por el Banco Mundial (BM) y el BID básicamente, sólo en esos, si el impacto económico en el corto y el mediano plazo redunda en un crecimiento del Producto superior, quizás por una cuestión de corto plazo uno se esté amputando determinado proceso de crecimiento.
Pero evaluando uno a uno, y ahí... Todavía no hay nada definido, es una carta muy general, donde se plantea que hay determinadas circunstancias que no son válidas para Uruguay en general, pero sí para Brasil y Argentina en algunos aspectos, con empresas públicas muy grandes, como en Brasil la Petrobras, que si tiene que hacer una inversión enorme depende de una cosa comercial, no de un resultado fiscal de corto plazo; y si a eso le dicen “No, no, mire, porque el resultado global del sector público no puede ser tan negativo”, Petrobras no puede invertir y capaz que una inversión de Petrobras son 2 puntos del Producto, ahí se complica. Más aun, si esa misma empresa se desprende de bienes, como generalmente se hace cuando se invierte, se venden determinados bienes para adquirir otros, no está permitido poner los que se venden como ingresos... todo el gasto es déficit y los ingresos no son superávit, entonces hay allí un problema allí claramente de medición.
EC - Para aproximarnos a comprender lo que salió finalmente de la reunión de Lima: si entiendo bien, para que algunos países, como por ejemplo el nuestro, se sumaran al planteo que se venía gestando, fue necesario eliminar una parte de lo que inicialmente había sido el reclamo, de lo que se había hablado en las conversaciones entre Kirchner y Lula, e incluso de lo que se desprendía de la declaración de Rio de Janeiro, del mes de marzo.
IA - En realidad yo nunca vi un papel oficial antes que este. Cuando vimos este papel hubo negociaciones, por decirlo de alguna manera, redactar así, redactar asá…
EC - ¿En particular Uruguay puso condiciones?
IA - Uruguay tiene su idea muy clara, su condición. Pero vamos a ser claros: Brasil, por ejemplo, no tuvo ningún problema; es más, recogió todos los planteos y fue más allá en algunos casos, porque ese país está muy interesado en dejar claro que no quiere hacer una política de contabilidad creativa que después termine destruyendo todo.
EC - Por ejemplo, en las conversaciones para llegar a una redacción final, ¿figuró en algún momento el reclamo de que se excluyeran de los cálculos de superávit primario rubros del gasto social?
IA – [Vacila]
EC - ¿Figuró y después se sacó?
IA - A ver… Cuando me lo plantearon dije: estas cosas no se pueden hacer, porque ahí tenemos un problema enorme, que no tenemos límites. Quedó claro que no hay límite para eso.
EC - O sea que ésa era una intención, pero quedó por el camino.
IA – [Vacila] A ver… Lo planteó algún país en algún momento, pero nunca estuvo escrito, más bien fue un planteo oral. El esbozo general estaba en los términos en que quedó la Carta de Lima, más allá de que tiene algunos adjetivos que hubiéramos preferido no poner, pero tampoco cambiaron la sustancia de la historia.
EC - ¿Cuáles hubieran preferido no poner?
IA - No, no... No los recuerdo de memoria, pero algunos adjetivos son excesivos. No importa, es así.
EC - De modo que la preocupación queda centrada en el rubro inversiones.
IA - En el rubro inversiones, son inversiones que se financian en parte –siempre es en parte– con fondos provenientes de los bancos multilaterales, o sea el BM y el BID; y no serían todas, sino algunas específicas que hay que analizar caso a caso.
También teníamos nuestras reservas en base a eso, las planteamos y quedó claro que se va a ver, que eso va a ser definición de los propios organismos. O sea que se plantea una posición bien razonable, no es una posición de aquí para siempre ni omnicomprensiva, se puede ver caso a caso y discriminar. Creo que igual para Uruguay no tiene aplicación práctica o estimo que seguramente no va a tener mucha aplicación práctica.
EC - Enseguida vamos a eso; pero para que el oyente entienda, sobre todo aquel no técnico en estas cuestiones: se habla de perfeccionar los criterios de contabilidad para que determinados rubros de inversiones no sean tenidos en cuenta a la hora de calcular el superávit fiscal primario que se le exige a un país. ¿Es eso?
IA - Básicamente es eso; también hay que tener presente que puede suceder que se exija más superávit fiscal o que puede convenir más superávit fiscal sumando esta partida que se saca.
EC - En ese caso no tendría ningún efecto práctico el planteo.
IA - Sí, por eso; lo que importa es siempre el resultado final, final, final. Por eso, para que tenga algún efecto práctico verdadero se puso como se redactó en la carta: ver caso por caso, analizar situaciones como la que yo le explicaba, por ejemplo de Petrobras o alguna otra, en Chile de Codelco, que claramente son muy especiales; la compañía de cobre de Chile representa algo así como el 40 por ciento de las exportaciones de ese país, entonces es de una importancia que no tiene nada que ver con dificultades financieras de corto plazo de un país.
EC - Pero la carta también dice, por ejemplo en el punto 2: “Estas restricciones han dificultado igualmente la implementación de proyectos de integración regional postergados debido a restricciones fiscales, pese a la existencia de abundante oferta de crédito internacional destinado al sector público”. ¿De qué tipo de inversiones estamos hablando en este caso? Porque también se reclama por ellas.
IA - Básicamente son las obras de integración regional, obras de integración energética o de integración vial.
EC - Ahí estamos incorporando una nueva categoría de inversiones que forman parte de ese planteo. Y en el caso concreto de nuestro país, aterrizando en Uruguay, ¿qué inversiones que han debido postergarse por las restricciones fiscales podrían quedar habilitadas si el FMI accediera a este pedido?
IA - Justamente, no encuentro inversiones que puedan ponerse en esta categoría, no hay. Las empresas públicas han hecho inversiones bastante razonablemente, que son las grandes, porque el gobierno central no tiene; básicamente son para los entes comerciales, no para los gobiernos, como dice la Carta. No hay un retraso tan grande en el tema de empresas públicas, si usted encuentra algún caso sería esta central a gas de ciclo combinado de UTE, pero no fue un problema de restricciones fiscales: fue un tema de que primero hubo una discusión interna muy importante en los organismos públicos.
Para Uruguay esto no tiene un gran efecto. Nosotros entendimos la importancia que tenía para otros países, viendo estas situaciones particulares que le describí, y era un planteo absolutamente razonable; aparte no queremos que esto se convierta en el inicio de una Enron.
EC - ¿En el inicio de una Enron…?
IA - Claro, queremos que sea algo bien transparente, que todo el mundo entienda cuáles son los números con y sin estas inversiones.
EC - Al propio BID le interesa que se produzca este cambio en los criterios de contabilidad. ¿En qué medida jugó esa posición, que incluso hizo explícita el contador Enrique Iglesias, en la que adoptó Uruguay?
IA – No; no jugó en nada. Nosotros tomamos la decisión en función de lo que decía objetivamente la Carta y de lo que entendimos era una postura bien razonable que podemos acompañar sin ningún inconveniente y sin dañar ninguna reputación de cristalinidad y transparencia en el manejo de las cuentas públicas.
EC - Porque el punto 6 de la carta dice: “En el caso del BID la restricción de las inversiones públicas no ha permitido que el banco desempeñe plenamente su misión”, y da algunos datos: “En el año 2002 el banco pudo desembolsar solamente 60 por ciento de su presupuesto para proyectos de inversión, y en 2003 menos, solamente el 30 por ciento”.
IA - Correcto; en Uruguay pudo desembolsar casi todo.
EC - Ah, ¿en Uruguay no hubo restricciones?
IA - No hubo casi restricciones, muy pocas; en realidad los programas marchan bastante bien. También hay ahí que son proyectos de inversión: el BID tiene varios tipos de proyectos, proyectos de política y proyectos de inversión física; uno no es menos importante que el otro; “de política” quiere decir reforma estructural. Uno puede hacer un proyecto de política que en realidad puede ser mucho más productivo y efectivo que uno de inversión física; aparte cada país tiene ciertas restricciones, pero elige qué préstamos tomar y cuáles no.
EC - Y cuando usted dice que en Uruguay se ha implementado prácticamente el 100 por ciento de los préstamos contratados con el BID, ¿está hablando efectivamente de todos?
IA - De todos; bueno, el 100 por ciento es imposible, usted sabe que hay retrasos, problemas, pero Uruguay desembolsó todos los créditos de políticas en tiempo y forma, está quedando sólo uno, el del sector financiero, del cual desembolsó el primer tramo y quedan dos, seguramente uno será para junio-julio de este año y el otro para marzo-abril del año que viene, o quizás un poco antes. En cuanto a los proyectos de inversión, los hay en el sector ganadero, para el sector transporte y para el sector enseñanza.
EC - ¿En la enseñanza también se está implementando el 100 por ciento? Se lo pregunto porque esta fue una de las discusiones hace un mes y pico con las autoridades de la educación, sobre si se estaba recortando o no la posibilidad de empleo de los fondos de los organismos multilaterales.
IA - Eh… sí, sí, exactamente es así, 97 y pico por ciento, fue al final, así que es 100 por ciento. Normalmente los proyectos de inversión se estiman exitosos con 80-80 y algo por ciento, y este fue de 97; y no fue una discusión con todas las autoridades, sólo con algunas.
EC - En cuanto a nuestro país, usted decía que esta flexibilización de criterios de cálculo fiscal en materia de inversiones solamente podría tener aplicación en algunas inversiones de las empresas públicas.
IA - Y en algún momento, sí.
EC - Por ejemplo, ¿no en el desarrollo de obras de carácter vial? Porque también circuló a través de la prensa que al Ministerio de Transporte y Obras Públicas desde hacía tiempo le interesaba acompañar una posición de estas para liberar recursos para inversiones en carreteras, puentes, etcétera.
IA - A ver: si usted tiene una restricción general de deudas y de gasto, no se puede endeudar porque cambie la forma de contabilizarlos. Si usted tiene una empresa y decide cambiar la forma de contabilidad, no por ello va a dejar de tener la misma restricción financiera y no por ello va a dejar de acumular deuda, el número final va a ser el mismo. Uruguay no está en condiciones hoy de soltar esa variable; no está en condiciones, directamente, más allá de que siempre hay que evaluar bien el tema de las inversiones. En general cuando el sector público está muy libre para hacer inversiones la rentabilidad de las mismas baja drásticamente, dramáticamente; se invierte bien cuando hay restricciones a las inversiones, que es cuando mejor se eligen las cosas.
EC - Pero en principio ese tipo de inversiones, ¿están abarcadas por el planteo hecho en la Carta de Lima?
IA - En principio estarían abarcadas en la medida en que se financien con organismos multilaterales, pero hay como una subcategoría, porque la Carta como tal (ahora no recuerdo si lo expresa explícitamente o no) fue pensada básicamente para inversiones en el dominio comercial e industrial del Estado; más allá de las obras de infraestructura regional, que es una cosa diferente, de integración regional, que estamos viendo que son importantísimas; todo el mundo sabe que lo son, no hay que verlo ahora.
EC - Usted recalca que en cuanto al planteo relativo a cada uno de los países por dentro se apunta básicamente a inversiones de tipo comercial e industrial.
IA - Exacto.
EC - Eso no me había quedado tan claro del texto mismo de la Carta.
IA - Es posible que haya quedado un poco más diluido porque evidentemente no todos los países piensan exactamente lo mismo; usted sabe, cuando se forma un consenso se ponen determinadas cosas. De todas maneras va a ser una negociación de cada país en la medida que haya cierto criterio. Yo creo que hay buen ambiente para que por lo menos se estudien caso a caso las cosas.
EC - Justamente, ¿cuál es el curso que ahora sigue este tema, después de la Carta de Lima?
IA - La Carta se va a presentar formalmente en la asamblea de primavera, a fines de abril, en Washington. A partir de allí el FMI estudiará el tema y coordinará su aplicación con los demás organismos multilaterales, en qué casos sí, en qué casos no y cómo. Es un proceso que va a llevar su tiempo.
Sé que dentro del FMI hay ya algunos estudios sobre esto. Hay que tener presente una cosa: yo creo que el planteo es superrazonable y por eso lo firmamos, pero no deja por ello de ser peligroso.
EC - A ver, es razonable porque no es lo mismo restringir un gasto corriente que un gasto, por ejemplo, como usted decía, en una empresa industrial o comercial que es una inversión y que va a producir después resultados, beneficios: no es plata que se va a en comprar papel, es dinero que se invierte en instalar una usina generadora.
IA - A ver, pongamos nuestro ejemplo del gas. Supongamos que en condiciones normales podemos tener gas y producir con gas cuesta 20 dólares el megavatio, mientras que producir con térmica está costando 60; ahí tiene un respaldo palpable, un beneficio económico palpable rápido; no por eso usted tiene que amputar las manos. Eso está bien claro, es superrazonable, y usted tiene un ahorro muy rápido si efectivamente lo ahorra y lo repaga, no debería tener problema en hacerlo.
EC - Sin embargo con los criterios actuales esa inversión podría quedar demorada o directamente anulada.
IA - A ver: podría quedar; pero usted hoy también puede convenir y decir: “Miren, tenemos esto, precisamos esto, no tenemos más remedio”.
EC - Usted dice que hay un margen para la negociación de todos modos, caso a caso.
IA - Siempre hay margen.
EC - Igual, por este tipo de razones es que, usted dice, se trata de un planteo que tiene su lógica, pero al mismo tiempo agrega que es peligroso; ¿por qué?
IA - Porque usted nunca sabe dónde está el límite. El peligro está, como muchas veces se ha visto, en que después las contabilidades se vuelven demasiado creativas y no queda tan claro qué se pone y qué se saca; ahí es donde hay problemas de medición.
No olvidemos que el Fondo está jugando un papel de semiauditor, la gente más o menos confía en su medición porque muy difícil tener auditorías en términos generales. Hay determinados criterios de contabilidad, si usted en los números que publica pone determinada cosa o saca determinada cosa, en realidad el número saldrá publicado, pero quizás no refleje exactamente lo que está pasando. De todas maneras siempre hay números de deuda global que en el fondo van a mostrar efectivamente lo que está pasando, la variación de la deuda al final va a ser lo que uno tendrá que ver.
***
EC - La última pregunta es a propósito de la Asamblea en sí del BID en Lima. Una crónica del enviado del diario El Observador decía: “La cuestión principal fue que los ajustes de la última década dejaron secuelas sociales graves y ahora es tiempo de aprovechar el crecimiento para solucionar las situaciones de pobreza. Las políticas de ajuste comienzan a verse como algo que debe dejarse atrás para dar paso a medidas enfocadas en el desarrollo de las sociedades”. ¿Efectivamente ése fue el espíritu predominante en Lima? ¿Hay un cambio de enfoque de las políticas de los organismos internacionales para dar mayor espacio a las medidas de corte social?
IA - Yo no advertí esa conclusión. Los organismos internacionales, en especial el BM y el BID, son organismos dedicados al desarrollo, y el desarrollo tiene como meta el combate a la pobreza y a la marginalidad social, o sea la integración de la sociedad. O sea que en ese campo no hubo, yo no encontré novedades.
He estado en varias de estas, hace mucho tiempo que concurro todos los años, y creo que en la nota principal fue básicamente, a mi gusto, el tema de que el banco unifique las ventanillas del sector privado; el banco tiene tres formas de atender al sector privado y la idea es tener una persona, subgerente o un gerente allí, o un coordinador en principio, que unifique eso, de manera que no haya contradicciones entre la política de un sector del banco y la política de otro sector.
Sí se habló de que la región había empezado a crecer de vuelta, de que había que aprovechar esto para sentar nuevas bases de crecimiento sostenido a largo plazo que disminuyan la pobreza, de eso sí se habló, pero en general se habla siempre de eso, no es un discurso nuevo. Ni siquiera hubo críticas o comentarios duros sobre las políticas aplicadas por el banco en el pasado; así que no, yo no evalúo esto así, de esa manera.
EC - Esa no es su percepción.
IA - No, no es mi percepción.
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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo
Edición: Jorge García Ramón
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