Grupo de padres denuncia irregularidades en casos de tendencia de menores y divorcios

Carta enviada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

"Sres.
Comisión de DDHH de la Cámara de Representantes.

Nosotros somos un grupo de padres que junto a nuestros hijos nos ha tocado vivir una interminable saga en distintas órbitas del PJ, del Ministerio del Interior, INAME, MEC, ONGs y otras dependencias. Es así que más allá de denunciar las distintas irregularidades en distintos ámbitos y de haberse ordenado investigaciones, así como medidas disciplinarias que se han dispuesto, muchas de nuestras situaciones permanecen incambiadas.

Por otra parte, más allá de nuestros propios casos, que no son más que meros ejemplos de una realidad más amplia, entendemos que esa comisión debe tomar conocimiento a efectos de interceder entre los distintos organismos, ya que esta problemática no refiere exclusivamente al PJ.

El origen de estas irregularidades se da en el ámbito de separaciones o divorcios, en donde se recurre a fabricar una falsa denuncia de abuso contra los hijos por parte de la contraparte o su nueva pareja, la que deriva en una inmediata medida cautelar separando al/los niños de la madre u el padre denunciado. Es así que esta medida se usa como "chantaje" a efectos de dirimir otros problemas derivados de una separación: patrimoniales, tenencia, pensiones alimenticias, etc.

En todos nuestros casos y luego de hechas innumerables pericias judiciales a los niños y adultos descartando el "abuso", igualmente no se han podido revertir las medidas cautelares, las que llevan entre 2 y 6 años según el caso.

Las irregularidades que hasta ahora hemos detectado y las personas involucradas en estas, incluyen: psicólogas, jueces, fiscales, ONGs y abogados.

Las gestiones que hemos hecho y las medidas tomadas hasta ahora son las siguientes:

Denuncia ante el Sr. Fiscal de Corte por la actuación de la Psic. Maria. C. Lassus en diversos expedientes en ámbito Penal y de Familia, la que derivó en la resolución A/58/002 de esa Fiscalía en donde se exhorta a la SCJ como superintendente a investigar las actuaciones entre otras cosas por los "disparatados, groseros, y poco profesionales informes psicológicos en que se apoyaron las denuncias". A su vez, más adelante la resolución agrega que, "los informes de esta psicóloga fueron terminantemente descalificados por distintos peritos judiciales y calificados profesionales….". Este exhorto fue recogido por la SCJ en donde se elaboró un sumario en Despacho Administrativo que involucra no sólo a la Psicóloga sino a los distintos juzgados intervinientes. Res. SCJ/DA/309/002, aún en trámite.

Denuncia penal radicada en el Juzgado de 17° Turno contra la susodicha psicóloga por "falsos testimonios", "injurias y calumnias" y otras figuras en las que la profesional habría incurrido. Exp. P17/038/001.

Denuncias penales contra integrantes de las ONGs Arco Iris y Somos
radicadas en el Juzgado Penal de 20° Turno.

Denuncia ante el anterior presidente de la SCJ, Dr. Gervasio Guillot contra la Dra. Ana Lima por su actuación en los expedientes P17/198/2000 y el referido anteriormente P17/038/00, la que derivó en el traslado de dicha magistrado.

Denuncia ante el Sr. Ministro del Interior contra la Directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, Psicóloga Gabriela Fulco, por conjunción del interés privado con el público, por no seguir los procedimientos psicológicos vastamente aceptados y por actuar en conjunto con la mencionada Psic. Lassus, la que derivó en un sumario contra dicha funcionaria, el que se encuentra aún en trámite.

Denuncia ante la Dra. Ana M. Balparda, directora del Inst. de la Mujer y la Familia, en donde se instalará el Consejo Consultivo creado por la reciente ley de Violencia Doméstica, ante el cual se han presentado estas profesionales cuestionadas para ser tenidas en cuenta como peritas.

Amén de todas estas denuncias formales, hemos informado de estos hechos a distintos legisladores, al Dr. Carlos Ramela, asesor presidencial, al Dr. Leonardo Guzmán, así como al Colegio de Abogados, el INAME y otros.

En nuestra opinión, todo este desaguisado no sólo deriva de una mala actuación de la justicia, la que evidentemente está siendo usada por parte de gente inescrupulosa, sino además por la brutal disparidad de criterios de las distintas dependencias y organismos que apoyan a la justicia en estos temas. Por cierto, que al diluir la responsabilidad entre tanta gente y organismos, así como el no contar con un procedimiento único, habilita este tipo de prácticas aberrantes. Es por esto que entendemos que más que vacíos legales u falta de presupuesto, estas prácticas se evitarían con una mayor coordinación y marcando un procedimiento único y reconocido que involucre un equipo multidisciplinario el que ante una denuncia de este tipo, pueda otorgarle elementos de mayor convicción al juez, y así reducir las medidas cautelares con las dramáticas consecuencias para los niños, a un mínimo de días.

De acuerdo a nuestra experiencia empírica los temas a tratar y coordinar serían los siguientes:

1) Abuso y usufructo por parte de algunos abogados de las falencias en las normas y procesos de los juzgados de Familia, donde se recomienda hacer este tipo de denuncias a efectos de lograr medidas cautelares con los hijos que oficien de "chantaje" entre los adultos. Hoy que el Colegio de Abogados se aboca a instaurar un código de ética, sería bueno que tomaran este tipo de prácticas entre las sancionables, ya que más allá de lo discutible de que práctica entra o no dentro de un código de ética, es claro que se involucra directamente a terceros, o sea los niños, quienes claramente no eligen el abogado.

2) Distintos criterios cuando se radican denuncias de abuso o violencia doméstica en las distintas dependencias, a saber: Comisaría de la Mujer y la Familia, Comisaría de Menores, Dir. Nac. De Previsión del Delito, Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, Juzgados de Familia y Juzgados Penales. Si bien la práctica es radicar la denuncia en varias dependencias, el derrotero que siguen las mismas es bien distinto y depende de quien la diligencie primero. Es así que frente a una misma denuncia se puede terminar preso y sin hijos o en su casa y con ellos.

3) Diversidad de criterios y procedimientos en los peritajes psicológicos, así como de los institutos y peritos. La falta de un procedimiento aceptado a nivel judicial, hace que una evaluación a pedido de parte sin involucrar todo el universo afectivo del niño, se equipare con una pericia judicial que involucra a todo ese universo, además de ser grabada y filmadas.

4) Falta de responsabilidad jurídica por parte de los Psicólogos en sus actuaciones profesionales. Es tal el desorden en este sentido que hemos detectado personas que firman informes que la justicia toma como pruebas y que no tienen el titulo habilitante. A su vez, al no haber un marco legal que regule la actividad de los psicólogos, estos solamente responden como ciudadanos comunes, a lo sumo y con suerte por, "injurias y calumnias".

5) Intereses económicos contrapuestos con los fines de algunas ONGs, lo que las lleva a tratar niños más allá de las comprobaciones o no de los abusos, con el fin de cobrar los distintos subsidios (INAME y del exterior). En este sentido se ha constatado que algunas de estas ONGs han tratado niños por abusos que nunca se cometieron, ignorando pericias y dictámenes judiciales.

6) Peligrosa consagración a texto expreso en la nueva ley de Violencia Doméstica de la irresponsabilidad del denunciante, lo que alienta aun más este tipo de prácticas.

Desde ya agradecemos ser recibidos en esa comisión a efectos de poder ampliar y colaborar, para que este tipo de prácticas no se sigan repitiendo con los niños.

Sin más quedamos a sus órdenes".