Propuesta de Larrañaga al resto de los partidos

"Consenso Uruguay 2005

Los ciclos electorales, y especialmente cuando estos implican un cambio en el gobierno nacional, traen aparejados, de manera inevitable, expectativas e incertidumbre acerca, entre otros, del eventual equipo de conducción, las políticas públicas que se aplicarán en el futuro próximo, situación que lleva, naturalmente, a que los individuos y, fundamentalmente, los operadores económicos adopten una actitud de expectativa, durante todo el período, hasta la instalación de las nuevas autoridades públicas. El corolario de esta postura es una eventual retracción de la inversión privada durante, prácticamente, un año con las consecuencias, inevitables, en el empleo, la actividad productiva, etc.

La situación que viene de señalarse adquiere una importancia decisiva en el complejo contexto económico y social por el que atraviesa nuestro país, fundamentalmente, a partir de la crisis del año 2002. Para ello basta señalar que la evolución del nivel de actividad medido a través de la variación real del Producto Bruto Interno fue en el año 1999: -3,4 %; en el año 2000: - 1,1 %; en el 2001: - 3,1 %; finalmente, en el 2002: - 10,8 %. Esta circunstancia se refleja en tasas de desempleo desconocidas en nuestra República, la perdida del salario real de los trabajadores, el descenso de la inversión pública y privada, la emigración masiva de compatriotas, por señalar solo algunas de las mismas. Cabe destacar, también, que la fuerte depreciación de la moneda local registrada en los últimos meses de 2002 ha tenido un efecto positivo, en términos de competitividad, sobre los sectores productivos lo que ha permitido una incipiente recuperación del nivel de actividad al cabo de 2003, estimándose un crecimiento del P.B.I. próximo al 1%.

Esta actitud, connatural a las expectativas generadas, se vería notoriamente atemperada si se explicitaran razonablemente, por parte del sistema político, las directivas en que se fundamentarán las políticas públicas a implementarse, particularmente, a través del Poder Ejecutivo, los entes autónomos y los servicios descentralizados.

Es a partir de este contexto que consideramos imprescindible realizar los máximos esfuerzos por minimizar los niveles de incertidumbre, propios de un período electoral, y, con este objetivo, proponemos, a todos los candidatos presidenciales, la suscripción de un documento, fundado en el consenso, que recoja compromisos programáticos sobre los siguientes puntos:

1º) Asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas estableciendo como meta un superávit fiscal primario, del Sector Público, no inferior al 3 % del P.B.I;

2º) Administración de la política monetaria con el objetivo de no generar alteraciones en el tipo de cambio real que redunden en perdidas en términos de competitividad de nuestra economía;

3°) Establecer como objetivo una tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo de un dígito;

4º) Cumplimiento de los compromisos financieros internacionales;

5º) Reestructura del sistema tributario, el cual deberá adecuarse a principios de mayor justicia sin que ello implique aumentar la presión impositiva;

6°) Garantizar una inversión social superior al porcentaje promedio asignado en los últimos 5 años con relación al P.B.I., implementándose una coordinación central de las políticas sociales al más alto nivel gubernamental;

7°) Promover políticas de estímulos a la producción nacional, en particular, en proyectos de inversión en sectores intensivos en generación de empleos;

8°) Implementar planes y programas de desarrollo que hagan efectivas las políticas de descentralización previstas en el artículo 230 de la Constitución de la República;

9º) Establecimiento de un sistema de mayor eficacia en los organismos públicos el cual deberá implicar menores costos para los contribuyentes.

DR. JORGE LARRAÑAGA
MARZO 2004"