(Emitido a las 8:55)

EMILIANO COTELO:

En las últimas semanas el gobierno aceleró los contactos para sacar adelante su Ley de Educación y para eso presentó el proyecto sobre el tema a la bancada del Frente Amplio, a los partidos de la oposición y también al PIT-CNT.

El Poder Ejecutivo quiere que esa iniciativa sea aprobada dentro de esta administración, lo cual requiere, como mínimo, zanjar las diferencias que alguno de sus capítulos generan dentro de la propia bancada oficialista.

El proyecto de Ley General de Educación es una iniciativa ambiciosa que contiene 121 artículos y abarca una variedad de aspectos, aumenta la carga horaria, hace obligatoria la enseñanza desde los 4 años y hasta los 18, y establece por ejemplo la creación de un instituto de carácter universitario en el que deberán formarse los docentes.

La propuesta también crea una serie de institutos con distintas competencias, establece la forma en que debe designarse a los integrantes de los organismos rectores de la educación y regula el funcionamiento de las guarderías.

A partir de los primeros trascendidos, el 17 de abril entrevistamos aquí En Perspectiva al director de educación Luis Garibaldi sobre uno de los contenidos de la nueva ley: la creación de un instituto encargado de evaluar la calidad educativa. Ahora que se conoce el articulado completo, volvemos a recibirlo, pero para recorrer otros aspectos de esta propuesta.

Maestro Luis Garibaldi, empecemos por la pregunta más general de todas, ¿por qué es necesaria una nueva Ley de Educación?

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LG - Estaba dentro de los compromisos del partido de gobierno, incluso estuvo dentro de los acuerdos a los que, previo al ingreso de este nuevo gobierno, llegaron todos los partidos políticos. Y teniendo en cuenta que tenemos una ley que abarca a un segmento de la educación (la ley 15.739, acordada a la salida de la dictadura) que de alguna manera limó las asperezas más importantes –pero no todas– de lo que fue la ley 14.101, de cuando el doctor Sanguinetti era ministro de Educación y Cultura allá por el año 73, se hace necesario e imprescindible tener un marco legal que no solo permita actualizar la organización de la educación, sino establecer lineamientos generales, metas, que se puedan vincular con el objetivo de un país solidario, con justicia social, productivo, etcétera.

Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con la actualización de los marcos legales, de ajustarlo a los tiempos que corren y a los objetivos que este gobierno se ha planteado para el Uruguay del futuro.

EC - ¿La ley abarca solo la educación pública o también comprende la educación privada? ¿Cómo afecta a los colegios, cómo afecta a los institutos privados a nivel secundario?

LG – Lo que establecimos es lo que denominamos "Sistema Nacional de Educación" donde se abarca toda la educación, incluida la pública y la privada. Los principios generales allí establecidos son de resorte de toda la educación, no solamente de la educación pública, y en algún caso –como usted dijo en su adelanto- la regulación de los centros de educación infantil privados, así los denominamos en el proyecto de ley, para evitar ese mal nombre que llevan las guarderías todavía. En ese caso la incidencia de la ley es determinante, ya que cambia el marco legal.

En el caso de los centros de educación privados, para primaria y educación media, se mantiene su regulación en los ámbitos que existen actualmente, o similares, como el caso del Consejo de Educación Media Básica que se crea. Y en el caso de educación terciaria privada, la ley prevé la remisión al Parlamento de una ley que regule todo lo que tiene que ver con la educación universitaria y terciaria privada, que es un tema en el cual el ministerio ya viene trabajando desde hace más de un año.

EC- ¿Se va a remitir este proyecto también?

LG- Sí. En los próximos días vamos a remitir un primer documento (donde se establecen algunas líneas generales de un grupo de trabajo muy amplio que funcionó en la órbita del ministerio) a la Universidad de la República, a las universidades privadas, a la propia ANEP, e incluso es probable que se hagan consultas con otras instituciones, como los institutos militares, que también estarían regulados por un futuro proyecto de ley de agencia de acreditación.

EC - ¿Pero este otro proyecto implicaría algún tipo de reforma a la ley orgánica de la Universidad de la República?

LG - No. Regularía los aspectos vinculados a las instituciones terciarias privadas, a las instituciones terciarias públicas no dependientes de ningún ente autónomo y a los procesos de acreditación en los que sí participan las instituciones públicas y privadas en el momento, en el ámbito regional, o sea en el Mercosur. Pero también van a haber instancias de acreditación a nivel nacional.

EC - Volviendo al proyecto que nos interesa esta mañana. En los primeros artículos se declara a la educación como un derecho humano fundamental, se establece un mínimo de 900 horas de clase por año para primaria y educación media básica, lo que implica un aumento importante. ¿Hoy cuántas son?

LG - En el caso de primaria son 720, si se cuentan 180 días de clase y las cuatro horas completas. En el caso de educación media, el número de horas es mayor, ya que tienen clase también los sábados. Pero nosotros tomamos horas reloj y queremos poner un mínimo que asegure, año a año, la existencia de por lo menos estas 900 horas a todos los alumnos.

En el caso de primaria el cambio es importante, esto es una meta que nosotros recogemos de lo que fue la comisión interministerial de desarrollo económico del año 65. O sea que estuvimos 40 años sin haber podido cumplir una meta tan elemental como es poder tener mayor tiempo pedagógico para nuestros niños y niñas, que les permita salir del destino signado por su origen socio cultural o socio económico.

EC - Por otra parte, se establece que los padres estarán obligados a enviar a los niños a clase desde los cuatro años de edad y también a los adolescentes hasta los 18 años, o sea hasta completar la educación media superior. Se amplía el rango de edad de una obligatoriedad que hoy ya existe y que en muchos casos no se cumple.

¿Cómo se logrará que se cumpla un objetivo que ahora pasará a ser entonces mucho más ambicioso?

LG - Nosotros cuando decimos que esto es una ley general, decimos también que es una ley programática, ya que nos proponemos que el Uruguay tenga metas de futuro para trabajar en la educación, al estar aprobadas por el Parlamento y esperamos que con amplísima mayoría, ya que creo que hay acuerdo general. De hecho, esto de las 900 horas tiene 40 años de acuerdo y lo de la educación media también, porque la Constitución del 66 ya hablaba de que era obligatoria. Luego se interpretó que esa educación media llegaba solamente hasta el ciclo básico –creo que más por realismo que por necesidad- y hoy en día el mundo avanza en que es necesario que los adolescentes y que todas las personas tengan esos catorce años por lo menos. Hay países donde tienen doce, otros que tienen quince.

Nosotros incluimos como una disposición transitoria, que se debe elevar al Poder Legislativo antes del 1º de setiembre de 2010 (la fecha no es casual, se estableció para que pudiera coincidir en los tiempos de discusión presupuestal un plan para asegurar esta obligatoriedad), que somos conscientes de que no alcanza con poner en un proyecto de ley algo con lo que programáticamente todos estemos de acuerdo solo para consignarlo y que quede en la letra, sino que nos obligamos a discutir un plan para ver en qué tiempos, porque eso implica asignación de recursos, porque hay que construir locales, etcétera.

EC - Es todo un logro -y el gobierno lo ha destacado- que al final de este período se llegue al 4,5% del Producto como presupuesto para la educación. Pero todos sabemos que incluso esa cifra resulta insuficiente para atender necesidades muy básicas, como el mantenimiento de la infraestructura y que liceos y escuelas estén en buen estado. ¿Ustedes ahora plantean metas más altas todavía? ¿Cuánta plata más se va a necesitar?

LG - En la ley no se propone establecer todavía los montos que esto requeriría, lo que nos estamos planteando es un objetivo que el país debe plantearse. Nos parece que es imprescindible el avance del conocimiento en el mundo; la transformación del mundo de trabajo y el desarrollo tecnológico necesitan que nuestros adolescentes y jóvenes estudien cada vez mayor cantidad de años. Nos proponemos una meta, tratamos de que esa meta no sea exclusivamente declarativa y por eso incorporamos la idea de que hay que elaborar un plan para saber en qué tiempo podemos llegar.

Y ese plan debe ser –por eso lo ponemos coincidentemente con la discusión presupuestal- acompañado con los recursos correspondientes. La sociedad ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy grande para cumplir con este objetivo de tener recursos hasta el 4,5% del Producto Bruto Interno para la educación, y eso requiere no solo de más plata sino también de saber adónde va a ir esa plata. Nosotros estamos poniéndole carne a estos objetivos de decir "vamos a tener más plata, pero también queremos tener una educación mejor para nuestros hijos y para la sociedad en general".

EC - ¿Pero de qué manera se va a medir eso? ¿De qué manera se va a dar cuenta a la sociedad de cómo se utilizan los recursos? Porque si no, es el cuento de nunca acabar, siempre se va a necesitar más dinero.

LG - Es probable que siempre se necesite más dinero, también es probable que haya redireccionar otro, que haya que modificar metas en su momento, no creemos que esto sea algo cerrado. Justamente es una ley bastante abierta, porque abre espacios de participación y elaboración de propuestas a futuro, y de allí la innovación que ya hemos conversado de crear un instituto nacional de evaluación educativa, que va a estar brindando información permanente a la sociedad. Incluso nos planteamos que haya un informe del estado de la educación uruguaya cada dos años, que asegure que toda la población, la sociedad y sobre todo los tomadores de decisión o los representantes nacionales en el caso del Parlamento, sepan en qué se están invirtiendo los dineros, cómo se están invirtiendo y los ajustes que haya que hacer a los planes establecidos o a las formas de distribuirlo. Nos parece que la Rendición de Cuentas, la transparencia en el uso de los recursos y en los resultados educativos es un tema central para un país que debe ser justamente cada vez más democrático y participativo.

EC – En este proyecto de Ley General de Educación se define que la estructura de la educación formal tendrá cinco niveles: el nivel cero que abarca la educación inicial de 3 a 5 años; el nivel 1 que es educación primaria; el 2 que es educación media básica; el 3 que es educación media superior; el 4 que abarca la educación terciaria, la formación con carácter universitario y las carreras de grado, y el nivel 5 que son los estudios de postgrado. Y se considera aparte la educación no formal.

¿Qué utilidad tiene la introducción de esta clasificación?

LG - También se incorpora la educación en la primera infancia, que es lo que hablábamos antes, desde el punto de vista institucional la regulación de los centros de educación infantil privados.
En primer lugar, esto está inspirado en una clasificación internacional normalizada de educación –los que trabajan en estos temas la conocen como "Cine 97", que fue elaborada por UNESCO– que permite establecer, por primera vez en el país, cuáles son los niveles educativos a los efectos de tener comparatividad internacional, de poder tener comparatividad nacional, de colaborar con la movilidad horizontal de los educandos y que, de alguna manera, es lo que nosotros denominamos Sistema Nacional de Educación ya que la educación no son los órganos que lo dirigen sino son los niveles o las formas de educación por la que atraviesan las personas.

Una de las cosas más importantes de este proyecto de ley es que está centrado justamente en el sujeto de la educación, que son los educandos. Está pensado para las personas y no para las estructuras, más allá de que hay que establecer y crear estructuras para poder contener la educación a lo largo de toda la vida, pero no solamente la de niños y adolescentes, sino de todas las personas que quieran y necesiten educación a lo largo del tiempo.

EC - Una de las críticas que se hicieron al proyecto en estas primeras horas ha venido a propósito de la cantidad de órganos. Por ejemplo, en el artículo 44 se crea la Comisión Nacional de Educación, con una integración muy extensa: los miembros de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, los directores generales de los consejos integrantes de la ANEP, el director general del Instituto de Educación que será el instituto destinado a la formación de docentes, el presidente del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, el presidente del Consejo del Instituto Nacional de Educación No Formal, el presidente del directorio del INAU, el director nacional de deporte del Ministerio de Turismo y Deportes, dos representantes de la educación privada inicial primaria, media y técnico profesional, un representante de la educación universitaria privada, uno de los trabajadores, dos de los trabajadores de la educación, dos de los estudiantes, un representante de los empresarios, un representante del movimiento cooperativo, un representante de las organizaciones no gubernamentales.

Y en el 46 se crea un Congreso Nacional de Educación, que tendrá una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de los involucrados en el Sistema Nacional de Educación. ¿No se corre el riesgo de caer en un exceso deliberativo con este tipo de organismos?

LG - Cuando en el 2005 salimos a recorrer el país convocando a que los ciudadanos participen en el debate nacional de educación decíamos la educación no es solo de sus técnicos, sino de toda la sociedad. Buscamos en el proyecto de ley establecer esa característica de un bien social, de un bien de toda la comunidad y que de alguna forma haya canales para recibir esas voces. Porque si no se establecen mecanismos donde la gente pueda opinar, participar y donde los distintos sectores den se punto de vista, es difícil promover esa articulación que nosotros queremos entre la educación y la sociedad en general.

Se crea una comisión de carácter muy amplio, pero cuando se buscan participaciones no hay más remedio que establecer formas de este tipo. Luego, con el tiempo, se verá la posibilidad de que esa comisión pueda generar subcomisiones, pueda ser receptora de opiniones y puntos de vista de afuera de la educación. No nos remitimos exclusivamente a los ámbitos exclusivos de la educación, sino también a sectores de la sociedad.

Por otra parte, hoy en día, en la ley que nos rige, tenemos una Comisión Coordinadora de la Educación, que es exclusivamente de representantes educativos, algunos del ámbito privado, la inmensa mayoría del ámbito público, pero ningún representante que sea de afuera de la educación.

EC - ¿Lo que usted está enfatizando es que la Comisión Nacional de Educación sustituye a la Coordinadora de la Educación hoy existente? ¿La sustituye ampliándola?

LG - Ampliándola y dándole un carácter diferente, más vinculado a la sociedad que a los actores de la educación. Algunas críticas que hemos recibido acerca de que nos remitimos exclusivamente al ámbito de la educación, quedan desmentidas por la creación de esta comisión, por la creación del Congreso Nacional de Educación y hasta por la creación de los Consejos de Participación a nivel escolar, que le dan cabida no solo a los docentes y a los estudiantes, que son actores directos, sino también a los padres, madres o responsables, e incluso a referentes de la comunidad, para que los centros educativos vuelvan a ser, o sean en el futuro, en aquellos momentos o lugares donde no lo han sido, ámbitos de encuentro social, comunitario, de construcción de conocimiento, de convivencia y verdaderas escuelas de democracia a nivel social.

EC – ¿Por qué se crea un Congreso Nacional de la Educación, cuando ya funcionó uno y después de esa reunión que tuvo no volvió a convocarse y cuando los participantes de aquel congreso alegan que no se está tomando en cuenta lo que allí se discutió?

LG - En primer lugar, la idea no es hacer un congreso similar al anterior. Sin embargo, ahí hubo mucho para aprender. Insisto que lo que pretendemos (y esto surge del propio Congreso Nacional de Educación, o sea que la propuesta de su mantenimiento demuestra que tomamos en cuenta lo que de allí surgió, aunque eso no quiere decir que hagamos todo lo que se dijo en las comisiones o en las resoluciones que hayan tenido) es que haya ámbitos donde la sociedad pueda opinar sobre la educación.

El Congreso no es un organismo anual ni mucho menos, la idea es que haya por lo menos una convocatoria por período, que sea un lugar donde se puedan resumir y recibir opiniones y propuestas, y que estas puedan servir de punto de referencia para quienes vayan a gobernar. Tiene un carácter consultivo y tiene formas de participación diferentes. Probablemente las dificultades que tuvimos en el primer congreso, organizado en el 2006, se puedan subsanar, porque van a haber instancias organizativas donde se va a promover la participación de padres y de estudiantes, de una manera diferente a la que teníamos en el 2006 cuando no había experiencia y no había organización propia de los centros educativos para poder convocar un congreso de este tipo.

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EC - Hablando de la estructura de la educación, el proyecto de ley define el Sistema Nacional de Educación Pública, que va a estar formado por el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la Universidad de la República, y va a estar coordinado por la Comisión Coordinadora de la Educación Pública.

A su vez, dentro de la ANEP se dispone cuáles serán los organismos. Esta resolución implica expandir lo que hoy ya conocemos, porque debajo del Codicen va a haber consejos de educación que serán cuatro: el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Media Básica, el Consejo de Educación Media Superior y el Consejo de Educación Técnica Profesional o UTU, como muchos lo denominan.

¿Por qué se siguen creando organismos? En secundaria pasa a haber dos consejos, cuando ahora tenemos uno solo.

LG - En realidad la creación del Consejo de Educación Media Básica responde, no a una necesidad de crear una estructura independiente, sino de lograr de una vez por todas (en un país que se propuso hace mucho tiempo atrás, hasta en el propio período de dictadura en el 76, luego en el 86, luego en el 96) tener una educación media básica común a todos los adolescentes del país. No la hemos tenido, siempre ha habido más de una vertiente, como por ejemplo lo que se llama Ciclo Básico Tecnológico, Ciclo Básico de Educación Secundaria, séptimo, octavo y noveno, no siempre coordinados y articulados entre sí y sobre todo con una formación desintegrada.

Nosotros pretendemos que haya una educación media básica que articule el trabajo con la educación y que tenga un mayor carácter integral de lo que tiene actualmente. Nos parece que las experiencias vividas hasta el momento demuestran la dificultad de lograr eso, si no es a través de la creación de un ámbito que obligue a llegar a esos acuerdos y a llegar a la conformación de esa educación media básica integrada, donde trabajo y educación puedan vincularse. Y no que haya una salida hacia el trabajo para algunos que piensan que por esa vía van a salir rápido al mundo del trabajo, y otra para los que piensan que podrán seguir estudiando y sentirse luego universitarios. No se cumplen ninguna de las dos y tampoco se cumple que nuestros adolescentes tengan una formación integral en estas edades entre los 12 y los 15 años.

EC - Pero justamente ¿por qué la creación de nuevos órganos? Ayer el ex consejero Daniel Corbo criticaba lo que, él decía, era la creación de 18 organismos en total en toda la ley.

LG - No todos los organismos son de carácter directivos, hay muchas instancias de coordinación que nosotros promovemos, ya que tenemos un sistema muy fragmentado. Y además esto es una ley que abarca toda la educación, cosa que no pasaba antes, e integramos leyes de educación existentes en otros ámbitos, como la de guarderías. El órgano que se crea, en realidad, sustituye uno existente actualmente: el Instituto Universitario de Educación sustituye a la Dirección General de Formación Docente y probablemente también a otras formaciones de educación fuera de la ANEP.

Es decir, lo que se busca es regular y organizar y para eso es necesario crear estas instancias. En el caso de la educación media básica, insisto, no somos afines a crear organismos porque sí, pero creemos que si no obligamos por medio de la ley a que quienes trabajan en este ámbito busquen formas de pensar una educación media básica con un mayor nivel de integración, va a ser difícil que eso se pueda lograr. Ya hemos pasado por distintas experiencias en los últimos treinta años y no se ha logrado.

EC - Por otra parte, también se proponen cambios en los organismos que hoy ya existen. Por ejemplo, el Consejo Directivo Central de la ANEP (Codicen) tendrá una integración diferente a la actual: seguirán siendo cinco miembros, pero tres designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros con venia del Senado y dos designados por el cuerpo docente, para lo cual habrá una elección que la Corte Electoral organizará, etcétera.

¿Por qué se resolvió esta forma de integración? ¿Hay que entender que ustedes estuvieron buscando acá un punto medio, un compromiso entre la situación actual y esa otra demanda de autonomía total que planteaban los gremios docentes y algunos sectores del Frente Amplio?

LG - De alguna manera hay un equilibrio entre la participación de los sectores docentes directamente involucrados y de la sociedad representada por los sectores que votó la ciudadanía. El propio Consejo de Ministros discutió y consideró que era necesario que los gobiernos tuvieran un nivel de participación y de incidencia sobre los temas educativos, pero no para violentar la autonomía y mucho menos la autonomía técnica que existe actualmente y que además ha logrado en este país que la educación quedara exenta de vaivenes, como sucede en otros países cuando cambia el ministro, cuando cambian los gobiernos, se modifican los planes, las autoridades. La educación ha tenido un mayor grado de estabilidad que eso, no quiere decir independencia absoluta de las políticas nacionales, no nos parece que eso sea posible, sino que es un punto de equilibrio.

En esto nos pueden criticar hacia la derecha los partidos que consideren que solo los gobiernos tienen que tener incidencia, y hacia la izquierda quienes piensen que solo los docentes tienen que tener incidencia. Pero buscamos un equilibrio, creemos que la participación de los docentes es imprescindible, es una forma de reconocer que no hay transformaciones educativas sin su compromiso y participación, creemos que la mejor forma no es a través de representaciones gremiales o asambleas docentes, sino a través de la elección, como prevé la Constitución (en su artículo 202 y 203), que puedan ser elegidos los integrantes de los consejos directivos autónomos. Por lo tanto, estamos profundizando el concepto de participación y de democracia que tiene la propia Constitución de la República.

EC - Usted ya ha escuchado alguna de las críticas. Por ejemplo, el ex consejero Daniel Corbo decía ayer: "lo más grave es que este mecanismo de designación determina que, cualquiera sea el partido que gane las elecciones, la conducción de la enseñanza queda en manos de la izquierda".

Luego, poniendo como hipótesis que el Frente Amplio gana las próximas elecciones y tomando en cuenta que en el Codicen hay cinco miembros (tres políticos y dos de los gremios de docentes que en su mayoría son de izquierda), Corbo explica: dos de los tres integrantes políticos van a ser de la mayoría y uno de la oposición, más dos de los sindicatos. Entonces, la izquierda va a tener cuatro votos en cinco, que es lo que se requiere para designar a los consejos de la educación. Por lo tanto, a su vez, en los consejos todos serán de izquierda, en Primaria, en Secundaria Básica, en Secundaria Superior. Y si el gobierno fuera del Partido Nacional, en el Codicen habrá dos representantes políticos de esa mayoría, pero habrá uno del Frente Amplio como segunda fuerza política y por otro lado dos de los sindicatos, o sea: en ese consejo de cinco, la izquierda terminaría teniendo tres y sería mayoría.

¿Qué dice usted de esta lectura?

LG – Primero, que es una lectura, que parte del presupuesto de que todo en las discusiones se resuelve definiendo qué es de izquierda y qué es de derecha. Lo hay –yo soy de izquierda y todo el mundo lo sabe- pero no se resuelven exclusivamente en eso, entre otras cosas, porque en la propia izquierda también tenemos discusiones y en la derecha también.

El segundo presupuesto equivocado es pensar de que la distribución de los  cargos se hace de manera directa por mayorías o minorías. Desde el año 90 –incluso en el 85, a la salida, no había formalmente representaciones del Frente Amplio- en adelante ningún gobierno blanco o colorado incorporó o propuso a ningún miembro del Frente Amplio. Hubo una frenteamplista en alguna integración del Consejo Directivo Central, pero a título personal y no a título institucional. Por lo tanto, es partir de la base de que todo se debe establecer con un criterio preestablecido.

Y a quienes elijan los docentes, no es verdad que la mentalidad que predomine entre los 42.000 docentes de la ANEP que existen actualmente... me parece un poco arriesgado decir que los dos docentes van a ser de izquierda y que además se van a poner de acuerdo con los otros dos o tres que vengan también del partido de gobierno. Lo que sí está seguro es que habrá tres que van a tener una designación política, con origen de acuerdos o de mayorías. Eso se ha establecido y actualmente hay una propuesta para integrar el quinto miembro del Codicen, pero el Partido Nacional y Colorado no dieron sus votos y se está esperando los 60 días.

De todos modos, tienen que ser personas de relevancia técnica para dirigir la educación y eso nos parece de un nivel de garantía muy grande. Ahora la propia ley establece cuáles son los cometidos, además de qué es lo que se debe hacer en la educación y no lo deja librado, como si pudo haber sucedido en otras leyes orgánicas, que dejaron todo a lo que decidiera el Consejo Directivo Central. Hay muchos lineamientos en esta ley, muchas orientaciones y hay muchos aspectos programáticos sobre los cuales deberá trabajar el próximo consejo directivo central de la ANEP.

EC - En la crítica del ex consejero Corbo también figura el hecho de que se dé participación en los consejos a los representantes de los docentes. Él dice que "se aplica entonces una visión particularista, no nacional. Con este criterio debieran ser los militares los que dirigieran el ministerio de Defensa y los policías los que dirigieran el ministerio del Interior".

¿Qué dice de esta otra objeción?

LG – Justamente de ahí el equilibrio. Nosotros lo hemos dicho siempre, creemos en los niveles de participación y creemos que en la educación los docentes deben ser corresponsables y esa corresponsabilidad la expresamos con esta forma de designación. Hay antecedentes en la educación nacional, en los Consejos de Educación Secundaria, en la Universidad del Trabajo, en la Universidad de la República y creemos que esos son antecedentes válidos y positivos.

Creemos que las cinco personas que estén ahí no van a funcionar en tanto representantes –así no está establecido en la ley–, sino que funcionan en tanto personas, como sucede actualmente. En realidad la ley actual también establece que haya tres que sean docentes y en la práctica luego funcionan pensando en los intereses colectivos. Se supone que todos los integrantes de los consejos directivos centrales y de los consejos de enseñanza no funcionan pensando en sus intereses particulares, sino en los intereses de toda la educación. Y además, insisto, la ley los establece de manera taxativa: el sujeto de la educación es el educando y el objetivo de estos consejos es desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje para que logren llegar a esos niveles de conocimiento que se establece en la propia ley.

EC - También se objeta otro detalle, que por ejemplo al profesor Pablo Da Silveira –reconocido experto en temas de educación, vicerrector académico de la Universidad Católica– le lleva a decir que se está apostando a la endogamia, ya que los Consejos de Educación (educación inicial y primaria, educación media básica, educación media superior y educación técnico profesional) estarán integrados por tres miembros que hayan ejercido la docencia por un lapso no menor a diez años. Esa es una de las restricciones, pero en general se establece en el caso de los miembros del Codicen que sean propuestos por el Poder Ejecutivo, que deben provenir del mundo de la educación. Esa es una condición que se pone en la ley, ¿por qué?

LG - Porque creemos que hay un aspecto técnico que debe ser respetado a la hora de definir la conducción de los hechos educativos.

No es endogámica la ley, por lo que dije al principio, porque establece muchas formas de conexión y de participación inexistentes actualmente; porque en los centros educativos se plantea la participación amplia de estudiantes, de docentes, de padres y de referentes de la comunidad y de esa manera se buscan formas de vinculación de los centros educativos con la comunidad para elaborar proyectos educativos más abarcativos a los que puedan definir exclusivamente los docentes.

EC – Pero, por ejemplo, para los Consejos de Educación el requisito es que la persona tiene que haber ejercido la docencia por un lapso no menor a diez años y en el Consejo Directivo Central se establece que debe haber actuado en la educación pública por un lapso no menor de diez años. ¿Por qué no puede pensarse que haya gente afuera de la educación pública con credenciales, con conocimiento, con capacidad como para aportar a la mejora de la educación pública?

LG - Nosotros apostamos a que quienes estén en la dirección de un ente que tiene que organizar y dirigir la educación pública hayan tenido una trayectoria de compromiso con la misma, para poder dirigirla con ese mismo grado de responsabilidad. Nos parece que es una exigencia elemental que alguien que va a dirigir algo lo conozca, sepa como es y vaya a tener a su vez los respaldos correspondientes. Dos de ellos van a tener el respaldo del cuerpo docente, que le da una fuerza muy grande, y otros tres van a tener el respaldo del Parlamento nacional, por lo tanto no llegan ahí solo en su carácter de especialistas o de conocedores de la educación, sino con el respaldo de los representantes de la sociedad, por lo tanto, no es endogámico. Sí lo hubiera sido si todos hubieran provenido de los sectores de la educación y respaldados por los sectores de la educación. Pero como están respaldados por el propio Parlamento, notoriamente trascienden ese carácter, como debe haber trascendido en el profesor Corbo, que tiene también su trayectoria educativa, o la debe haber trascendido en el profesor Rama o en Pivel Devoto, porque no venían sólo en función de sus antecedentes, sino también en función del respaldo que estaban teniendo de los representantes de la sociedad uruguaya en el Parlamento.

EC – Concretamente, ¿los integrantes del Codicen, si no han actuado en la educación pública por diez años, no pueden ser elegidos?

LG - Lo que se les está diciendo a los sectores políticos que gobiernan es que tendrán que elegir entre miles de personas que han pasado y pasan actualmente por la educación pública como docentes, como especialistas, como investigadores. Es más, la idea en el Codicen es hablar de actuación, para evitar que sea exclusivamente un tipo de profesión que está respaldada por los docentes. Decimos que hayan tenido algún tipo de actuación de otro tipo, que perfectamente puede ser de carácter de investigador o de profesional de la educación en cualquier ámbito y nos parece que es suficientemente abarcativa.

EC -¿Alguien que venga del exterior, que haya trabajado profesionalmente durante los últimos veinte años, tendría cabida?

LG - Si solo trabajó en el exterior y no trabajó en la educación pública antes de retirarse, no. Si hubiera trabajado en la educación pública y luego se retiró del país, sí. Nos parece que el conocimiento del ámbito en el que se va a trabajar y el respeto al carácter técnico, es un punto de partida necesario y es uno de esos equilibrios que nosotros queremos conseguir.

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EC - Es claro que el proyecto va a ser difícil de negociar en la interna del Frente Amplio –ya hay algunas señales en ese sentido– y al mismo tiempo, ya ha generado rechazos en la oposición política. ¿Cómo se desarrollará entonces la negociación? ¿Se privilegiará la búsqueda de un acuerdo dentro del Frente Amplio o se va a buscar un consenso a nivel nacional teniendo en cuenta que estamos hablando nada menos que de educación?

LG - Venimos trabajando en esto desde el año 2005, ya nombramos el proceso de Debate Educativo y el congreso, pero el año 2007 hubo distintos contactos y encuentros. Se dieron a conocer borradores que fueron difundidos públicamente, sobre los cuales se originaron algunas críticas, muchas de las cuales hemos incorporado y otras no, en función de que el proyecto tiene una coherencia, pero ha habido modificaciones. Algunas de ellas fueron planteadas por los organismos sindicales de la enseñanza. Y hemos recibido algunas propuestas de algunas instituciones de educación privada y las hemos ido incorporando.

Y también al interior del Frente Amplio se ha dado un proceso de discusión y de negociación, hemos recibido también aportes de la ANEP y de la Universidad de la República, que hemos intentado reflejar en estas propuestas. Quiere decir que no llega sin negociación previa, este no es  solo el proyecto del Ejecutivo, tal cual el Ejecutivo teóricamente hubiera pensado.

Los uruguayos y sobre todo en la educación tenemos esa vocación, de la misma manera que somos capaces de armar nuestra selección de fútbol, también somos capaces de organizar la educación a nuestra manera y esto es una ley que creemos que encuentra un equilibrio posible, por lo menos en los ámbitos que estoy diciendo: en la interna del Frente Amplio, donde se conversó y se discutió mucho, en la interna de los organismos de la educación.

Y más allá de que los partidos políticos participaron del proceso de debate, hicieron sus aportes y que, en algunos casos se debieran sentir reflejados –no en todos, porque por algo somos partidos distintos y tenemos posiciones y concepciones diferentes–, la educación ha estado dirigida de una manera hasta el año 2005 y nosotros estamos proponiendo una forma de organizarla y dirigirla, con mayores niveles de participación, más vinculados a la sociedad, con participación docente real.

EC - Pero si la ley sale con la mayoría del Frente Amplio nada más...

LG - No es lo que nosotros desearíamos.

EC - ¿No se expone a que dentro de cinco años, si cambia el gobierno, venga otra ley? ¿Tiene sentido que el país entre en esa lógica? ¿No es mucho más razonable ir en busca de una ley que concite consensos?

LG - Nuestro interés es que todos participen y poder llegar a niveles de acuerdo en lo máximo posible. Tampoco se trata de que es o toda la ley o nada de la ley; a lo mejor hay aspectos (seguramente con respecto a los objetivos generales, a las orientaciones, a algunas definiciones que allí se incluyen, a la creación de algunos ámbitos y estructuras que nosotros planteamos) que puedan tener amplio consenso y otros menos, nuestro interés es que esto se discuta como una política nacional y como una política de estado.

Lo que pensamos es que es peor para el país seguir con una ley que está muy lejos de las necesidades que hoy tenemos, que surgió originalmente como ley Sanguinetti, que luego se ajustó a la salida de la dictadura sacándole las aristas más confrontativas que tenía (que recibió grandes rechazos en su momento) y que es necesario para este gobierno estar presentando una ley que mire hacia el futuro, que se proponga metas y se proponga un programa en adelante.

Lo que veo es que muchos, tanto de un lado como de otro, miran en la ley sólo la forma de constituir los órganos de gobierno y creo que la ley establece lineamientos, programas y metas que el Uruguay necesita de manera imprescindible: nadie puede dudar que nuestros niños necesitan más horas de clase, que necesitamos una educación por lo menos hasta sexto año de bachillerato, que necesitamos reconocer los haberes que están afuera de la educación, que se articule el sistema de educación en general y con los objetivos de país.

Por ese lado, estoy seguro de que si nos ponemos a discutir vamos a llegar a bastantes más acuerdos de los que se presuponen cuando discutimos cómo gobernar la educación.

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Vea aquí el organigrama del Sistema Nacional de Educación