(Emitido a las 9.00)

EMILIANO COTELO:
"Por exigencia del presidente Tabaré Vázquez".

Esa frase fue escuchada una y otra vez por empresarios del sector alimentos, cuando funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) los convocaron para acordar la rebaja o el congelamiento de algunos precios.

Hasta el momento, el gobierno logró acuerdos para mantener o bajar los precios de nueve productos que componen la canasta básica, como harina, aceite, fideos, carne y pan, entre otros. Pero ahora, desde el PIT-CNT surgen las primeras denuncias de incumplimiento de esos entendimientos, acompañadas de declaraciones en las que se acusa a algunos comerciantes de procurar la derrota del Frente Amplio (FA) en las próximas elecciones.

¿Qué va a hacer el gobierno ante esas denuncias? ¿Va a haber acuerdos en otros productos? ¿Qué ocurrirá cuando venzan los acuerdos ya logrados? ¿Cuán voluntarias son las resoluciones de los industriales y comerciantes que se reúnen con el Poder Ejecutivo?

Vamos a conversar de estos y otros temas con el economista Juan Manuel Rodríguez, asesor de la OPP, que ha participado en las negociaciones con empresarios. Empecemos por la pregunta más elemental: ¿qué procura el gobierno con estos acuerdos de precios?

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JUAN MANUEL RODRÍGUEZ:
El objetivo central es poner algunos productos básicos de la canasta a un precio lo más razonable posible, sobre todo para atender la demanda de los sectores de menores ingresos.

EC - ¿Es una política coyuntural originada en el alza de precios de materias primas que se está dando en todo el mundo?

JMR - Es una política que busca atender a ese hecho, porque en todo el mundo están subiendo los precios de los commodities y de los alimentos. Lo ideal sería que los acuerdos no fueran de corto plazo, porque hay algunos factores que explican el alza de precios que son estructurales y que nadie piensa que van a desaparecer, ni este año ni en los años siguientes. No es sencillo encontrar una política o algún mecanismo que permita estabilizar esos precios por un tiempo muy largo; por eso se llegó a acuerdos de corto plazo.

EC - Por ejemplo, ¿se busca incidir a la baja en el índice de inflación?

JMR - No necesariamente, sería ideal que así fuera, pero no es el objetivo. El hecho mismo es que algunos de los productos que se bajaron sustancialmente, como las dos marcas de arroz que se redujeron, no integran la canasta familiar, no forman parte de la cantidad de productos que releva el Instituto Nacional de Estadística para calcular el índice de precios al consumo (IPC). Por lo tanto hoy hay un arroz mucho más barato que el promedio y que los arroces que más se consumen, que son los más caros, y esto no se refleja en el IPC. Sí otros productos, como la carne, las harinas, los fideos y los panificados. El objetivo central no es una política antiinflacionaria, sino una política de atención de las necesidades de la población de menos recursos.

EC - ¿Cómo evalúan el volumen de los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora?

JMR - La evaluación es positiva, sobre todo porque es un camino innovador, que no es frecuente encontrar en muchos países. Lo más normal es que se tome una medida administrativa que fije un precio, que prohíba una exportación o que establezca un subsidio. Valoramos el hecho de que en los productos en los que hubo acuerdo la demanda tuvo un crecimiento muy grande, lo cual muestra que una parte de la población los consume.

EC - ¿Cómo operan estos acuerdos?, ¿cómo se dan estas negociaciones entre el gobierno y los empresarios que ustedes convocan? Se lo pregunto porque en las conferencias de prensa cuando se han anunciado estas rebajas o congelamientos de precios, las autoridades han presentado estas resoluciones como fruto de "acuerdos voluntarios".

JMR - Es que son acuerdos voluntarios.

EC - Pero ¿qué contrapartida recibe el empresario que baja o mantiene el precio de un producto resignando rentabilidad?

JMR - Ninguna, no tiene absolutamente ninguna contrapartida, es un aporte que hace a partir de lo que le plantea el gobierno, y en algunos casos ni siquiera ante un planteo sino que es un planteo voluntario. En cierta medida voluntario, porque el empresario sabe que el gobierno se lo va a plantear, pero en algunos casos no se lo planteó y el empresario propuso la congelación del precio de algún producto. No hay contrapartidas de ninguna especie de parte del gobierno.

EC - El jueves pasado, en el semanario Búsqueda usted reconoció que en estas reuniones a los empresarios se les dijo que los acuerdos eran una "exigencia del presidente Tabaré Vázquez" y que se les advirtió que el gobierno no quería verse obligado a tomar medidas, pese a que podía recurrir a leyes y decretos. No parece que los acuerdos hayan sido precisamente voluntarios.

JMR - Ninguna de esas afirmaciones es contradictoria con que sea voluntario. Que el presidente de la República esté preocupado por el alza de los precios es un hecho notorio, lo ha dicho muchas veces, lo ha planteado sistemáticamente en el Consejo de Ministros y les encomendó a varios ministros y al director de la OPP en particular que logren estabilizar algunos precios con alguna política. Pero se sabe que si una política no da buenos resultados, el gobierno tiene atribuciones para aplicar otra.

En las reuniones, la OPP plantea que este es un objetivo, porque atender la demanda de productos básicos de gente que ha tenido crecimiento en su ingreso (pero no un crecimiento tan elevado como han subido los alimentos) es un problema social y para atender ese problema, el gobierno puede hacer muchas cosas. Ha intentado lograr acuerdos parciales que afecten una parte de la rentabilidad, pero no la totalidad. Por eso hubo acuerdos sobre dos variedades de arroz, no sobre todos los arroces; hubo acuerdo de rebaja de precios de algunos tipos de fideos secos, pero no de todos. Esto quiere decir que se sabe que una parte de la población puede pagar esos precios mayores, pero que otra parte no puede.

El objetivo que se busca con esta política es lograr precios razonables en algunos productos, para que la población pueda consumirlos a un precio muy bajo. Y lo que se busca es la adhesión del empresario en esos productos.

EC - Pero cuando ustedes les plantean que hay una exigencia del presidente Tabaré Vázquez y además les mencionan que en caso de no acceder se pueden tomar medidas porque hay leyes y decretos que lo habilitan, parecería que hay una presión muy fuerte. Usted decía que el empresario no consigue nada a cambio de esta rebaja; capaz que lo que consigue es que no le apliquen un decreto, que no le tomen una medida por la vía obligatoria, por la vía administrativa.

JMR – Eso es lo que han hecho muchos países en el mundo, han aplicado medidas administrativas para atender este problema. En Brasil se prohibieron las exportaciones de arroz, como en el sudeste asiático; en otros países se fijaron precios máximos; en Estados Unidos se limitó la venta de ciertos productos en los supermercados. El gobierno no descarta ninguna herramienta, lo cual no quiere decir que no apueste a una herramienta de acuerdo social. Pero si la medida de acuerdo social no da resultados (el gobierno tendrá que valorar la importancia de esta política, y sí la valora, porque el presidente y todo el Consejo de Ministros entienden que es un elemento clave), buscará otra. No es una amenaza, es recordar algo que es parte de la realidad y que se está haciendo en todo el mundo.

EC - El senador José Mujica, cuando era ministro de Ganadería e iba a negociar rebajas en algunos cortes de carne con los frigoríficos, antes hablaba públicamente de la posibilidad de imponer detracciones a las exportaciones de carne. Más de una vez explicó que no pensaba en aplicar medidas de ese tipo, pero que para ir a negociar con los frigoríficos tenía que hacerlo desde una posición de fuerza. ¿La de ustedes en la OPP es una táctica similar?

JMR - Lo curioso es que nunca este tema fue una razón de rispidez en las reuniones, porque todos los actores saben que es así, esto es parte de la realidad y de lo que está pasando en todo el mundo. Más allá de cómo se lea la información, todo el mundo sabe que lo que dice el gobierno es absolutamente obvio, no tiene ningún contenido nuevo y todo el mundo sabe que el gobierno puede tomar estas medidas.

EC - ¿A qué medidas podría recurrir el gobierno? Usted mencionó algunos ejemplos del exterior.

JMR - Puede tomar cualquier medida, desde la administración de precios, que no es una medida agradable ni una medida que haya funcionado por mucho tiempo, por eso no es la primera que se adopta; o puede haber una ley que cambie la prohibición de imponer detracciones. Herramientas hay diversas, pero este camino que se eligió es posible, con ciertas particularidades, porque los acuerdos no son sobre todo un sector sino sobre algunos productos. Uno podría plantearse un objetivo mayor que los acuerdos voluntarios, pero en estos acuerdos voluntarios hay un resultado positivo sin el uso de la fuerza.

EC - La cadena de supermercados Disco lanzó una campaña anunciando que mantendrá "hasta la primavera" el precio de 150 productos. Y poco después Multiahorro salió con una campaña similar, promocionando que congela 400 productos "durante el invierno". ¿Esas decisiones responden a pedidos del gobierno o a reuniones con el gobierno?

JMR - No, son decisiones empresariales. Me han preguntado si el gobierno las ve bien; cualquiera ve bien que los precios no suban, porque hoy hay realmente un problema con la suba de los alimentos (aunque entre esos productos no hay solo alimentos). Son elementos positivos, no responden a medidas del gobierno, son medidas empresariales. Y diría más, en algunos casos, en algunas reuniones se intentó fijar un precio máximo para algunos productos, pero fue difícil llegar a ese precio y se acordó mantener el precio existente, sabiendo que existían precios diferentes en los distintos supermercados. No se fijó un precio máximo por oposición de los distintos actores, que entendían que un precio máximo implicaba para algunos mantener un precio y para otros reducirlo. Esto llevó a la imposibilidad de lograr un acuerdo como la OPP habría deseado, que es poner precios y difundirlos claramente. Esto tiene una cantidad de virtudes, aparte de comunicar a la población el acuerdo, y lo puede tomar una empresa, pero cuando uno busca reunir a todos encuentra más dificultades.

EC - Desde la audiencia le preguntan si estas campañas de Disco y Multiahorro no demuestran que la OPP hasta ahora ha conseguido poco con sus acuerdos, porque dos empresas anuncian congelamiento de 150 productos en un caso y de 400 en otro durante todo el invierno, no hasta el 31 de julio. ¿Entonces?

JMR - Son estrategias empresariales. Si uno busca la estrategia de todo el comercio minorista, es difícil que Disco y Multiahorro se pongan de acuerdo en la mitad de esos productos. Hay una diferencia entre una estrategia empresarial y un acuerdo general. La OPP buscó en algunos casos acuerdos más concretos y los propios participantes en la reunión –que en algunos casos son los mismos que han tomado estas decisiones– se opusieron. Lo pueden hacer en su empresa, por eso digo que son estrategias empresariales. Que se podría hacer más que lo que hizo la OPP, obviamente, todos habríamos deseado que los acuerdos hubieran sido más largos también, pero las empresas participantes dieron argumentos –que todas compartían– de por qué los acuerdos no se podían renovar hasta hacer una evaluación luego de un período de aplicación.

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EC - Pese a los anuncios de estas dos grandes cadenas, el director del Instituto Cuesta Duarte, del PIT- CNT, Ruben Villaverde, hizo algunas declaraciones muy duras la semana pasada. Villaverde relacionó el aumento de precio de los alimentos con una campaña presuntamente orquestada desde las cámaras empresariales para torcer la voluntad de la población y evitar que la izquierda vuelva a ganar en 2009.

En declaraciones a AM Libre, Villaverde dijo que "la única forma de criticar al gobierno es hacerlo desde el terror de la inseguridad ciudadana o desde el terror de las góndolas".
 
Y afirmó además que "hay empresarios que se resisten permanentemente a la posibilidad de que este gobierno sea reelecto; por eso, una papa cuyo kilo sale 10 pesos desde las chacras, luego en los supermercados se vende a 35 pesos el kilo". ¿Cómo observan esta visión desde el gobierno? ¿Comparten esos dichos?

JMR - No lo hemos evaluado de esa manera. La experiencia que hemos tenido es que más allá de que en algunos segmentos de las cadenas de valor ha habido dificultades para lograr acuerdos de este tipo, con el tiempo los empresarios de algunos sectores nos hacen planteos unilaterales. Y tampoco notamos que haya un masivo incumplimiento de los acuerdos; nuestro seguimiento nos permite decir que los acuerdos básicamente se están cumpliendo, más allá de que en algunos casos concretos hemos detectado no cumplimientos.

EC - Villaverde habla de una intencionalidad política detrás del comportamiento de algunos empresarios en materia de precios. Dice: "Está claro que hay gente que resolvió que en las góndolas de los supermercados se tiene que ganar la próxima elección".

JMR - El viernes de la semana pasada tuvimos una reunión en la que participó Villaverde y me quedé con la sensación de que, si bien él entiende que hay manejo en los precios y particularmente reitera y sostiene que en el caso de la papa es así, no quiso hacer una afirmación tan fuerte. En todo caso es una opinión de Villaverde, habría que hablarlo con él. Yo no tengo esa visión tan tajante.

EC - No tiene esa visión "tan tajante"; pero ¿tiene una opinión que se acerque a esta denuncia de un pacto empresarial para desestabilizar al gobierno?

JMR - No, no veo que haya hoy una conjura contra el gobierno. Más allá de que, como con cualquier gobierno, hay gente que está a favor y gente que está en contra, gente que quiere que gane de vuelta y gente que no. Pero no veo una conjura empresarial. No tengo elementos, no sé si alguien los tiene.

EC - Aparte de las declaraciones de Villaverde, desde el PIT-CNT se han denunciado incumplimientos de algunos de los acuerdos anunciados por la OPP, ya sea subas de precios en algunos de los productos que supuestamente están congelados, o desaparición de las góndolas de los productos con precios acordados. Ustedes tuvieron una reunión con el PIT-CNT, y además han hecho relevamientos.

JMR - Las dos cosas son ciertas, hemos detectado que hay comercios que tienen precios mayores y que algunos de los productos de los acuerdos no están en algunos comercios. La situación es bastante compleja: en las cadenas mayoristas, las grandes superficies o los supermercados, el acuerdo fue realizado con la Asociación y con algunas de las cadenas, pero hay algunas que no son miembro de la Asociación. Esos casos uno los puede discutir con cada una de las empresas, porque son diversa cantidad de acuerdos y las empresas que están fuera de las asociaciones son varias, algunas muy importantes. Y si llevamos esto al comercio minorista, nosotros hicimos el acuerdo con Cambadu, que tiene 3.000 pequeños comercios asociados, pero seguramente hay muchos comercios que no lo están.

EC - ¿Qué pasará en los casos en que se comprueben incumplimientos?

JMR - Aún a aquellas empresas no afiliadas a las cámaras firmantes o a las cámaras que participaron en los acuerdos, las vamos a llamar para decirles que entendemos que también deberían sumarse al acuerdo, más allá de esa situación gremial que nos es ajena. Esta es la etapa que empezamos a cubrir esta semana, lo que llamamos control social, lo vamos a implementar desde la OPP, y el PIT-CNT, como cualquier institución social que quiera colaborar, va a ser bienvenido. El objetivo es que la población conozca los acuerdos y supervise su cumplimiento.

EC - ¿Se puede sancionar a quienes no cumplan estos acuerdos?

JMR - No, porque son voluntarios. Ni la Asociación, ni Defensa del Consumidor, ni la OPP pueden sancionar a un comercio que voluntariamente aceptó fijar un precio. Puede haber una sanción social.

EC - ¿Se van a difundir los nombres de los comercios que no cumplan con los acuerdos, por ejemplo?

JMR - Esperemos que no sea necesario llegar a ese extremo. En algunos casos que ya hemos constatado de incumplimiento o de alejamiento de los acuerdos, bastaron algunas llamadas telefónicas para corregir la situación. No fue necesario ni siquiera hacer una gestión directa, con una llamada la situación se corrigió. Nuestra visión es que los acuerdos se están cumpliendo en la amplísima mayoría de los establecimientos y que no hay mala voluntad. Es probable que en algún caso no sea así, por eso vamos a tener una acción más directa a partir de ahora.

EC - Usted habla de "control social" del cumplimiento de los acuerdos. ¿En qué consiste?

JMR - El control social es darle oportunidad a la gente de que diga que hay comercios que no cumplen.

EC - ¿Por qué vías?

JMR - Se va a difundir un teléfono de Defensa del Consumidor, y estamos pensando en poner otra vía de comunicación. Además vamos a hacer controles directos, revisiones de cumplimiento, más allá de que en algunos casos es fácil cumplir y en otros no tanto. Por eso vamos a tener un plan para ver si en las góndolas se cumple el acuerdo.

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EC - ¿Van a seguir procurando acuerdos de precios en el sector alimentos?

JMR - Sí, si hay posibilidades concretas y los acuerdos son razonables y fáciles de monitorear, se van a extender. Los acuerdos que hasta ahora se lograron eran los más obvios, podría haber algún caso más, pero los adicionales a los que ya hay que se plantearon en algún momento no resultan tan claros.

EC - ¿Cómo es esto?

JMR - Hay acuerdos que son difíciles de monitorear, por la complejidad, o porque los ofrecimientos que han hecho los empresarios no han sido muy claros. Nuestra disposición es a seguirlos haciendo en la medida que haya nuevos acuerdos que permitan bajar precios de productos básicos.

EC - ¿Hay alguno más en agenda?

JMR - No, no hay ninguno previsto. Hay diversos ofrecimientos, conversaciones, pero nada muy concreto.

EC - Falta un mes para el 31 de julio, cuando caerá la gran mayoría de estos acuerdos. ¿Qué va a pasar después de esa fecha?

JMR - Más allá de esta medida coyuntural, se intenta generar un nuevo tipo de relacionamiento en la cadenas. Todos los actores mostraron voluntad de tener un vínculo más estrecho para evitar problemas, o para atender problemas estructurales de funcionamiento de las cadenas, en las que participan actores muy diversos. Por ejemplo en el trigo, están los productores, los molinos, los productos panificados, los fideos y la propia cadena minorista de distribución; hay intereses muy diversos y actores que prácticamente no tienen vínculos entre sí, salvo el que pueda haber por relación comercial.

Hay una herramienta que son las comisiones sectoriales, que existen en el arroz desde hace muchos años y que en opinión de todos los actores fueron la base del gran crecimiento del sector arrocero, tanto en la calidad del producto como en asegurar la supervivencia de todos los actores con un mecanismo de negociación de precios en el ámbito de la propia cadena.

La idea es constituir comisiones sectoriales en las cadenas centrales. Hasta ahora hemos encontrado disposición de todos los actores a participar en estas cadenas, participan el sector público y el sector privado. Hay un sostén constitucional, estas comisiones están previstas en la Constitución vigente, tienen una reglamentación y ya esta semana vamos a convocar a la cadena del trigo. La idea es convocar a todas las cadenas que sea posible, lo que permitirá, cuando estas comisiones se consoliden, discutir este tipo de problemas en un marco de relacionamiento y con un conocimiento de la problemática más profundo que el que actualmente existe.

EC - ¿Qué otro tipo de medidas podrían seguirse? Se lo pregunto porque el director del Instituto Cuesta Duarte proponía que, siguiendo el ejemplo del presidente Lula en Brasil, el gobierno estimulara la producción de alimentos para de esa manera lograr una mayor oferta y que los precios bajaran o se mantuvieran. ¿Cómo ve esa sugerencia?

JMR - Es una probabilidad, la conversamos el viernes con él, y él considera que si bien puede dar resultado en un plazo determinado, no es de reacción inmediata, requiere mucho tiempo de consolidación. En el largo plazo puede ser una política productiva y social muy interesante, pero en lo inmediato no va a resolver estos problemas.

EC - Otra de las propuestas de Villaverde es generar mecanismos similares al que se utiliza en la leche: en ese sector las industrias procesadoras aportan por la cantidad de litros que reciben a un fondo y de esa manera se subsidia el precio de la leche al consumo. ¿Puede haber otras iniciativas de este tipo en otros productos?

JMR - Esa política estuvo presente en buena parte de los acuerdos como una posibilidad. Tiene algunas dificultades de implementación práctica, no siempre se puede aplicar tan fácilmente como en la leche.

EC - Ese instrumento está en la agenda.

JMR - Sin duda, los acuerdos voluntarios son una herramienta con muchas virtudes, lo que no quiere decir que no se puedan aplicar otras políticas, como de hecho se aplican, como en el caso de la leche.

EC - José, de Colón, pregunta: "¿Qué pasa con la posibilidad de quitar el IVA a los productos de la canasta básica?".

JMR - En algunos productos se está pensando en eliminarlo, y en algunos ya se eliminó, como en la carne de pollo y de cerdo. Es una medida que puede ser positiva. Hay que evaluar el impacto fiscal, es función del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que monitorea el equilibrio fiscal.

EC - En algunos casos ya se anuncia que después del 31 de julio habrá aumentos de precios importantes, por ejemplo en el aceite de soja, según adelantó el diario El País el viernes pasado. ¿Cómo va a manejar el gobierno una situación como esa?

JMR - No sé si será así. En el caso del aceite de soja lo que ha ocurrido es que el precio internacional ha tenido un fuerte crecimiento, que no parece que vaya a bajar. Al mismo tiempo, es un mercado muy volátil, ha tenido crecimientos y períodos de caída. Las reservas de materia prima alcanzan un cierto volumen de producción y una vez agotado ese stock el molino no tiene otra posibilidad que comprar materia prima nueva, al precio nuevo. Entonces hay que ver cómo sigue esa tendencia en el mercado internacional, como también hay que ver si hay un crecimiento fuerte de los salarios en los Consejos de Salarios o un crecimiento de las tarifas. Menciono temas que fueron planteados por los empresarios para fundamentar que los acuerdos no se podían mantener mucho más tiempo porque estaban todos estos factores de incertidumbre en los costos de las empresas. Esto es lo que se va a evaluar en este mes antes de la finalización de los acuerdos, y ahí se va a decidir si se mantienen o no o si se ajustan. Y veremos también qué posibilidades hay. Quizás haya problemas en algún sector, pero aspiramos a que en otros no los haya y sea posible renovar los acuerdos. Esto es lo que vamos a evaluar en estas comisiones sectoriales con la participación de todos los actores.