(Emitido a las 8.54 horas)

EMILIANO COTELO:
El gobierno viene introduciendo una serie de reformas en el sistema de seguridad social. 

Dos de estos proyectos de ley están aprobándose en estos días en el Parlamento. Uno es el que flexibiliza los requisitos para el acceso a la jubilación, que obtuvo la semana pasada media sanción en la Cámara de Diputados, donde fue votado por todos los partidos. Y el otro es el salvataje de la Caja Bancaria, que será tratado el martes en la Cámara, según lo acordó la bancada del Frente Amplio (FA).

Aunque reconocía que no es suficiente, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, destacaba el lunes aquí en En Perspectiva que gradualmente se están mejorando las pasividades y corrigiendo defectos del marco legal vigente.

¿Cómo observa el Partido Nacional (PN) estos pasos que se están dando? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos? ¿Qué propuestas alternativas se han presentado?

De estos y otros temas vamos a conversar con el doctor Rodolfo Saldain.

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EC - El doctor Rodolfo Saldain fue presidente del BPS entre 1990 y 1994, en el gobierno del PN, y ahora es consultor internacional en temas de seguridad social. Ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial, para la Organización Internacional del Trabajo.

¿Hoy usted asesora al PN en estos temas?

RODOLFO SALDAIN:
Sí, soy asesor del PN y coordino el Área de Políticas Sociales de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate.

EC - Usted está alineado con Alianza Nacional.

RS - Así es.

EC - Esta ley que flexibiliza las condiciones para acceder a la jubilación, que se votó en Diputados la semana pasada, tiene varias disposiciones. Por un lado, facilita el retiro a la edad mínima de 60 años, porque deja de exigir 35 años de servicio con aportes registrados, y requiere solo 30 años de trabajo, aunque baja la tasa de reemplazo de 50 a 45%.

También atiende la situación de aquellas personas mayores de 58 años de edad y con 28 años o más de servicio que se quedan sin trabajo por más de un año, contra su voluntad, y ven bloqueado el acceso al retiro. A estas personas se les otorga un subsidio durante el tiempo necesario para que puedan completar los requisitos mínimos y llegar a la jubilación.

Por otra parte, permite acceder a la jubilación por edad avanzada a partir de los 65 años, siempre que existan 25 años de servicio. Hoy se piden 70 años de edad y 15 de servicio.

Y, por mencionar otra de las disposiciones del proyecto, les otorga a las mujeres la posibilidad de añadir un año de trabajo a su historia laboral por cada hijo.

¿Qué análisis hace de este proyecto en particular?

RS - El análisis hay que hacerlo no solo desde la perspectiva jubilatoria o previsional, sino desde la perspectiva de las políticas sociales en su conjunto. Gobernar es tomar decisiones, hacer opciones, siempre sobre la base de recursos escasos o limitados. Esta opción que hace el gobierno implica una mayor asignación de recursos hacia las personas de mayor edad. Esa prioridad se confronta con algunos requerimientos de la estructura social uruguaya que la harían cuestionable. La situación más crítica la tenemos en infancia y juventud. Se necesitan políticas de promoción social para esos sectores.

Cuando analizamos los datos sociológicos vemos que en la población de 65 y más años de edad la situación de pobreza es mínima: está por debajo del 10, 8%; y sin embargo tenemos casi la mitad de los jóvenes y niños en situación de pobreza.

Se puede decir que el gobierno implementó el Plan de Emergencia, eso no es cuestionable –más allá de que sea cuestionable la forma en que se implementó y la inexistencia de contrapartidas y demás–, pero la prioridad en el gasto público social, en nuestra opinión, debe focalizarse, hacia infancia y juventud, por lo tanto hacia educación y salud en esos sectores.

EC - ¿Para usted no deberían adoptarse medidas como estas que se incluyen en este proyecto de ley?

RS - Son decisiones de una sociedad, la comunidad toma sus decisiones de en dónde va a gastar o dónde va a colocar su dinero. Uruguay ha vivido, y está viviendo, un proceso de descapitalización humana. Sus recursos humanos tienen cada vez menor valor y prácticamente el 50% de nuestro futuro, nuestros jóvenes, no va a estar en condiciones de insertarse en actividades del sector económico moderno productivo. Eso hipoteca el futuro del país. Por lo tanto, sí hay una cuestión de prioridades. El gasto público en materia jubilatoria prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años, sin embargo el gasto dirigido hacia la juventud y la infancia apenas ha tenido variación.

EC - ¿Qué se hace con el problema que está detrás de este proyecto de ley? Murro destacaba: "La gente tiene que tener derecho a la jubilación. Hubo gente que no solamente fue obligada a trabajar en negro, sino que además se generó en el país la cultura de que no importaba estar registrado. Ahora estamos haciendo el proceso inverso, queremos generar la cultura de la inclusión social, de la formalidad". Y una de las cosas que se hacen es subsanar, lo que para Murro ya era previsible por un defecto de la ley del año 1995, que era demasiado exigente para lo que estaba ocurriendo en el mercado laboral. Los estudios que se presentaron en la mesa del Diálogo sobre Seguridad Social dicen que en las condiciones actuales, con la normativa vigente, hoy, solo podría jubilarse a los 60 años el 17% de los empleados del sector privado.

RS - Ese estudio no es correcto hoy. Está muy claro que existe un problema con el requisito de 35 años como mínimo para acceder a la jubilación. Mucho antes de cualquier diagnóstico de ese tipo yo tuve la oportunidad de consignarlo por escrito en un libro de noviembre de 1995, no bien se aprobó la ley, en el que decía que era probable que en los años por venir Uruguay no estuviera exento de las tendencias que venía mostrando el mercado de trabajo en el mundo y que por lo tanto deberían revisarse los requisitos mínimos. Ese problema ya estaba advertido en ese momento, y de hecho yo fui bastante crítico de esa exigencia de la ley.

EC - La ley exige 35 años de aportes completos, efectivos.

RS - No, ahí hay un error; en verdad aportes no se exigen nunca, alguien se puede jubilar sin haber aportado nunca; se requiere que esté en la historia laboral. Y tampoco se ha cumplido integralmente la norma en la medida en que la historia laboral nunca se notificó y que, recientemente, por mayoría, el Directorio del BPS estableció que basta con tener la mitad de los años probados para poder jubilarse. Es una norma que no está publicada, pero es una resolución; no fue aprobada por unanimidad por el Directorio, pero existe. Se ha buscado un mecanismo informal, de dudosa juridicidad, para solucionar este aspecto.

¿Por qué es cuestionable? Vuelvo al tema de la prioridad...

EC - ...Se señala que durante los últimos tiempos mucha gente tuvo que pasar por períodos prolongados de desempleo, durante los cuales obviamente no aparecía vinculada a ninguna caja, o fue forzada por las circunstancias a trabajar en negro y por lo tanto tampoco aportó.

RS - Sin duda esos problemas deben contemplarse. Pero ¿cuál es la situación hoy?, ¿hoy hay una situación de infraprotección? No la hay. Cuando uno analiza las personas de 60 años y más en el país, o están percibiendo jubilación o están trabajando o están en alguna de las otras hipótesis de afiliación: Caja Policial, Caja Militar, Caja de Profesionales, etcétera. La contingencia de la infraprotección que implicaba el requisito de los 35 años no tiene hoy un impacto; presumiblemente lo va a tener en el futuro, y lo tendría en la medida que el BPS cumpliera con las previsiones normativas en materia de historia laboral. Hoy el problema tiene muy limitado alcance.

¿Quiénes se van a beneficiar? No ese trabajador que surgía del relato que usted hacía, sino fundamentalmente el trabajador de mayor ingreso, aquel que por la existencia del tope jubilatorio, aun cuando se jubile a una edad más temprana y con un porcentaje del 45%, como prevé la norma proyectada, igual va a entrar en el tope jubilatorio. A ese trabajador le va a ser indiferente el monto de la jubilación.

El problema que aspira a solucionar este proyecto de ley no es prioritario. Ese es el principal cuestionamiento que en lo personal le hago. Es un cuestionamiento de opción de política. Nosotros planteamos soluciones para esto que van en línea con el diseño que en este proyecto se prevé para la causal de edad avanzada. En nuestra opinión había que contemplar las siguientes circunstancias: primero, dar la posibilidad de una reducción de la cantidad de años de trabajo exigida, por ejemplo 30 o incluso menos, cuando había habido cotización efectiva; pero cuando no la había habido no nos parecía razonable reducir los requisitos de acceso. Sí nos parecía razonable reducirlos a partir de los 65 años; hay proyectos de ley presentados, recuerdo uno concreto del diputado Mañana, que planteaba 65 años y 30 años de servicio, y a partir de allí una secuencia en la que a medida que avanzaba en edad disminuía la cantidad de años de trabajo reconocido.

¿Qué tiene de contrario a las tendencias internacionales y a los requerimientos este proyecto? No lo digo yo, los servicios técnicos del BPS han planteado que aun cuando los efectos del envejecimiento demográfico se harán sentir en su real magnitud en el largo plazo, los cambios en todos o algunos de los parámetros actuales del sistema deberían ser encarados prontamente. Eso está dicho al analizar la perspectiva de largo plazo, aun en la reforma.

Esta iniciativa, junto con la del desempleo de larga duración para el mayor de 50 años, implica que una persona se puede retirar del mercado de trabajo y comenzar a percibir una prestación vitalicia a partir de los 57 años: un año de seguro de paro, dos años del subsidio especial que se prevé, y a partir de allí ingresa en el goce de la jubilación. Eso, en el mundo, ya se ha probado; la experiencia más cruda es la de Francia, el primer gobierno de Mitterrand redujo la edad de retiro –inspirado más o menos en la misma filosofía que uno puede pensar que está inspirada esta iniciativa uruguaya–. A partir de allí el propio Mitterrand y los sucesivos gobiernos han enfrentado conflictos en la calle cada vez que han querido rectificar esa errónea decisión.

Esta opción de política pública implica asignar más recursos para la población mayor, comprometiendo las posibilidades de asignación de recursos hacia lo que, en lo personal, considero que es la prioridad, que es el tema educativo, infancia y juventud.

EC - En cuanto al costo de este tipo de disposiciones, Murro daba algunos números. Decía que si se consideraban en conjunto este proyecto de ley más el que reforma el sistema del seguro de desempleo, estamos hablando de unos 30 millones de dólares al año. ¿Para usted es un monto significativo? ¿Es como para rechazarlo, teniendo en cuenta el peso que tiene en el presupuesto del BPS?

RS - Con 30 millones al año en educación y recurriendo a esquemas novedosos, como el Plan CAIF y a las organizaciones del servicio civil, se pueden hacer maravillas en nuestro principal problema. El principal problema es la necesidad de romper el ciclo de la exclusión social. Allí esos recursos tendrían un impacto de futuro mucho mayor.

EC - Desde la audiencia vienen varios comentarios; me llama la atención el siguiente:

Rosa (San José): "Sí, todo lo que usted quiera, pero cuando se cobran las pasividades es cuando se mueve todo el comercio".

Lo dice alguien que escribe desde el interior del país.

RS - Eso es totalmente cierto, pero una comunidad, una sociedad debe compatibilizar sus requerimientos y asignar los recursos de la manera más funcional a sus necesidades. Hoy tenemos un problema de inseguridad, de violencia, de delincuencia obvio, que nadie lo puede negar. Viene de un cambio de valores, de normas; vienen de cambios en la familia, en la escuela, en el barrio; viene de la exclusión, de la pérdida de ese tipo de valores; viene de la pérdida de la capacidad de ser empleado, de empleabilidad. Por lo tanto, si los uruguayos no cortamos ese ciclo de reproducción de la pobreza y de exclusión social, tenemos un futuro más que comprometido.

EC - El PN votó este proyecto.

RS - Claro, sí.

EC - ¿Cómo se compatibiliza su análisis con el voto de los diputados de su partido?

RS - Yo no lo voté.

EC - ¿Si hubiera sido diputado, no lo habría votado; habría llegado a no levantar la mano? Porque una cosa es considerar que hacen falta otras medidas y otra cosa es decir "yo no acompaño esto".

RS - Hay que dar discusiones profundas en Uruguay. En el actual período, por la circunstancia de que el gobierno tiene mayoría parlamentaria, se escamotea esa discusión. Hay que darla, en el período próximo va a haber una rica actividad parlamentaria; en ese período quiero estar en el Parlamento para discutir.

EC - Usted está dando un paso que ha sorprendido a muchos: ha salido de su condición estrictamente de técnico, en la que se mantuvo durante muchos años, y ahora se dispone a ser candidato a la Cámara de Representantes.

RS - Sí, quiero hacer política, el país necesita que todos los uruguayos hagamos política. Tengo la impresión de que en esta elección se va a jugar el destino de los próximos 20 años del país; vamos a tener esos 20 años de futuro en nuestras manos. Por esa circunstancia quiero hacer este aporte. Espero poder hacerlo y por esa razón he decidido y he aceptado encabezar la Lista 504 en Montevideo.

EC - El lunes pasado, cuando entrevistábamos a Ernesto Murro y le citábamos algunas observaciones suyas a propósito de este proyecto de ley que estamos comentando, la primera reacción de Murro fue: "Sí, bueno; Saldain ahora es candidato", como dando a entender que sus posiciones en esta materia ya pasaban a ser de otro tipo, no las de un técnico, las de un especialista, sino las de alguien que pasaba a tener otro tipo de intereses.

¿Qué contesta usted?

RS - En el debate político, en el debate público siempre tenemos que mantener el buen talante, porque se trata de buscar las mejores soluciones. Muy probablemente lo que debería hacer alguien que aspira a recoger votos es decir aquello que resulte más simpático a los oídos, que probablemente sería más gasto, mejores prestaciones de jubilación, etcétera. El país necesita un análisis más profundo, tratar de tocar aquellas áreas que están condicionando el desarrollo nacional. Y a mí me parece que es en el tema infancia y juventud donde se juega el futuro del país.

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EC - El lunes, cuando yo cité sus opiniones en la entrevista con el presidente del BPS, Ernesto Murro, primero destacó que usted ya estaba moviéndose en otro terreno, como candidato del PN, que había que ubicar en ese contexto sus declaraciones sobre temas de seguridad social. Y dijo también que cuando funcionó el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, donde se discutieron estos temas, en particular este proyecto, usted participó solo media hora un día o dos. "Allí Saldain habría tenido oportunidad de dialogar con la gente y con las distintas organizaciones para exponer sus puntos de vista." Como diciendo: ¿por qué no opinó donde tenía todas las condiciones para opinar? ¿Por qué opina ahora a través de la prensa?

RS - Tal vez Ernesto no haya tenido oportunidad de leer el documento que nosotros presentamos al Diálogo. Es cierto que asistimos a un par de reuniones nada más, porque el formato que se le dio al Diálogo no era adecuado para un sistema político, era adecuado para un partido único, pero no para un sistema de pluralidad de partidos. Los partidos de la oposición primero fueron invitados solo como oyentes y después, cuando se estructuraron las exposiciones, iban a tener su día los sindicatos, los empresarios, pero no había ningún día para que los partidos políticos expusieran sus puntos de vista.

Por esa razón, nosotros, queriendo hacer un aporte, entregamos un documento de unas 30 carillas, muy fundamentado; vemos que algunas de las iniciativas que planteamos están recogidas en el proyecto, por ejemplo la causal de edad avanzada con 65 años, que nosotros planteábamos con 30 años de trabajo y ahora aparece con 25. Por lo tanto, nuestro aporte estuvo y estuvo de la manera más clara posible, por escrito.

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EC - Ahora quiero consultarlo sobre otro proyecto de ley vinculado con la seguridad social y muy pesado, que se encuentra a consideración de la Cámara de Representantes: el proyecto de salvataje de la Caja Bancaria.

La Caja Bancaria tiene un déficit anual de 60 millones de dólares. Entonces se prevé que hasta que las otras disposiciones del proyecto logren equilibrar las cuentas de la Caja Bancaria, el déficit anual se cubra con aportes por partes iguales del Estado, los bancos y los jubilados bancarios: 20 millones de dólares anuales cada uno.

Además, se prevé la ampliación del campo afiliatorio, se incorporan a la Caja Bancaria los empleados de administradoras de crédito y transportadoras de caudales (unos 4.500 empleados). De esta manera, según el gobierno, se reconoce el "campo afiliatorio real".

Por otro lado, se modifica el régimen de aportes, "procurando no depender exclusivamente del número de afiliados activos y de la masa salarial asegurada, posibilitando en el futuro la adecuación paulatina de las tasas de aportación patronales y personales". A los bancos y empresas aseguradoras se les reducen los aportes patronales de 30,75 a 25,25%, pero se incorpora un aporte sobre la base de los activos que poseen los bancos, y en el caso de las aseguradoras sobre la base de las primas emitidas por mes. Para las administradoras de crédito que ingresan se mantiene el aporte patronal actual de 7,5% y pasan a estar gravadas por sus activos en Uruguay.

Por último, se adecua el régimen de la Caja al régimen general. Serán necesarios un mínimo de 30 años de trabajo para hombres y mujeres y 60 años de edad cumplidos para jubilarse. Se establece una tasa de reemplazo de 50%. Hoy las mujeres bancarias pueden jubilarse con 55 años de edad, pero a partir de 2010 se eleva el requisito a 56 años y así sucesivamente cada año, hasta que en enero de 2017 se llega a los 60 años.

¿Cómo ve esta solución?

RS - No hay una buena solución para la Caja Bancaria, cualquier solución es mala; algunas son más y otras menos malas, pero todas son malas. Los uruguayos cometimos el error de dilatar 15 años la solución de la Caja Bancaria. Siempre existió la convicción en los sectores políticos de que la Caja Bancaria tenía una excelente administración. En mi opinión era un error de percepción, porque había una excelente administración desde el punto de vista contable, en números, pero había una muy mala política en tanto no se adecuó el sistema a la evolución de los parámetros de la Caja.

EC - Esa autocrítica que usted hace, ¿abarca al PN? ¿Es una crítica que incluye cómo se trató el tema en el período de gobierno del PN?

RS - Sí, también. Mientras yo estuve en la presidencia del BPS me opuse a incorporar más sectores de actividad a la Caja Bancaria, porque eso implicaba pérdida de recursos para el BPS y por tanto asistencia financiera. Yo renuncié al BPS en diciembre del 93, y pocos meses después, en el 94, se aprobó esa ley que yo resistía y que incorporó unos cinco o seis mil trabajadores a la Caja Bancaria. Yo valoraba que eso no era una solución porque era correr el problema unos años adelante; el sistema era estructuralmente inviable. Hoy estamos haciendo lo mismo. El sistema de este anteproyecto de ley es estructuralmente inviable, otra vez.

EC - ¿Por qué?

RS - Porque no equilibra las relaciones básicas del sistema, que son la relación económica y la demográfica. La Caja Bancaria dentro de 10 o 15 años va a volver a tener dificultades de este tipo, con el agravante de que quienes van a integrar ahora el campo afiliatorio de la Caja Bancaria, y debo decir que estoy comprendido entre quienes van a pasar a cotizar a la Caja Bancaria...

EC - ...¿Sí? ¿Por qué?

RS - Soy funcionario (abogado) de ANDA, llevo 32 años trabajando en la empresa, que sería de las que van a pasar a la Caja Bancaria. El agravante en esta circunstancia para los trabajadores que pasan a la Caja Bancaria es que en el mejor de los casos sus beneficios se van a igualar; la gran mayoría de los casos van a ir con beneficios menores. Es más grande la diferencia en perjuicio de los más jóvenes y de los que perciben mayores salarios, para los de mayor edad el perjuicio es menor, y en el mejor de los casos se igualan.

EC - Ayer el viceministro de Trabajo, Jorge Bruni, rebatió las quejas de los empleados de administradoras de crédito que señalaban que al pasar a la Caja Bancaria perdían beneficios. "No existe ningún perjuicio en cuanto a las Asignaciones Familiares ni en materia de salud o de cualquiera de los beneficios que actualmente reciben los trabajadores", dijo el subsecretario.

RS - Tiene razón Bruni con respecto a Asignaciones Familiares y Salud; no tiene razón en cuanto al monto de la jubilación que van a cobrar. Es un tema técnico y de estimaciones, y todas las estimaciones siempre son muy sensibles a los supuestos que se tomen. Si el sistema de ahorro individual obtuviera en el futuro la mitad de las tasas de rentabilidad que ha obtenido, una tasa del orden del 4 o 5%, habría un perjuicio para la gran mayoría de quienes vamos a cambiar de régimen al abandonar del sistema de ahorro individual.

¿Y para qué? Porque en definitiva, ¿qué implica el cambio de régimen? Implica correr recaudación de BPS para la Caja Bancaria; y el bache que queda va a ser cubierto con asistencia financiera. Sería mucho más razonable no introducir este elemento de conflicto y directamente dar más asistencia financiera a la Caja Bancaria, porque en definitiva es lo mismo. Es una forma de vestir la novia. Políticamente capaz que es más impopular darle más asistencia financiera a la Caja Bancaria, pero es lo mismo.

EC - El gobierno sostiene que ahora se reconoce el campo afiliatorio real. También hay de por medio un tema conceptual.

RS - Sí, es un tema conceptual, pero muy poco sólido, porque con este criterio todos los que tengamos una cuenta corriente en un banco un día vamos a tener que aportar a la Caja Bancaria. Acá se están incorporando a la Caja Bancaria empresas que tienen la mitad de su giro en el sector salud, empresas que hace 75 años que existen en el país, que ya estaban en el 94 cuando se amplió el campo afiliatorio. El problema es que la Caja Bancaria, con el sistema de beneficios que tiene, es inviable, entre otras razones porque los bancarios tienen, como otros sectores de la sociedad, afortunadamente, una esperanza de vida de 25 a 30% mayor que el resto de la población. Eso hace que sea un sistema mucho más caro.

Además, se está llevando a 4.500 trabajadores a una situación de bastante incertidumbre jurídica. Por ejemplo, ¿qué régimen de topes se va a aplicar? La ley habla de un tope de 41.920 pesos, pero hoy en verdad en la Caja Bancaria hay tres topes: para quienes no tienen 20 años bancarios el tope es de 18.000 y fracción y para quienes tienen entre 20 y 30 el tope es de 29.000. Esos topes intermedios, ¿van a seguir existiendo? Hoy existen por resolución de la propia Caja, por una norma que tiene más o menos la misma redacción que tiene hoy. La tasa de aportación con la que se entra, ¿se va a mantener? Los déficit de la Caja Bancaria no se solucionan con este proyecto. Es una tasa de bautismo, después va a haber ajustes en esa tasa.

Si se dijera que se pasa a la Caja Bancaria pero se mantiene el régimen mixto y se cotiza a la Caja Bancaria por lo que se cotiza al BPS, manteniendo el ciclo de ahorro en la AFAP, ahí mejoraría la situación de estos trabajadores. Si se dijera que es opcional, también mejoraría. Obviamente, algunos aspectos, como los impuestos que se cargan a las empresas que pasarían a la Caja Bancaria, no se solucionan por esa vía. En la propia ley está desfigurada la realidad. Lo que hay es un incremento de asistencia financiera que en lugar de ir a la Caja Bancaria va a ir al BPS.

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EC - ¿Usted tiene una alternativa?

RS – No. El Poder Ejecutivo planteó una alternativa inicialmente, que desde el punto de vista financiero era mucho mejor que esta.

EC - ¿A cuál alude?

RS - A la que presentó el Poder Ejecutivo en el año 2005, que fue rechazada por AEBU. Esta iniciativa intenta descomprimir la situación con el sindicato bancario y calafatea el barco para que siga navegando durante un tiempo. Reitero: buena solución no hay para la Caja Bancaria, siempre va a haber una disminución de las prestaciones de las jubilaciones en curso de pago, a través de los impuestos, lo que en definitiva implica una disminución de la jubilación; va a haber necesariamente recursos públicos afectados a financiar la Caja Bancaria, y progresivamente debería irse transitando hacia un régimen igual al general, probablemente incluso dentro del BPS.

EC - ¿Por qué era mejor el primer proyecto del gobierno?

RS - Porque equilibraba las cuentas de la Caja Bancaria.

EC - ¿Con qué instrumentos?

RS - Los instrumentos eran: menores prestaciones que este y elevación de la edad de retiro. Los bancos no aceptaban la elevación de la edad, los activos no aceptaban las menores prestaciones y los jubilados no aceptaban un mayor impuesto que había. Esa iniciativa del Poder Ejecutivo que planteó el ministro Astori en su momento tenía una consecuencia financiera mejor. Pero siempre una iniciativa es buena, mala, mejor o peor según cuáles sean los valores que se quieran priorizar. Esta iniciativa que está a punto de consagrarse probablemente sea de las peores, porque no soluciona en el largo plazo y empeora la situación de un colectivo de trabajadores; y lo empeora al solo efecto de no transparentar la realidad, que es la mayor asistencia financiera que va a recibir el BPS por los recursos que pierde.

EC - ¿Usted llega a considerar la solución de cerrar la Caja Bancaria?

RS - No, pero hay que buscar una solución que sea viable en el largo plazo. No es solución cerrar la Caja Bancaria. Todos los actores políticos y sindicales tienen responsabilidad en encontrar esa solución. Por aplicación de lo que se llama la regla prorrata témpore, prácticamente durante 20 años la Caja Bancaria solo va a recaudar dinero de este colectivo de trabajadores, pero casi no les va a pagar prestaciones. Las prestaciones de quienes pasemos a la Caja Bancaria van a ser mayoritariamente pagadas por el BPS. La solución no es buena, pero una buena solución –tengo que decirlo, subrayado, en negrita, destacado y con marcador fluorescente– no existe.

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EC - Interesante y preocupante su diagnóstico. Usted dice que no hay una buena solución y pudo haberla habido.

RS - Pudo haberla habido, pero tendría que haberse tomado la medida por lo menos hace cinco años, antes de que la Caja Bancaria perdiera todo su capital. En ese momento era posible un tránsito más ordenado hacia un sistema mixto, pero tampoco lograba pasar el Rubicón de la barrera ideológica del sindicalismo uruguayo.

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Transcripción: María Lila Ltaif