Las ONG presentaron este recurso porque reclaman que se realice un estudio de impacto ambiental, de manera de conocer los efectos que eventualmente este proyecto tendría sobre el área.

Desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se sostiene que se efectuaron todos los estudios correspondientes y que el proyecto no afectará negativamente la zona

Se trata de un emprendimiento turístico de importantes proporciones, en un predio de 240 hectáreas, divididas en 500 lotes frente al Atlántico y que ya están siendo ofrecidos en Buenos Aires. En total representa una inversión de 40 millones de dólares.

En el plan también está prevista la construcción de un puente que une José Ignacio, en Maldonado, con Las Garzas, en Rocha. Esta tarea estaría a cargo del empresario argentino Eduardo Constantini, dueño del proyecto.

Si bien ya fue aprobado por el intendente de Rocha, Artigas Barrios, y la Dinama, es resistido no solo desde organizaciones ambientalistas, sino también por ediles del Partido Nacional, que denunciaron irregularidades.

Entre estas organizaciones está Vida Silvestre, su abogada, Carolina Neme, habló sobre el tema con El Espectador.

"Pedimos que se haga un estudio, (...) consideramos que es necesario dada la magnitud de la obra y bueno, por eso lo efectuamos vía judicial, ya que vía administrativa no se exigió al emprendedor", afirmó Neme.

La organización aclaró que no está en contra del proyecto, siempre y cuando este respete todas las ordenanzas.

"Hicimos una investigación y vimos que la ordenanza costera no se había aplicado bien y tampoco la Ley de Ordenamiento Territorial. Queremos que se hagan las cosas en forma y si mediante un estudio se dice que eso no va a causar impactos negativos a esta zona, que la consideramos frágil y a su vez es un área protegida, (...) bueno, está bien", aseguró Neme.

Entre las irregularidades denunciadas está el cambio de categoría que la Dinama otorgó al proyecto, lo pasó de la categoría B, que implica riesgo alto, para luego ponerlo en la A, en menos de 30 días.

Para Neme, el proyecto debe ser evaluado con "rigurosidad, atención y objetividad", para evitar graves prejuicios en la configuración costera, la biodiversidad, el paisaje y el medio socioeconómico.

Desde tiendas políticas, los ediles nacionalistas, Silvio Cardoso y Alejandro Umpiérrez, denunciaron la violación de varias normas municipales. En declaraciones al diario Ultimas Noticias, sostienen que el predio no se puede fraccionar en más de 100 lotes, ya que es considerado "reserva de biosfera".

Recordaron también que Alicia Torres, directora nacional de Medio Ambiente, se opuso en más de una oportunidad al proyecto cuando era directora de la organización Probides.

Torres, que se encuentra en el exterior, dijo a El Espectador que la Dinama que el plan no presentaba ningún impacto que fuera inadmisible, por lo cual fue calificado. 

Para la jerarca el proyecto cumplió con todos los procedimientos previstos.

"Se vio que el proyecto tal cual era presentado era compatible con los objetivos que tiene esa zona, es una zona entre dos lagunas, sabemos que es una zona de alto interés desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista turístico. Lo que apuntamos nosotros, es que existan emprendimientos de desarrollo sustentables, que de alguna manera armonicen con los valores ambientales que tiene ese lugar", aseguró Torres.

Torres desmintió que el proyecto fuera recalificado. La jerarca dijo que en realidad son dos proyectos.

El proyecto original incluía ciertos riesgos para la Dinama, por lo cual fue calificado como B, y se dispuso la realización de estudios más amplios.

"Ese proyecto fue desechado por el propio emprendedor, siempre puede ocurrir, nosotros clasificamos cantidad de proyectos que luego no se llevan a cabo o que el emprendedor analiza hacerle modificaciones sustanciales. De manera que el proyecto que aparece nuevamente para nosotros es un nuevo proyecto, y por lo tanto, como es distinto hay que analizar el ambiente, que de repente es el mismo, pero el impacto que genera el proyecto que se genera, como es un proyecto distinto, la interacción proyecto ambiente puede ser distinta", afirmó Torres .

Este segundo proyecto presentaba, según Torres, diferencias sustanciales con el primero, por lo cual fue nuevamente analizado y clasificado, esta vez con categoría A, de autorización ambiental previa.

En cuanto al fallo de la Justicia sobre el recurso de amparo presentado por las ONG, sería conocido antes del fin de semana.