(emitido a las 8.57 hs.)

EMILIANO COTELO:
Junio, por lo visto, no será solo el mes de las elecciones internas. Si nos atenemos a los nubarrones que se ven en el horizonte, también será el inicio de una tormenta fuerte entre empresarios, gobierno y movimiento sindical.

El foco será el proyecto de ley de negociación colectiva, que comenzó a tratarse hace pocas semanas en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Este texto, que fue presentado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2007, es impulsado ahora por los legisladores oficialistas para que sea aprobado antes de setiembre.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) tomó la delantera, y cuando se presentó en el Parlamento dijo que "discrepa profundamente con todo el proyecto presentado, absolutamente con todo". Además, se dispone a librar una batalla para modificar el rumbo que está trazado.

Por eso, junto a otras 23 cámaras empresariales, decidió invitar a los 99 diputados a una conferencia que tendrá lugar el jueves de la semana que viene, en la que se fundamentará el rechazo del sector empleador.

¿De qué se trata esta movida?

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EC - Recibimos al ingeniero Diego Balestra, presidente de la CIU, y al doctor Gonzalo Irrazábal, ex director nacional de Trabajo y hoy asesor letrado de la CIU.

El ingeniero Balestra preside la CIU, pero ahora habla en nombre de las 24 gremiales empresariales.

DIEGO BALESTRA:
Exactamente, estoy en representación de un grupo de 24 cámaras que creemos que representamos el quehacer y el sentir del sector empresario nacional. Y quizás haya alguna información equivocada, porque la CIU no presentó ningún proyecto alternativo de ley de negociación colectiva. Todas las cámaras –porque este es un trabajo conjunto que venimos llevando desde hace más de dos años, casi tres– ponemos a consideración, como lo hicimos con el señor presidente y con las autoridades de gobierno, la mayor disponibilidad y el compromiso de llevar adelante una nueva ley de negociación colectiva redactada en conjunto desde el vamos.

Para empezar por el principio con este tema, me gustaría focalizar a quién queremos pasar este mensaje. Queremos pasar este mensaje a todos los empresarios, a los almaceneros, a los supermercadistas, a los carniceros y a los frigoríficos, a los panaderos y a los molinos, a los taximetristas y a los transportistas. A todos los empresarios, los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios de este país, que hacen al quehacer nacional, que hacen que el país tenga un desarrollo productivo, que han decidido invertir su capital a partir de una idea, de un desarrollo, que han decidido apostar a este país, que han decidido arriesgar y que tienen que ver con nada más ni nada menos que con la generación de más de un millón de puestos de trabajo. Esta gente que hace una cadena de producción, que son los empresarios de nuestro país, son los responsables de este número tan importante de puestos de trabajo.

EC - ¿Por qué dice que en esta movilización se dirigen a ellos, a los empresarios individualmente considerados, a los grandes, a los medianos y a los chicos? ¿Por qué ese énfasis?

DB - Porque por primera vez se pretende llevar adelante un proyecto que tiene que ser bipartito, que atañe a la regulación de dos sectores, el sector empleador y el sector trabajador, con la total oposición del sector empleador. Es realmente insólito. Y queremos advertirles a estos empresarios, porque esto no llega abajo, porque los empresarios están muy preocupados por el día a día, en solucionar los problemas, no son conscientes de que si esta ley se aprueba, al otro día su forma de dirigir la empresa va a cambiar radicalmente. Ya no van a ser más dueños de tomar la decisión como la tomaban hasta el día anterior a que esta ley fuera aprobada. A partir de ese momento los empresarios tendrán un tercio de la decisión, los otros dos tercios serán uno del gobierno y uno de los sindicatos. Y eso cambia radicalmente lo que les pasa a las empresas.

Pero ese empresario debe tener claro que de todas maneras el responsable de los impuestos y de su empresa frente al Estado va a seguir siendo él. Y también va a ser el responsable y el que va a pagar las consecuencias si le va mal, si su empresa pierde dinero el único que va a sufrir las consecuencias va a ser él.

Esto no es alarmismo, no ponemos el tema arriba de la mesa para provocar depresión, pánico o sinsabores, y mucho menos es oposición político-partidaria, como suele decirse en contra de los dirigentes empresariales cuando hacen apreciaciones que no van en la línea que el gobierno quiere. Esto es lo que dice un proyecto de ley que está para ser votado en un momento totalmente increíble para lo que es la legislación en este país.

EC - ¿Por qué sería este un momento increíble para votar una ley de negociación colectiva?

DB - Porque es votar una ley de negociación colectiva, que necesita grandes consensos, y que a su vez va a marcar las pautas de trabajo de aquí en adelante durante muchos años, en un momento preelectoral, en plena campaña, sin la debida tranquilidad para el análisis, para recibir a los intervinientes. Como se ha hecho con toda la legislación laboral en este gobierno; por más que se habla de consensos, nunca hubo la mínima disposición a tener en cuenta al sector empresario en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Queremos advertir esto claramente para que a los empresarios no los tome desprevenidos. Insistimos: los empresarios y las cámaras empresariales que representan a todos los empresarios de este país planteamos y asumimos un compromiso, queremos una ley de negociación colectiva, pero queremos ser partícipes en su redacción desde el primer momento, no queremos, como ha sucedido hasta ahora, recibir un texto elaborado, rotulado como "borrador", pero que posteriormente se aprueba, digamos lo que digamos. La posición del empresario no ha sido tenida en cuenta. Y este es un tema de gran profundidad, trae consecuencias muy profundas sobre la capacidad de empleo, sobre la posibilidad de desarrollo empresarial, sobre la capacidad de inversión y el espíritu emprendedor y sobre la visión que van a tener de nuestro país del exterior como una plaza apta para tener buenas relaciones.

EC - El análisis, el diagnóstico que hace el ingeniero Balestra representando a las cámaras empresariales a propósito de este proyecto de ley es lapidario y muy dramático en cuanto a cuáles serían los efectos de este articulado en caso de que se aprobara. Sería bueno conocer más en detalle los argumentos, y para eso va a ser útil la presencia del doctor Irrazábal.

***

EC - El ingeniero Balestra decía que la CIU y las cámaras empresariales no se oponen a que haya una ley de negociación colectiva, que el problema es cómo se está avanzando en ese proyecto y, por otro lado, cuál es el articulado concreto de este texto.

Doctor Irrazábal, ¿qué es una ley de negociación colectiva?

GONZALO IRRAZÁBAL:
La negociación colectiva es un instrumento por el cual los trabajadores o un grupo de trabajadores, y la empresa o un grupo de empresas, se ponen de acuerdo en cómo regular las relaciones que los van a regir. Eso es la negociación colectiva, para decirlo en términos sencillos y no muy académicos, y eso es lo que intenta la ley: regular un procedimiento marco para definir cuáles son las reglas de juego.

EC - Hasta ahora en Uruguay no teníamos ese marco legal, y esa era una de las observaciones que realizaba la OIT, por ejemplo.

GI - Exactamente. El tema es que estamos de acuerdo en tener una ley que regule esto, porque la ausencia provoca incertidumbre jurídica, y la incertidumbre jurídica desalienta la inversión, es un fenómeno directo. Pero una ley que pretende lograr el consenso de las partes, lo menos que tiene que tener es consenso para sí misma, y no lo tiene. No se puede esperar un buen producto de una ley que busca el consenso, si la propia ley no lo lleva en sí misma.

EC - Ustedes han sido muy frontales, usted mismo dijo en comisión de la Cámara de Diputados que esta gremial, la CIU, pero por lo visto las otras cámaras empleadoras también, discrepa profundamente con todo el proyecto presentado, absolutamente con todo, más allá de hacer hincapié en algunos puntos centrales. ¿Por qué el rechazo es absoluto?

GI - Primero el qué y el cómo. El cómo fue el proceso de negociación de esta ley: no hubo negociación, no hubo intercambio de opiniones. Y en el cómo, esta ley es tan importante –lo decíamos en el Parlamento– tanto por lo que consagra como por lo que expresamente omite consagrar. Ahí es que se produce un desequilibrio peligroso para el sistema de relaciones laborales.

EC - ¿Un ejemplo de lo que omite consagrar?

GI - La obligación de paz laboral. ¿Cuál es el producto de una negociación colectiva? Un convenio colectivo, un acuerdo. ¿Qué buscan las partes en ese acuerdo? Hacerse recíprocas concesiones y obtener la paz laboral, que no es sino un aspecto de la paz social. Y resulta que eso no se regula. Y se regula solo uno de los sujetos, las obligaciones de los empleadores, no las obligaciones de los trabajadores; también es peligroso para el sistema.

EC - ¿Qué obligaciones de los trabajadores no están reguladas?

GI - No está regulado, por ejemplo, el voto para la toma de determinadas decisiones, no están regulados los mecanismos de autotutela o de defensa cuando se toma una medida ilegítima o no reglamentaria. No está definido cómo se eligen los representantes de los trabajadores. No está definida la responsabilidad cuando violan algo que se consagra aquí, el derecho a la información. La empresa da información, toda información de la empresa es estratégica, y dice que va a ser garantizada con la obligación de reserva. Pero si no tienen personería jurídica, si no son responsables jurídicamente, ¿contra quién ejerzo esa responsabilidad? Es absurdo decir que alguien es responsable pero después no se le puede definir esa responsabilidad.

EC - Esos son algunos ejemplos de lo que la ley omite regular. Pero ustedes también están preocupados por lo que sí regula. Vamos a manejar algunos ejemplos.

GI - Primero, consagra directamente, sin tapujos, la intervención del Estado en todas las relaciones laborales. Es decir, las relaciones que deben ser, por definición y porque así lo indica la OIT, entre empresarios y trabajadores, aparece un tercero; definitivamente se consagra el dirigismo estatal, el intervensionismo estatal, en una relación que regula dos partes aparece un tercero. Y ¿dónde aparece un tercero? En la creación de la figura del Consejo Superior Tripartito, que está integrado por las tres partes, pero tiene mayoría de integrantes del Poder Ejecutivo. Esto implica una especie de reaseguro del Ejecutivo, porque la votación termina siendo nominal.

EC - Aquí habría que explicar para qué se propone el Consejo Superior Tripartito. De hecho, este consejo ha estado funcionando en estos años.

GI - Se convocó y funcionó solo el primer año, los otros años no. Se concurría para legitimar decisiones ya tomadas, pero en los últimos años ni siquiera se convocó ese instrumento que creó esta propia administración. Ese consejo puede estudiar y adoptar iniciativas en los temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta y la negociación, pero aparte debe considerar y pronunciarse sobre las cuestiones relacionadas en los niveles de negociación. Son los incisos d) y e) del artículo 10. Quiere decir que tiene una intervención en las cuestiones relacionadas con los niveles de negociación.

EC - En el artículo 7, que lo crea, se establece: "Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales". Ese es el objetivo, para eso se lo crea.

GI - Se lo crea para que tenga una incidencia, un dirigismo, una posibilidad de dirigir y gobernar las relaciones laborales en un término que es inédito en nuestro país. Y la forma de hacerlo es que presente iniciativas y se pronuncie sobre las cuestiones relacionadas con el tema laboral. Pero ese mismo artículo 9 establece que tiene integraciones distintas, seis, seis y nueve por el Ejecutivo, y que el voto de cada uno de los integrantes es individual. Quiere decir que en cualquier decisión que se tome allí –porque después la otra injerencia, muchísimo peor, está en los Consejos de Salarios– el Poder Ejecutivo, con mayoría de integrantes, aparte de ser una tercera parte, puede incidir en uno o en otro sentido, cualquiera sea la administración que esté en el gobierno. Puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Es lo que decía el ingeniero Balestra, se puede presentar cualquier tema para analizar allí y termina decidiendo una tercera parte totalmente ajena a la empresa, el Estado, porque vuelca la balanza hacia uno u otro lado.

EC - ¿En qué tipo de asuntos? Un ejemplo.

GI - Por ejemplo, lo establece también para los Consejos de Salarios: "Condiciones de trabajo"; ¿qué son las condiciones de trabajo? Por ejemplo –y eso es lo que hay que advertirle al empresario–, los trabajadores se presentan diciendo que quieren un aguinaldo extra, un beneficio, en fin, en los Consejos de Salarios a veces hemos recibido 34 puntos como plataforma reivindicativa. Un aumento de salarios, un beneficio extra, un aguinaldo, más vacaciones, beneficios para la familia, todas cosas muy legítimas, pero quien decide eso es la mayoría, pueden ser los trabajadores y puede ser el gobierno, si se inclina la balanza hacia ese lado. Quiere decir que quien va a determinar cómo se rige mi empresa en definitiva son las otras dos partes por votación. Pero también puede ser un plan estratégico; yo innovo tecnológicamente, traigo una máquina, pero el sindicato se opone porque dice que desplaza trabajadores, me define si esa máquina va a ingresar o no. Pero también sobre un plan estratégico, sobre un mercado, sobre la información que debo proporcionar. Entonces pierdo la posibilidad de dirigir mi propia empresa.

EC - ¿Eso no ocurre de esta manera en otros países?

GI - En ninguna parte del mundo, porque la OIT, en un comunicado, en una nota que le envió al Poder Ejecutivo, no a las cámaras, le dice que eso viola los convenios internacionales; el tripartismo es para el salario mínimo, no para la negociación colectiva, que debe ser bilateral y voluntaria. ¿Qué quiere decir que sea voluntaria? Que yo cuando me siento a negociar debo hacerlo voluntariamente. Esto nos obliga a negociar. ¿Y por qué debe ser voluntariamente? Porque el resultado es cumplible, es más fácilmente perdurable en el tiempo; si yo soy obligado a negociar poco puede durar el resultado de esa negociación.

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JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El ministro ha defendido este proyecto señalando, con respecto a ese punto que manejaba el doctor Irrazábal, que si bien el proyecto obliga a negociar, no obliga a acordar, que es una diferencia muy importante. ¿Qué dicen al respecto?

GI - El ministro ha dicho que no obligaba a negociar; ahora aceptó que obliga a negociar. Pero si yo tengo la obligación de sentarme a intercambiar opiniones y eso termina en una votación, ¿cuál es mi libertad de no acordar? No existe, porque termina en votación. No entiendo lo que quiere decir el ministro.

DB - Eso sería válido si fuera como debe ser y como lo plantea la OIT, que la negociación debe ser libre y bipartita. En el momento en que se confunde y se hace tripartita, al no ser libre yo tengo que ir, y al ir hay votación, y como son tres partes, si la correlación de fuerzas está como está con este gobierno, que sistemáticamente no ha tenido en cuenta al sector empresario, es evidente que el dos a uno es un hecho contundente. Y eso es muy peligroso aunque los gobiernos puedan tener diferente signo, diferente posición; es peligroso porque no es justo. No es justo que pase esto hoy al final de un período, o que pase al final de un período diferente. No es justo para el que lo ve de fuera.

JAE - ¿Hay una advertencia con respecto a la aplicación de esta ley porque está este gobierno, o hay un cuestionamiento al mecanismo, a la estructura de decisión final?

DB - No estamos en contra porque esté este gobierno, porque en definitiva esto es un proyecto de ley, y toda la legislación laboral que se ha llevado hasta el momento ha sido mala, pero no es porque esté este gobierno. El concepto es otro, es que no es justo. ¿Qué ha pasado aquí? El país pasa de un sistema totalmente desregulado, como era hasta que asumió este gobierno, en el cual no había nada regulado, era todo libre, a un sistema en el que se regula solo a uno de los actores. Ese es el gran problema.

EC - ¿Entienden que si se va a regular también tiene que regularse el derecho de huelga?

DB - Por supuesto, como ha pasado en Chile, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en los países avanzados. Si vamos a regular, tenemos que regular todo, es necesario regular todo, y que todos tengamos las reglas de juego muy claras. No pueden quedar al libre albedrío de administraciones que puedan tener un signo u otro o de voluntades de sindicatos o de dirigentes empresariales que puedan darles un sesgo hacia un lado o hacia otro. Tienen que ser reglas absolutamente claras, no puede quedar en "después vemos cómo lo arreglamos". Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo muy bien de entrada. Eso es lo que plantea el sector empresario, ese es el gran riesgo que se corre con esto. Es un problema de una gravedad tal que no se están viendo las consecuencias. Si esto se aprueba y sale hacia fuera, el sistema laboral de Uruguay va a ser visto de una manera muy negativa, lo que necesariamente va a afectar la capacidad de trabajo de este país.

EC - Entre otras cosas –lo dijo al pasar el doctor Irrazábal– el proyecto define los alcances de los Consejos de Salarios, modifica la ley del año 1943. Ustedes sostienen que se establece una ampliación desproporcionada de los cometidos de los Consejos de Salarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto?

GI - El punto es clarísimo, porque el artículo 12 cuando habla de la competencia de los Consejos de Salarios establece que regularán también las condiciones de trabajo, cuando en realidad los Consejos de Salarios del año 43 establecían solo la competencia, los salarios mínimos y las categorías. Eso es lo que dice el convenio 131.

EC - El convenio 131 es el convenio de la OIT.

GI - Es el convenio internacional de trabajo, suscrito y ratificado por nuestro país. Violando lo que dice un convenio suscrito y ratificado por nuestro país, se incorpora que los Consejos de Salarios en forma tripartita, que termina en una votación, deciden las condiciones de trabajo. Y esas dos palabras, "condiciones de trabajo", fueron agregadas en el articulado de forma tal que el Poder Ejecutivo, la administración, el Estado, el gobierno, cualquiera sea este, va a tomar las decisiones de la empresa en nuestro país, apoyando en uno u en otro sentido.

EC - En la exposición de motivos del proyecto se dice que la competencia de los Consejos de Salarios "se ajusta a lo previsto en el artículo 83 de la ley 16002 de 25 de noviembre del 88, abarcando las condiciones de trabajo, ampliando así los posibles contenidos de la negociación, asumiendo también la experiencia de las diversas convocatorias".

GI - La exposición de motivos también dice cosas que no se reflejan en el texto. Dice que las relaciones colectivas de trabajo conforman una tríada compuesta por la organización sindical, la negociación colectiva y el conflicto. Este proyecto regula solo dos, curiosamente: la negociación colectiva y el conflicto; no regula la organización sindical. Ni siquiera hay coherencia entre la exposición de motivos y el propio articulado.

EC - Pero con respecto a lo que le preguntaba, no recuerdo el texto de esta ley 16002, pero según la exposición de motivos en esa norma se apoyan las nuevas competencias que el proyecto les atribuye a los Consejos de Salarios.

GI - Lo cierto es que los Consejos de Salarios no tenían esa competencia, por eso específicamente se las incluye ahora, y lo que también claro, más allá de lo que diga la citada ley, es que viola un convenio ratificado por nuestro país. Tan claro como eso. La ley anterior no lo tenía, por eso se lo introduce, y va contra la norma internacional.

JAE - En el artículo 4 el proyecto establece que "las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva". Ustedes cuestionan este punto; ¿por qué?

GI - Primero, porque no se establecen sanciones para la violación de la obligación de reserva. La única obligación que se le impone a la otra parte no tiene garantías, no puedo ejecutar esa obligación, no son personas jurídicas. ¿Quién es el responsable de la omisión? ¿El que fue a negociar?, ¿el sindicato? ¿Quién es? No es persona jurídica, no sé quiénes tienen personería gremial, pero no están obligados a tener personería jurídica. ¿Contra quién ejecuto esa violación de confidencialidad que me provoca perjuicios económicos directos e inmediatos? No puedo iniciarles un juicio, no puedo ejecutar esa responsabilidad.

JAE - ¿Eso no podría estar en la reglamentación de la ley?

GI - Claro, en la reglamentación de la ley ampliando las competencias de la ley. Preferiríamos que estuviera primero en el proyecto de ley que por lo menos tiene la posibilidad de recibir aportes en el seno del Parlamento. En primer lugar, no confiamos en que haya aspectos centrales que se regulen por decreto y no en una ley. La materia reservada a los decretos es materia de instrumentación, no la concesión de garantías, que es lo que se está pidiendo acá.

JAE - El tema de la información es un elemento crucial en toda negociación. De hecho, el ex sindicalista y actual diputado Juan José Betancor ha defendido este artículo, ha sostenido que "la información siempre ha sido motivo de discrepancia y/o respeto, que habrá que afinar más lo que tiene que ver con resguardar mucho la información. En general nos manejamos con la información necesaria y suficiente, nunca se pidió toda la información, porque sería la mejor forma de matar a un sindicato."

Por aquí el oficialismo introduce la intención de rever, revisar o ajustar esta norma.

GI - Es fácil, ese aspecto se regula siendo responsable personal, institucional y sobre todo patrimonialmente el que recibe la información. ¿Hoy cómo se hace? Como no está reglamentado: concurro, me piden información, y yo puedo decir: "Le doy la información; ¿quién me firma este contrato de 25 cláusulas donde se hace responsable patrimonial y personalmente?". Nadie dice "yo". Alguien tiene que decir "yo le doy todo". Le doy libre acceso a mis libros, pero alguien me responde con su patrimonio. Nadie firma, nadie dice "yo", y se terminó la discusión de la información.

EC - Ustedes han resuelto movilizarse en contra de este proyecto, al punto de que han logrado una coordinación en esta materia con las otras 23 cámaras empresariales. ¿De qué manera van a actuar? ¿Qué pasos tienen previsto dar?

DB - Los primeros pasos son tratar de informar a los empresarios qué es lo que este gobierno, esta administración pretende llevar adelante. No es una tarea fácil, y mucho menos sencilla. Como primera medida estamos tratando de que todos los empresarios se pongan en contacto con sus gremiales sectoriales, y en caso de no poder hacerlo, la CIU tiene la información colgada en su página web . Ahí está el proyecto de ley y la explicación y el análisis hecho por los abogados de las diferentes gremiales. Estamos tratando de que exista un mínimo de raciocinio y de coherencia en los parlamentarios de este país para que comprendan que no pueden votar una ley que tiene la trascendencia de esta, la importancia de esta, sin el apoyo de uno de los sectores, sería totalmente negativo.

EC - Están dando un paso que no sé cuántos antecedentes tiene, porque más allá de que cada una de las gremiales empresariales está concurriendo a la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, han organizado para el jueves que viene una conferencia a la que invitan a todos los diputados, a los 99 diputados, no solo a los de la comisión correspondiente. ¿Qué es esto?

DB - De la misma manera que muchos empresarios no tienen la menor idea de lo que está pasando, creemos que muchos diputados tampoco conocen en profundidad estos temas, porque se tratan en comisiones. Pero este tema tiene tal magnitud que lo queremos sociabilizar entre todos los diputados. Aunque sabemos que la bancada oficialista tiene la obligación de votar cuando acuerda, por lo menos que sean conscientes de lo que van a hacer. Que sean conscientes de que el tema va mucho más allá de una simple votación en un momento, que se está haciendo sin la calma necesaria para analizar un proyecto de esta magnitud, y que Uruguay con esta ley, como complemento de todo otro paquete de leyes y decretos que esta administración ha sacado, va a ser visto desde fuera de una manera diferente. Y hacia dentro, hacia los empresarios uruguayos le puedo asegurar que más de uno va a pensar seriamente si sigue siendo un país interesante para seguir invirtiendo.

EC - Desde la audiencia llega una cantidad de mensajes en torno a esta entrevista. Por ejemplo, José, del Centro, dice: "Me parece que este señor está asustado. A negociar y a ser un poco más justo. Punto".

¿No existe ese margen?

DB - Yo comparto lo que dice el señor. No estoy asustado, estoy preocupado; no es lo mismo una cosa que la otra, pero queremos negociar y no nos dejan negociar. Eso es lo que no se comprende, esta ley viene de puño y cuño del Poder Ejecutivo sin la intervención del empresariado. El empresariado no acepta, quiere cambiar y no lo dejan, le dicen "es esto", y tiene el apoyo de los sindicatos. Entonces es una ley de cuño sindical y del gobierno. Eso es lo que vamos a tener. Por supuesto que no la queremos, queremos negociar, y no nos dejan. Si una mayoría circunstancial como la que tiene ahora admite y permite que se avasallen los intereses de un sector íntegro y grande que genera nada más ni nada menos que la friolera de un millón de puestos de trabajo, nos estamos equivocando feo los uruguayos, deberíamos considerar un poquito más lo que se dice, lo que se piensa y lo que se analiza, y sacarse de arriba los colores.

***

DB - Los empresarios, y sobre todo los dirigentes empresariales decimos que somos oficialistas por naturaleza, porque precisamos que al gobierno de turno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien le va bien al país, y si le va bien al país les va bien a los empresarios, y si a los empresarios le va bien le va bien al país entero.

Transcripción: María Lila Ltaif

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Informe del Dr. Leonardo Slinger sobre la regulación legal de la negociación colectiva