(emitido a las 07.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El semanario Brecha incluye una crónica con el título "El anónimo que sabía demasiado". Empieza diciendo que "el sistema político se vio sacudido esta semana por la investigación judicial que busca determinar si existe corrupción en ciertas compras de la Armada. El asunto dejó al descubierto la falta de control estatal y de transparencia en la Marina respecto al manejo del dinero público y las denuncias del Ministerio de Defensa que fueron ocultadas a la ciudadanía". Este último es uno de los puntos en el que pone énfasis el periodista Walter Pernas.

La nota después dice que "la justicia especializada en asuntos del crimen organizado está investigando presuntas conductas delictivas en la Armada a partir de denuncias anónimas parece un síntoma de descreimiento sobre todo el sistema político sin distingo de partidos ni cargos. La denuncia inicial, que aportó datos certeros sobre una presunta maniobra dolosa en la compra discrecional en 2008 de una grúa y de un banco de prueba de motores por los que se habría pagado 600.000 dólares, esa denuncia inicial no fue confiada a las jerarquías del Ministerio de Defensa, ni a la comisión de Defensa del Parlamento, tampoco a ningún político ni policía. Fue presentada directamente ante la justicia, sin remitente ni firma", dice el autor de la nota.

"A partir de ese hecho, y del inicio de la indagatoria judicial, comenzaron a destaparse diversos casos que involucran a militares: sus compras abusivas bajo el rubro de "libre disponibilidad de dinero", maniobras con vales de nafta y tickets de alimentación, el uso presuntamente turbio de algunas cuentas bancarias".

"Además –agrega Brecha- la sociedad se entera ahora de que en 2009 el entonces ministro de Defensa, José Bayardi, había presentado una denuncia penal que involucra al también ex titular de esa cartera Yamandú Fau, por el manejo de una cuenta bancaria en la que se depositaba dinero para pagar alquileres de casas de militares residentes en el exterior, entre otros usos. Bayardi dijo que no dio a conocer esta información y otras en las que algunas presuntas irregularidades fueron denunciadas en los juzgados porque ‘no quería hacer política con la justicia’".

Y allí viene el comentario crítico que incluye este artículo, dice: "resulta llamativa esa declaración en tanto es difícil concebir a un político que no quiera hacer política, más cuando en otras oportunidades Bayardi ha hecho todo lo contrario a lo que ahora pregona, justo luego de que el asunto cobra notoriedad. El ex ministro olvidó en todo caso algo muy importante más allá de las consideraciones políticas y es nada más ni nada menos que la transparencia que debe existir en las actuaciones públicas. La ciudadanía quiere y debe estar informada de cada una de las acciones relevantes y vaya si una denuncia penal lo es; la ciudadanía quiere y debe estar informada de cada una de las acciones relevantes que un organismo público emprende.

El ministro no informó entonces sobre la presunta responsabilidad de Fau, pero tampoco sobre todas las demás irregularidades detectadas por la Auditoría Interna de la Nación que involucran a varias reparticiones de la cartera que él dirige. Según supo Brecha de fuentes del sistema judicial las denuncias describían eventuales maniobras en cantinas militares, el manejo sospechoso de los rubros provenientes de la ONU, la habilitación anormal de intervenciones quirúrgicas en el exterior de la que se benefició algún militar de alto rango entre otros. Eso estaba incluido en la lista de irregularidades detectadas por la Auditoría Interna de la Nación que por lo visto fue base de aquella denuncia penal presentada por Bayardi", destaca el periodista Walter Pernas en Brecha.


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EC – Otras repercusiones por supuesto las hay a nivel parlamentario. Estamos en comunicación con el diputado Javier García, de Alianza Nacional, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. ¿Cuál es su análisis?

JAVIER GARCÍA:
Si estas cosas se confirmaron o algunas se confirmaron son hechos graves. Hay que tener una actitud de responsabilidad y de no empezar en operaciones políticas alrededor de cosas que lo importante que tienen es conocer la verdad, llegar a determinar responsabilidades si las hay, y no hay que dedicarse a sacar tajos políticos de cada una.

EC – ¿Y qué tajos políticos se están tratando de sacar?

JG – Es que estas últimas horas abundan los mismos. Yo le dije al ministro Rosadilla hace tres días cuando nos invitó junto al diputado Amy, que es el presidente de la Comisión, y al diputado Semproni, que creo que habría sin duda ninguna tres niveles de responsabilidad si se confirma. Hay una responsabilidad judicial que la está analizando la justicia, por camino independiente como corresponde y que está en sus manos el seguimiento de las mismas. Un camino administrativo que es el que el Ministerio de Defensa y el ministro en particular han llevado adelante en dos niveles: de investigaciones administrativas cuando tiene sospecha de irregularidades y la determinación de algunas llegadas a Montevideo y algunas personas oficiales de la Armada que están a disposición del Ministerio.

Y le agregaba yo: "mire ministro pero también responsabilidades políticas tiene que haber, no en su caso porque hasta este momento estas son cosas que se evalúan dinámicamente, pero hasta este momento usted hace cuatro meses que asumió estas denuncias aparentemente le llegaron un mes atrás, usted dispuso las investigaciones administrativas, dispuso los retornos a Montevideo de oficiales que están a su disposición. Por ahí creo que se está actuando. Y yo le digo sin que me comprendan las generales de la ley porque pertenezco como usted bien sabe a la oposición y el ministro es el ministro".

Pero también es verdad que hay hechos que el mismo ministro nos anunció el otro día que estaban investigando como este de las lanchas que hace dos años, exactamente dentro de diez o quince días se cumplen dos años de la fecha, que del Partido Nacional (PN) habíamos solicitado que se investigaran y que en su momento el oficialismo decidió no investigar. ¿Por qué razón? No lo sé. Me parece que hubo un reflejo primario que dice que como venía la oposición estaba hecho para obstaculizar y para hacer jugadas políticas y no para encontrar la verdad. Resulta que ahora...

EC - ...Pero lo que se solicitaba desde el PN era una comisión investigadora en el Parlamento.

JG – Exactamente. Eso motivó en su momento la llamada al ministro a la Comisión de Defensa; motivó incluso pronunciamientos del Tribunal de Cuentas también en agosto de aquel año y el oficialismo se negó como se había negado un año antes. En aquel momento la denuncia con respecto a las lanchas la formuló el diputado José Carlos Cardoso. Yo integré la investigadora. Fue en 2008, digamos que desde mayo hasta agosto o setiembre. Un año previo, en 2007, yo había formulado la denuncia con respecto a un cargamento de proyectiles que venía en un buque de la Armada desde Venezuela y que participaba de una triangulación que involucraba a Irán, Caracas, Montevideo.

EC – ¿Para usted aquellos dos episodios del período de gobierno anterior que está mencionando están involucrados en el mismo paquete, forman parte de todo el mismo contexto que estas denuncias que ahora se mencionan?

JG – Tienen algún hilo conductor que esas denuncias vinculaban a la Armada. Eso es lo objetivo. Pero por el tema de las lanchas el propio ministro nos dijo el otro día "también estoy investigándolo". Estamos allí varios diputados, entonces digo "ministro: hace dos años que sabemos que hay indicios de que acá hubo cosas que no correspondían, que se pagaron por esas lanchas precios de oro cuando no lo valían".

EC – ¿La respuesta del ministro Bayardi cuando ustedes hicieron ese planteo, lo contaba usted recién, fue que había que evitar que esto se convirtiera en una operación política?

JG – No. El Ministerio en general y todos sus asesores sostenían que las compras estaban perfectamente hechas a pesar de que nosotros demostramos que notoriamente lo que se estaba pagando eran sobreprecios por arriba de lo que decía el mercado. Pero al mismo tiempo hasta el Tribunal de Cuentas decía que el mecanismo que se estaba usando de compras no correspondía...

EC - ... ¿Cuál fue el argumento?

JG – Que estaba todo bien hecho, el argumento es simple: usted dice que está mal, yo digo que está bien. Después se llevó al Parlamento y en el Parlamento la bancada oficialista votó unánimemente en contra la constitución de una investigadora.

EC – Por otro lado, ahora en estos días nos estamos enterando que el propio ministro Bayardi hizo en el año 2009 una denuncia penal por distintos hechos presuntamente irregulares que surgían de un informe de la Auditoría Interna de la Nación y en particular que involucraban al ex ministro Yamandú Fau pero que no dio a conocer esa denuncia porque no quería "hacer política con la justicia". ¿Cómo encaja este otro elemento en el tablero?

JG – Lo que me parece a mí sinceramente es que como el ministro Rosadilla el martes en la conferencia de prensa usó una frase que pegó durísimo en la interna del Frente Amplio (FA) cuando dijo "acá va a haber responsabilidades y si corresponden a ministros o ministras también se verán", motivó una operación política al día siguiente para poner otro nombre arriba de la mesa que tratara de diluir lo que había dicho el ministro antes. Eso me parece que es lo que no corresponde jugar a ver quién hace el tajo, quién saca el tajo más grande, con estas cosas que son graves me parece que lo más importante es conocer la verdad.

La enseñanza que queda es que la oposición cuando plantea cosas no tiene por qué hacerlo a partir de la voluntad de dañar al gobierno. Cuando plantea elementos pueden tener -y eso es lo que tiene que razonar el oficialismo- elementos que sean para colaborar en hechos tan importantes como agregarle transparencia al sistema de compras públicas.

No hay que decirle que no a todo lo que plantea la oposición por el mero expediente de que es oposición. Ni la bancada oficialista tiene que arrodillarse y decir que sí a todo lo que viene del gobierno por el simple expediente de que viene del gobierno y el Poder Ejecutivo manda porque si fuera así Montesquieu no tendría razón de haber existido. Para algo existen tres poderes que tienen tres funciones absolutamente diferentes.

EC – ¿Qué respuesta obtuvo del ministro de Defensa actual, Rosadilla, qué dijo de esto?

JG – Dijo que está investigando estas cosas.

EC – No, se lo pregunto sobre todo a propósito de qué cabe esperar del manejo a nivel político de toda esta situación, qué cabe esperar del manejo a nivel parlamentario. Por ejemplo, ahora el Partido Colorado (PC) anuncia que va a solicitar que se cree en el Parlamento una comisión investigadora.

JG – El ministro Rosadilla habló con nosotros el martes al mediodía un rato antes de la conferencia de prensa y le dije primero que le agradecía el gesto de que informara, que me parecía un gesto de buena voluntad que contribuía, pero que al mismo tiempo ese gesto de hablar informalmente con los partidos políticos no suple lo que es el régimen normal de control parlamentario en el sistema democrático y es que el Parlamento controla al Poder Ejecutivo y no suple en ninguna instancia parlamentaria. El ministro coincidió con ello, no tiene otra forma, pero aparte lo hizo honestamente.

El lunes estaba planteado que el ministro concurriera a la comisión de Defensa del Senado. Hice las gestiones ayer con el presidente de la Comisión de Defensa de Diputados solicitándole que se comunicara con su par del Senado para que la reunión fuera conjunta. El resultado: el viernes vamos a recibirlo conjuntamente en la Comisión de Defensa del Senado que ha invitado la Comisión de Defensa de Diputados.

Ahora surge este planteo del PC, es absolutamente analizable, yo quisiera esperar primero la reunión del lunes y posteriormente una reunión en el seno del PN porque me parece que hay que apostar al objetivo de la transparencia y de normalizar el funcionamiento de un arma.

EC – ¿Qué podría aportar ahora cuando ya se están desarrollando investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa y cuando ya está actuando la justicia penal, qué podría aportar una investigadora parlamentaria?

JG – Por eso yo le decía vamos a analizarlo, quiero escuchar, desde el PN no surgió la iniciativa de la comisión investigadora.

EC – No, la iniciativa colorada viene incluso a pedido del ex ministro Fau.

JG – Por eso, hay una propuesta, como le acabo de decir vamos a analizarla. Hasta este momento creemos que los pasos que se están dando del Ministerio de Defensa son correctos, son adecuados, y vamos a evaluarlos permanentemente. ¿Está la justicia actuando por otro lado? Entonces nosotros vamos a escuchar al ministro en la Comisión de Defensa el lunes, a ver qué es lo que aporta de nuevo, qué es lo que informa.

Estas cosas hay que analizarlas con seriedad como le dije al minuto cero que usted me llamó y con cautela, sin pretender a ver quién saca el tajo más grande o trata de abrir el abanico y decir "mal de muchos", porque resulta que ahora se cuestiona que haya responsabilidades políticas, dicen "no, las responsabilidades están en los oficiales o mandos navales que hayan tomado tales actitudes". Podemos llegar a esta paradoja: cuando hay que cortar cintas hay ministro de Defensa, ahora cuando hay problemas no hay ministro de Defensa. Ahí las responsabilidades son todas de las oficiales, no, espere, arriba de los militares en todo sistema democrático hay un ministro político.

Es más: en el anterior período de gobierno, en el que empezó en el año 2005, se tomaron diferentes iniciativas legales para poblar de cargos políticos de particular confianza el Ministerio de Defensa. Primero se cambió una ley que establecía que el director general del Ministerio era de rango militar de coronel o similar, pasó a ser civil, y en la Ley de Presupuesto del 2005 se crearon siete u ocho cargos de particular confianza política. En leyes de Rendición de Cuentas posteriores se aumentaron a diez o doce cargos más. Hoy debe haber no menos de quince cargos de confianza política en el Ministerio, de todo tipo. Cuál es el discurso que se decía: con estos cargos vamos a retomar el mando político sobre el funcionamiento del Ministerio. Resultado: en el 2008 pasaron 600.000 dólares por debajo de un mantel y nadie los vio.