(emitido a las 7.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Cómo tratar a los menores infractores y qué hacer con ellos una vez que dejan de ser menores es un tema recurrente en el debate político desde hace por lo menos dos o tres años. En estas horas, está muy vigente a raíz del caso de "el Maikol" en Paysandú.
    
Ayer, para impulsar la iniciativa de mantener los antecedentes judiciales de los menores infractores, legisladores blancos se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Concretamente, los diputados del sector Aire Fresco, del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Amín Nifuri se reunieron con el presidente de la Suprema Corte, José Chediak, para intercambiar puntos de vista sobre la propuesta de que no se eliminen los antecedentes judiciales de los menores infractores cuando estos cumplen la mayoría de edad.

El doctor Chediak les trasmitió su postura a favor y dijo que está de acuerdo incluso en concurrir a una comisión parlamentaria a debatir sobre este tema.


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EC – Estamos con el doctor Luis Lacalle Pou, diputado herrerista por el departamento de Canelones, integrante de la Comisión Especial sobre Adicciones, Consecuencias, e Impacto en la Sociedad Uruguaya.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
¿Qué destaca de este encuentro de ayer?

LUIS LACALLE POU:
¿Puedo hacer una brevísima aclaración?

JAE-  Adelante.

LLP – El proyecto se lo presentamos en el año 2006, para que se den cuenta de cuándo data.

EC – Yo decía que el tema estaba desde hace dos o tres años y me faltó un año, en realidad está en debate desde hace cuatro años.

LLP – Claro, y ha tenido intensas actividades en el Parlamento. Esto ya fue votado en contra en el período pasado, en comisión, por el Frente Amplio (FA). Lamentablemente nunca se quiso llevar al Plenario, aunque discutimos fuertemente. En el año 2007 presentamos un derecho de petición con 130.000 firmas, ahí también estaba incluido este proyecto. Lo volvimos a presentar cuando empezó este período y el 28 de julio pasado lo fuimos a defender a la comisión de Constitución y Código.

Después comenzamos estas visitas, primero al ministro Bonomi –que aparentemente se mostró favorable, aunque el FA rápidamente le cerró las puertas– y ayer a las 14.15 horas al presidente de la Suprema Corte de Justicia.

JAE – ¿Qué balance saca usted de este encuentro de ayer?

LLP – Muy bueno, porque tenemos una visión distinta del primero de todos los poderes, por así decirle; un poder independiente que es justamente la cara que se encuentra en dificultades al no poder conocer los antecedentes de los menores. Y explico: a un juez le cae un chiquilín de 18 años y 3 meses, en una ciudad chica donde todos se conocen. El juez sabe que ha estado en conflictos con la ley, salió en los diarios, conoce el barrio, conoce su persona, ha entrado dos o tres veces al INAU, tiene una rapiña y un intento de homicidio. El juez lo tiene enfrente y, sabiendo eso, lo tiene que procesar como primario.

El que va a hacer justicia por toda la sociedad, si quiere actuar bien, o como debería, necesariamente tiene que violentar la ley...

JAE - ...Esto tiene que ver con el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice que "los antecedentes judiciales y administrativos de los niños y adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o al cese de la medida".

LLP – Exactamente. Entonces el juez, sabiendo como toda la sociedad sabe sobre algunos menores, si quiere aplicar el derecho –que es lo que tiene que hacer el Poder Judicial– no puede tratarlo con los antecedentes que sabe que tiene, porque están formalmente destruidos y para él legalmente no deben de existir.

Era muy importante saber la sensación de los jueces al aplicar el derecho en forma correcta, legal, pero en forma incorrecta para la realidad de esa persona. La verdad es que fue muy ilustrativa la reunión con Chediak...

EC - ...El doctor Chediak dijo que está a favor de su planteo.

LLP – Sí, Chediak está a favor. Oxandabarat, que fue el vocero posterior del presidente de la Suprema Corte, hoy lo dice. Estamos tratando de sumar voluntades a algo que tiene una conciencia pública, rompe los ojos que todo el mundo está de acuerdo. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, está de acuerdo; el Partido Nacional también y creo que el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) estarían a favor. Lo único que falta justamente es la parte vital, los legisladores a los que la ciudadanía les dio la mayoría en octubre pasado. Que voten esta ley, o una similar, en el Parlamento, que es lo que viene muy trancado. Desde el año 2006 estamos chocando contra esa negativa a la que ya no le encuentro explicación.

Otra cosa que hablábamos con Chediak, que para mí resultó fundamental, es que cada vez que hablamos con un legislador del FA que se opone a este tema nos tira por delante los convenios internacionales que Uruguay ha suscripto, que esto estaría violando normativas, etcétera.

Chediak fue contundente, y si hay alguien que sabe de derecho es el doctor Chediak. Dice que no se violenta ningún convenio firmado por el Uruguay con respecto a los derechos del niño.

JAE – Entonces su propuesta, que va a estar incluida en este proyecto marco del PN, implica la derogación del artículo 222.

LLP – El artículo 222 tiene dos párrafos, dos incisos. El segundo inciso es el que leían recién, el que dice que una vez cumplidos 18 años los antecedentes de los menores infractores con la ley se deben destruir inmediatamente. Lo que nosotros proponemos desde el año 2006 es que no se destruyan los antecedentes, que queden en custodia –que no se anden volanteando por ahí– y que en el caso de que esta persona una vez devenida en mayor cometa un nuevo delito el juez diga "tráiganme el ‘currículum’ de este muchacho", y así va a poder juzgar correctamente.

JAE – Justamente sobre ese punto parece haber otro inconveniente, y es que no hay registros ordenados de las actuaciones de la justicia de menores, tal como ayer planteó el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia.

EC – Sí, en determinado momento de la entrevista el doctor Pérez Manrique decía que otro elemento que hay que desmitificar en este debate es el de los antecedentes. Y explicaba: "Si pensamos en una persona adulta, el único antecedente que se reconoce desde el punto de vista legal es el resultado de un auto de procesamiento y después de una sentencia de condena, que se anota en el Registro Nacional de Antecedentes Penales gestionado por el Poder Judicial por intermedio del Instituto Técnico Forense". Y agregaba: "En Uruguay estrictamente no existe, pese a que está previsto en la ley, un registro similar para el caso de personas que cometen ilícitos cuando son menores de 18 años de edad".

O sea que no existe un registro judicial de antecedentes de las personas que cometen ilícitos cuando son menores de 18 años de edad. Después de una afirmación como esa yo le repregunté, porque francamente me sorprendió lo que él estaba señalando, y lo explicó un poco mejor:

(Audio Ricardo Pérez Manrique)

"El asunto es así: si usted o yo, cualquier persona mayor de 18 años de edad, cometemos un delito y un juez nos procesa, ese juez tiene la obligación de comunicar el proceso al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales que fue creado por ley, que es del Poder Judicial, que lo administra y gestiona por intermedio del Instituto Técnico Forense. Incluso hay un caso notorio muy reciente sobre el que se discute qué es lo que queda anotado en ese registro y qué no. Ninguna sentencia dictada respecto a un adolescente se anota en ningún registro oficial, esto es así".

(Fin del audio)


EC - ¿Dónde queda esa información entonces? El doctor Pérez Manrique contestaba que esa información queda en los expedientes, pero de manera desorganizada, no queda registrada en ningún lugar.

¿Entonces, diputado Lacalle Pou?

LLP – No me parece ninguna dificultad, es simplemente poner un poquito de empeño y de esfuerzo, desde el momento que en este proyecto se establece que los antecedentes quedan en custodia del INAU. Agarrarán 18 computadoras, 18 funcionarios y empezarán a pasar los expedientes en cada juzgado de menores a una computadora, y ahí quedarán en custodia en el INAU. Si ese es el escollo, bienvenido sea.

JAE – Claro, el asunto es que la información que maneja el INAU tiene de todo, hay antecedentes que no tienen necesariamente que ver con un conflicto de un menor con la ley.

EC – Sí, ese es otro punto que también introducía el doctor Pérez Manrique, sobre el que decía lo siguiente: "Existe un registro que se llama SIPI (Servicio de Información para la Infancia), que lleva el INAU, en el cual de manera patronímica, con el nombre de cada niña, niño o adolescente intervenido por el instituto por distintas razones, aparece todo el historial [...] Pero el historial no recoge sentencias de condena, recoge las decisiones judiciales que se han tomado respecto a ese adolescente. Muchas veces se dictan sentencias absolutorias, que dudo de que las registre el INAU, porque lo único que registra es el cumplimiento de las medidas que disponen los jueces".

LLP – Convengamos que el número de chiquilines del INAU que cometen infracciones a la ley penal no llega a las dos cifras. El resto dejémoslo porque no tenemos interés en sus antecedentes en el mal sentido de la palabra, con infracciones a la ley penal. El resto, que no sobrepasa un porcentaje muy alto y es el que nos tiene preocupados y ocupados, va a tener que quedar guardado. Y reitero que no me parece que formalmente haya ningún tipo de dificultad porque en todos los juzgados de menores están las sentencias emitidas por los jueces. De aquí en más, una vez que emitan la sentencia tendrán que apretar una tecla que dice "Enter" y pasársela al INAU para que los antecedentes de esos menores queden guardados en el disco duro de una computadora.

JAE – Ahora, solucionado ese tema práctico tal como usted señala...

LLP - ...Obviamente lo estoy simplificando.

JAE – Sí, seguramente habrá también un porqué. Si está establecido en la ley y no se ha efectivizado, algo habrá pasado...

LLP- ...Es que los antecedentes andan ahí en la vuelta, pero como hoy no sirven, no los utilizan...

JAE - ...El asunto es qué efectos prácticos tiene esta medida desde el punto de vista del delito, desde el punto de vista de los hechos que llevan a ese joven, convertido en adulto, a cometer un delito.

LLP – Lamento traer un caso sonado sobre el cual todo el mundo se ha parado en estos días, pero es para hacerlo bien tangible. Dentro de un mes, creo que el 18 de setiembre, "el Maikol" va a ser primario.

JAE – Claro, pero eso no lo inhibe al delito.

LLP – No, pero supongamos que cumple 18 años y tres meses y su primer contacto con el delito después de la mayoría de edad es un hurto. Seguramente se lo procese sin prisión, cuando en realidad todo el mundo sabe la peligrosidad que reviste y el tipo de actividad que ha tenido en los últimos años de vida, lamentablemente. Esta segmentación artificial de la conducta es la que hace que muchas veces a quien "mandan a la paliza", a cometer los delitos, es al menor de edad. ¿Por qué? Porque "jugá que es gratis". Saben que dentro de tres, cuatro, seis meses son primarios, quedan envalentonados. Y todavía están las dificultades que está teniendo la Policía cuando le dicen "no me toques, soy menor", una frase que todos han escuchado en algún momento.

EC – O sea, lo que usted espera de una medida como esta...

LLP - ...Es preventiva, y en el momento de juzgar realmente va a ser juzgado un ser humano. Como cualquier muchacho joven que hoy va a buscar un laburo y tiene que andar con el currículum abajo del brazo, esto es, lamentablemente, el currículum negativo de una persona que ha perjudicado a la sociedad.

EC – Usted espera entonces que tenga un efecto disuasivo, que ese menor que pasa los 18 años sepa que si delinque no va a ser un primario por lo tanto las penas que puede recibir son más duras. Y por otro lado...

LLP - ...Más que más duras con reclusión, eso es lo que me preocupa...

EC - ...Y visto desde el punto de vista de la sociedad también la tranquilidad que implica que un joven que tiene sus antecedentes, y que por lo tanto carga con una historia de peligrosidad, no va a ser procesado sin prisión, no va a estar libre a los pocos días.

LLP – En nuestra profesión, gran parte de nuestra tarea es tratar de ser justos. Y la justicia es tratar desigual a los desiguales. Si nos borran parte de la historia de una persona, difícilmente podamos ser justos. En este caso, aún con toda la sociedad sabiendo que la historia se nos ha borrado, en gran parte estamos siendo injustos, y me parece que por ahí no va la cosa. Estamos siendo injustos hasta con aquel que cumple 18 años y es la primera vez que comete un delito, mientras que el otro cometió un sinnúmero de infracciones a la ley penal pero está en la misma condición del primario, porque no podemos utilizar todos los antecedentes que traía aparejados en su vida.

EC – Aparte de lo que usted presentó en el año 2006, ¿esta idea ahora va a formar un proyecto con otros sectores del PN?

LLP – Por supuesto que estoy dispuesto a hacerlo con mi partido. Jorge Larrañaga me llamó hace unos días, ayer hablé con Luis Alberto Lacalle, hoy voy a hablar con Gustavo Borsari y con el senador Carlos Moreira. Pero voy más allá. Si mañana viene el FA y me dice –como dijeron– que no quiere votar el "proyecto de Lacalle Pou", yo le saco el primer apellido y el segundo, le saco el nombre, le saco el partido, retiro mi proyecto; que el FA presente uno igual, con la firma de todos los legisladores y yo voto ese. Lo haría, no con gusto, pero lo haría si lo tengo que hacer. Hay que modificar esta realidad que rompe los ojos, es un clamor popular. No puede ser que los políticos estemos ya no a cinco metros sino a años luz de una realidad que grita y clama por ser cambiada. Así que estamos en esa sintonía.

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