(emitido a las 9.06 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Si miramos el panorama internacional, Francia fue ayer uno de los centros de atención, indudablemente.

Y lo fue por dos temas.

En primer lugar, en Estrasburgo, en un encendido debate en la sede del Parlamento Europeo, liberales, socialistas, ecologistas y comunistas tildaron de "inaceptable" la repatriación de gitanos residentes en Francia hacia Rumania y Bulgaria, y presentaron resoluciones de condena que serán votadas el jueves.

Desde fines de julio, unos 1.000 gitanos fueron expulsados de Francia y un centenar de campamentos ilegales fueron desmantelados como consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy.

Mientras eso pasaba en Estrasburgo, en otras partes del territorio francés, miles y miles de personas se volcaban a las calles para protestar por la reforma del sistema jubilatorio que promueve el Gobierno y que ayer comenzó a ser discutida en el Parlamento.

Una de las medidas de esta reforma que han generado mayor polémica es la que eleva de 60 a 62 años la edad mínima de retiro de los trabajadores.

Según el Ministerio del Interior, más de un millón de personas participaron en las manifestaciones, aunque los sindicatos de trabajadores cifran la convocatoria mucho más arriba, hablan de dos millones y medio y hasta tres millones de franceses.

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EC - Vamos a trasladarnos hasta París para profundizar en estos asuntos con Rafael Mandressi, colaborador de En Perspectiva en Francia.

Hablemos en primer lugar de la situación de los gitanos en Francia. Desde que comenzaron las deportaciones en julio, unos 1.000 gitanos han sido expulsados hacia Rumania y Bulgaria. ¿Cómo han sido esas deportaciones?

RAFAEL MANDRESSI:
Forman parte de un operativo que se lanzó durante el verano a raíz de unos disturbios que tuvieron lugar en Grenoble, en el sur de Francia. Las decisiones del Gobierno implicaban el desmantelamiento de los campos, de los asentamientos ilegales donde estos grupos estaban instalados, y a su vez la deportación hacia sus países de origen, fundamentalmente Rumania y también Bulgaria, que son miembros de la Unión Europea pero hasta el momento no están totalmente integrados a los acuerdos de libre circulación. Esto va a ponerse en práctica recién a partir de 2013, por lo tanto por ahora los gobiernos de los países de la Unión Europea que sí forman parte de estos acuerdos pueden deportar a los ciudadanos de esos países que aún no están 100% integrados, como está ocurriendo desde hace algunas semanas aquí en Francia.

EC - Ya dijiste algo al pasar, pero ¿cuál ha sido el argumento del Gobierno para proceder de esta manera tan drástica?

RM - Fundamentalmente argumentos relacionados con la seguridad pública, vinculados con los problemas que según el Gobierno estos grupos estarían ocasionando en términos de delincuencia y de otro tipo de actividades que irían en menoscabo de la seguridad pública. El punto de vista del Gobierno es rechazado no solamente por la oposición política sino por una gran cantidad de organizaciones sociales que estiman que esto es una jugada por lo menos doble, una que tiene que ver con un corrimiento a la derecha del Gobierno en términos de gestos que acerquen el electorado relativamente disconforme con algunos resultados, incluso en esa materia, y por otro lado tratar de desviar la atención de los temas relacionados con la reforma de las jubilaciones, y fundamentalmente, en este verano, de todos los escándalos que han rodeado a la figura del ministro encargado del asunto, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, que ha sido implicado en una serie de asuntos poco claros con la propietaria de la empresa L’Oréal, una de las primeras fortunas de Francia.

EC - Los gitanos son esencialmente nómades; ¿en Francia se los está expulsando a todos? ¿Cuál es el criterio?

RM - Empecemos por delimitar aquellos que no son franceses y que no son miembros de un país de la Unión Europea con el cual haya acuerdo de libre circulación, es decir los extranjeros. Uno de los principales problemas es la designación de una comunidad particular como globalmente peligrosa, en buena medida es esto lo que ha generado reacciones más fuertes, incluso la que mencionabas en el Parlamento Europeo. No se trata de cuestionar la legalidad de los procedimientos, porque están ajustados a la ley, sino lo que implican en términos sociales y políticos, es decir, definir que los gitanos, por serlo, son peligrosos o indeseables en cuanto al mantenimiento del orden y de la seguridad pública. El número total de personas que se estima en esta situación es de 15.000, de los cuales un millar ya fueron deportados en avión en las últimas semanas.

EC - ¿Cuánto puede jugar en esta medida, cuánto puede modificar, alterar los planes lo que decida el Parlamento Europeo en la votación prevista para el jueves?

RM - A mi juicio, poca cosa. Sobre todo porque esa decisión, ese voto en el Parlamento Europeo ya aparece contrapesado, contrabalanceado por las declaraciones o las reacciones muchísimo más moderadas de la Comisión Europea, que si bien recomienda el trato humanitario, etcétera, ha, no digo dado luz verde, pero en todo caso aceptado sin mayores reparos esta política que se está llevando a cabo.

EC - Las autoridades de la Comunidad Europea no comparten las tesis más severas que comparan lo que está ocurriendo con los inicios del nazismo, por ejemplo.

RM - No, en absoluto, la Comisión Europea, el ejecutivo de la Unión Europea, se ha cuidado muy bien de ese tipo de comentarios que se han escuchado en algunas intervenciones en el Parlamento Europeo y que se escuchan regularmente también aquí en Francia de parte de algunos representantes de la oposición.

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EC - El otro tema destacado de la agenda francesa: ayer miles de personas se manifestaron en las calles de todo el país en rechazo de la reforma de las jubilaciones.

¿Podemos repasar qué es lo que se pretende reformar?

RM - Es una ley que modifica una serie de parámetros importantes del sistema jubilatorio francés vigente hasta la fecha y que comenzó a ser discutida ayer en la Cámara de Representantes. La medida emblemática es la que hace pasar de 60 a 62 años la edad mínima legal para jubilarse, la que habilita derechos jubilatorios, que viene acompañada de un retraso de dos años, de 65 a 67 años, la edad para retirarse con una jubilación completa, lo que aquí se llama una tasa de reemplazo completa, sin descuentos.

Hay otro tipo de medidas, es un proyecto muy complejo, como cualquier proyecto de esta naturaleza, pero lo que ha focalizado más la atención es la temática de la edad jubilatoria, por la que esta reforma es calificada por los sindicatos, por la oposición y, según las encuestas, por la mayoría de los franceses como una reforma muy injusta, en particular porque castiga no solamente a los sectores más desfavorecidos, sino a aquellos que tienen trabajos más difíciles y que comienzan su vida activa a edades más tempranas. Por ejemplo, un obrero va a necesitar una cantidad de años de trabajo mayor que un empleado administrativo o de servicios para poder jubilarse, cuando a su vez la expectativa de vida de un obrero difiere hasta en seis o siete años de la de un trabajador del sector de servicios en el momento de jubilarse, por poner en un solo ejemplo.

EC - El Gobierno está muy firme en su posición. "Si no hacemos la reforma, no habrá dinero para pagar las jubilaciones", dijo el ministro de Trabajo cuando expuso ayer ante el Parlamento. ¿Con qué apoyos cuenta el Gobierno Sarkozy para ir por este camino?

RM - Desde el punto de vista político con todos los necesarios, porque tiene una amplísima mayoría en el Parlamento, de manera que puede aprobar esa ley sin dificultades ni modificaciones. Naturalmente, no es el único factor a tener en cuenta, porque está claro que la movilización de ayer, más allá de las cifras diferentes que dan el Ministerio del Interior y los organizadores, fue muy importante y el presidente Sarkozy ya anunció en el Consejo de Ministros algunas modificaciones en el sentido de concesiones a lo que se reclama, aunque permanece firmemente establecida la intransigencia en cuanto a los puntos fundamentales, entre ellos y muy especialmente la modificación de la edad jubilatoria. Habría que ver cuál es la reacción de los sindicatos, personalmente estimo que lo que se ha anunciado no los va a satisfacer y que probablemente tengamos nuevas movilizaciones en las semanas que vienen en esta suerte de relación de fuerzas que se está construyendo en torno al proyecto y que amenaza con agitar bastante el panorama social francés, al menos en este otoño.

EC - El diagnóstico que hace el Gobierno a propósito del brete en el que se encuentra el sistema de seguridad social, ese pronóstico incluso catastrofista, "si no se hace la reforma no podremos pagar las jubilaciones", ¿es compartido, por ejemplo, en el mundo académico?

RM - Suele decirse que hay dos bibliotecas, y en este caso seguramente hay tres o cuatro, porque depende de cuál sea el enfoque. El Gobierno pone como principal elemento sobre la mesa la realidad demográfica, es decir, la disminución del número de activos con relación al de pasivos y el aumento de la esperanza de vida. Pero no solamente muchos opositores sino también muchos economistas dicen que el aspecto demográfico en realidad es apenas un 40% de las necesidades financieras del régimen jubilatorio, que el 60% restante corresponde a la crisis, en particular a la crisis financiera internacional que hizo dispararse el déficit público y entre otros el déficit de la seguridad social.

Las soluciones que se propongan para esto dependen entre otros aspectos del enfoque del que se parta. Con otros términos, si se afirma, como lo hace el Gobierno, que la variable fundamental es demográfica, las soluciones tendrían que venir del lado demográfico y por lo tanto especialmente de las modificaciones propuestas que algunos juzgan incluso insuficientes en cuanto a los años de aportes que debe tener un trabajador para poner jubilarse. Si en cambio el acento se pone en los aspectos no relacionados con lo demográfico, que no son específicos del sistema jubilatorio, hay que apelar a soluciones fiscales, con lo cual la reforma jubilatoria en sí sería secundaria.

La alternativa es: o se aumentan por la vía que se quiera, pero fundamentalmente por la cantidad de años de aportes, los recursos para la seguridad social por la vía de los propios trabajadores, o se recurre a un aumento de impuestos, y allí las soluciones son de muy diversa índole en cuanto a qué tipo de impuestos, quién los paga, etcétera. Ahí se abre una nueva discusión, pero digamos que si hubiera que definir dos alternativas, serían estas dos, que dependen a su vez de diagnósticos diferentes en cuanto al origen de las necesidades financieras que, en eso sí hay acuerdo, el sistema tiene.

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Transcripción: María Lila Ltaif