(emitido a las 7.41 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Aratirí es un término que se ha instalado con fuerza en la agenda política y social de nuestro país.

Hay una gran controversia planteada en el terreno medioambiental, a propósito de lo que implica dentro del modelo de desarrollo que está siguiendo nuestro país.

Hoy, en la prensa aparecen ángulos nuevos. Por ejemplo, la posición que está terminando de preparar al respecto el sector que es la minoría mayor dentro del Frente Amplio (FA). "El Movimiento de Participación Popular (MPP) aprueba y defiende el proyecto minero de Aratirí", es un título esta mañana en las páginas de política de Últimas Noticias.

El sector más grande del FA discute y recaba información desde hace semanas con respecto a la anunciada inversión de casi 3.000 millones de dólares de la minera india Aratirí, que, como ustedes saben, piensa explotar 18 millones de toneladas de hierro por año en la zona de Valentines y en una región bastante extendida. Se trata de un sistema de explotación a cielo abierto que toca una cantidad de predios.

El diputado Julio Battistoni redondea por estas horas un informe que será entregado la próxima semana a consideración de la bancada del MPP. El legislador dijo que al grupo le resta tomar posición concreta pero aseguró que, en líneas generales, se entiende que es un proyecto de interés para el país. O sea que ya hay un anticipo de por dónde viene la posición del MPP. "Más que el proyecto en sí mismo, al MPP le interesa la apertura de Uruguay a la minería y es en ese marco que se estudia el proyecto", precisó.

"Uruguay tiene la posibilidad de abrir su estructura productiva a la minería. En ese sentido, se considera que es muy ventajoso para el país poder diversificar su matriz a los efectos de no depender siempre de las mismas líneas productivas como la agricultura o la ganadería. Este es el razonamiento del MPP, más allá de la aprobación que el Gobierno debe o no darle al proyecto Aratirí. Aspectos como los permisos mineros o medioambientales deberán ser resueltos por los especialistas correspondientes", puntualizó Battistoni.

En coincidencia con lo expresado por los máximos referentes de su sector Battistoni, señaló que "cualquier proyecto humano afecta al medioambiente, y lo que se debe plantear es cómo mitigan los efectos al máximo. Algo se tiene que pagar por lograr la instalación de un proyecto que será esencial para el país en los próximos 30 o 40 años".

"Lo primero es que se instale la minería en Uruguay. Luego comenzar a lograr que el mayor valor agregado quede en el país en futuros proyectos", dijo el diputado Battistoni aludiendo a que la minería no se limite a la extracción del hierro sino a que se avance en la cadena con la incorporación de la industria siderúrgica, por ejemplo.

El factor ambiental juega y vaya si juega en este tipo de emprendimientos. Al MPP", dice Battistoni, "hay que controlarlo, pero no es allí donde se juega la decisión política". De todos modos, ¿cómo estamos para manejar los controles que requiere un tipo de explotación como esta que estamos discutiendo? Hay preocupación en algunos sectores del espectro político en este sentido. Es el caso del senador colorado Tabaré Viera, de Propuesta Batllista (Proba), que entiende que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no está preparada para controlar el funcionamiento de un proyecto como el de Aratirí.

Senador Viera, gracias por acompañarnos. Usted viene de un departamento que ya tiene experiencia acumulada en la explotación minera como Rivera. ¿Por qué ahora hace este análisis con respecto a las posibilidades de la Dinama?

TABARÉ VIERA:
Efectivamente tenemos una experiencia minera con cantera a cielo abierto en Rivera. Es un proyecto diferente donde hay riesgos mayores y están un poco más concentrados.

EC – ¿A qué proyecto está aludiendo usted?

TV – Al proyecto de Rivera desde San Gregorio de Minas de Corrales: la mina de oro.

EC – Esa es una explotación que está más concentrada en un solo y gran predio.

TV – Exactamente. Y en un predio muchísimo menor. Acá estamos hablando de un proyecto minero que va a abarcar 12.000 hectáreas. Será uno de los proyectos más grandes del mundo. Digo a priori y livianamente que no podemos ponernos en contra pero tampoco descuidarnos. Ponernos en contra a un proyecto que va a generar 500 millones de dólares de divisa y 1.500 empleos directos... Realmente es [un proyecto] muy considerable y al Uruguay realmente le vendría muy bien.

EC – Cuando usted menciona los 500 millones de dólares está hablando de ingresos anuales.

TV – Sí. Eso es lo que indica el proyecto que está presentando esta firma hindú. El tema es los riesgos que tiene. En el mundo hay proyectos exitosos con problemas medioambientales pero absolutamente mitigados. Y hay desastres ecológicos. Hay de los dos casos. ¿De qué depende? De una buena legislación y adecuados controles. Entonces, una pregunta natural es: ¿está el país en condiciones de controlar a una empresa extranjera que viene a hacer su negocio, se va y que si la obligan va a hacer bien las cosas? Allí es donde yo prendo una luz amarilla. Me parece que hoy la Dinama no está preparada. No tiene los técnicos en cantidad y calidad suficiente para hacer un control y un seguimiento de este proyecto, con todo lo que esto implica. Los técnicos en el mundo no abundan y son muy caros.

EC – Sí, se me ocurre que acá hay dos planos: cómo actúa la Dinama en relación a la empresa y cómo actúa la Dinama en relación a la comunidad. En la relación con la empresa se requiere que la Dinama sea relativamente ágil. Por ejemplo, la aprobación del plan de impacto ambiental no puede demorar años. Cualquier empresa que viene a invertir necesita que los tiempos sean relativamente breves. Pero, por otro lado, está toda la tarea que hay que hacer en el propio terreno en la evolución en la puesta en marcha del proyecto a ver si se cumple o no se cumple con las condiciones que se pactan. ¿Usted alude a las dos cosas?

TV – Ese es el punto. Una cosa es el estudio del proyecto. Los proyectos generalmente se van ajustando y las empresas se comprometen a hacer todo lo que deben hacer y lo que se les exige. Luego hay que hacer un control en la gestión sobre el terreno. Allí es donde se precisan técnicos y personal, que en el mundo se cotizan muy bien. Evidentemente, la Dinama deberá contratar técnicos especialistas resolviendo los problemas de los límites salariales que tiene el Estado. De lo contrario, contratar una empresa consultora que haga el gerenciamiento y el control permanente para los próximos años en que va a estar realizándose esta explotación. Y esto hasta ahora no se ha hecho. Lo mismo ocurre en el momento con la ley. Nosotros estamos en un proceso de actualización de aprobación de una nueva ley de minería. Está con media sanción y en debate. No parece lógico que se extiendan nuevos permisos y nuevas licencias mientras no tenemos un marco legal adecuado o esté en pleno proceso de discusión.

EC – ¿Por qué viene tan demorado el proceso de discusión del proyecto de ley?

TV – Tiene media sanción; ha sido aprobado en Diputados. En este momento está en la comisión respectiva del Senado. Todavía hay algunos puntos que no están definidos. Es más: acaban de presentarse nuevos proyectos que tendrán que ser considerados. Por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry acaba de presentar un proyecto que prohíbe en Uruguay la explotación de cielo abierto, como está ocurriendo en varios países del mundo, salvo excepciones que con determinadas condiciones podrán aprobarse. También se prohíbe la utilización de cianuro para nuevas explotaciones, cosa que ocurre en la mina de San Gregorio en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera.

EC – Ese proyecto del senador Bordaberry implica un cambio muy grande en el escenario.

TV – Exactamente. Pero es un proyecto que hay que tener en cuenta. Está presentado en la comisión. Actualmente, el país está en un debate que se inicia por un proyecto oficial que plantea el propio Poder Ejecutivo y que todavía no ha tenido culminación. No parece lógico que se otorguen nuevas licencias para proyectos, y sobre todo estos mega proyectos, que ya no hay demasiados en el mundo, va a ser el segundo o el tercer proyecto en dimensión en el mundo. Creo que estamos en una etapa en que hay que ponerle un poquito de paño frío. No digo no aprobarlo pero sí revisar las condiciones que tiene el país para otorgar este tipo de licencias en este momento. Hay un tercer punto que creo que hay que destacar, que me preocupa, y que es lo que yo llamo el día después. Los proyectos mineros tienen una vida útil. En algún momento en 10, 15 o 20 años se terminan. Cuando cierra una mina se acaba el mineral y queda un pueblo fantasma. De la riqueza, la opulencia y mucho trabajo, se pasa a la nada. Es imprescindible que sea al Estado, a través de recursos que provengan del canon o la propia empresa, [que] se le exija algunos fondos para ir desarrollando proyectos paralelos para que cuando esto ocurra, no pase lo que pasa generalmente en todas las minas.

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EC – Otra punta del mismo tema también surgida en las últimas horas es que el diputado José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, ha intimado al presidente José Mujica a que se pronuncie sobre la eventual nacionalización del proyecto minero de Aratirí. El legislador dijo a Últimas Noticias que el punto clave es si el Gobierno y el FA están dispuestos a debatir sobre este tema. Cardoso entiende que debe invertirse la relación del emprendimiento para que el país sea el dueño y le pague a Aratirí por su explotación. En las condiciones actuales, en los términos en que viene manejándose hasta ahora el proyecto Aratirí y con la legislación vigente, el Estado percibirá 5% de lo que se produzca. Los productores de los campos afectados percibirán 4% y el resto será para el inversor. Al respecto, el legislador cuestionó que Mujica proponga ahora una consulta popular para definir el destino de esos recursos.

Dice Cardoso: "Mujica plantea que la población discuta qué hacer con ese 5%. Recuerden que ha hablado de la conveniencia de ahorrar ese dinero, de crear un fondo para contingencias futuras, de no gastarlo en el presupuesto cotidiano. Pero, dice el diputado Cardoso, ¿no sería mejor discutir qué hacer con el 91%? Claro, en la hipótesis de que se cambiara el estatus de los yacimientos de hierro, se los estatizara y se pasara a operarlos de otra forma.

Cardoso ha solicitado a principios de mes una entrevista con el mandatario para dialogar sobre esta propuesta, pero hasta el momento no recibió respuesta.

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