(emitido a las 7.41 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Con la firma de todos los senadores del Frente Amplio (FA), la bancada del oficialismo presentó ayer, en el Plenario de la Cámara alta, un proyecto de ley que busca que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriban.

La iniciativa tiene cuatro artículos y dice textualmente:

"Artículo 1.- Se restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985.
Artículo 2.- No se computará plazo procesal alguno en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 (cuando se aprobó la ley de caducidad) y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero.
Artículo 3.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes contra la humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Artículo cuarto: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo".

La coordinadora de bancada del FA en el Senado, Susana Dalmás, explicó ayer a En Perspectiva que el proyecto ya pasó a la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara alta para que, luego de una discusión breve, vuelva al Plenario. La intención del oficialismo es que el próximo lunes se convoque a una sesión especial del Senado, luego de que todos los partidos con representación parlamentaria hayan podido analizar la iniciativa en sus organismos internos.

El mismo lunes el proyecto se votaría en el Plenario de la Cámara. Si bien se espera que la oposición lo acompañe, de todos modos el FA tiene decidido sacarlo adelante aunque para ello deba hacer jugar su mayoría absoluta.

La iniciativa fue redactada por una comisión especial del FA integrada por el presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto; el doctor Javier Miranda, director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Educación y Cultura; y el diputado de Asamblea Uruguay, Jorge Orrico, además de otros representantes de los distintos sectores de la coalición de izquierda.

En línea está el senador por el Nuevo Espacio, FA, Rafael Michelini.

El motivo por el cual se presenta ahora este proyecto de ley es que, en principio, estos delitos prescriben el 1º de noviembre.

RAFAEL MICHELINI:
Esa es una discusión, nosotros creemos que no prescriben porque son delitos de lesa humanidad. Pero lo que le queremos ahorrar a la sociedad uruguaya, y sobre todo a los familiares de las víctimas, es la discusión. Porque la discusión llevaría a retrasar todavía tres o cuatro años más el hecho de que haya justicia. Entonces, ante esa situación, queremos laudar esa discusión con el proyecto de ley.

EC – ¿Qué dice usted sobre los comentarios críticos que ya se han escuchado a propósito del texto? Son de dos tipos: unos con objeciones técnicas y otros que tienen objeciones políticas. Hay quienes sostienen que un proyecto así va a ser controvertido, que va a abrir una nueva instancia de reclamos y de escritos presentados ante la Suprema Corte de Justicia.

Por ejemplo, el doctor Heber Gatto dijo ayer a Últimas Noticias que el texto es "claramente inconstitucional, porque uno de los principios más trascendentes del derecho penal es que las leyes no pueden tener carácter retroactivo, a no ser que se beneficie al reo".

Otro de los que habla sobre este punto es el doctor José Korzeniak, catedrático de derecho constitucional, frenteamplista, quien explicó que, pese a que a su juicio los principios que se ven afectados no son de carácter constitucional, "es un hecho que los acusados podrán ampararse en el criterio de la ley más benigna. No es un problema de constitucionalidad. Los problemas son más complejos y técnicos, porque hay quien dice que en materia penal, si se puede aplicar dos leyes, hay que aplicar la ley más benigna para el reo. Los afectados podrán, de todos modos, alegar inconstitucionalidades de la ley y la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia".

¿Qué dice usted sobre este tipo de objeciones?

RM – Primero, vivimos en un estado democrático y todos aquellos que sean responsables de crímenes de lesa humanidad podrán poner todos los recursos correspondientes. Eso es así, el Estado de derecho significa eso. Es más, van a tener juicios justos, cosa que las víctimas no tuvieron.

Segundo, ¿cuál es el sentido de los artículos? El primero es que se restablece la capacidad punitiva del Estado, cosa que había sido cercenada. Le restablecemos a las víctimas y a los familiares de las víctimas la capacidad punitiva del Estado. En eso no puede haber ninguna discusión, así como el Estado en un momento la cortó ahora la restablece.

El segundo aspecto dice que no corren plazos. Nosotros queremos cumplir con los tratados internacionales, con la inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia dio a la ley de caducidad y con la ilegitimidad que el Gobierno otorgó a las resoluciones que gobiernos anteriores habían dado respecto a estos casos, sobre actos que nadie cuestionó como ilegítimos. La única forma de cumplir es decir que ese plazo no corre a los efectos de la prescripción. Acá hay delitos que pueden prescribir y hay delitos que no prescriben porque son delitos de lesa humanidad.

Por lo tanto, lo que estamos planteando es que el plazo del impedido no corra para quien reclame justicia. Esto por ley ya se ha hecho, no es la primera vez que el Parlamento uruguayo dice que de tal fecha a tal fecha no corren los plazos para las prescripciones, por los fundamentos que sean. Ya lo hizo y ha sido aceptado pacíficamente.

Y el tercer punto es declarar los delitos de lesa humanidad acorde a todos los tratados internacionales. Eso tampoco podría discutirse. No es que se aplique una ley más benigna o menos benigna. Acá lo que se dice es que los familiares de las víctimas no tuvieron la posibilidad de pleitear porque fueron impedidos por una ley inconstitucional, y por lo tanto ahora les estamos dando ese derecho. Si después se encuentran responsables de aquellos delitos o no, si existen las pruebas o no, eso estará dentro de la jurisprudencia, dentro del proceso judicial y dentro de todas las garantías del debido proceso.

EC – Ahora, una de las objeciones que se ha hecho es que con este proyecto, con esta redacción, se está procurando hacer lo mismo que se intentó hace unos meses y no prosperó en el Parlamento porque el propio FA no alcanzó los votos necesarios, o sea, que se está procurando anular la ley de caducidad.

RM – No es una anulación. Si nos dicen que lo queremos es que haya justicia, sí, por supuesto, queremos que haya justicia. Hay gente que no quiere que haya justicia, nosotros queremos que prime la justicia y se restablezca la justicia. Si lo que se nos plantea es que estamos anulando una ley, no, no la estamos anulando. Estamos restableciendo la capacidad punitiva del Estado y eliminando el plazo en el que rigió una ley inconstitucional. Algo que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos reclama como un elemento legítimo y todo el mundo dice que hay que cumplir con los convenios y las sentencias internacionales. Además, nadie discutió que los actos de gobierno fueron ilegítimos cuando se aplicó la ley de caducidad y por lo tanto el Gobierno de Mujica los envió de nuevo a la Justicia. Esas cosas no se discuten, parece lógico que le restablezcamos a los familiares de las víctimas el plazo en el cual fueron impedidos de pleitear.

EC – Sí, pero la interpretación que se hace –la hace por ejemplo el senador por el Partido Nacional Francisco Gallinal, la hace Pablo Mieres del Partido Independiente (PI), la hace Ope Pasquet del Partido Colorado (PC)– es que "el proyecto deroga tácitamente la ley de caducidad y es contraria a la Constitución por la retroactividad. Es una variación para dejar sin efecto la ley de caducidad".

RM – Bueno, son interpretaciones políticas. Pero estrictamente es una derogación, no una anulación. Es una derogación y se le da el derecho a las víctimas a presentarse, cosa de la que estaban impedidas. Estamos restableciendo derechos.

También se podría haber ampliado el plazo de prescripción y no podría haber ninguna objeción tampoco. Es más, yo creo que aunque no se apruebe la ley los jueces van a entender que no hay prescripción. Por ejemplo en asesinatos o desapariciones forzadas. Hasta que no se encuentra el cuerpo o surgen pruebas irrefutables de que la persona está fallecida, la desaparición es permanente. Por lo tanto, eso no prescribiría.

Pero nosotros queremos evitarle esa discusión a la sociedad, evitarle más sufrimiento a los familiares de las víctimas, que han tenido mucho, que han tenido una demora inmensa.

Ahora, interpretaciones políticas se pueden hacer muchas. Esta es una derogación tácita, no es una anulación.

EC – Usted reconoce entonces que es una derogación tácita.

RM – Sí, es una derogación. Nosotros no logramos dejar la ley de caducidad sin efecto en mayo de este año. Y naturalmente estuvimos trabajando para encontrar la posibilidad de que las víctimas y los familiares de las víctimas tengan justicia pero sin anular la ley, porque el Parlamento de la República ya se había pronunciado.

EC – ¿En el FA hay unanimidad para sacar adelante este proyecto? Todo indica que el PC, el PN y el PI, no la van a votar. Entonces el FA, que ya tuvo sus diferencias en esta materia con los intentos de fines del año pasado y principios de este en el Parlamento, ¿tiene ahora los votos para sacarla adelante? ¿Vale la pena sacarla solo con los votos del FA?

RM – Es una ley como todas las otras. Vale la pena que se haga justicia, es hora de que los uruguayos digamos "por favor, hagamos justicia". Todos los días en la televisión vemos reclamos de justicia por parte de víctimas de la delincuencia...

EC - ...¿Pero tiene sentido que en un tema tan delicado como este una ley salga simplemente por la mitad más uno de los votos?

RM – ¿Y tiene sentido que no haya justicia? ¿Tiene sentido que Uruguay viole sus tratados internacionales? ¿Tiene sentido que desconozcamos el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de que esta ley es inconstitucional? No parece lógico. Somos respetuosos del derecho en todo, pero en este caso figuras preponderantes de la sociedad uruguaya solo viven para dar impunidad. No parece lógico que sigamos dándole impunidad a gente que cometió los peores delitos de la historia uruguaya.

Con respecto a los votos, sin duda el FA ha trabajado en consenso, hemos acordado este texto. Naturalmente, si blancos y colorados nos hicieran modificaciones para acompañarlo las atenderemos con mucha atención.

Mañana jueves se va a reunir la comisión de Constitución y Códigos, que yo integro también, para estudiar en el Senado estos aspectos con diferentes catedráticos. Notoriamente, si el proyecto de ley anterior tenía algunos flancos este sin duda no los tiene. Por lo tanto, no debería haber objeciones en el FA. Y si todos estuviéramos por la justicia tampoco debería haber objeciones en blancos y colorados. Ahora, cuando se politiza el tema obviamente nos vamos del aspecto del derecho al aspecto político, y ahí ya nos gobiernan las pasiones y no el derecho.

EC – ¿Pero cómo entra por ejemplo el análisis a propósito de lo que la ciudadanía ya votó en esta materia?

RM – La ciudadanía votó que no se podía anular...

EC - ...En el año 1989 había votado que no se podía derogar, y usted acaba de decir que esto es una derogación tácita...

RM - ...No, en el 89 votó que no se dejara sin efecto, en el 89 era una anulación también.

EC – No, en el 89 era una derogación.

RM – En el 89 era un recurso que dejaba sin efecto la ley. O sea, se aprobó una ley, la ley empezó a hacer efecto, se hizo el recurso y el recurso la dejaba sin efecto desde el primer día. Por lo tanto era una anulación, porque la anulación tiene retroactividad. No me discuta eso porque es así.

EC – Pero está la tesis de que el recurso de la anulación no existe en el derecho uruguayo.

RM – El recurso vía plebiscito deja una ley sin efecto, llámele anulación o llámele lo que sea. Si usted la deja sin efecto desde el primer día en que la ley se aplicó, ¿cómo se le llama eso? Claro, cuando la Suprema Corte la declara inconstitucional también para el caso específico la deja sin efecto desde el primer día. Pero es inconstitucional, ahí se la declara inconstitucional. Si la ciudadanía en el 89 hubiera votado a favor del recurso que se presentó, la hubiera dejado sin efecto. Pero no la estaba derogando, anulaba todos sus efectos desde el primer día de puesta en vigencia la ley. En el año 2009 sí la tratamos de anular y no logramos los votos.

Ahora le estamos reestableciendo a las víctimas el sentido y el don de justicia y poniendo la legislación uruguaya acorde a los tratados internacionales. A lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la ley de caducidad es inconstitucional y que, como determinó el Poder Ejecutivo, esos actos en que se aplicaba la ley de caducidad son ilegítimos. Actos que en el gobierno de Mujica nadie dijo que estaban mal.

En definitiva, esta es la "solución Risso", la que reclamaban blancos y colorados. Estamos determinando que el Gobierno declare ilegítimos esos actos y después le damos el derecho a las víctimas, porque habían sido impedidas de presentarse en los juzgados.


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