(emitido a las 7.43 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que no se sustituirán las frazadas, los platos o los cubiertos a aquellos reclusos que los rompan. El suministro y la reposición de estos materiales correrán por cuenta de los familiares de los internos, dijo, a raíz de los hechos de pública notoriedad de los últimos días, en especial los ocurridos en el Comcar, donde, destacó, los presos que tuvieron que ser ubicados en el patio como consecuencia de la destrucción que ellos mimos habían generado en los pabellones 4 y 5 hicieron tiritas con las frazadas que se les entregaron, y lo mismo sucedió con las carpas y los toldos. Además, puntualizó, con los platos y las cucharas suelen confeccionar armas.

Hizo otros anuncios, también dijo que de ahora en adelante cuando se produzca un incidente o un motín en una cárcel la policía actuará directamente sin esperar el visto bueno de la justicia, y dio a conocer las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Estamos con la psicóloga y perito criminóloga Gabriela Fulco, asesora del Ministerio del Interior en materia carcelaria.

La primera consulta tiene que ver con los nombramientos que se dieron a conocer ayer, las nuevas autoridades del INR, la mayoría de las cuales pertenecen a la Guardia Republicana. Bonomi también dijo que en particular los nuevos directores del Comcar y del penal de Libertad van a pertenecer a ese cuerpo. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué este camino?

GABRIELA FULCO:
Este análisis se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Es una decisión que tiene que ver con relevar dentro de la fuerza policial a aquellos funcionarios que tienen en este momento de crisis del sistema penitenciario –que no es ni de hoy ni de ayer, sino que es una crisis sostenida que ha arrastrado a lo largo de décadas el sistema penitenciario– han mostrado en el campo de trabajo un perfil adecuado para la superación de situaciones críticas. Básicamente es eso.

EC - ¿Es una señal de endurecimiento en la relación sobre todo con aquellos reclusos más propensos a los desórdenes, a los motines?

GF - No necesariamente. Como le decía, tiene que ver con un perfil que se ajusta, quizás por razones de formación de este cuerpo policial, a un trabajo más de análisis de campo de las situaciones y de respuestas ajustadas a las situaciones que se van produciendo.

EC - Se lo pregunto porque la imagen que la gente tiene de la Guardia Republicana es la de un cuerpo que actúa en el plano de la represión.

GF - Tradicionalmente hay imágenes de ese tipo en el colectivo social, pero no necesariamente tiene que ver con eso. El año pasado, por ejemplo, uno de los primeros relevamientos que hubo fue en el penal de Libertad, con el mayor Fabián Severo. El penal de Libertad ha tenido un cambio sustantivo en lo que tiene que ver con el desarrollo de programas internos en el área rehabilitación, inédito en la historia del Uruguay. Libertad está irreconocible en lo que tiene que ver con el funcionamiento interno, que no está volcado exclusivamente al área seguridad, sino que esa balanza se está nivelando y se han podido desarrollar distintos emprendimientos internos, además de empezar a hacer una clasificación que antes no existía. Hoy día casi la totalidad del penal, no digo toda, porque eso está en proceso, está clasificada y reubicada, y hay unas 290 comisiones laborales, lo cual también es inédito, y ha habido hasta ahora un clima de trabajo y tranquilidad en el desarrollo de las actividades, por ejemplo con la incorporación de programas en el área de salud mental –desde la asunción de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en esa área–. Es otro elemento que se ha incorporado, y eso tiene que ver con una conducción, una mirada y una visión que la dirección de ese establecimiento tiene de lo que es la rehabilitación, que coincide y está alineada con la visión de la política de este MI en materia de reforma penitenciaria.

Le pongo ejemplos que no necesariamente tienen que ver con la idea o el imaginario de represión, sino todo lo contrario. El año pasado, por ejemplo, en el penal de Libertad se armaron mesas de diálogo con la población privada de libertad, lo cual permitió que en el edificio central, en el celdario, se pusiera, se hiciera, se llevara a cabo y se ejecutara un programa de limpieza general del establecimiento, en el cual hubo una colaboración muy importante, un respaldo del ministerio a las autoridades con la propuesta, pero también una colaboración de las personas privadas de libertad, lo que permitió mejorar las condiciones de salubridad de quienes allí se alojan. Para que todo eso ocurra tiene que haber una conducción que lo permita. Por eso digo que es entender cuál es la nueva visión que tenemos en el cumplimiento, a su vez, de la misión del sistema penitenciario, que es la rehabilitación, la prevención terciaria del delito.

EC - Teniendo en cuenta el análisis que usted hace, ¿en qué está el proceso que distintos gobiernos han anunciado desde el regreso a la democracia de trasladar la gestión de las cárceles fuera de la órbita policial? Ahora quizás hasta ocurre lo contrario, se asignan responsabilidades a un cuerpo específico de la Policía, como la Guardia Republicana, y por otra parte se introduce una nueva tarea a cargo de militares; ya estaba la custodia perimetral y ahora se van a incorporar soldados a la revisación de los ingresos y egresos en los días de visita, por ejemplo. ¿Qué pasa con la otra idea, con el otro modelo posible?

GF - El otro modelo posible y esa idea siguen en curso sin ningún inconveniente. Recordemos que hay un INR que sustituyó a la antigua y tradicional Dirección Nacional de Cárceles, que por otro lado nunca fue dirección nacional de cárceles, sino dirección metropolitana de cárceles, porque era sobre la zona metropolitana que tenía su radio de acción, y aún permanecemos con una fragmentación del sistema penitenciario que tiene que ver con que haya un sistema penitenciario por cada uno de los 19 departamentos del país. Este nuevo INR es solamente uno de los pasos que van a llevar al ingreso progresivo de personas civiles, en el marco la ley de emergencia carcelaria, que conocemos a partir del consenso partidario que se dio el año pasado, que habilitó la creación de 1.500 cargos que están siendo ocupados por profesionales formados con esta visión diferente del sistema de rehabilitación. Eso va a permitir en el futuro, quizás al final de este período, que la mayoría de los operadores penitenciarios, de los funcionarios de ese cuerpo de trabajo directo con la persona privada de libertad, sean civiles con determinada especialización que se está generando y se está dando en este momento; además se va a crear –o recrear– una nueva escuela de funcionarios penitenciarios.

EC - De todos modos, todavía no tenemos civiles dirigiendo cárceles.

GF - Semidirigiendo, diría yo. No olvide que en esta integración del INR y en este cambio de autoridades que ya venía siendo planificado más o menos para esta fecha, como ayer lo anunció el ministro, tenemos por un lado autoridades que están a cargo de lo que tiene que ver básicamente con el área de seguridad, compartiendo dirección o subdirecciones con personal civil, como por ejemplo la coordinación nacional en el área técnica y la coordinación nacional en el área de cárceles del interior.

EC - Los cargos que dio a conocer el ministro Bonomi son los siguientes: el director del INR será el inspector Luis Mendoza, el subdirector correspondiente a área metropolitana será el mayor Fabián Severo y el subdirector del área interior será el maestro Alberto Brussa. Este último puede haber sido un nombre que llamara la atención en la enumeración, estamos hablando de un maestro de escuela.

GF - Es un maestro con un doctorado en el área de educación que estuvo trabajando hasta hace muy poco en la asesoría en materia penitenciaria, y que luego pasó, una vez constituido el INR, a realizar tareas en el Área de Desarrollo Penitenciario, un área que tiene que ver con la formación y la preparación del personal penitenciario.

EC - Después están como subdirector de Seguridad el mayor Orestes Lele da Silva, como subdirector administrativo el licenciado Jaime Saavedra –otro civil– y como subdirector técnico el sociólogo Gustavo Belarra.

GF - Exactamente. Como ve, está equilibrada la balanza, lo que también es una muestra del cambio paulatino y gradual que debe tener un sistema que es hipercomplejo y que tiene la mitad del personal en esta área de seguridad y la otra mitad en otras áreas que tienen que ver más con aspectos técnicos de investigación y planificación del desarrollo del INR. Por lo tanto, de futuro la balanza se va a inclinar con una mayor cantidad de personal civil, que es este personal del escalafón F, creado en la Ley de Presupuesto, y con el INR. No se pueden ingresar 1.500 personas en dos días, es un trabajo que lleva su tiempo, primero porque hay convocatorias, hay que seguir los procesos legales de estos llamados en la administración pública, pero además la convocatoria implica la selección de un perfil que tiene que ajustarse a una tarea de esta naturaleza, de alta especialización, muy específica, y para la que se requiere un alto grado de vocación. Además están los procesos de formación, se hizo un curso inicial de formación, de inducción en la tarea, que por el momento es de cuatro meses y que cuando esté constituida la escuela va a ser un poco más largo. Ahora estamos trabajando dentro de un plan de emergencia y de una situación que todavía es crítica para el sistema.

No obstante, el sistema ha evolucionado en muchas áreas –a lo que no se le ha dado difusión– que tienen que ver con los ejes de trabajo y educación, sobre todo en el área del trabajo con los diversos convenios que el ministerio ha firmado por medio del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que nos han permitido aumentar significativamente las plazas laborales para que las personas puedan, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Humanización del período anterior, redimir pena por trabajo y estudio. Pero eso tiene que estar acompasado con otros acortamientos o liberaciones que tienen que ver con la respuesta judicial, por ejemplo ahora tenemos –no voy a nombrar la empresa– un ofrecimiento de 250 vacantes para ocupar a personas privadas de libertad, entonces primero hay que encontrar el perfil de las personas que puedan hacer una comisión externa de trabajo durante ocho horas, ese es el primer paso, se hace un estudio criminológico, y segundo, el juez tiene que autorizar a esas 250 personas a tener esa comisión de trabajo externa.

EC - ¿Usted dice que hay una empresa que ha solicitado 250 reclusos para trabajar? Es una cantidad enorme.

GF - Sí, es una cantidad fuera de lo común para los ofrecimientos de plazas de trabajo que habitualmente tenemos, que pueden ser 5, 10, 15, 20, como mucho. Esto es parte de un proceso, de una apertura que se ha dado con la sociedad civil, mediante estos convenios las personas privadas de libertad, como sería el ideal, podrían estar todas trabajando, con comisiones intramuros, porque algunos trabajos para algunas empresas pueden hacerse dentro del establecimiento penitenciario, o afuera, entonces la persona estaría, como esperamos y queremos, integrando hábitos de trabajo y contando con herramientas para su futuro egreso.

EC - Nadie duda de la importancia y la necesidad de avanzar en ese plano, el de la rehabilitación, pero al mismo tiempo, ante hechos como los que acaban de ocurrir, hay en la sociedad la pregunta a propósito de cómo se va a "castigar" este tipo de conductas, porque no estamos hablando solamente de motines, estamos hablando de violencia, de destrucción de la infraestructura del Comcar y de la nueva cárcel de mujeres. Ayer el ministro anunció que de ahora en adelante cuando quienes reciben por ejemplo frazadas, platos, cubiertos, los rompan, no tendrán la reposición de parte de las autoridades carcelarias, que tendrá que ser la familia de cada uno de ellos quien suministre ese tipo de materiales.

GF - Creo que todos compartimos esa consecuencia.

EC - Sí, parece muy razonable esa decisión. Pero ¿eso es lo único?

GF - No; el reglamento penitenciario que viene apoyado por la ley que rige el sistema penitenciario, la ley 14.470, y es reflejo de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos del año 1955 y sucesivas, prevé un régimen de sanciones para cada una de las situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana de una persona privada de libertad. En lo que tiene que ver con la rotura de bienes del Estado, está prevista la posibilidad, además de una investigación administrativa, que es lo primero a lo que hay que proceder en la interna de un establecimiento penitenciario, de dar cuenta a la justicia, que puede resolver, con esa información, procesar por un delito de daño a las instalaciones del Estado.

EC - ¿Eso ocurre efectivamente? ¿Hay antecedentes?

GF - Sí, eso se hace de continuo, no es información que trascienda porque forma parte de la rutina de la vida de un establecimiento, pero se agrega un delito a la causa que la persona ya trae, y la gravedad o los máximos y mínimos de ese delito se gradúan en un proceso penal que termina con una condena, como con cualquier otro delito que ocurre en la vida social. Esa es una de las medidas.

La segunda medida es que el reglamento además permite sanciones de 30, 60 o 90 días con consecuencias para el interno que habitualmente suponen la pérdida de beneficios que ha obtenido, si es que los ha obtenido, y si no los ha obtenido, de mayor permanencia dentro del sistema progresivo en áreas de mayor seguridad, que restringe sobre todo el área ambulatoria, puede ser mayor cantidad de horas de encierro, interrupción de algunas actividades que venía haciendo, menor tiempo de recreo, de patio, etcétera. Pueden ser hasta 90 días de sanciones de aislamiento, aislamiento que se hace obligatoriamente y por las disposiciones nacionales e internacionales con los debidos controles médicos, porque tampoco se trata de castigos, penas y tratos inhumanos y degradantes como lo estipula la Convención contra la Tortura, sino que esto tiene que tener una consecuencia relacionada con el disciplinamiento y ese disciplinamiento a su vez tiene que estar sostenido por equipos técnicos que trabajen con estas personas.

Qué pasa con este ejemplo de los platos. Los señores privados de libertad fueron trasladados de los módulos 4 y 5 al módulo 8, que obviamente era un alojamiento transitorio para estabilizar una situación crítica de motín que se había dado la noche anterior con heridos y con consecuencias. Ese patio del módulo 8, que es un patio nuevo, limpio, seguro, con acceso a agua, a instalaciones sanitarias, era absolutamente una situación de tránsito. Por lo tanto lo que se procuró inmediatamente fue que esas personas tuvieran un nivel de bienestar óptimo, nada más, tres comidas al día, las 1.200 frazadas nuevas que se compraron en un esfuerzo estatal importante y también de coordinación interministerial para que luego llegaran las carpas y las lonas, previendo las inclemencias del tiempo. Hasta ahí la institución cumple con su deber de protección de esa persona que está en esa situación, porque es una obligación de la institución.

Se pide –obviamente en una situación de diálogo– colaboración, se pide tranquilidad y se explican en ese momento –yo lo hice personalmente– los pasos que iba a seguir el sistema a partir de allí para el realojo de la mejor manera posible. El alojamiento duró más o menos hasta la hora de la comida, en las primeras horas de la tarde llegan los 1.200 platos de melamina blanca –agrego detalles–, que fueron entregados uno por uno, y ya venía la comida, los carros correspondientes que se trasladan. En ese momento la actitud de muchos de ellos, que era de bastante hostilidad y agresividad, fue empezar a tirar esos platos por arriba del muro, romperlos, o de noche hacer una fogata. Se volvió a dialogar con ellos, la actitud no se deponía, como tampoco la depusieron el otro día las mujeres privadas de libertad. El diálogo fue de varias horas, y en lugar de modificar la actitud y tener una actitud de escucha y de comprensión hacia el plan de las autoridades –incluso en la cárcel de mujeres participó activamente en ese diálogo el comisionado–, la escalada de violencia era cada vez peor, en lugar de ir para atrás era cada vez peor. Lo mismo ocurrió con los que allí estaban. Por lo tanto, es lógico que el Estado resuelva no reponer aquello que se rompió.

EC - Eso es lógico, pero en cuanto a otro reclamo que surge de la población, que es que paguen lo que rompieron, porque ahora por ejemplo en cuanto a obras en el Comcar se habla de una inversión necesaria de ocho millones de dólares, ¿qué posibilidades hay de que compensen lo que rompieron por la vía del trabajo?

GF - Exactamente. Esa es una de las estrategias o de las conclusiones que podemos sacar y de las posibilidades en esta renovación y cambio del sistema que podemos tener. No olvidemos que el módulo 9 del Comcar, que es un módulo absolutamente nuevo, que está impecable en todo sentido, fue construido en tiempo récord por los propios reclusos, y se inauguró en diciembre. O sea que es posible, pero necesitamos un cambio de actitud. Entiendo que con estas personas que rompieron los módulos 4 y 5 el sistema tiene un desafío más importante, son las personas con las que más hay que trabajar, desde empezar a entablar un diálogo. Es decir, hay un desafío más importante porque son personas que, por lo que están demostrando, prefieren estar en condiciones peores de aquellas en las que cualquier persona común preferiría estar. Es un desafío de mayor trabajo por el grado mayor de vulnerabilización de su historia, de su trayectoria delictiva y todo lo demás. Quizás no sean específicamente las que reconstruyan, al menos por el momento, aunque probablemente algunas se sumen gradualmente, pero es una posibilidad que la mano de obra salga de la propia población.

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Transcripción: María Lila Ltaif