(emitido a las 8.52 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Luego de un debate muy intenso, el Senado aprobó anoche el proyecto de ley sobre Pluna que busca agilizar la subasta de sus aviones y darles protección a los exempleados, mientras se redistribuyen los vuelos que operaba esa empresa. Además, a instancias del Senador Tabaré Viera, del ProBa, Partido Colorado, se votó la creación de una comisión preinvestigadora que resolverá si hay mérito para que se instale una investigadora sobre lo ocurrido con Pluna SA.

Ayer a esta hora entrevistábamos en En Perspectiva al ministro de Transporte, Enrique Pintado. Hoy les proponemos conocer otro ángulo, el de la oposición, y para eso estamos con el senador del Partido Nacional, Alianza Nacional (PN, AN), Carlos Moreira.

Si entiendo bien, antes de su discrepancia con el proyecto de ley sobre Pluna está su crítica a la medida que se tomó la semana pasada, cuando se resolvió el cierre de la empresa y el ingreso en concurso judicial de acreedores. ¿Usted no está de acuerdo con lo que se hizo?

CARLOS MOREIRA:
Es muy difícil separar etapas, porque ha sido una cosa de marchas y contramarchas y un andar absolutamente zigzagueante, nos cambian el discurso cada 15 días. El 20 de junio concurrieron el ministro de Transporte y el ministro de Economía a la Comisión de Transporte de Senado y Diputados y nos dijeron que habían llegado a un acuerdo con los accionistas de Leadgate, los accionistas mayoritarios. Nos dijeron que se había resuelto liquidar esta asociación, pasar a un fideicomiso las acciones de Leadgate –el 75% del paquete de Pluna– relevar al señor Campiani como gerente general y poner a Sebastián Hirsch, uno de los socios históricos de Leadgate, darles indemnidad y decir: "No vamos a llevar a Pluna a concurso porque hay que asegurar la conectividad, los puestos de trabajo de una empresa de larga data, de enorme prestigio, 75 años de vida". Dijeron: "El concurso sería la peor de las soluciones, porque habría que cerrar la puerta".

Y 20 días después, o menos, nos llaman al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y nos dicen que en virtud de una circunstancia absolutamente irresistible, insuperable, que eran unos juicios laborales en el Brasil que comprometerían la responsabilidad patrimonial del Estado por 3.500 millones de dólares –se hablaba de la eventualidad de 7.000 juicios–, había que bajarle la cortina a Pluna y decretar su muerte súbita, que fue lo que ocurrió.

EC - Una puntualización allí: según lo que usted escuchó ese día en aquella reunión que el Poder Ejecutivo solicitó con la oposición, ¿el motivo determinante del cierre era ese, el riesgo de los juicios provenientes de Brasil?

CM - Absolutamente.

EC - Eso ha sido muy discutido estos días.

CM - Sí, pero la verdad es una sola. Que Pluna estaba fundida, en estado de insolvencia y cesación de pagos desde hacía tiempo era un hecho al menos por mí conocido, lo vengo diciendo desde hace años. No es sorpresa, bastaba revisar los balances de la compañía y ver que había perdido 25 millones un año, 22 al siguiente, 17 el otro, 8 el otro y que este último va a perder 40 para saber que la empresa estaba fundida, que sus pasivos estaban muy por encima de sus activos, y que estaba en una situación de quiebra.

EC - Porque ayer el ministro decía: "Se precipitaron una serie de acontecimientos que tienen que ver con la propia insolvencia patrimonial que tenía la empresa, la falta de crédito, la iliquidez, que llegaba a tal punto que no nos permitía ni tener dinero para comprar el combustible necesario para volar ni tener ningún funcionario que aceptara firmar un cheque porque sabía que eran cheques que no tenían fondo".

CM - ¿Lo descubrió ahora el ministro? ¿No leía los balances, no se daba cuenta de estas cosas? Lo penoso es que se haya dejado llevar a este límite. Porque esto fue una constante bicicleta financiera donde se generaba más pasivo, más pasivo, más pasivo. Anteayer en la Comisión de Transporte, que funcionó todo el día, recibimos por ejemplo a quienes organizaron fideicomisos que le terminaron prestando 15 millones de dólares a Pluna. Hay un fideicomiso en Argentina con seis más, y se pretendía hacer otro en el Brasil –que fue el que desencadenó todo este gran cierre– por 30 más. Era una bicicleta financiera. Es como la emisión de deuda pública, las deudas grandes se pagaban con más endeudamiento.

Ese fideicomiso, que yo pensé que estaba conformado por tres o cuatro personas, son 500 pequeños ahorristas que pusieron y confiaron en esta empresa nacional, sobre todo porque allí estaba el Estado y porque además había un discurso oficial de que esto andaba muy bien, de que había muchas más frecuencias, que volaba a todos lados, que era próspero. Engañaron a la gente. Esta gente no va a cobrar un peso, lamentablemente, y cuántos uruguayos y no uruguayos van a caer en esta volteada. Hasta ahora la gente pensaba: "Capaz que me pagan, capaz que el Estado se hace cargo, no voy a alzar mi voz". Pero ahora va a haber un clamor de cuánta gente va a quedar adentro con esta operación de Pluna. La ingeniería de la ley de ayer simplemente pasa por pagarle al Scotiabank.

EC - Vamos por partes. Volviendo a la consulta original, ¿cuál es, en resumen, el análisis que usted hace de las decisiones que se tomaron, en particular las de la semana pasada? ¿Había otra solución posible?

CM - No, es verdad, no había ni un dólar en caja. Pero yo le pregunto otra cosa: ¿cómo, si no había un dólar en caja –y eso se sabía– le pagan a Campiani tres millones de pesos de indemnización? Yo pregunto: ¿cómo es posible que le regalen pasajes para que se vaya? ¿Qué cosa más contradictoria que esa? El último mes y medio, dos meses o tres, Pluna estaba volando porque Ancap la estaba capitalizado fiándole combustible a 180 días, violando los contratos. Yo nunca había visto una cosa así, que Ancap, después de haberle cortado el suministro en el 2008 porque le debía 14,5 millones de dólares, le vuelva a dar un crédito por 180 días para el pago de combustible, cuando además había un contrato vigente que establecía que el plazo máximo eran 30 días. A mí nadie me convence de que un gerente puede autorizar la violación flagrante de un contrato para suministrarle combustible a un deudor absolutamente insolvente como era Pluna.

Yo pregunto, ¿cómo se arregla eso? Hay tantas cosas acá para preguntar y para investigar que a veces parece increíble. El último argumento fueron los juicios en el Brasil, pero después quedó demostrado que eso de los 3.500 millones de dólares y los 7.000 juicios no era verdad. Esas eran contingencias laborales que venían siendo constatadas, figuraban en todos los balances que yo vi, a los cuales tuve acceso, desde el 2007 en adelante. A mí no me vienen a decir que descubrieron ahora que puede haber juicios contra el Estado por 7.000 millones de dólares. Este no era el motivo, el motivo real era la situación de absoluta insolvencia, de cesación de pagos, circunstancia que venía de hace años, que no era reciente y que el Gobierno del Frente Amplio (FA) nunca quiso ver.

EC - Usted formuló más de una denuncia en esa materia, ha habido comparecencias de los ministros que fueron iniciativa suya.

CM - Como 15.

EC - El PN terminó incluso presentando una denuncia penal hace muy pocas semanas. O sea, desde la oposición la advertencia se había hecho. La consulta es: ¿cómo entienden ustedes que debió haberse actuado?, ¿qué debió haberse hecho, no la semana pasada, sino hace un mes, cuando se resolvió esa fórmula de desplazamiento de Leadgate y Jazz? ¿En ese momento cuál era la solución?

CM - Hace un mes no había solución. La solución se tendría que haber dado hace cuatro o cinco años. En ese momento podía haber habido una solución, hace un mes ya no había solución alguna. A mi juicio resultó vergonzoso que se pactara esa impunidad respecto de estos señores de Leadgate y que el Estado se comprometiera a mantenerlos indemnes ante cualquier reclamación, incluso reclamaciones de organismos públicos, como pueden ser la DGI, el BPS, de personas privadas o de terceros. Es decir, después de esta actuación, para mí teñida de hechos delictivos, que todavía se diga: "Le pagamos una suculenta indemnización al jefe de esta organización, y además lo mantendremos indemne para que conserve su prestigio comercial" es increíble.

EC - Cuando le preguntaban por ese tema en su momento al ministro Pintado, sostenía que en ese capítulo del acuerdo con Leadgate para el Poder Ejecutivo lo más importante era la contrapartida, porque esas cláusulas de indemnidad son mutuas.

CM - Son recíprocas, sí. Es como una broma.

EC - Que lo que se buscaba era cubrirse de reclamos y de juicios que pudieran venir del lado de los socios hacia el Estado.

CM - Sí, pero la bondad, la indulgencia, diría la obsecuencia con que procedió muy en especial el gobierno anterior con estos señores de Leadgate no podría merecer ni un reto, ni una expresión hosca de estos señores. ¿Juicios? ¡Por favor! Además el ministro olvidó decir que quedaron fuera de este entendimiento dos cosas: una reclamación del Estado por 1.850.000 dólares, que está iniciada y que por supuesto no va a cobrar ni un dólar, porque esta gente es absolutamente insolvente, y además un procedimiento arbitral por el cual estos señores de Leadgate le reclaman al Estado uruguayo –al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al MTOP– 9.250.000 dólares por un crédito por una devolución de aeronaves que pagó Pluna SA. Eso queda pendiente. Es decir que estos señores todavía van a seguir un procedimiento arbitral contra el Estado uruguayo por 9.250.000 dólares. ¿Y qué pueden reclamar Campiani, Hirsch y Demalde al Estado uruguayo, si el Estado uruguayo les dio todo, absolutamente todo, más allá de toda lógica? Sinceramente pienso que eso nunca debió pactarse así, de ninguna manera.

EC - Usted no solamente cuestiona lo que se ha estado haciendo ahora, sino que en su crítica va con frecuencia para atrás, al origen de este negocio, a la asociación misma con Leadgate, que se aprobó en el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando el ministro de Economía era Danilo Astori.

CM - Por supuesto, son los responsables políticos de que esto sucediera. Esto de ahora es la lógica de los hechos, es la irresistible consecuencia de todo lo que se hizo antes.

EC - Con respecto al contador Astori en particular, hoy vicepresidente de la República, ¿qué es lo que usted reclama?

CM - Hay una responsabilidad política evidente, lo he dicho siempre, recuerde que yo los interpelé a él y al exministro Rossi en su momento. Hace cuatro años quisimos constituir una comisión investigadora. Por supuesto que con régimen de mayorías absolutas no puedo pedir –ni podía entonces– la censura del ministro; hoy no puedo pedir la censura de Astori porque es vicepresidente de la República.

Ahora pedimos otra investigadora y los senadores del PN acudimos a la Justicia, porque entendemos –y no estoy personalizando la denuncia, no estoy diciendo "Fulano es culpable"– que hay hechos de apariencia delictiva. Si no podemos obtener nada en el Parlamento, porque hay una mayoría regimentada que va a votar en contra de todo lo que pedimos y denunciamos, entonces que la Justicia uruguaya independiente –esa sí, con poderes inquisitorios que no tienen las comisiones investigadoras– investigue, porque aquí hay mucho para investigar, no tengo ninguna duda.                                                               

Ahora salimos rematando estos siete aviones que garantizó el Estado uruguayo, y es una cosa desproporcionada e ilógica que Pluna Ente Autónomo, Estado uruguayo, que tiene el 25% del paquete accionario, garantice el 100% del importe de la compra de siete aviones por 178 millones de dólares. Nunca lo vi en mi vida. Soy abogado, he ejercido bastante la profesión, y nunca vi en mi vida profesional que alguien que tiene el 25 garantice el 100. Eso es lo que está condicionando la salida, porque como hay una hipoteca a favor de Pluna Ente Autónomo, vamos a rematar y el único que va a cobrar es el Scotiabank, el acreedor hipotecario.

EC - El tema de la comisión investigadora se discutió ayer en el Senado; ¿a qué conclusión se llegó finalmente? Va a haber una preinvestigadora.

CM - Sí, se constituye la preinvestigadora que luego someterá al Senado sus consideraciones para que este, por mayoría simple, determine si da lugar o no a la constitución de una comisión investigadora.

EC - ¿Qué período concreto se va a investigar o se investigaría?

CM - Ayer el FA dijo: "Si hay que investigar, investiguemos todo, desde la asociación con Varig". Yo estoy totalmente de acuerdo.

EC - Eso le parece bien, que se vaya hasta el año 1995.

CM - Sí, me parece bien. Claro, si hay responsabilidades para atrás es muy difícil porque estarán prescritas, pero de cualquier modo estoy totalmente de acuerdo en que se investigue todo, por supuesto que sí. Nada mejor que transparentar todas las situaciones. Pero no dejemos de poner el foco en lo que pasó en estos años, eso es importantísimo, allí todavía podemos hacer jugar responsabilidades políticas. Está bien que se investigue todo.
 
EC - El miembro denunciante en la preinvestigadora es usted.

CM - Exacto.

EC - ¿Qué impresión tiene? ¿Qué ambiente encontró ayer en el Senado como para que después termine habiendo o no una investigadora?

CM - Lo dije ayer, al margen de que acá se vote por disciplina partidaria, estoy seguro de que muchos legisladores del FA no están nada conformes con lo actuado en estos años y tienen serias dudas sobre muchas cosas. Usted lo ha escuchado a Lorier, por ejemplo, hablar de este tema; la propia senadora Topolansky dijo que aquí había un vaciamiento de la empresa. Esto da cuenta de que muchos legisladores del FA nunca estuvieron de acuerdo, y después, cuando las cosas se fueron dando, mucho menos estuvieron de acuerdo en cómo se procedió. Después viene el bloque monolítico de manos levantadas, pero si usted pregunta y le contestan con sinceridad, muchos no están convencidos de que acá no haya cosas muy raras que hay que investigar. Creo que lo van a votar, no tienen más remedio que votarlo.

EC - Algo ya mencionó, pero ¿cuál sería el aporte de una comisión investigadora parlamentaria cuando paralelamente está corriendo la investigación judicial?

CM - Yo acompaño todas las iniciativas que tengan por objeto transparentar, en todos los ámbitos. Por supuesto, la Justicia del crimen organizado, que está especializada en estos temas, tiene potestades inquisitorias que no tiene una comisión parlamentaria. Porque si mañana hay que citar a Campiani a la comisión y Campiani no quiere venir, no viene; si queremos citar a particulares, no vienen. Pero el juez les dice: "Venga el lunes a las cuatro de la tarde, y si no, lo conduzco por la fuerza pública". Es muy diferente, las potestades son muy diferentes. El curso de la acción judicial va a ser mucho más efectivo que esto, porque las comisiones parlamentarias están más en el debate, en la consideración pública, que la Justicia, que tiene un grado de reserva que también es bueno, porque permite a veces ser más objetivo y despolitizar totalmente los temas. Por eso recurrimos a la Justicia, no para judicializar la política, sino para que el poder independiente del Estado actúe cuando hay delitos y cuando hay enormes perjuicios para muchísima gente, trabajadores, comerciantes, particulares. Porque al final terminó afectándose a gente que no tiene nada que ver con esto, que compró sus pasajes para pasar sus vacaciones y se tuvo que quedar en Montevideo o no pudo venir de otro lugar a Montevideo. Cuando empecemos a sentir el clamor de los perjudicados van a ser una multitud.
 
EC - En definitiva, ¿usted está convencido de la investigadora parlamentaria o no.

CM - Acompaño y me parece bien. Yo propuse ese camino hace cuatro años, no nos votaron eso. Creo que va a contribuir, porque es bueno que estas cosas se transparenten y se sepan. Es bueno.
 
EC - Su colega Luis Alberto Heber decía estos días: "Hay responsabilidades que son políticas y no necesariamente penales".

CM - Hay de las dos acá, por eso tenemos los dos caminos. Pero hay que ser realista, las responsabilidades políticas en el Parlamento siempre se frustran con la mayoría absoluta. Decimos: "El ministro del Interior ha fracasado en su afán de abatir los índices de criminalidad, vamos a censurarlo", y no podemos porque con manos levantadas no hay censura. Lo mismo con el ministro de Transporte o el de Economía y Finanzas, si se nos ocurriera decir: "Tiene que irse el ministro Pintado", el Frente va a decir: "El ministro Pintado no se va", y el presidente después dice: "Está soldado a su silla, cuanto más lo critiquen, más lo soldamos a la silla". Entonces, las responsabilidades políticas no las podemos ejecutar porque las mayorías absolutas lo impiden. La ciudadanía votó eso; la legitimidad la tienen. Ese camino está cerrado, está vedado, pero nosotros no recurrimos a la Justicia porque no podamos ejecutar la responsabilidad política, recurrimos a la justicia porque entendemos que estamos ante hechos con apariencia delictiva. Estoy absolutamente convencido de eso, de que el vaciamiento existió, que muchas de las asesorías y consultorías que cobraban suculentas sumas eran inexistentes, que el negocio con Aerovip fue un fraude total y tantas cosas más. Creo que hay hechos con apariencia delictiva.

***

EC - Usted recién analizaba el pasado, pero ahora hay que salir de este lío. Sea cual sea la opinión que se tenga y el balance que se haga de lo que ocurrió, hay que encontrar un camino. Esta semana, Pluna se presentó ante la Justicia solicitando el concurso de acreedores, que va a terminar con la liquidación de la empresa. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que procura que algunos de los activos puedan subastarse extrajudicialmente en tiempos más breves que los previstos en la Ley de Concursos. Concretamente, se pretende subastar en menos de 60 días siete de los 13 aviones que tenía Pluna, con un procedimiento ágil que, dice el proyecto, busca preservar el valor de esos activos, recomponer cuanto antes la conectividad de nuestro país y conservar las fuentes de trabajo de los empleados de la empresa. Usted tampoco votó este proyecto; ¿por qué?

CM - Porque este proyecto modifica determinadas garantías de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial, que es una norma muy reciente, y le dará autorización al Poder Ejecutivo para constituir un fideicomiso para adquirir determinados activos garantizados con la hipoteca. En realidad, son los siete aviones comprados inicialmente por Pluna SA con la garantía del Estado uruguayo. Básicamente se trata de que el Estado uruguayo se libere de ese gravamen y esa deuda que tiene con el Scotiabank, un banco canadiense que hoy anda en el eje de los 140 millones de dólares, más o menos, consecuencia de aquel desastre de que el 25% garantizara el 100%, como dije hace un rato. Es la consecuencia inevitable, inexorable de eso. Si uno analiza esto desde el punto de vista económico, lo probable es que el único que cobre en todo este proceso concursal sea el Scotiabank, porque tiene la garantía del Estado uruguayo.

EC - El Gobierno dice que se van a rematar esos siete aviones con una base de 135 millones de dólares, con el dinero obtenido se saldará la deuda con el Scotiabank y si queda una diferencia se traspasará a Pluna SA para que se utilice en el concurso de acreedores.

CM - Ahí comienza la primera discrepancia que tenemos: se saldará o no se saldará. Porque en el artículo 3, al final, como para que pase desapercibido, dice: "Asimismo se podrá acordar el mantenimiento de las garantías para el financiamiento".

EC - Eso es en el artículo 3, que es el que establece la posibilidad de negociar con el comprador de los aviones la concesión de las frecuencias de vuelo que operaba Pluna. Se aclara que para que ello sea posible el inversor debe ser o conformar una aerolínea nacional y la negociación de los permisos tendrá en cuenta cuál es su disposición a incorporar exempleados de Pluna y/o asumir otros pasivos de Pluna.

CM - Sí, los pasivos asumidos o garantizados por el Estado. Eso es una violación clara de las normas de la Ley de Concursos, que establece créditos con distinta gradación. Algunos tienen privilegios especiales, como este de la garantía hipotecaria, primero cobran los acreedores prendarios o hipotecarios, después los créditos laborales, y también los créditos por tributos municipales o nacionales, o los aportes personales de los trabajadores al BPS. Los otros son créditos quirografarios que van a la masa y cobran a prorrata de lo que sobra. Pero acá se dice que el Estado va a negociar para que se paguen aquellos créditos de Pluna SA asumidos o garantizados por el Estado. Eso tiene nombre y apellido: Ancap y Banco de la República (BROU).

EC - Eso lo decía ayer el ministro Pintado: se va a intentar que quien compre los aviones y después negocie para obtener las frecuencias de vuelo por un lado incorpore personal de Pluna y, por otro, asuma estas deudas que Pluna también tiene con organismos públicos.

CM - Me parece bien lo del personal de Pluna. Buscar que se preserve la fuente de trabajo me parece bárbaro. Por supuesto que habla de ese personal en un tono muy genérico. No dice cuántos son, dos, tres, cinco, 10, 100 o 700. No lo especifica, y no lo establece como una obligación. Lo deja sujeto a la reglamentación que dicte el Estado; no sé cómo va a ser la reglamentación. Pero lo grave es que se diga que se va a procurar también que se paguen los créditos del Estado a Ancap, lo escandaloso de Ancap, ese crédito que le concedió 180 días para pagar el suministro de combustible, cuando había un contrato que decía que no podía exceder los 30 días. ¿Y por qué le van a pagar a Ancap? ¿Por la ineptitud y la ineficiencia que tuvo al darle un crédito violando flagrantemente un contrato que ya estaba pactado entre las partes? ¿Por qué beneficiar a Ancap? No entiendo. ¿Hay que pagarle a Ancap antes de pagarles a los que se quedaron sin viajar este fin de semana, antes que a los de los fideicomisos o a los que prestan servicios de tierra en el aeropuerto? ¿Por qué? Tienen que pagar a los acreedores quirografarios, ¿por qué otro quirografario como es Ancap va a cobrar antes que ellos? No lo entiendo, esto viola la Ley de Concursos. El BROU tiene un crédito de 17,5 millones de dólares, que debe haber utilizado hasta el tope. Ese crédito está garantizado por el MEF, y debió haberse pagado con la enajenación del Argentino Hotel de Piriápolis, porque así está consignado en el primer contrato firmado por Astori y por Rossi: que el producido de la enajenación del Argentino Hotel iba destinado primero a pagar el crédito del BROU. Y se violó flagrantemente ese contrato porque se le pagó a Ancap cuando le cortó el suministro hace cuatro años.

¿Estamos subsanando ineficiencias, errores, violaciones de contratos, responsabilidades funcionales con esto de que el Estado va a negociar las frecuencias? Porque las frecuencias tienen un valor económico, sobre todo las de puente aéreo. El Estado va a negociar: "Te doy las frecuencias y pagale a Ancap". ¿Y por qué en vez de "Te doy las frecuencias y pagale a la Ancap", no "Te doy la frecuencia y pagales a los acreedores repartido entre tantos"? Eso es lo que dice la Ley de Concursos. Ancap es un acreedor quirografario, no tiene privilegio alguno, el privilegio se lo da el Estado porque tiene la posición dominante de poseer la facultad discrecional de asignar las frecuencias y va a negociar con ellas. ¿Pero cómo va a negociar a favor de Ancap? Eso me parece violatorio de la ley, y me parece muy mal y tremendamente injusto, además.

EC - ¿Cuál debió haber sido entonces la fórmula para encarar de ahora en adelante el tema, teniendo en cuenta que está en juego la conectividad del país, por ejemplo?

CM - Se hizo una dispensa de las frecuencias por 180 días, sobre todo de las de puente aéreo; seguramente Aerolíneas Argentinas va a ocuparlas todas. Yo preguntaba por qué no hacen una asignación temporal de frecuencias a alguna empresa nacional, por ejemplo.

En cuanto a la salida de esta situación de hoy, a mí que no me pregunten cómo se sale, que me pregunten por qué llegamos a esto, porque salir de este caos y de esta tremenda situación es casi imposible, sin duda. Usted me pregunta cuál era la mejor solución; la mejor solución era haber seguido de cerca toda esta gestión y no haber permitido que se hicieran las cosas que se hicieron. En un momento se nos acusaba a la oposición de que queríamos cerrar Pluna porque criticábamos. No, los que la cerraron fueron los que permitieron todo esto. Ahora imaginar salidas diferentes es muy difícil. El Estado permitió garantizar el 100% de los créditos para comprar aviones cuando era titular del 25, eso ya causó un perjuicio en el inicio absolutamente irreparable e insubsanable. Es muy difícil salir de esto.

EC - ¿Usted es pesimista con respecto al resultado que va a tener esta fórmula?

CM - Creo que el único que va a cobrar es el Scotiabank, me da la sensación. Los trabajadores van a cobrar porque votamos la creación de un fondo de adelanto de créditos laborales para que cobren un seguro de desempleo a cuenta de sus futuros despidos. Ojalá se logre preservar la fuente de trabajo, que me parece una cosa absolutamente loable y que compartimos, ojalá aparezca uno y ponga a volar esos siete aviones. Pero lo lamentable es que hayamos llegado a esta situación, por eso le digo que la salida no se puede separar del origen y de todo el devenir de este proceso. Esta salida al final fue inexorable, porque la permisividad, la obsecuencia, los errores, la negligencia fueron lo que produjo este lamentable resultado, este lamentable final, esta muerte de Pluna SA.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: archivo

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