(Emitido a las 07.53)

EMILIANO COTELO:
Volvemos a la reforma constitucional del agua y las distintas dificultades que genera para todos lados, por ejemplo dificultades a los propios partidos sobre cómo pararse frente a este nuevo escenario, si caen o no las concesiones vigentes en agua potable y saneamiento.

El Partido Nacional (PN) decidió esta semana impulsar un proyecto de ley interpretativa de la reforma que se aprobó el 31 de octubre, sosteniendo que las concesiones no caen. A ese proyecto le va bastante mal, sobre todo si tenemos en cuenta que dentro del Frente Amplio (FA) por ahora no hay unanimidad al respecto y que desde el gobierno se anuncia que si sale, si se aprueba, lo vetará.

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Senador Francisco Gallinal, de Correntada Wilsonista, usted no votó la reforma constitucional, su sector estaba en contra de esta enmienda.

FRANCISCO GALLINAL:
Exacto, no firmamos ni votamos.

EC - Sin embargo ahora está de acuerdo con este proyecto de ley.

FG - Sí, porque es la interpretación que teníamos antes del 31 de octubre, porque el PN en su conjunto, más allá de las diferencias respecto del voto de la reforma, llegó a la conclusión de que la misma, en caso de prosperar, no iba a tener efectos sobre las concesiones vigentes, que se iban a seguir implementando en función de las obligaciones que surgían de los contratos correspondientes.

EC - Si la reforma no hacía caer las concesiones, su sector, usted en concreto, ¿por qué se opuso?

FG - Nos opusimos porque consideramos, y así lo señalamos permanentemente, que la misma afectaba la posibilidad de seguir desarrollando el saneamiento en todo el país de la misma forma como felizmente se venía desarrollando en el departamento de Maldonado, que va a tener, en función de ese contrato, la experiencia única y positiva de poder llevar el saneamiento a todos sus habitantes. Porque la reforma prohíbe expresamente, a partir de su aplicación, que se establezca la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a través de cualquier persona jurídica que no sea de carácter estatal.

EC - La preocupación de ustedes era por el futuro, no por el impacto inmediato del texto de la enmienda sobre las concesiones vigentes.

FG - Claro, porque el grado de desarrollo, sobre todo en el interior del país, es extremadamente menor, hay una enorme cantidad de pueblos –también sucede en las capitales departamentales– que tienen cero grado de desarrollo de saneamiento.

EC - ¿Qué dice sobre como le ha ido en estos días al proyecto interpretativo del PN en cuanto a las reacciones políticas?

FG - Tiene muy pocas horas de presentado...

EC - Y tiene muy poco futuro, aparentemente.

FG - No sé... Las expresiones del senador Astori fueron muy positivas, él cambia un poco la visión en tanto habla de una ley reglamentaria, no de una ley interpretativa, lo que para nosotros puede ser otra forma de llevar adelante el tema; tenemos la opinión de algunos legisladores importantes del Partido Colorado (PC) que también estarían dispuestos a acompañar una norma de estas características, y además hace a la defensa de los intereses del país.

EC - ¿En qué sentido?

FG - Porque estamos corriendo el enorme riesgo de terminar pagando indemnizaciones de una dimensión muy superior a la que interpreta el propio Poder Ejecutivo.

EC - A ver...

FG - Porque la norma que establece que las indemnizaciones van a estar limitadas a las inversiones realizadas y deja fuera el lucro cesante y el daño emergente...

EC - Eso dice la reforma.

FG - Eso dice la reforma. Es decir, esa norma que establece que no se pagaría lo que las concesionarias dejarían de ganar en el transcurso de los años que quedan de contrato y que no se indemnizaría el daño que les significa cortarlo, no tiene absolutamente ningún valor jurídico. Primero porque es una norma de principio que el daño emergente y el lucro cesante, en cortes abruptos de esas características, por un acto unilateral, como ocurriría en este caso, deben ser indemnizados. Y segundo porque es un tema que no va a resolver el Poder Judicial uruguayo, porque en los contratos está expresamente previsto que las diferencias entre los contratantes se resuelvan a través de un tribunal arbitral integrado por tres jueces, dos designados uno por cada parte y un tercero designado de común acuerdo entre los dos primeros. Yo tengo el temor fundado de que terminemos, como consecuencia de estos hechos, pagando indemnizaciones que van a referir no solamente a las inversiones realizadas, sino también a esos conceptos de daño emergente y lucro cesante, con lo cual esas indemnizaciones se disparan a cifras... Uruguay no está en condiciones de pagar las indemnizaciones que, si tuviera algún valor, establece esa norma; mucho menos las que le estoy refiriendo.

EC - Por esa razón ustedes desde el PN han salido a criticar esta resolución del Poder Ejecutivo, incluso el apresuramiento que entienden ha tenido el gobierno para resolver en esta materia.

FG - El Poder Ejecutivo se apresura dos veces. Primero en caliente, sin un ámbito de reflexión previo sale a pocas horas de la elección nacional y de aprobada la reforma; y ahora va más lejos aún: no se sabe qué proyecto puede llegar a salir adelante y adelanta el veto a una ley que no existe.

EC - ¿Entonces? ¿Cómo piensan manejar la viabilidad política del proyecto? Usted decía recién que el senador Astori, futuro ministro de Economía del gobierno de Vázquez, en principio ha visto con buenos ojos el proyecto. El propio Vázquez ha sostenido que en su criterio las concesiones no caen...

FG - En dos oportunidades, lo dijo unos días antes de la elección nacional, en ADM, y hace pocos días ha trasmitido una visión en principio favorable al proyecto de ley presentado por el PN cuando se lo trasmitió el doctor Larrañaga.

EC - El vicepresidente electo, Rodolfo Nin Novoa, también está muy cerca de esa posición; pero otros senadores importantes del Frente –Korzeniak, Gargano, Marina Arismendi– están en la vereda opuesta.

FG - Confiamos en que esa fuerza política va a asumir una posición conjunta respecto de la dilucidación de este tema.

EC - ¿Tienen algún dato en ese sentido? ¿En esa conversación Larrañaga-Vázquez hubo algún anuncio por parte del presidente electo?

FG - No, no, no es que tenga un dato, pero durante todos estos años hemos visto que han hecho siempre el esfuerzo de asumir posiciones conjuntas y a más de uno le ha tocado votar en contra de su opinión porque así lo ha resuelto la fuerza política.

EC - Ustedes tienen la esperanza de que haya una decisión en cuanto a asignarle a esto una obligatoriedad dentro del FA...

FG - No una obligatoriedad, que tomen una decisión y actúen como fuerza política, sobre todo en vísperas de asumir el gobierno nacional.

Pero además –vamos a decir las cosas como son– es la primera vez en los cinco años de este gobierno que escuchamos que funda su posición en la opinión de Korzeniak, el sindicato y la Comisión pro Referéndum. A todos nos debe sorprender [que lo hagan], cuando tienen dentro de su propio seno constitucionalistas con conocimientos suficientes como para darse cuenta de que están haciendo un gran daño al país...

EC - Pero no es lógico tener en cuenta el punto de vista de la organización que impulsó la reforma constitucional?

FG - No, de ninguna manera. Porque quien impulsa una ley o una reforma no es el dueño de su interpretación. La interpretación está en manos de quienes tienen la responsabilidad de llevarlas adelante. El Poder Legislativo desde luego tiene la primera potestad de interpretar un artículo constitucional, porque así lo dispone expresamente la Constitución de la República; el Poder Judicial por supuesto que también; y el Poder Ejecutivo la tiene en el momento de actuar y tomar definiciones. O sea que la interpretación nunca corre por cuenta de quien presenta la iniciativa.

EC - Ustedes, por lo visto, no pierden la esperanza. ¿Qué tiempos manejan para el trámite parlamentario de este proyecto? Porque mientras tanto se están dando pasos hacia el traspaso de los servicios al Estado.

FG - Nosotros aspiramos a que el Poder Ejecutivo revea su posición porque perfectamente podría haber guardado silencio y esperado a escuchar, como en un momento anunció, la opinión de los distintos juristas, en lugar de apresurarse a dar pasos que luego pueden ser hechos consumados que hagan que cualquier ley que se interprete carezca de toda posibilidad de concreción.

EC - ¿Pero cuándo puede llegar a salir este proyecto transformado en ley?

FG - Puede salir ahora, puede salir en el transcurso del próximo Parlamento, después de su instalación... Ojalá podamos sacarlo rápidamente; y ojalá el Poder Ejecutivo recapacite y se dé cuenta del daño enorme que le está haciendo al país desde el punto de vista económico. El Poder Ejecutivo no tiene claras las cosas desde el momento en que dice que el tratamiento va a ser diferente para Uragua y Aguas de la Costa, cuando si cayeron, cayeron; ¿qué importancia tiene el perfil de cada una de las empresas?

EC - Implícitamente se está diciendo que puede haber diferencias en cuanto al monto a indemnizar en la medida en que aparentemente en un caso hay incumplimientos del contrato.

FG - Sí, y además ese tema. Nosotros hemos hecho las averiguaciones correspondientes, estamos en contacto permanente con la Intendencia Municipal de Maldonado, que obviamente es la más preocupada en forma directa por la situación, y no hay absolutamente ninguna constancia de observación ni acta referida a Uragua que diga que hubo incumplimiento. Lo único que hay pendiente son avances en materia de las obras del colector de Punta Salinas, que son consecuencia de que el Ministerio de Medio Ambiente no llevó adelante las autorizaciones correspondientes. Así que ni siquiera en ese caso.

En la visión del Poder Ejecutivo hay una sobreprotección de Uragua, a quien le está dando todos los estribos para que se pare en la búsqueda de indemnizaciones siempre superiores a las que menciona el Poder Ejecutivo, que nos preocupan enormemente.

EC - El doctor Larrañaga, presidente del Directorio, ¿se va a reunir con el presidente Batlle para hablar de esto y solicitarle que suspenda los pasos que está dando?

FG - Por lo menos para trasmitirle la visión del PN.

EC - ¿Está previsto esto?

FG - Se habló en el Directorio del lunes pasado la posibilidad de trasmitirle este tema; no sé si se va a concretar en estas horas porque el Poder Ejecutivo está procediendo en forma acelerada, sin ningún tipo de consultas y sin darse instancias para escuchar las demás opiniones. Estamos en plena transición, hay una responsabilidad compartida entre quienes llevaron adelante la reforma y el gobierno actual, que está intentando tomar estas definiciones.

Aun cuando no me sienta responsable de la reforma, me siento responsable de los problemas que esto le puede generar al país; por eso hemos decidido –como siempre– ingresar en el tema, tratar de ayudar y aclarar, sobre todo cuando se trata de discutir el problema de la retroactividad. En el sistema jurídico uruguayo, por principio, las normas jurídicas no son retroactivas, salvo que así se defina expresamente –cosa que no sucede en este caso–. Pero además cuando se le da retroactividad a una norma jurídica no solamente se define esa retroactividad, sino que se determina su alcance. Las normas de refinanciación, las normas de amnistía, todas ellas son por definición retroactivas y así se define cuando se aprueban, pero además se determina su alcance, se define y se determina hasta qué fecha son retroactivas, porque si usted las hace retroactivas por siempre puede generar un gran desastre. Cuando usted aprueba una norma de refinanciación dice "las deudas contraídas antes de... o a partir de... entran dentro de esta ley", y lo mismo pasa con el caso de las amnistías y con toda norma de carácter retroactivo. Eso no está establecido bajo ningún concepto en la reforma constitucional, entonces es lógico interpretar que no tiene carácter retroactivo, que en todo caso el espíritu de quienes la llevaron adelante fue "no tuvimos una buena experiencia [es discutible, pero aceptémoslo por un momento] con las concesiones que se realizaron; que no haya más concesiones". Eso es lo que surge de la norma que se aprobó, entonces no comprendo el apresuramiento del Poder Ejecutivo, con ese enorme peligro, porque además está jugando para Uragua. No digo que lo haga con un interés específico ni voluntariamente, pero está jugando para Uragua, que está buscando la forma de irse con los bolsillos lo más llenos posible de dólares producto de indemnizaciones.

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Transcripción: María Lila Ltaif Curbelo

Edición: Jorge García Ramón