(Emitido a las 9.09)

EMILIANO COTELO:
Poblar (o repoblar) la campaña; una preocupación antiquísima que ha estado latente a través de los casi dos siglos de historia de nuestro país.

Un asunto que hoy preocupa y ocupa al gobierno y a la oposición.

De hecho, ayer, en el cierre de la Expo Prado el ministro de Ganadería, José Mujica, volvió a poner el tema arriba de la mesa.

(Audio)

"JOSÉ MUJICA:
Necesitamos un margen mínimo de unidad nacional. Yo he hablado de estos problemas, el doctor Larrañaga presentó un proyecto que yo apuntalé, intentando cuadras de tierra que el Estado tiene, que no come ni deja comer por ahí, puedan servir para algunos colonos. Porque este crecimiento ha sido muy importante, pero tiene casos que son dramáticos también, no tienen nada que ver con el PBI, no tienen que ver nada con la riqueza, tienen que ver con cosas que golpean, más de 300 pequeños ganaderos en el norte que tienen sus ganaditos en la calle."

(Fin.)

EC - Pero no crean que el repoblamiento de la campaña está presente solo en las tribunas. El miércoles pasado se votó por unanimidad en Diputados la media sanción a un proyecto de ley que tuvo su origen en la oposición y que lleva el título: "Campaña. Normas para repoblarla".

¿Adónde apunta esta iniciativa? Vamos a entrevistar al diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, por el departamento de Rocha, Aníbal Pereyra, que integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y fue el miembro informante sobre este proyecto ante el plenario de la Cámara de Representantes.

***

Diputado Pereyra, para empezar, vale la pena destacar que este proyecto de ley es producto de una iniciativa que vino desde la oposición, concretamente desde filas del senador Jorge Larrañaga.

ANÍBAL PEREYRA:
Es así, este proyecto fue aprobado hace casi un año en el Senado de la República. Lo presentó el senador Larrañaga junto con el senador Camy. En sus inicios contó con 12 artículos, el primero de los cuales modificaba el artículo 10 de la actual ley 11.029. A eso hacía referencia el ministro Mujica ayer, que las tierras del Estado que no son explotadas por los diferentes entes o ministerios propietarios pasen a ser usufructuadas por el Instituto Nacional de Colonización (INC).

EC - Después el proyecto creció durante el debate parlamentario.

AP - Exactamente, en Diputados hubo una muy rica discusión en la que participaron también la Asociación de Colonos y el INC. Sustancialmente se le generaron mejoras, se le agregaron cinco artículos que básicamente apuntan a modificar la ley 11.029, de Colonización, por un lado en lo que tiene que ver con acceder mejor a la tierra, que ha sido uno de los grandes dramas de Colonización desde que se creó...

EC - ¿Cuál es el otro?

AP - Se agregaron cuatro artículos que apuntan a mejorar lo que tiene que ver con los controles de Colonización, para que las tierras que se entregan a colonos sean usufructuadas por gente que tenga el perfil para ser colonos.

EC - En este proyecto están de acuerdo todos los partidos.

AP - Hubo unanimidad de los 67 diputados presentes en sala el miércoles.

EC - Es un ejemplo interesante de coordinación y coincidencia entre gobierno y oposición.

AP - Parte de la base de lo que decía ayer el ministro Mujica: si no definimos políticas a largo plazo que desde el punto de vista estratégico preserven a la familia rural en el campo, por más inversiones y buenos capitales que vengan, lo que es sagrado hasta hoy en nuestro país se está perdiendo. Hoy hay lugares de la campaña donde es complicado encontrar un alambrador. Eso tiene que ver con todas estas cosas, tiene que ver con que existan en el Estado (y eso tiene que ver con la unidad nacional) visiones legales que prioricen esas cosas, que no se pueden dejar libradas a la mano del mercado.

EC - ¿Por qué para lograr ese objetivo era necesario modificar la ley que creó el INC?

AP - Porque, esas modificaciones pulen, mejoran esa brillante herramienta que es la ley 11.029, a partir de los huecos, de los errores que se le encontraron a lo largo de los años. Había voces que hacía 30 años que pedían estas modificaciones. Por eso fue muy significativo lo que aprobó el Parlamento el otro día. No fue un proyecto que se le ocurrió a un legislador, contaba con un consenso importante entre los actores que tienen que ver con la tierra, fundamentalmente entre los movimientos de colonos. Sin lugar a dudas fue trascendental.

Le voy a dar algunos números que grafican esas cosas. Del 2000 al 2004, en el período de Batlle, Colonización adquirió 45 hectáreas. De la dictadura para acá empezó a bajar notablemente la cantidad de tierras que adquiría el Estado, que adquiría Colonización. Esta administración ha hecho un esfuerzo importante, en dos años adquirió 17.687 hectáreas, poco menos de lo que se compró desde 1990 hasta acá. Eso demuestra que tener elementos para lo que tiene que ver con las tierras para colonizar es una alta prioridad.

Larrañaga y Camy presentaron este proyecto de ley de repoblamiento de la campaña en el Senado, que coincidió en sus objetivos con modificaciones a la ley 11.029 que estaba elaborando el INC. En la comisión de Diputados, en consonancia con todos los actores, entendimos conveniente incorporar a la ley que había aprobado el Senado la modificación de algunos artículos, tal como planteaba el INC.

EC - Veamos qué herramientas incluye este proyecto de ley para que el INC pueda contar con mayor cantidad de tierras. Concretamente, ¿qué es lo que ahora se introduce?

AP - Uno de los aspectos fundamentales es la modificación del artículo 35 de la ley 11.029, que prevé que todo campo menor a 1.000 hectáreas que se vaya a vender tiene que ser ofrecido al INC para que sea el primer interesado. En esta ley bajamos ese límite de 1.000 a 500 hectáreas índice Coneat 100 y agregamos que aquel contrato de venta de un predio que se haga sin hacer la consulta al INC queda nulo y quien hace la operación tiene que pagar una multa del 25% del valor del negocio.

EC - Esto último apunta a solucionar el problema de que muchas veces se ignoraba la obligación legal de ofrecerle al INC la opción de compra, y el asunto se resolvía pagando una multa.

AP - Así es. Se hacía un negocio y se iba al INC a pagar el 5%, que con el valor que hoy tienen los campos prácticamente no es nada, se le agregaba al precio. Era un trámite más. El objetivo en este caso, partiendo de la base de lo que pasó en estos casi 60 años, es darle recursos al INC porque la colonización se hace con tierra. Ya tiene una herramienta legal brillante, que es la propia ley. La nueva ley le mejora al INC la posibilidad de tener recursos y le da herramientas de control.

EC - De ahora en adelante toda transacción en la que se comercialice un campo de menos 500 hectáreas índice CONEAT 100 debe dejarse en suspenso hasta que el INC resuelva si quiere adquirirlo o no.

AP - El Instituto tiene un plazo de 20 días para demostrar su interés.

EC - Eso iba a preguntarle: cómo se hace para evitar que esta disposición se convierta en un freno al mercado.

AP - Actualmente la ley prevé diez días para que el Instituto se expida. Otra modificación consistió en quitarle al INC una traba, que era tener que esperar la tasación de Catastro para ofertar. Cuando llegaba la tasación el campo ya se había vendido hacía cinco meses, pasaba los plazos legales.

EC - Va a haber 20 días para que el INC se expida. Y si tiene interés, compra, ¿a qué precio?

AP - El Instituto es el primero ante la oferta que se plantea al precio al que se quiere hacer la transacción.

EC - Se supone que el vendedor no pierde plata si le compra el INC.

AP - De ninguna manera. Gana el país, si esas tierras apuntan a lo que decía el ministro Mujica ayer, es una inversión muy importante que hace el Estado en aquel que tiene un perfil rural, que tiene algunas herramientas para trabajar pero no tiene lo fundamental, que es la tierra. Esto es una apuesta a muy largo plazo que este país definición hace decenas de años pero que todavía tiene debes que tenemos que corregir.

EC - Si no se produce la notificación al INC para que manifieste que quiere comprar, no alcanzará con pagar una multa, el proyecto de ley establece que si la venta se hace sin atender a Colonización se declara nula.

AP - Se declara nula y quien haya hecho el negocio tiene que pagar una multa del 25%.

EC - ¿De dónde va a tener dinero el INC para comprar si un campo le interesa?

AP - El año pasado el Parlamento aprobó una ley de impuesto a las transacciones de inmuebles rurales que estuvo vigente hasta la aplicación de la Reforma Tributaria. Ese impuesto permitió que en esos meses el INC recaudara un dinero. Una vez entrada en vigencia la reforma tributaria, los promedios de lo recaudado van a ser vertidos anualmente por el Ministerio de Economía. Aparte de los otros recursos, el INC va a tener aproximadamente seis millones de dólares anuales, con los que no contaba anteriormente, para la compra de tierras. A su vez, el artículo 6 de este proyecto habilita al INC a crear fideicomisos u otras herramientas legales de securitización con el objetivo de comprar tierras.

EC - ¿También el artículo 3 es para poder comprar tierras? Ese artículo establece:

"En un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley el Instituto Nacional de Colonización procederá a vender toda fracción que, por sus características, no atienda la acción colonizadora tal cual está establecida en la Ley Nº 11.029".

AP - Así es, es un conjunto de 18 artículos que apuntan en su gran mayoría a reforzar todo lo posible las herramientas del Instituto con el objetivo de la adquisición de tierras.

EC - ¿Qué tierras hoy pertenecientes al Instituto se pondrían a la venta? ¿Cuáles son las que no sirven a los efectos que teóricamente tiene que cumplir el Instituto?

AP - En este momento no se lo puedo decir, el propio Instituto tendría que ver cuáles de los miles de hectáreas de su propiedad están en esa situación. Tengo entendido que no son muchas, ya que en los años anteriores hubo más venta de tierras en esas condiciones que las que el Instituto adquirió.

Es importante remarcar que el artículo 14, que modifica los artículos 70 y 101 de la ley 11.029, establece mecanismos de multa para aquellos colonos que no cumplen con el perfil de colono requerido. Por ejemplo, los colonos no pueden subarrendar, a quien subarriende se le aplicará una multa, a quien no cumpla las funciones de colono.

Lamentablemente durante muchos años se les otorgó tierras a quienes no tenían claramente el perfil de colonos, lo que desvirtuó la intención del legislador del año 48 cuando se creó el INC. Estas modificaciones apuntan a corregir esos errores que se acumularon durante muchísimos años, que fueron nefastos para la propia ley y para el INC. Esto es una crítica fuerte que hacen integrantes de la Asociación de Colonos y aspirantes a colonos.

EC - Para completar el capítulo del proyecto que apunta a dotar al INC de mayores recursos, falta que nos detengamos en lo que mencionaba Mujica en el tramo del discurso de ayer que escuchamos al principio: el pasaje a Colonización de predios pertenecientes a otros organismos del Estado. ¿Qué dispone el proyecto en ese sentido?

AP - El proyecto afina el sentido de que aquellas tierras que no sean de especialidad del ministerio o del ente propietario pasen a Colonización en las formas legales que se puedan acordar entre el Instituto y el ministerio o el ente. Puede ser a través de contrato, de venta o de traspaso, la ley habilita esos mecanismos y especifica claramente que son tierras que no cumplen la especificidad del ente que las posee. Puede haber un ministerio que tenga muchas tierras y que esté utilizando algunas con los fines que le corresponden pero otras no. Esas deben pasar a Colonización. Eso es lo que modifica el artículo 1 de la ley de repoblamiento de la campaña.

EC - ¿Cómo se les pagará a los entes del Estado que suministren tierras a Colonización?

AP - De las 17.687 hectáreas que pasaron a Colonización en estos dos años, casi 8.000 pertenecían al Estado. Algunas fueron traspasadas y en otras mediaron contratos. Este artículo habilita eso, el acuerdo entre el Instituto y el organismo correspondiente.

EC - Veía que los importes que el Instituto reciba por la ocupación de esos inmuebles serán volcados a los organismos propietarios una vez deducidos los gastos y comisiones, que no podrán exceder el 10% de los mismos.

AP - Ese elemento también se establece en el artículo 1 de la ley de repoblamiento de la campaña.

***

EC - Supongamos que el proyecto se aprueba y el INC dispone de mayor cantidad de hectáreas de tierra para distribuir y trabajar por el repoblamiento de la campaña. ¿A qué tipo de personas se va a privilegiar? ¿Qué perfil de productores o trabajadores rural va a priorizar el INC en esta nueva etapa?

AP - El artículo 1 de la ley 11.029 es muy claro, define los perfiles de quiénes deben ser priorizados para ser colonos.

EC - Se lo pregunto porque cuando entrevistamos en el año 2005 al senador Camy, uno de los impulsores del proyecto, él mencionó que en su iniciativa había colocado a texto expreso que había que dirigirse a familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar. ¿Eso se mantuvo en el avance del texto en el debate parlamentario?

AP - Sí, se mantuvo el articulado que quedó. Es uno de los grandes puntos que ayer también remarcó el ministro Mujica: no basta con creer que con este proyecto de ley o con esta ley cuando quede sancionada en el Senado, resolvemos todos los problemas de repoblamiento de la campaña. Es un aporte muy importante.

EC - Sí, está en el artículo 12 del proyecto: "Se deberá dar especial prioridad a las familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar, así como a los pequeños productores organizados trabajando en grupo que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra, que exploten áreas insuficientes y/o con tenencias precarias".

AP - Ese otro elemento también se incorporó. El sábado estuve en Villa del Carmen, departamento de Durazno, en una reunión del Movimiento de Aspirantes a Colonos, estuve reunido con un grupo de 10 o 12 productores que hace años que crían ganado en las orillas de los caminos y alambran la vía férrea para poder mantener su puñado de animales. Funcionan como grupo, y el sábado el INC, que también estuvo presente, les anunció la entrega, para que fueran incorporando esos ganados, de 400 hectáreas de 1.100 que la ANEP le había traspasado. Esa gente nos trasmitió el conjunto de dificultades que ha tenido a lo largo de los años para producir, para vivir. Esas realidades están instaladas a lo largo y ancho de nuestra campaña.

EC - ¿Ya hay una lista de aspirantes a colonos con estas características?

AP - Sí, la lista de aspirantes a colonos tuvo un notable crecimiento a partir de 2005, supongo por la expectativa de que el Instituto contara con más tierras y poder tener algún pedacito. Es gente que ya trabaja en el campo, gente que hace años que vive con dificultades para producir. Esa debe ser la prioridad, esa gente que ha logrado subsistir con todas esas dificultades hoy tiene la mayor prioridad para ser colono. Tenemos déficit de tierras, si en el período 2000-2004 se entregaron 45 hectáreas y hoy van 17.000, no se van a poder cubrir las expectativas y las necesidades, pero hay que hacer un avance porque esas políticas son fundamentales. Por ahí pasa uno de los resortes más importantes para consolidar determinadas cosas en la campaña uruguaya.

EC - Tengo varias preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Gustavo, de la ruta 91, dice: "Si no hay luz eléctrica, ¿cómo asentamos a la gente en el campo? Yo vivo a ocho hectáreas de Vergara, en la ruta 91, y allí no hay luz".

Otro: "¿Saben los políticos lo que cuesta el kilómetro de electrificación, cuánto cuesta reparar caminos, estudiar en los pueblos cercanos, cómo se hace para tener televisión accesible a los peones, internet?"

¿Qué responde usted sobre este tipo de planteos?

AP - Es así, esa es la pelea más grande. Hace diez años cuando se empezaron a rematar las escuelas rurales, que se cerraban y no quedaban más botijas, aquella reforma decía que para resolver esas cosas había que contratar un ómnibus y trasladar los gurises al punto más cercano. El Estado tomaba la decisión de ayudar la emigración de la campaña. Hay que ayudar a corregir y de hecho se está haciendo.

Le puedo contar un ejemplo, la escuela número 27, al norte del departamento de Rocha, en medio de los bañados, fue cerrada hace un lote de años. Está en el medio de la zona arrocera y de pequeños productores rurales muy chiquitos. Hace unos meses esa escuela se reabrió a instancias de la sociedad organizada que hoy cumple una función fundamental en el lugar. El año que viene seguramente ahí habrá cursos de primaria. Los locales escolares en esos puntos alejados no solo cumplen con la función de educar cuando funcionan como escuela, sino de nuclear. Si el productor chico no se nuclea es muy complicado seguir trabajando en el medio rural. Esas cosas se están recomponiendo de a poquito.

EC - En cuanto a infraestructura, el proyecto provee algunos medios. Dice el artículo 8: "La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), realizará las obras de electrificación rural necesarias para abastecer a las nuevas colonias que se instalen, así como a las existentes".

¿Qué quiere decir esto? ¿Quién va a pagar la electrificación rural?

AP - A esto hay que sumarle otro elemento sustancial, que son las Mesas de Desarrollo Rural que empiezan a funcionar ahora, por la ley 18.126, aprobada hace pocos meses, que determina (ayer también lo dijo el ministro Mujica en el discurso de la Rural) una forma diferente para que el Ministerio de Ganadería, que debe definir las políticas agropecuarias, las defina tomando en cuenta la realidad de cada uno de los territorios, de cada uno de los departamentos.

EC - Pero ¿quién paga? Esas inversiones no son baratas. Lo mismo a propósito del artículo 11, que dice: "La Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordinará, a solicitud del Instituto Nacional de Colonización, las acciones que permitan la prestación efectiva de servicios de salud, transporte, educación y telefonía". ¿Cómo se costean estas inversiones?

AP - El Estado va a tener que hacer un gran esfuerzo. A lo largo de estos años se ha volcado mucho dinero en estas cosas, el problema es que la gotera de la inversión nunca ha llegado adonde debe llegar. Por ejemplo el Programa Uruguay Rural, que no definió este gobierno, que tenía como objetivo la pobreza en el medio rural, o los pequeños productores, actualmente vuelca (le puedo dar los números de mi departamento) más del 60%, casi el 70% en los productores. Hace tres años era al revés, a los productores les iba el 35% de lo que estaba definido. El dinero más o menos ha estado, el tema es decidir hacia dónde deben ir las inversiones, cuál debe ser la prioridad. Si hay tres vintenes es fundamental definir por los que están en el medio del barro, por ahí se empiezan a encauzar estas cosas. A veces gastamos dinero en cosas que no son las prioritarias para la producción. Eso es lo que debemos apuntalar con más fuerza a la hora de tomar las decisiones.

EC - Cuando el proyecto regrese a la Cámara Alta con los ajustes en Diputados, ¿se prevé un trámite rápido también?

AP - Suponemos que el Senado lo va a aprobar con las modificaciones que se le incorporaron en Diputados. El proceso en Diputados no fue solo una discusión entre los integrantes de la comisión, fue un intercambio muy rico con los actores para procesar la mejora del articulado. Y siempre se tuvo informados a los senadores, que participaron dándonos su visión sobre lo que se discutía. Pensamos que este proyecto va a quedar aprobado como salió de Diputados. Setiembre es una fecha histórica, el 10 de setiembre hace 192 años Artigas firmó en Purificación el Reglamento de Tierras. Esto le da otro empuje a esa visión del ideario artiguista que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy.

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Edición: Mauricio Erramuspe