El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) aseguró que no tiene relación el número de denuncias con lo que realmente ocurre, y recordó que se trata de un cuello de botella para producciones como la ovina.

"Hay que volver a estudiar el tema de la ley de represión del abigeato, que se modificó mucho en el Parlamento. Y en definitiva, terminó saliendo algo que no conforma, para darle, sobre todo, a los jueces elementos para procesar", dijo el dirigente gremial.

Lussich agregó que se trata de organizaciones delictivas que no roban para comer. "Acá hay organizaciones que están montadas para el abigeato, tanto de lanares como de vacunos. Y que después el fin es comercializar o los animales, o más bien la carne. Eso implica un trabajo conjunto, porque el tema hay que trabajarlo en lo que tiene que ver con las bocas de venta del producto del robo", evaluó.

En tanto, Miguel Sanguinetti, directivo de la Federación Rural del Uruguay aseguró que éste es el principal freno para la ovinocultura, sobre todo para los predios cercanos a las ciudades.