Los dos demandantes exigen la anulación de un decreto del gabinete que obligó a los tenedores privados de deuda a canjear sus bonos por unos nuevos, de un valor sustancialmente menor, diciendo que la decisión fue inconstitucional e ilegal, dijo el funcionario.

Los pensionados han sido muy afectados por la peor crisis de Grecia desde la Segunda Guerra Mundial, sufriendo recortes de cerca del 25 por ciento en promedio de sus beneficios de vejez en los últimos dos años.