(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La Dirección General Impositiva (DGI) anunció la puesta en marcha del mayor operativo de su historia dirigido al sector agropecuario.

La decisión se tomó luego que el organismo encontrara inconsistencias en las declaraciones juradas que presentaron al menos 100 empresarios.

Por ese motivo, un grupo de 60 inspectores de la DGI fiscalizará a 100 grandes firmas agropecuarias que tienen una facturación superior a los 100 millones de pesos anuales, lo que equivale a 4.700.000 dólares.

¿Cuáles son los detalles? Vamos a conversar con el contador Pablo Ferreri, titular de la DGI.

¿Por qué se lanza en este momento lo que ustedes califican como el mayor operativo de la historia sobre el agro?

PABLO FERRERI:
Este operativo está dentro de la planificación anual de fiscalización que realiza la DGI. Cabe destacar que Uruguay tiene la tasa de evasión más baja de América Latina, ubicada en el entorno del 15% en el caso del IVA, el impuesto sobre el cual hay mediciones comparables.

Pero cuando hacemos un estudio por sectores, comprobamos que hay rubros de actividad que presentan niveles de evasión superiores. Y sobre esos rubros hemos decidido actuar de manera focalizada e incentivada.

EC – ¿Este es uno de los sectores donde habrá inspecciones focalizadas?

PF – Exactamente. A lo largo de este año hemos realizado operativos en otros rubros, por ejemplo sobre las empresas constructoras en Punta del Este, o en el sector de fiestas y eventos; hemos desplegado operativos sobre las cooperativas financieras. Creamos un grupo multidisciplinario de economistas, estadísticos, contadores, abogados e ingenieros que trabajan con la casuística de cada rubro para determinar los casos donde se presentan mayores inconsistencias, luego se procesan los datos en los programas informáticos que hemos estado desarrollando a lo largo del 2011 y que en la actualidad están en plena marcha, así como también los software de inteligencia fiscal que detectan el riesgo potencial de evasión de cada contribuyente.

EC – ¿En cuánto está la evasión en el agro, según los datos que ustedes han comprobado?

PF – La evasión se encuentra en el entorno del 25 y el 30%, cuando el promedio es del 15%. Esto es un promedio del sector, no implica nada en particular para cada contribuyente, pero entendemos que las inconsistencias detectadas deben ser controladas, por eso estamos fiscalizando 100 empresas, que solas representan una facturación anual de 500 millones de dólares. Estas empresas están en todo el país, y las vamos a estar fiscalizando a lo largo de los próximos 45 días.

EC – ¿Ha crecido la evasión en el agro?

PF – No. En todos los sectores de actividad detectamos niveles de evasión por debajo de los valores que venían presentándose históricamente. Recordemos que el promedio de evasión en el año 2003 era superior al 40%, hoy tenemos una evasión del 15%. En todos los sectores se ha dado un descenso importante. Pero la forma que tenemos para continuar descendiendo el promedio general es atacar a aquellos sectores que aún presentan niveles elevados.

EC – ¿Qué tipo de evasión estaría en juego, según lo que han constatado?

PF – Se va a estar fiscalizando el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA), el cual se genera a través de la compraventa de los productos que elaboran estas empresas, de la venta de activos fijos destinados a la actividad agropecuaria, servicios de pastoreo, aparcería, medianería, servicios agropecuarios que vamos a fiscalizar por una cuestión de equidad tributaria, para que todos cumplan con la ley por igual.

EC – ¿El origen de la sospecha está en el Instituto Nacional de Colonización (INC)?

PF – Gracias a una iniciativa del INC, y en particular de su presidente el ingeniero Berterreche, contamos con una base de datos que va a ser importante para nosotros, dado que el INC tiene por ley la potestad de recibir todos los compromisos de compraventas de los inmuebles rurales.Por lo tanto, tiene una base de datos de todas las compraventas de inmuebles rurales superiores a 500 hectáreas donde tiene detallado quienes son los compradores, los vendedores, los profesionales intervinientes y el monto. Esto contribuirá a la correcta liquidación del IRPF o el IRAE agropecuario generado en la compraventa de inmuebles rurales. Por lo cual va a mejorar la eficacia en el control del pago de estos impuestos.

EC – Según tenía entendido, había existido algún caso particular de compraventa en la que interviene el INC que disparó este tipo de inspecciones.

PF – Los datos que llamaron la atención al INC forman parte de este operativo de fiscalización y eso motivó trabajar en conjunto. Vamos a estar trabajando en forma acelerada sobre esos datos. Pero eso es un insumo que nosotros incorporamos a otras bases como la información de las compras, de las ventas, la información de los proveedores de estas empresas agropecuarias, o de sus compradores. Mediante un análisis de riesgo sumado a toda esta información podremos conocer qué contribuyentes presentan una mayor potencialidad de evasión.

EC – Este convenio por el cual la DGI recibe la base de datos de otro instituto (INC) es nuevo.

PF – Antes se trabajaba bajo demanda, ahora vamos a recibir la información periódicamente y eso nos permitirá realizar una explotación intensiva e integral de toda esa base, cruzándola con otras bases donde podremos detectar inconsistencias.

EC – ¿Esa disponibilidad de la base de datos del INC requiere alguna norma habilitante?

PF – No. Entendemos que está dentro de la normativa vigente. Nosotros siempre hemos sostenido que la DGI puede acceder a este tipo de información, así lo establece el Código Tributario. Estamos aceitando los mecanismos entre los diferentes organismos gubernamentales para lograr sinergias positivas. Esa coordinación entre organismos del Estado no suele ocurrir con la fluidez que debería. Gracias a la iniciativa del INC va a darse de manera más dinámica.

EC – ¿Cuál es la información del INC que va a estar disponible en DGI?

PF – En el caso de los compromisos de compraventa de inmuebles rurales superiores a 500 hectáreas vamos a tener la información de los compradores, de los vendedores, de los profesionales intervinientes, y el precio pactado para esa compra venta. A través de ello vamos a controlar el pago del IRPF o del IRAE agropecuario que se genera con la venta de un inmueble rural. Junto con otros indicios como las ventas, las compras de mercadería, o los servicios agropecuarios prestados, van ser fiscalizadas 100 empresas que tienen un promedio de facturación de 100 millones de pesos anuales, durante los próximos 45 días en todo el territorio nacional.

EC – ¿También se fiscalizará a empresas más pequeñas del agro?

PF – Sí, comenzamos con estas empresas que presentaban una combinación importante de volumen de actividad y de riesgo de evasión. La idea es continuar avanzando con empresas de diferente dimensión, ya sea más grandes más pequeñas. Esto está dentro de la política de la DGI de propender a la equidad tributaria, no importa el volumen o el tamaño, todos deben cumplir con la ley.

PF – Para terminar, usted decía que este año se desarrollará una serie de inspecciones focalizadas en sectores que presentan un nivel de evasión superior al promedio, ¿qué otros rubros se inspeccionarán más adelante?

PF – Eso lo iremos anunciando en su momento. La idea es generar equidad tributaria para que todos cumplan con la ley por igual, y en los sectores donde no se verifica ese cumplimiento se actuará de manera integral e intensiva. De esa manera esperamos tener un sistema tributario donde todos cumplan con sus obligaciones.

***

Foto: Archivo