En una dura declaración la agremiación ruralista expresó su oposición a la voluntad del Gobierno de buscar otro impuesto que sustituya al ICIR, dos de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

En momentos en que el Gabinete se apresta a discutir las opciones presentadas por el equipo económico que responde a Danilo Astori y por el sector mujiquista reunido en la OPP, la FRU analizó el tema en Durazno.

En ese sentido, el presidente de la gremial Miguel Sanguinetti dijo a El Espectador que los ruralistas rechazan cualquier alternativa que implique un aumento de la carga impositiva para todos los orientales.

 "El tema de fondo es que la carga impositiva en Uruguay y en el agro, cuando se dice que paga poco, pagamos los mismos impuestos que todo el mundo. La única diferencia es el patrimonio porque la tierra es un bien productivo. El resto de los impuestos los pagamos como todo el mundo y la realidad que con un dólar a 19 pesos las cuentas en el agro se vienen complicando. Rechazamos cualquier aumento impositivo porque si el dólar estuviera a 25, 26 pesos como tendría que estar era otra cosa. Esa diferencia entre un dólar real a lo que está, esos ingresos los estamos perdiendo y van directamente al Estado", estableció Sanguinetti.

Entre las alternativas que maneja el Gobierno está  la de levantar la exoneración del pago al Impuesto al Patrimonio a los grandes terratenientes.

 El tema será discutido la próxima semana por parte del Poder Ejecutivo.  Sanguinetti marcó al respecto que el campo está una situación límite. Los precios internacionales están topeados y el sector está al borde de perder rentabilidad.

 La FRU cuestionó también la utilización de los recursos públicos por parte de la actual administración.

 La gremial propuso este sábado reorientar los esfuerzos dedicados al aumento de la recaudación fiscal, hacia una mejora en la utilización de los fondos públicos, "que son los más altos que ningún otro gobierno uruguayo haya recibido".
 
"Uruguay con 280.000 funcionarios públicos si eso sigue en esa carrera ascendente a la larga es un país inviable. Con un país de tres millones y 2080.000 empleados públicos si sigue como va es imposible mantener el presupuesto del Estado y es imposible que el sector privado pueda seguir creciendo", afirmó Sanguinetti.

Sanguinetti lamentó la falta de voluntad del Ejecutivo que conversar de este tema con los sectores del campo.
 
"Hemos estado reunidos con algunos intendentes tratando de entablar una conversación y recomponer el relacionamiento, pero el Gobierno ha tomado un camino parecido a cuando impuso el ICIR en el sentido que están estudiando un nuevo impuesto sin hacerle ninguna consulta a las gremiales. Si va a hacer así que sea responsabilidad total del Gobierno de lo que haga", especificó Sanguinetti.
 
La FRU respaldó a la Suprema Corte de Justicia ante los cuestionamientos que la corporación recibió con respecto a los fallos de inconstitucionalidad sobre el ICIR y la ley interpretativa de la Caducidad.

 En ese sentido exhortó a "respetar las instituciones  y las leyes que nos rigen, en pos de una convivencia en paz".
 
La gremial rechazó "cualquier intención de dividir a los uruguayos".
 
A todo esto el Gobierno se basa en las recomendaciones de la SCJ para redactar una modificación los dos artículos del ICIR declarados inconstitucionales.
 
Así lo indicó el senador del MPP Ernesto Agazzi, en una entrevista que publica este sábado "Clarín".
 
El legislador se expresó acerca de otra iniciativa del Gobierno para desestimular la extranjerización de la tierra.
 
Sobre el punto, Agazzi dijo que el proyecto "está en pañales" y aventuró que no habrá algo concreto antes de fin de año.