El decreto, que excluye a las plantaciones de caña de azúcar y arroz, será retroactivo al 1º de enero de 2006, con salarios que van desde los 141 pesos por jornal para el peón común hasta los 210 para los administradores, a lo que se debe sumar 49 pesos por concepto de vivienda y alimentación.

La aprobación del decreto generó rechazo de las gremiales empresariales que entienden que no se consideraron las sugerencias del sector.

El presidente de la Asociación Rural, Fernando Mattos, aseguró que la gremial comparte la necesidad de una recuperación salarial de los trabajadores, pero dijo que debe estar acompasada a la evolución de la economía.

"En el semestre estamos con un incremento salarial del 30.8%; parámetro que entendemos totalmente exagerado. No obedece a ningún parámetro de la economía, ni al nivel de inflación y recuperación salarial que determinó el Poder Ejecutivo. Y tampoco establece parámetro alguno con las otras negociaciones colectivas de los grupos del Consejo Superior Tripartito. Ni en la industria, ni en el comercio, ni en los servicios encontramos un reajuste tan importante como el que se estableció. Nuestra propuesta era distinta. No fue tomada en cuenta la sugerencia de los sectores empresariales", se quejó.