Expresa que la razón de su renuncia "es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos".

Vargas Llosa señala, además, que esa norma favorece "al propio ex dictador y su brazo derecho", en alusión al ex presidente Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos, su ex jefe del servicio de inteligencia.

El decreto 1097 se dictó el 1 de septiembre junto a otras tres normas. Dispone que se archiven los juicios a militares acusados de matanzas contra civiles durante la guerra interna (1980-2000) cuando se hayan sobrepasado los 36 meses para su juzgamiento sin sentencia.

Según la agencia AFP, Vargas Llosa le recordó al presidente García que aceptó en 2009 presidir la Comisión Encargada del Lugar (Museo) de la Memoria, "convencido de que su Gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos".

"Hay una incompatibilidad esencial entre auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y abrir, mediante una triquiñuela jurídica, la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron también delitos horrendos", resaltó en su epístola.

El escritor expresa al presidente peruano su indignación y desconcierto al señalar que ignora "qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno".

Según informa el sitio peruano IDL– Reporteros, en cuanto se hizo pública la carta de renuncia de Vargas Llosa a la presidencia de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, el presidente de la República, Alan García, lo llamó de inmediato por teléfono y le comunicó al escritor que Rafael Rey (impulsor de la normativa) no iba a seguir como ministro de Defensa y que derogaría la ley.

El literato le habría agradecido la rápida enmienda pero no se habría conversado sobre la posibilidad de retirar su renuncia.

Tras esta conversación, el Palacio de Gobierno anunció en su twitter que envió una iniciativa legislativa al Congreso para derogar el polémico decreto.

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