La Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, dependiente de la cartera de Interior y con facultades asesoras, sesionó el miércoles en procura de articular un plan eficiente, conjuntamente con la AUF.

Empero, fuentes del ministerio afirmaron que "ninguna estrategia será válida si se continúa constatando omisión y falta de responsabilidad de los dirigentes y de los propios clubes".

Un reporte policial elevado a la ministra del Interior, Daisy Tourné, en octubre de 2007 dio cuenta de "la falta de apoyo de la AUF (...), absoluta falta de colaboración de los clubes (...)", inexistencia de "compromiso de los organizadores de los espectáculos" y de un "marco legal" adecuado para instrumentar acciones de combate a la violencia.

El informe se remitió como consecuencia de las recomendaciones presentadas en abril de ese año a la AUF por la comisión de prevención, que incluía entre otros puntos, la estricta aplicación de la Ley del Deporte; vigilancia y exclusión perimetral; detectores de metales; doble vallado en los accesos de los escenarios; e identificación de personas.

Mientras que los clubes rechazaron por unanimidad la propuesta del gobierno de que se hagan cargo de la seguridad en los estadios, mediante la contratación de guardias privados, los presidentes de Danubio y Nacional se comprometieron a elevar una denuncia conjunta ante el Tribunal de Penas de la AUF, por encima de las sanciones que puedan recaer sobre sus instituciones.

De su lado, el presidente de la AUF, José Luis Corbo, dijo a la prensa tras declarar en el juzgado penal por los incidentes del domingo, que la entidad está dispuesta a "contribuir de la mejor forma posible" para erradicar este flagelo.

"Estamos desarrollando una tarea mancomunada de la autoridad pública, la AUF y los clubes, con un propósito común", indicó el directivo, quien aseveró que "hay identificados entre 400 y 500 hinchas instigadores y promotores de violencia, a los que se les debería prohibir el ingreso", para lo cual se requiere de una modificación legislativa, apuntó.