Este miércoles, a las 11.00 hora local (14.00 GMT), venció el plazo para que River Plate contestara a la ampliación de la denuncia presentada el martes por las autoridades de Boca Juniors.

Según fuentes de la Conmebol, el proceso podría llegar a alargarse "hasta 72 horas" a partir de ese momento, pues las dos partes aún están a tiempo de aportar sus pruebas.

Una vez presentadas, se estudiarán esos documentos para después emitir la sentencia.

La Conmebol informó este martes, tras reunirse con los presidentes de los dos equipos, de que el partido podría jugarse el 8 o el 9 de diciembre, fuera del territorio argentino, al entender que en ese país no se dan las condiciones para celebrar la final.

Sin embargo, el presidente de Boca, Daniel Angelici, afirmó que no aceptarían jugar "ningún partido" y prometió "agotar todas las vías" dentro de la Conmebol y recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de ser necesario.

Los violentos altercados registrados el sábado pasado, cuando fue atacado el autobús de Boca Juniors antes de su ingreso al estadio Monumental, obligaron dos veces al cambio de horario del comienzo del partido y luego a su aplazamiento para el domingo, pero ese día, horas antes de la fijada para su inicio, se suspendió sin nueva fecha y se convocó a la reunión celebrada el martes en la capital paraguaya.

Miami, Catar, cuya selección fue invitada por la Conmebol a la Copa América de 2019 en Brasil, y Asunción se insinúan como opciones para recibir el partido de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, admitieron poco después de la reunión fuentes de la entidad y autoridades paraguayas.

No obstante, fuentes de la Conmebol manifestaron que la entidad evalúa otras opciones.

Aunque Paraguay no ha realizado ninguna oferta oficial, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, y el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, se reunieron hoy para trazar un protocolo de seguridad en los estadios.

Interior y la APF contarán con el respaldo de la Policía Nacional, que se encargará de instalar cámaras de seguridad hasta 300 metros alrededor de las canchas de fútbol. 

EFE