Además deben pagar costos y costas.

Romero (en Nacional desde el 2004) reclamó por el contrato del 2001 donde estableció una prima de 150.000 dólares si jugaba el 50% de los partidos oficiales.

Presentó documentación donde dejó constancia que cumplió el requisito mientras el Cr. José Pedro Damiani, el presidente de los aurinegros, insistió que se limitaban a "pedazos sin completar noventa minutos" y descartó la posibilidad de la negociación para destrabar el conflicto.

El Dr. Gúmer Pérez, asesor legal de Romero, presentó un escrito en junio del 2002 en el Tribunal Arbitral de la Asociación Uruguaya de Fútbol cuyo fallo en diciembre avaló la postura del jugador.

Peñarol respondió que pagaría a través de las recaudaciones y recibió la respuesta negativa por una cuestión razonable: el delantero percibiría el dinero en un tiempo exageradamente prolongado.

La instancia en la AUF se agotó y Romero, mediante la gestión del Dr. Pérez, recurrió el año pasado al Juzgado Laboral.

La causa avanzó trabando embargo genérico sobre los bienes del club en un episodio que no pasó inadvertido en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi. Peñarol, a través del Dr. Pablo Durán (de Nacional), formalizó la apelación y el Tribunal ratificó la sentencia con los correspondientes intereses (costos y costas en términos legales) más los honorarios del abogado de Romero.