(emitido a las 8:30 hs.)

EMILIANO COTELO (EC):
La semana pasada el gobierno anunció un paquete de medidas para combatir la inflación, que incluyen aspectos de tarifas, acuerdos de precios con supermercados y la industria frigorífica, rebajas de impuestos.

Las medidas despertaron reacciones por demás variadas en el sistema político y entre los analistas. Por eso y porque el comportamiento de la inflación es un aspecto central para nuestra economía, les proponemos detenernos en este tema en nuestro análisis económico de hoy. El diálogo es con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.

Para situar a los oyentes quizás sea bueno comenzar con un análisis breve de las principales medidas anunciadas.
 

PABLO ROSSELLI (PR):
Como tú decías, los anuncios se refirieron a medidas de muy diversa índole. Hubo un conjunto de medidas que refieren a las tarifas públicas, hay otras que tienen relación con otros precios que también administra el gobierno y finalmente otras tienen que ver con los precios de los alimentos, que fue uno de los elementos que más incidieron en la inflación de los últimos meses.


EC: Para ordenar el tema, empecemos hablando de las tarifas públicas.


PR: El ministro de economía, Alvaro García, informó que la electricidad aumentará sólo 2,3% en febrero, cuando hace un tiempo se hablaba de una suba del entorno de 8%.

También se anunció que las tarifas de Antel no aumentarán, al tiempo que se está evaluando una nueva rebaja de los combustibles para los próximos días. Lo que se ha informado hasta ahora es que esta rebaja sería de una magnitud similar a la de los últimos recortes, es decir, en torno del 6%. Si eso sucediera, estaríamos ante la sexta reducción consecutiva de los precios de los combustibles.

A esto se sumarán, además, otras medidas que tienen relación con algunos otros precios administrados. Se anunció una postergación del ajuste de la cuota mutual por seis meses, que será subsidiado por el gobierno. También se informó que se está trabajando para reducir otros precios administrados, como la tarifa del taxi o el precio de la leche.


EC: Para terminar con las medidas, veamos rápidamente los anuncios en materia de precios de los alimentos. ¿Cuáles los aspectos clave?


PR: Lo que se anunció fue la concreción de acuerdos de precios en algunas cadenas productivas, como la cárnica o la de oleaginosas, que generarán bajas de los precios de varios alimentos que tienen un peso muy importante en la canasta de consumo y que, como se recordará, habían mostrado un aumento muy considerable el año pasado.

En ese mismo sentido, se ratificó el acuerdo con los supermercados para rebajar los precios de 110 productos básicos durante febrero y marzo.

A esto se agregará, además, que el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para exonerar del IVA a la carne congelada y a la importación de frutas y verduras, por un plazo limitado (de entre 120 y 180 días).


EC: ¿Qué evaluación hacen ustedes de estas medidas? Por ejemplo, ¿cuán relevante era el riesgo de que la inflación se pasara de 10%? ¿Era necesario apelar a todos esos instrumentos? Te lo pregunto porque algunas de esas medidas han sido criticadas. Estoy pensando por ejemplo en la interferencia del gobierno en la formación de los precios. Y por otro lado, ¿tendrán el efecto buscado o el problema está en otro lado?, en la suba del gasto público y de los salarios, como sostienen algunos economistas.


PR: Como hemos comentado otras veces, nuestros modelos de proyección sugieren que la inflación debería moderarse en el transcurso de este año como consecuencia de la caída de la demanda externa y del consiguiente descenso de los precios internacionales de los alimentos. Sin embargo, debemos admitir que la evolución de la inflación presenta algunas incertidumbres, que de hecho se reflejan en opiniones dispares entre los analistas. Entre los aspectos inciertos o factores de riesgo, la fuerte suba de los salarios que estamos observando en un marco en el cual no habrá subas de productividad puede derivar en presiones inflacionarias mayores a las contempladas en nuestras proyecciones.

Por otra parte, luego de conocido el dato de diciembre, con la inflación en 9,2% anual y con una sequía que impacta en la oferta de frutas y verduras, el riesgo de que la inflación superara el 10% en el corto plazo se había incrementado. Y a su vez, si la inflación supera ese nivel de 10%, se corre el riesgo de que se refuercen los mecanismos indexatorios en la economía. Teniendo en cuenta esos elementos, se puede comprender el intento del gobierno por evitar que la inflación alcance ese umbral.


EC: Ahora, ¿surtirán los efectos buscados esas medidas? Es claro que al menos algunas de ellas sólo buscan actuar sobre el valor del IPC -por ejemplo, la rebaja de algunos cortes de la carne- más que frenar la dinámica inflacionaria, de suba sistemática de los precios?


PR: Eso es cierto. La inflación es el aumento sistemático, sostenido de los precios y no puede combatirse con medidas que sólo afectan los precios de algunos bienes en particular, aunque esos bienes tengan incidencia en la canasta de consumo Los acuerdos de precios con algunas empresas y las rebajas transitorias de impuestos no pueden cambiar la dinámica inflacionaria. Tampoco lo pueden hacer las rebajas de impuestos. En última instancia, si las presiones inflacionarias más firmes no ceden, será necesario revisar el ritmo de crecimiento de los salarios y del gasto público así como endurecer la política monetaria. A su vez, cuanto más suban los salarios y el gasto público, mayores serán las presiones de demanda interna y mayor será la necesidad de endurecer la política monetaria, lo cual a su vez trae consecuencias negativas sobre el valor del tipo de cambio y la competitividad.

Pero tenemos dos problemas en relación a estos puntos.


EC: ¿Cuáles son esos problemas?


PR: El primero es que en un año electoral el gobierno no parece dispuesto a revisar su política de gasto público y su política salarial. De hecho, a nivel del sector público la negociación salarial terminó con subas de salarios superiores a las que correspondían en función del acuerdo que se había celebrado el año pasado. Y el segundo problema, más relevante para las perspectivas de corto plazo, es que aún si el gobierno decidiera revisar esas políticas o si decidiera subir más las tasas de interés, los impactos de esas decisiones en materia de reducción de la inflación se demorarían algunos meses, no tendrían, necesariamente, un impacto a corto plazo y el riesgo de una inflación mayor a 10% en el corto plazo persistiría.

En cambio, varias de las medidas anunciadas la semana pasada ciertamente actúan, como tú sugerías, mucho más sobre el IPC que sobre la tendencia inflacionaria pero el gobierno "compra tiempo" para ver si finalmente la inflación cede como consecuencia de la menor demanda externa y de la desaceleración de la actividad económica local. La inflación, con estas medidas, no debería superar el 10% en el corto plazo y el gobierno compra tiempo para ver los efectos de la suba de tasas aplicada a principios de este mes.


EC: Recordemos que si la inflación toca el 10%, se dispara una nueva cadencia de ajustes de los funcionarios públicos y de las pasividades.


PR: Y a su vez puede tener otros impactos en materia de expectativas y de renegociaciones en el sector privado.


EC: ¿Y cuán eficaces son las medidas relativas a las tarifas?. Pienso, por ejemplo, en la rebaja de los combustibles y en el ajuste muy moderado que tendrán las tarifas de electricidad.


PR: Las tarifas de la energía y los precios de los combustibles tienen una incidencia importante en la formación de los precios, porque son al mismo tiempo componentes relevantes de los costos de las empresas. El problema es que el gobierno viene apelando a esos instrumentos desde hace ya más de un año, incurriendo en un costo fiscal muy importante. El superávit de las empresas públicas (en particular de UTE y Ancap) bajó en más de 1,5% del PIB desde mediados del año 2007 hasta fines de 2008 y ello deriva en una reducción importante del resultado primario, justamente cuando el marco externo se vuelve más adverso y hace más necesario cuidar la salud de las cuentas públicas.


EC: En definitiva, ¿cuál es la síntesis del análisis?


PR: La siguiente. El gobierno enfrentaba un riesgo de que la inflación superara el umbral de 10% anual. Como comentamos otras veces en el programa, en el transcurso de 2008 el gobierno evitó subir más las tasas de interés para evitar una mayor caída del dólar. Tampoco se revisaron a la baja las pautas de recuperación salarial y por consiguiente convivió con un riesgo inflacionario importante. De hecho, la inflación subyacente está en 10% anual desde inicios del año pasado.

A partir de esa situación y con la inflación anual arriba de 9%, el gobierno ahora cuenta con escaso margen de maniobra utilizando los instrumentos habituales de política económica (típicamente la política monetaria, pero también la revisión de las pautas de aumentos salariales) para asegurarse que la inflación no supere ese umbral. Entonces, el gobierno continúa apelando a las tarifas públicas -aunque eso tiene nuevos costos fiscales- y recurre a intervenciones heterodoxas de precios. Seguramente no tiene mucho margen para hacer otra cosa en el corto plazo pero ese tipo de medidas tiene efectos negativos en términos de expectativas de los agentes y en materia de resultado fiscal al tiempo que también se distorsionan precios relativos y se interfiere con la actividad privada.