(emitido a las 7.55)

EMILIANO COTELO:
Uruguay fue acusado de no colaborar en el intercambio internacional de información tributaria y por ello fue incorporado en una "lista negra" elaborada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La declaración final de la cumbre del G-20 alude a esa lista y menciona que los países llamados "no cooperantes" podrán recibir sanciones de países u organismos internacionales.

Si ustedes van al documento de la declaración final aprobada ayer en Londres, se encontrarán con que en el punto 13 dice: "Los grandes fallos en el sector financiero y en la regulación y la supervisión financieras fueron causas fundamentales de la crisis. La confianza no se recuperará hasta que no reconstruyamos la confianza en nuestro sistema financiero. Tomaremos medidas para crear un marco supervisor y regulador más fuerte y globalmente más coherente para el futuro sector financiero, que apoye un crecimiento mundial sostenible y cubra las necesidades de empresas y ciudadanos.

Cada uno de nosotros acuerda garantizar que establecerá unos sistemas reguladores fuertes, pero también estamos de acuerdo en establecer una mayor coherencia y una cooperación sistemática entre países y el marco de criterios elevados acordados internacionalmente que un sistema financiero mundial requiere".

Luego, en el numeral 15 se explica: "Con este fin, estamos aplicando el plan de acción acordado en nuestra última reunión", y ese plan incluye -en cuanto al fortalecimiento del sistema financiero en particular- una serie de disposiciones. Una de ellas: "tomar medidas contra las jurisdicciones no cooperativas incluidos los paraísos fiscales. Estamos dispuestos a desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros. La era del secreto bancario se ha acabado. Señalamos que la OCDE ha publicado hoy una lista de países evaluados por el foro mundial de acuerdo con la norma internacional para el intercambio de información fiscal".


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EC - Volvemos a consultar esta mañana al doctor Leonardo Costa, experto en cuestiones tributarias, docente en la Universidad Católica, integrante de nuestras tertulias.

Habíamos tenido contigo el martes pasado una entrevista larga en la que quisimos situar justamente cómo venían los antecedentes del debate a nivel mundial en torno a los paraísos fiscales y el secreto bancario. En esa entrevista, tú de algún modo advertías que algo de esto que pasó ayer podía ocurrir, porque lo que vinimos a encontrar ayer es que Uruguay queda en la lista negra de países no cooperantes. En esta lista que divulgó ayer la OCDE la preocupación ya no parece ser si un país o una jurisdicción es paraíso fiscal sino si esa jurisdicción colabora o no con la implementación de los estándares fiscales acordados internacionalmente.

LEONARDO COSTA:
Exactamente. Se hizo una nueva categoría en donde por un lado quedan los paraísos fiscales tradicionales –con los criterios que habíamos visto el martes - y por otro se crea una categoría de cómo se sitúan los países frente a lo que se llaman los acordados y aceptados "estándares internacionales en materia fiscal".

EC – ¿Qué son esos "acuerdos internacionales de estándares fiscales"?

LC – La OCDE hace unos años había hecho un cuestionario que les mandaba a los países para que estos respondieran y pudieran explicar cómo eran sus sistemas tributarios, y donde especialmente se hacía hincapié en el intercambio de información. Básicamente lo que dicen -y hay incluso en la OCDE varios documentos sobre intercambio de información fiscal y secreto bancario- es que uno de los pilares de la cooperación internacional en materia tributaria son los "acuerdos de intercambio de información tributaria", que son diferentes de los "acuerdos para evitar la doble tributación".

En estos acuerdos un país le da información a otro y a su vez este le da información al primero con la condición básicamente -por supuesto- de ser utilizada únicamente en determinados casos, con ciertos protocolos de confidencialidad para evitar que sea utilizada para otras razones. Pero para poder firmar un tratado de doble imposición, muchos países –como Estados Unidos- primeramente le piden a los otros países que firmen un tratado de cooperación o de intercambio de información. Eso han hecho, por ejemplo, las Islas Caimán, que firmaron con Estados Unidos y siguen siendo paraíso fiscal todavía. Porque son cosas diferentes: paraísos fiscales y paraísos cooperantes.

EC – La tabla que se difundió en el día de ayer tiene en definitiva tres grandes categorías: jurisdicciones que han implementado de manera sustancial esos estándares fiscales acordados internacionalmente, jurisdicciones que se han comprometido con los estándares fiscales acordados internacionalmente pero todavía no los han implementado de manera sustancial –es ahí donde aparecen cantidad de paraísos fiscales-; y por último, las jurisdicciones que no se han comprometido, que no han asumido compromisos con los estándares fiscales acordados internacionalmente. Es en esta última categoría donde aparecemos nosotros, hay cuatro países nada más.

LC – Sí: Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay.

EC – Y la clave entonces es si el país está dispuesto a intercambiar información con otro, en todas las cuestiones fiscales a nivel administrativo, sin que puedan oponerse intereses impositivos domésticos o el secreto bancario en relación a cuestiones tributarias. ¿Esa es la clave?

LC – Esa es la clave, justamente. Es decir, los países tienen que tener la posibilidad legal en sus sistemas tributarios de poder intercambiar información tributaria, que incluye información bancaria, pero no pueden negar información basándose en hechos de legislación interna o secretos tributarios o bancarios internos. No pueden tener ninguna restricción para poder formar parte de lo que se llaman los estándares internacionalmente aceptados en materia fiscal.

EC – Entonces, vamos a hacer la precisión: esta era una de las cuatro condiciones que se analizaban a la hora de definir si un país era paraíso fiscal o no.

LC – Exacto.

EC – Uruguay -ya sabemos y tú lo aclaraste en la entrevista del martes- no es un paraíso fiscal pero como ahora se produce este giro donde se pasa a privilegiar este punto -el que sea cooperante o no en materia de intercambio de información fiscal- es que quedamos en esta lista negra.

LC – Exactamente. No con la condición de paraíso fiscal sino con la condición de que somos un país no cooperante directamente.

EC – Una cuestión que me llama la atención es que no todos los países aparecen clasificados en estas tres tablas que difundió ayer la OCDE. Si vamos al caso de América Latina no figuran en ninguna de las categorías Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, Perú, ¿cómo se entiende esto?

LC – Esto se entiende de la siguiente manera: el foro global para combatir lo que se llaman "los paraísos fiscales" o "la competencia fiscal nociva" -que ahora cambió de nombre y se llama "Foro global sobre estándares internacionalmente aceptados en materia tributaria"- le pidió a una serie de países, entre ellos Uruguay, que llenaran determinados formularios, cuestionarios, sobre su sistema tributario. Esta ronda de países es básicamente el primer escalón que hizo la OCDE; los países que no están ahí no han sido sometidos al Foro Global, pero eventualmente pueden estar. Desde el año 2005 más o menos a Uruguay se le habían enviado estos formularios para que fuera completándolos y esta es la primera ronda en donde se cambia la metodología de trabajo, se deja la tradicional de los paraísos fiscales y se va a este tema del intercambio de información. Por tanto, no quiere decir que otros países que no estén en esa lista no puedan llegar a estar en la categoría de Uruguay por ejemplo; pero lo que pasa es que todavía no han sido sometidos al análisis del foro global, por lo tanto es un análisis parcial de la situación de todos los países.

EC – Aclaremos para que los oyentes tengan más información. En la primera lista, en la mejor lista, la de los países que con jurisdicciones que han implementado sustancialmente estos acuerdos internacionales de estándares fiscales, figura Argentina. En la segunda lista, la intermedia, la de países que asumieron compromisos con estos estándares fiscales internacionales pero todavía no los han implementado de manera sustancial, figura Chile. Y nosotros estamos –repito- en la tercera: la de los países que no han asumido compromisos con los estándares internacionales. Entonces mi pregunta es, por lo que tú sabes, ¿esto es efectivamente así, Uruguay no ha asumido ningún tipo de compromiso en esta materia?

LC – En la medida que Uruguay no haya manifestado públicamente ante el Foro Global que está tratando de revisar sus políticas internas de manera tal de aceptar o ir empezando a cumplir con esos estándares, claramente Uruguay está en esa situación.

Lo que quiere la OCDE en estas cosas es que aún cuando mi legislación no me permita al día de hoy intercambiar información, me comprometa en un plazo y con un determinado programa a decir cuándo lo voy a cumplir. Eso fue lo que hicieron todos los paraísos fiscales; Malta por ejemplo hace un tiempo dijo que en el año 2015 iba a eliminar sus restricciones al intercambio de información.

EC – Algunos lo hicieron muy a último momento, es el caso de Mónaco: el 26 de marzo pasado, por ejemplo.

LC – Exactamente. Y se acuerdan que cuando estuvimos en En Perspectiva contigo dijimos que Suiza, Luxemburgo y Austria habían dicho en las últimas semanas del mes de marzo que los países iban a empezar a intercambiar información cuando existiera fraude fiscal, es decir, a último momento se manifestaron dispuestos a entregar algo de su sistema a cambio de que no se los incluyera en la peor de las listas.

EC – Parece que hubo algún aviso o algún mensaje a Uruguay en esta materia. Dice hoy El País que "A mediados de la semana pasada el ex ministro Ignacio de Posadas llamó por teléfono a un alto funcionario cercano al presidente Tabaré Vázquez para advertirle que se venía un fuerte revés para Uruguay en el G-20 y podía ser declarado eventualmente paraíso fiscal". Hubo una serie de contactos y se cuenta que de Posadas incluso tuvo comunicación con el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, que le confirmó los pronósticos sombríos. El mensaje de Gurría fue categórico: "‘Tienen hasta el 2 de abril para hacer una declaración’. El alto funcionario confirmó que Uruguay estaba ‘en capilla’ y que el tema excedía largamente los reclamos y presiones de Argentina. Advirtió que otros países de Europa, especialmente Alemania y el Reino Unido, reclaman compromisos firmes de Uruguay. Si no hacen la declaración, van a la lista", parece que le dijo Gurría a de Posadas.

LC – Sin llegar a hablar a los niveles que habló el doctor de Posadas, la semana pasada yo ya tenía esta información de que la situación de Uruguay venía muy complicada. Naturalmente uno nunca quiere decir estas cosas previo a que ocurran por no estar llamando a la mala noticia. Pero sí, Uruguay venía muy complicado, con mucha presión, los integrantes del Comité Fiscal de la OCDE ya habían avisado varias veces a Uruguay, habían venido a Uruguay incluso, por tanto estos temas no nos debieran llamar la atención o no nos debieran tomar por sorpresa. Lo que a mí sí me llama la atención y me toma por sorpresa es la gravedad de la sanción, o sea nos ponen en la peor de las listas.

EC – Sí, nos ponen en la peor de las listas y quedamos expuestos a un listado de medidas posibles que aparecen detalladas, ¿cómo las sintetizarías tu?

LC – Básicamente es un aumento de costos tributarios para las empresas que tengan transacciones o que tengan inversiones en Uruguay. Si yo tengo que retener por intereses pagados a Uruguay o por dividendos a pagar a Uruguay o por cualquier otro concepto, y la tasa normal de retención es un 10%, por poner un ejemplo, seguramente va a haber una tasa adicional sancionatoria. Prohibición de deducibilidad de gastos pagados a Uruguay.

EC – ¿Qué es eso?

LC – Por ejemplo, si yo tengo que pagar un servicio a una empresa uruguaya y estoy en México -utilizando el ejemplo que recién mencionaba-, México le dice "bueno si usted va a pagarle a Uruguay no deduzca el gasto, le prohibo que deduzca ese gasto porque estimo que no es un gasto razonable desde el punto de vista de la buena fe en que el mismo se realizó". Es decir, lo que trata de hacer es evitar que se erosione la base tributaria de los países de la residencia, evitar que de alguna manera los pagos a las jurisdicciones consideradas no cooperantes puedan significar una deducción inadmisible o un menor gasto tributario en los países de la residencia. Eso implica un mayor costo, naturalmente, para Uruguay.

EC – Pero hay otras medidas posibles, porque veo sobre el final del punteo: "Solicitarle a los organismos internacionales, a las instituciones internacionales y regionales o bancos regionales de desarrollo que revisen sus políticas de inversiones".

LC – Exactamente. Básicamente toda esta metodología va a ser considerada en las investigaciones o estudios que hace del país el Fondo Monetario Internacional y seguramente va a poner una calificación por estos temas.

EC – Pero también podría haber complicaciones para, por ejemplo, la obtención de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, por lo que dice acá ¿no?

LC – Por eso decía, el Fondo Monetario hace el Exap y dice "Uruguay está en esta situación", y cuando el Banco Mundial o el Banco Interamericano van a otorgar un préstamo seguramente digan: "bueno, yo lo voy a otorgar pero como condición voy a ponerle que usted en cierto plazo haga o deje de hacer determinadas cosas". Eso ya ha pasado y es muy común que pase.

EC – Otra de las posibilidades, y es la última que está en el listado, es que a la hora de diseñar programas bilaterales de ayuda se le dé un peso extra, una consideración especial a los principios de transparencia fiscal y de intercambio de información en temas tributarios.

LC – Claro, eso nos puede afectar por ejemplo en toda la cooperación que tiene Estados Unidos con Uruguay, o que pueda tener por ejemplo Alemania con Uruguay, cualquier tipo de cooperación tanto técnica como económica. Es decir, los países pueden no cooperar económicamente o tecnológicamente si previamente no cambiamos estas disposiciones. Naturalmente ponen la presión a los países que no están en esa lista para que, de alguna manera, conminen al país que sí lo está -como es el caso de Uruguay- a que modifique por cualquier medio su legislación. Es un tema complejo porque lo van arrinconando al país.

EC – Desde la audiencia vienen algunas preguntas y una de ellas es bien directa: "Si Uruguay hoy hace una declaración, ¿lo sacan de la lista?".

LC – Probablemente hoy no, lo que pueden hacer en las próximas reuniones es reconocer que Uruguay ha hecho compromisos públicos; naturalmente mejoraría su situación y probablemente podría haber una gestión a alto nivel para que se considerara. El problema es que estos foros se reúnen cada tanto y probablemente hasta la próxima reunión sea muy difícil sacarlo. Hay que ver cuándo es la próxima reunión, parece que sería en noviembre de este año.

EC – ¿La conclusión que puede sacarse es que el secreto bancario tal cual hoy rige en Uruguay va a tener modificaciones, va a terminar siendo flexibilizado?

LC – La conclusión es la siguiente: el país va a tener que analizar el costo-beneficio de mantener la situación actual versus las sanciones que se le pueden aplicar; si se analiza que las sanciones que le pueden aplicar son realmente de una entidad muy grande, seguramente el país va a tener que analizar y resolver si no va a modificar o flexibilizar su secreto bancario y tributario. Es una decisión del país y personalmente entiendo que es muy difícil analizar si puede continuar en esta situación.