(emitido a las 7.40 hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Dirección General Impositiva (DGI) promoverá el cierre temporal de 44 empresas por haber incumplido sus obligaciones tributarias.

Estas medidas serán pedidas a la justicia tras realizar operativos durante dos meses en el interior del país y también en Montevideo.

El diario El Observador informa hoy que los tributos evadidos y descubiertos por la DGI ascienden a 6.200.000 dólares.


***


JAE – Estamos recibiendo a Nelson Hernández, director general de Rentas. Este número que surge de 44 empresas tiene que ver con una operación inspectiva llevada a cabo entre junio y julio que comprendió a 2.330 empresas, entre las cuales aparecieron 538 con casos sospechosos y donde finalmente ustedes encontraron que en 44 empresas hubo incumplimiento de obligaciones.

NELSON HERNÁNDEZ:
Exactamente.

JAE - La proporción de empresas que efectivamente han sido descubiertas en maniobras de evasión fiscal, ¿es un número normal?

NH – Sí, es una relación normal. Además tengamos en cuenta que se trata de un trabajo que se realizó fundamentalmente en el interior, también en algunas localidades en donde hacía varios años la DGI no concurría, lo que hace que los números de no cumplimiento sean un poco más elevados de lo normal. Este fue un trabajo que se hizo sin seleccionar el nivel de las empresas sino que se hizo con una extensión muy generalizada.

JAE – ¿Qué zonas geográficas abarcó este operativo?

NH – Abarcó los 18 departamentos de la República, pero no sólo alcanzó a las capitales departamentales sino que se trató de cubrir precisamente aquellos lugares donde hacía más tiempo no se concurría.

JAE - ¿Por ejemplo?

NH – Localidades del interior. Por ejemplo en Colonia se fue a localidades como Tarariras, Juan Lacaze, pero esto no quiere decir que sólo en Colonia se fue a localidades que no son las capitales departamentales ni las ciudades más importantes.

JAE – Se lo pregunto porque en definitiva tanto Tarariras como Juan Lacaze son ciudades importantes.

NH – Claro, no son poblados del interior sino que son ciudades en las cuales hacía algunos años a las que no se concurría.

JAE - ¿Cuántos años?

NH – No tengo en este momento los datos pero calculo que a Tarariras y Juan Lacaze hacía por lo menos cinco o seis años que no se concurría. Hay localidades a las que hacía incluso más tiempo que no se concurría. Eso hace que en esas ciudades encontremos un mayor índice de no cumplimiento.

Las actuaciones fueron de dos tipos. Unas tendieron a un grado de generalidad, tratando de abarcar muchas empresas, lo que nosotros denominamos actuaciones "extensivas". Y en otro tipo de actuaciones se hizo un análisis más profundo, para determinar el grado de incumplimiento de esa empresa.

JAE – Antes de seguir corresponde preguntar por qué durante tantos años la DGI no fue siquiera una vez a inspeccionar estos lugares.

NH – Lo que hay que pensar es que esto es un tema de utilización o de aplicación de recursos. Lo ideal sería que la DGI pudiera estar en toda la República durante todo el tiempo o en forma de mantener una presencia en cada uno de los lugares donde se desarrolla actividad económica. En este momento contamos con alrededor de 150 inspectores con los cuales debemos cubrir toda la República, entonces muchas veces ocurre que hay localidades a las cuales no se puede concurrir con la asiduidad con la que debiera.

JAE – ¿150 inspectores es poco para usted?

NH – Es poco, sí.

JAE – ¿Cuánto estima usted que debería tener la DGI para ser más eficiente?

NH – Nosotros deberíamos tener alrededor de 100 inspectores más para poder tener presencia. Yo no digo de realizar en todos los casos actuaciones que vayan en profundidad, a determinar la situación tributaria de cada empresa, pero sí mantener una presencia de forma permanente y constante en todos los lugares en los que se desarrolla actividad económica.

JAE – ¿A qué nivel se realizó ese planteo de 100 inspectores más?

NH – Ese planteo se realizó a nivel del Ministerio, pero hay un tema de asignación de recursos que hace que no pueda contarse con toda la cantidad de recursos que a nuestro entender sería necesario.

JAE – O sea que para la próxima administración, sea cual sea, usted pediría 100 inspectores más para poder cubrir el país.

NH – Sí, este no es un tema de una u otra administración, creo que es un tema institucional. Con independencia de cuál sea el sistema tributario, cuál sea el gobierno que tenga la República, es necesario tener una mayor presencia en materia de contralor.

JAE – Repasando entonces: 2330 empresas ubicadas en diversos departamentos del país, el tamaño de las empresas no importa, aquí entra cualquier comercio.

NH – En este caso lo que se pretendió hacer es lograr la mayor amplitud. Por eso yo le decía que hay dos tipos de actuaciones que puede realizar la DGI: en algunos casos se actúa en profundidad, en menos empresas porque hay que destinarles más tiempo y por lo tanto más recurso a su actuación, y ahí se seleccionan empresas de mayor relevancia. En otras situaciones lo que interesa es tener una presencia lo más amplia posible y en ese caso, salvo en los casos en los cuales se detecta un incumplimiento importante, se realizan tareas de control de cumplimiento más formal. Incluso dentro de esa cantidad de actuaciones hay alrededor de 100-114 empresas que constituyen inscripciones de oficio, es decir empresas que ni siquiera estaban registradas, empresas de reducida dimensión económica. Ese es un número que da la pauta de cuál fue el enfoque del trabajo.

JAE – ¿Por ejemplo un quiosco puesto en el garaje de una casa?

NH – Yo diría que algo más, aquí no estamos hablando de monotributos, que sería el caso que tú me planteas, sino de empresas de reducida dimensión económica que seguramente estarían tributando en el régimen de pequeña empresa. Tú me planteas el caso de una empresa que es casi una ocupación personal de su titular, que es la situación de los monotributos.

JAE – ¿Entonces qué nivel sería?

NH - Un almacén de barrio, una pequeña ferretería, el tipo de comercio de pequeña dimensión económica.

JAE – Que no estaba siquiera inscripta en la DGI.

NH – Exacto, y correlacionándolo un poco con toda la información que ha habido respecto a la informalidad diríamos que esas empresas –yo no les llamaría empresas sino emprendimientos– serían las que podrían ubicarse dentro de lo que se llama informalidad de baja productividad, o sea que son algo más que el empleo para su titular pero que en realidad no significan una actividad económica relevante.

JAE – Sí, aquí hay un mensaje de Hugo que dice: "Inspeccionan siempre a quienes pagamos, los ilegales no existen para ellos".

NH – Precisamente para dar respuesta a ese tipo de afirmación es que en este caso las actuaciones se dirigieron a la totalidad, no a los que estaban necesariamente inscriptos.

JAE – ¿Pero esta puede ser una línea de trabajo nueva de la DGI?

NH – No, no es una línea de trabajo nueva, es una de las líneas de trabajo. En algunos casos al principio de este mismo año también en el interior se hicieron trabajos en los cuales se partió de información que contaba la DGI respecto de empresas cuyo nivel de tributación no era el adecuado. Ahí ya fuimos, no en este operativo sino en el operativo anterior, con una dirección predeterminada; íbamos a controlar a tal o a cual empresa que de acuerdo con nuestra información sabíamos que no estaba cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

JAE – Porque después hay otro mensaje de Carlos, de Canelones, que dice: "Ustedes sigan dando manija así nos agobian más de lo que ya estamos".

NH – Yo creo que esta es una posición equivocada, porque aquí lo que importa es que todo el mundo o la mayor parte de las actividades estén en forma regular. No olvidemos que el presupuesto es uno y que cuando hay alguien que no paga hay alguien al lado de él que está pagando más de lo que le correspondería si todos pagáramos en forma correcta. Creo que esa posición es un poco egoísta y está demostrando una falta de equidad.

JAE – En el caso de las 44 clausuras que está pidiendo la DGI esto va a la justicia y hay un plazo máximo de 6 días. ¿En qué momento la justicia va a responder a estos requerimientos, según sus previsiones?

NH – Estos plazos son mucho más prolongados de los que uno quisiera, pero debe cumplirse primero un procedimiento administrativo que supone darle vista a cada uno de los infractores, o presuntos infractores, de la constatación realizada para luego proceder, recién en esa instancia y luego de contestado los recursos que pudieran plantearse, a solicitar al Poder Judicial la clausura del establecimiento.

JAE – ¿Pero estamos hablando de qué tiempo?

NH – Yo creo que estamos hablando de no menos de cuatro o cinco meses.