(emitido a las 7.38 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Ante la llegada de la minera Aratirí, aumenta la preocupación de varios productores rurales afectados por las prospecciones en sus campos.

Recordemos que esta empresa actualmente realiza prospecciones para extraer hierro en los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres; de hecho tiene su centro de actividad en Valentines.

La preocupación determinó que 300 pequeños productores de Florida se reunieran con el presidente de la Federación Rural del Uruguay (FRU), Octacilio Echenagusía. ¿Para qué? Para plantearle su preocupación por lo que va a suceder con sus campos en caso de prosperar la explotación de gran escala.

El mensuario Miradas, que dirige el senador Eleuterio Fernández Huidobro, se encarga en su primer número justamente de este tema y hace mención a que "Valentines es una empresa ya iniciada, que está en la etapa de estudios para medir afinadamente el recurso disponible y elegir los lugares concretos de explotación. Será en minas a cielo abierto y habrán de usarse explosivos y maquinaria trituradora para obtener un polvo con la mayor concentración posible de hierro para transformarlo mediante el uso de carbón, cal y otros procesos, en pellets, o sea bolitas, mejor manejables en ferrocarriles, barcos y otros medios de transporte".

Estamos con Guillermo de los Santos, productor rural de la zona de Valentines, departamento de Treinta y Tres. ¿El límite está del lado de Treinta y Tres?

GUILLERMO DE LOS SANTOS:
Sí, el límite es la Cuchilla Grande y yo estoy en el departamento de Treinta y Tres. Los estudios de esta empresa no se han iniciado todavía.

JAE – ¿Por qué le preocupa a usted y a los productores de la zona la presencia de esta empresa?

GDLS – Nuestra preocupación se basa fundamentalmente en la falta de información que tenemos. El área pedida para estudio abarca una extensión de 100.000 hectáreas. Nosotros, que somos habitantes de una vida en esta zona, siempre convivimos con los estudios de hierro; el último estudio fue encargado por el gobierno nacional en el año 1975, en un proyecto con Naciones Unidas. En ese proyecto ya se identificó la existencia de hierro. Actualmente ese estudio es realizado por una empresa privada.

Y nosotros –más que como productores como habitantes de la zona, como gente de una vida relacionada a la tierra– creemos que debemos tener información, debemos estar al tanto del proceso ambiental, ecológico, social, y eso es lo que nosotros salimos a reclamar. Acá hay que contraponer aspectos económicos contra aspectos humanos y sociales.

JAE – O sea, ustedes reclaman información. Porque de hecho el Código de Minería vigente establece tres etapas: por un lado la prospección, por otro lado la exploración y por último la concesión para explotar. En el primer caso la empresa minera puede ingresar al promedio escogido –el dueño debe franquear la entrada–, a efectos de tomar muestras de suelo y del subsuelo. Después viene una segunda etapa que es la exploración, donde aparecen máquinas y equipos para hacer una serie de perforaciones con retroexcavadoras y que tendrían un impacto mayor para el predio y para su dueño. Después viene la tercera etapa que es la de la explotación. ¿En qué etapa se encuentra la empresa en la zona?

GDLS – En la zona de Florida se encuentra en la segunda etapa, en la que se hacen cateos con máquinas perforadoras y todo ese proceso. Después sí, pienso yo que si los números dan, se realizará la explotación. Una cosa a aclararle es que por ejemplo en la zona de Treinta y Tres esta gente pretendió entrar a los predios sin una autorización legal, aparentemente los permisos estaban en trámite; en mi caso personal el permiso está en trámite pero a nosotros no se nos ha notificado actualmente.

JAE – O sea, sabe que la empresa tiene identificado su campo para empezar con estas tres etapas.

GDLS – Nosotros entramos en la Dirección Nacional de Minería, buscamos nuestros padrones, vimos los padrones que están afectados a esta situación, es una zona amplísima. Desde el momento en que el permiso está concedido, nosotros tenemos una afectación en nuestro bien durante dos años. Dos años de estudio en los cuales la situación que tiene nuestro bien en cuanto al uso como garantía de una hipoteca o su disponibilidad en cuanto a una enajenación es relativa. O sea, es un predio que tiene una afectación minera. Es una situación que ya de por sí merece un estudio, merece un contacto del Estado con los habitantes de la zona.

JAE – Claro, el argumento legal es que el dueño del campo no es propietario del subsuelo sino de la primera capa, incluso se maneja como referencia el lugar hasta donde llega la raíz de una planta.

GDLS – Sí, correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero nosotros vivimos en la parte de arriba y hace años que producimos alimentos para el Uruguay en la parte de arriba del suelo. Y yo planteo: ¿cómo se distribuye la riqueza de nuestro subsuelo en el caso de la explotación? O sea, el canon que establece el Código de Minería para el Estado, para la situación colectiva. Olvidémonos de los productores que estamos arriba de unos cerros, que capaz que somos debidamente compensados, y los puestos directos o indirectos; vamos a hablar de la situación colectiva, el beneficio colectivo del Estado: es el 3% de la explotación.

JAE – ¿Eso es lo que reciben los productores?

GDLS - El Estado recibe durante los cinco primeros años el 2% de la explotación y desde el sexto en adelante un 3% de la explotación. Entonces yo creo que lo que nos debemos plantear claramente es lo siguiente: si nosotros desafectamos una zona ganadera, una zona poblada, una zona tradicionalmente productora de la producción tradicional del país para entregarla por un beneficio de un 3% del total de la explotación.

JAE – En ese caso, por lo menos desde el punto de vista económico, habría que hacer los cálculos de cuánto significa eso.

GDLS – Los cálculos son claritos. Si estamos hablando de 500 millones de toneladas, el 3% son 15 millones de toneladas. Si el precio internacional del hierro son 80 dólares, estamos hablando de 1.200 millones de dólares a repartir en 30 años, que es lo que dura la explotación. Si los números nuestros no están equivocados, estaríamos hablando de 40 millones de dólares por año para el beneficio colectivo del Uruguay, desafectando una zona tradicionalmente productora. Yo creo que merece un estudio. Usted me dirá hay que sueldos directos, sueldos indirectos, pero sabemos que la producción agrícola-ganadera es la producción que genera más puestos indirectos; no son 4 o 5 cerros, no estamos hablando de zonas improductivas, estamos hablando de zonas sojeras, con la tecnología actual.

JAE – ¿Qué características tiene su campo concretamente?

GDLS – Mi campo tiene un índice [coneat] 60-70, aquí se realizan mejoramientos de distintos tipos, se engordan permanentemente animales, se han hecho silos de grano húmedo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que alguien se acuerde de venir a conversar con nosotros e informarse de que si hoy por hoy la situación agrícola-ganadera no da para cubrir esa cantidad de puestos de trabajo podrá ser responsabilidad nuestra, pero también responsabilidad de políticas agropecuarias que no han sido muy claras en los últimos años. Se nos habla de la imagen de Nueva Zelanda, se nos habla del asentamiento del productor en el predio, de la familia rural, todas esas cosas, y viene una inversión extranjera, que indudablemente será lo que va a dinamizar las economías de estos países pero no para dejarnos el 3% al Estado. Eso es lo que nosotros estamos reclamando.


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