(emitido a las 9.05 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Desde la semana pasada, un integrante de la oposición forma parte del equipo económico de gobierno.

Se trata del economista Washington Ribeiro, flamante director del Banco Central del Uruguay (BCU). Un hombre de confianza del senador blanco y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, integra el directorio del organismo responsable, entre otras cosas, de fijar la política monetaria para combatir la inflación, regular y supervisar el sistema financiero y, para muchos integrantes del Poder Ejecutivo, vigilar el valor del dólar frente al peso uruguayo.

Ribeiro tiene 38 años, se graduó en la Universidad de la República, ha sido asesor en temas de política económica, inserción internacional y estrategias de desarrollo en AN, el sector liderado por Jorge Larrañaga, entre 2002 y 2010.

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JAE - Un nombre que ya se había manejado en el anterior período para la integración de la oposición en el BCU. Eso finalmente no prosperó, pero ahora sí, vuelve su nombre y se concreta con este acuerdo entre gobierno y oposición.

¿En qué temas se ha especializado o ha hecho hincapié en estos años como economista?

WASHINGTON RIBEIRO:
En los últimos años, si bien he mantenido el ejercicio de mi profesión, sobre todo me he dedicado a la actividad política en cuanto a asesorar a AN y al doctor Larrañaga no exclusivamente en temas económicos, sino también en cuestiones políticas. Básicamente hemos hecho el seguimiento del presupuesto quinquenal pasado, de las sucesivas rendiciones de cuentas y de todas aquellas leyes que tuvieran alguna incidencia sobre la actividad económica, junto con otros compañeros ya sea de AN o de la Fundación Ferreira Aldunate.

JAE - Entonces el enfoque no necesariamente va por el lado de la política monetaria, algo específico del BCU, sino que ha sido algo más general.

WR - Sí, habría sido muy restrictivo enfocarse exclusivamente en la política monetaria, que es uno de los componentes de la política económica. Pero en particular en el quinquenio anterior la política fiscal tuvo una importancia relativa mucho mayor y por eso el sistema político le prestó más atención. Recordemos la reforma tributaria y una serie de leyes que implicaron cambios importantes.

JAE - ¿Qué lo llevó a aceptar el ofrecimiento para integrar el directorio del BCU?

WR - Es un orgullo y una satisfacción enorme que en un partido con infinidad de economistas como pueden ser Javier de Haedo, Gustavo Licandro, Andrés Pieroni se me designe a mí para ocupar esta responsabilidad. No hay lugar a pensarlo, no se trató de aceptar o no aceptar, simplemente ante el ofrecimiento una satisfacción enorme y un orgullo impresionante.

EMILIANO COTELO:
De hecho, su cargo será el más importante para la oposición en los temas económicos. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo será su papel? ¿Será un papel por el lado del control? ¿Será un papel por el lado de las propuestas?

WR - El doctor Larrañaga nos dijo no solo a mí sino a todos los que propuso para integrar los entes y las empresas públicas: "Controlar sí, pero colaborar también". Y esa colaboración se traduce en llevar adelante iniciativas de nuestro sector político. No sé si es el cargo más importante en la política económica, convengamos que la política del país es un conjunto de elementos, y si bien sí en la política monetaria mi participación, o la del BCU, es fundamental, en Uruguay las empresas públicas en general tienen un rol muy importante, por tanto UTE, ANCAP, el propio Banco República tienen una incidencia muy importante.

JAE - El BCU forma parte del equipo económico pero no define la política general, entonces ¿cómo imagina el peso que tendrá su lugar, su puesto en el ejercicio del poder?

WR - Con lealtad hacia la institución y hacia el partido que me puso, siendo consciente de que soy el único representante en el banco de la oposición, por lo cual no voy a ser un representante de los demás partidos políticos pero sí un colaborador en tanto se me requiera y en tanto yo pueda, y ante todo, seguir la evolución de las variables económicas, las decisiones que vaya tomando el gobierno, en particular en las instancias de coordinación que el BCU tiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a partir de allí ejercer el rol de oposición cuando estimemos que sea conveniente o cuando el partido lo estime conveniente, y sobre todo el de hacer propuestas, como decía al principio.

JAE - Hay un comité que se reúne cada tres meses horas previas al Comité de Políticas Macroeconómicas (COPOM), que es el encuentro entre el BCU y el MEF. Hasta ahora nadie de la oposición se había integrado a esas conversaciones.

WR - Claro, por la conformación del propio elenco de gobierno y del BCU. A partir de la próxima reunión nosotros vamos a participar y allí se verá. Es la instancia que el BCU, y en particular la oposición, va a tener de emitir su opinión sobre la política fiscal, más allá de los controles legales que establece el propio Parlamento.

EC - Hay unos cuantos temas que han puesto al BCU en la agenda informativa desde que comenzó este segundo período de gobierno del Frente Amplio (FA).

JAE - Empecemos por el tipo de cambio, que es de los últimos, y son sobre todo cambios que implican por un lado un rol menos activo o menos frontal del BCU en la compra de dólares, pasando esa responsabilidad al MEF. Pero por otra parte, el subsecretario de Economía ha dicho que el dólar tiene que estar entre 21 y 22 pesos, que ese es el punto de equilibrio que el gobierno va a tratar de mantener. ¿Cómo observa este tipo de mensajes de la autoridad monetaria, el hecho de que haya una definición pública expresa de un valor del dólar?

WR - En Uruguay existe un régimen de tipo de cambio flexible, por lo cual el valor resultante del tipo de cambio es producto de la política monetaria que se lleva adelante, entre otros factores. La decisión es prevalente a mi integración al BCU, pero el cambio en la participación en el mercado de divisas del BCU en beneficio del MEF se debe a un tema de composición de cartera. El MEF, el gobierno, el Estado uruguayo tienen endeudamiento en dólares, por lo cual se estima que es más conveniente que ese tipo de operaciones las realice el propio gobierno por medio del ministerio y el BCU.

JAE - Usted comparte eso.

WR - Sí, claro, porque el hecho de que lo hiciera el BCU implicaba una serie de pérdidas bastante altas en función de la composición de activos y pasivos del propio banco. Y que el subsecretario adelante, prevea o diga que el tipo de cambio tiene que estar en tal o cual valor se asume como una meta del gobierno y es legítimo. Yo creo que el tipo de cambio no es el único instrumento para manejar la competitividad del país.

EC - El propio gobierno lo ha sostenido desde siempre; en estos dos períodos del FA se ha insistido mucho con eso, pero al mismo tiempo en los últimos meses se ha reconocido que el valor había alcanzado el dólar en su pendiente ya empezaba a ser preocupante.

WR - Sin duda que el valor del dólar importa en la competitividad, pero en el corto plazo. En el largo plazo hay otros aspectos que son mucho más importantes, como el manejo de las tarifas públicas, el manejo de la productividad o aquellos elementos que generen mayor productividad –para este año se estima un 3-4% de crecimiento–, factores como la calificación de la mano de obra, la educación, la flexibilidad y las normas en el mercado de trabajo, la institucionalidad del país. El tipo de cambio debe ser manejado en el corto plazo a la espera de generar estructuras o reformas que impliquen una mejora en la competitividad perdurable en el tiempo. Un valor del tipo de cambio de 19 seguramente era preocupante para el sector exportador; no sé si un tipo de cambio de 21-22 resuelve la competitividad del país o le garantiza competitividad al país. En definitiva es una discusión del gobierno.

JAE - Pero se ha sostenido, de repente simplificadamente, que hay una especie de choque entre ese objetivo de sostener la competitividad por el lado del dólar y el objetivo inflacionario, que un objetivo incide sobre el otro en forma negativa, porque el BCU mantiene esa objetivo de mantener la inflación a raya. ¿Cómo ve este conflicto? ¿Hay riesgo de problemas por el lado de la inflación a partir de estas otras medidas que se toman para sostener o para levantar la competitividad?

WR - El control de la inflación y en particular la estabilidad de precios es un mandato que la ley le da al BCU entre sus cometidos y finalidades. Según el régimen y la política monetaria definidos en el país se establece un rango de inflación, que es de 3 a 7% para los próximos 18 meses, y dentro de ese rango el BCU establece una tasa de interés de referencia compatible con la meta buscada. Básicamente no creo que haya discrepancias. Esto se decidió en la reunión del COPOM, por lo cual no veo la discrepancia.

JAE - ¿No ve sombra, riesgo de problemas de inflación? Porque algunos han sostenido que la economía está muy activa, que va a crecer 6,5% o por arriba, que hay riesgo de recalentamiento. ¿La inflación lo preocupa?

WR - La inflación siempre es preocupante en tanto perjudica sobre todo a las clases más bajas de la sociedad. Creo que el tipo de cambio en el nivel que está hoy no va a generar un incremento de la inflación en lo más mínimo, y el riesgo de sobrecalentamiento es posible, es a cuidar, y por eso hay que llevar adelante medidas que estimulen la inversión para evitar que eso ocurra.

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EC - En su discurso de asunción usted abogó por el equilibrio entre la política fiscal y la monetaria, y dijo que el gasto en el período pasado fue "excesivo". ¿Qué va a proponer en ese sentido? ¿Qué puede hacer desde el BCU?

WR - El gasto en el período pasado evidentemente fue excesivo en tanto el país creció como nunca había crecido en su historia al cabo de cinco años seguidos, y aun así no se alcanzó un equilibrio fiscal. La importancia del superávit fiscal está dada en la utilización de los recursos genuinos que el país genera. Puede aplicarse a la reducción de deuda, a la reducción de impuestos, y después se discutirá si es mejor bajar el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado o aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones. Eso es una discusión posterior, pero un país es como una familia, debe mantener sus cuentas equilibradas no puede gastar permanentemente más de lo que recibe como ingresos, porque eso genera un elevado endeudamiento.

EC - Es una costumbre nacional.

WR - Tal vez haya sido la necesidad, no sé si es un tema de costumbre. Pero en años de bonanza hay que aprovechar para generar un cierto equilibrio fiscal y a su vez un colchón fiscal con políticas anticíclicas que permitan hacer frente a problemas en el empleo y a otro tipo de dificultades que se presenten en épocas de vacas flacas. Esa fue en general la principal crítica que la oposición le hizo a la administración anterior, veremos en la instancia presupuestal cuál es la evolución prevista para el gasto público. En cuanto a qué se puede hacer...

EC - ¿Usted tiene capacidad de incidencia?

WR - No, por supuesto que no. Tengo capacidad de propuesta como un miembro más del directorio del BCU en alguna instancia de coordinación con el MEF. La propuesta y el control efectivos los va a hacer el Parlamento, que es el ámbito natural de discusión del presupuesto.

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JAE - Al asumir, usted planteó el interés en colaborar en el proceso de aumentar la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno. ¿En qué medidas piensa para fomentar la inclusión financiera?

WR - Sobre todo en la forma en que se haga la bancarización, que es un proceso que no es nuevo en Uruguay, se desarrolló mucho durante los años noventa y se vio postergado por la crisis de 2002. Pero en general es un proceso que se ha dado en todo el mundo, que genera importantes beneficios en cuanto a la formalización de la economía, si se hace bien. Si se hace mal puede llegar a generar exclusión social en la medida en que ciertos sectores de la población no accedan al sistema financiero y por tanto a la economía formal.

Uruguay tiene la ventaja de que buena parte de la población está bancarizada mediante los planes del MIDES, en el BROU. La incidencia o la importancia de la oposición, en este caso mía, es en cuanto a la forma en que se dé y en aportar a la discusión con propuestas. Este es uno de los ejemplos claros en que vamos a tener una participación seguramente más activa.

EC - ¿Puede mencionar algún otro ejemplo?

WR - Por ahora no, estamos viendo con la Superintendencia de Bancos los mecanismos que piensa llevar adelante. Pero por ejemplo, el desarrollo de la inserción del sistema financiero en el sistema educativo, en la escuela o en los liceos, no en régimen de materia obligatoria pero sí alguna carga horaria, aunque sea mínima, para aumentar el grado de responsabilidad de los jóvenes en el cumplimiento de sus obligaciones en términos económicos durante su madurez.

EC - Usted habla de crear una cultura de la bancarización.

WR - Para ser honestos, no hablo yo, es algo en lo que se venía trabajando en los servicios del banco y que yo veo bien.

EC - Sí, el presidente del BCU, Mario Bergara, ha hablado de eso.

WR - Sí, claramente es un ejemplo. La cultura no solo de bancarización sino de cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas.

EC - ¿Otros ejemplos?

WR - Otro ejemplo puede ser la inclusión del sistema de cooperativas o de microcréditos con algún tipo de regulación específica destinada a ello, con un régimen regulatorio tal vez un poco más flexible. Son temas que hemos venido hablando con la Superintendencia y que seguramente seguiremos hablando, cómo reglamentar el sistema de tarjetas de crédito. Son elementos que estamos viendo en la interna del banco y que seguramente en el futuro se irán desarrollando.

EC - ¿En qué aspectos se piensa esa reglamentación de las tarjetas de crédito?

WR - En general en el marco contractual. Ya existe una reglamentación, pero si se va a expandir habrá que buscar la forma de que el manejo de instrumentos de medios de pago electrónicos redunde en una reducción de nivel de precios para la población, ya sea reduciendo el impuesto al valor agregado (IVA) mediante esas transacciones o algún otro tipo de impuestos, o con precios diferenciales a los efectos de generar estímulos para la población y a su vez un beneficio para los usuarios.

JAE - Ya hay varios mecanismos en ese sentido, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando uno paga con tarjeta se le devuelven 9 puntos de IVA, el consumo de combustibles en estaciones de servicio en frontera también tiene una devolución equivalente a tantos puntos del IMESI. Ese es un camino, usted dice que se puede generalizar por esta vía de modo que este proceso beneficie a la población.

WR - Esa es la gracia, si hay bancarización obviamente van a ganar los bancos en tanto habrá mayor nivel de actividad, obviamente van a ganar los empleados bancarios en tanto habrá más puestos de trabajo; y también tienen que ganar los usuarios del sistema, que es la población en su conjunto, por medio de menores costos de los bienes que quieran adquirir.

EC - En medio de ese proceso de bancarización, ¿cómo observa la decisión que se tomó hace muy pocas semanas, la publicación de la Central de Riesgos del BCU, que contiene datos de 540.000 deudores del sistema financiero? Dentro del propio sistema bancario varias instituciones observaron esta resolución como una medida a contramano, y directamente la cuestionaron.

WR - Primero, la medida no viola el secreto bancario y da cumplimiento a una ley. En el mostrador del BCU cualquier ciudadano podía con su cédula o el número de cédula de otro ciudadano averiguar los antecedentes en el sistema financiero. El BCU hizo mucho más pública esa información. Yo personalmente creo que es una violación de la privacidad de las personas, y lo he dicho en el banco, pero es mandato y cumplimiento de una ley. Creo que hacer tan público ese tipo de información de la vida privada de las personas y las empresas viola la privacidad de los individuos.

JAE - ¿No hay riesgo allí de demandas contra el BCU por llevar adelante esto?

WR - No, porque es en cumplimiento de una ley.

EC - ¿El tema no está abierto a discusión? ¿Usted cuando ingresó al directorio lo replanteó?

WR - Fue una decisión de la Superintendencia; se lo planteé al superintendente. Lo que se va a hacer, no necesariamente a raíz de mi planteo sino porque el banco ya era consciente del problema, es generar algún tipo de restricciones, mantener la libertad de acceso a la información pero generar algún tipo de restricciones y controles extra para que no cualquiera se informe acerca de las deudas de otra persona.

JAE - Al menos pedir información de quién solicita el dato.

WR - Eso seguro. Hoy queda registrada la cédula; se va a pedir alguna información adicional y se van a generar algunos mecanismos informáticos de control para que un individuo no tenga libre acceso a las cuentas de los demás.

EC - Es una resolución que se basa en una ley, tiene sustento legal. Pero casi al mismo tiempo se envió al Parlamento un proyecto de ley que también ha sido cuestionado por el sistema bancario, sobre todo teniendo en cuenta ese proceso de bancarización en el que se supone que se está.

JAE - El caso del secreto bancario directamente, la flexibilización, porque no es el levantamiento sino la flexibilización, la posibilidad de que mediante un pedido de información de la autoridad tributaria, pongamos por caso de la DGI, ante la justicia finalmente se levante ante la presunción, no con alguna prueba ya entre manos, sino ante la presunción de evasión fiscal, se pueda acceder a la información de la cuenta bancaria. ¿Cómo ve este tema?

WR - Esto se da en el marco de cambios en el sistema tributario y en particular en la búsqueda de generar una mejor calificación del país en foros internacionales y ante la calificación que la OCDE en particular hace de paraísos fiscales. Yo creo que el secreto bancario como está en Uruguay hoy es más que suficiente. El gobierno dice, y es razonable, que si les vamos a otorgar potestades especiales a administradoras tributarias de otros países, también tenemos que tener derecho nosotros. El proyecto está en discusión en el Parlamento, y creo que podría acotarse a los casos en los cuales administraciones tributarias de otros países soliciten información, no generalizarlo.

EC - ¿Cómo es eso?

WR - Claro, vamos a intentar desarrollar un ejemplo. Si yo, administración tributaria de Suiza, país con el que Uruguay puede llegar a tener un convenio, les solicito información a la administración tributaria y al BCU sobre Emiliano Cotelo, me la tienen que dar por el convenio. Lo que se establece en el proyecto de ley es que si la administración suiza tiene esa potestad, que la administración tributaria uruguaya también la tenga, pero no exclusivamente sobre Cotelo, que es el supuesto problema en este caso, sino sobre toda la población uruguaya. Esto se puede acotar a los casos en los cuales la administración tributaria del tercer país solicite información, sobre esa persona.

EC - Que las autoridades tributarias uruguayas también tengan la posibilidad de pedir información bancaria sobre una determinada persona si sobre ella pesa una solicitud que venga de fuera.

WR - Exacto, por el régimen nuevo, que es el de presunción y no exclusivamente de evasión. Esa puede ser una forma de acotarlo.

JAE - Eso inhabilitaría a la DGI a pedir información ante la presunción a nivel local sobre tal persona y sobre la situación.

WR - Sobre el universo de personas. Es una opción. Repito, está en tratamiento parlamentario, y tengo entendido que esas son algunas de las iniciativas que se le van a plantear a la bancada de gobierno.

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JAE - El BCU tiene además un rol de supervisión del sistema financiero. ¿Cómo evalúa la situación del sector, cuando los bancos a veces se quejan de la regulación, dicen que cada vez les piden más controles, lo que les genera más costos y les corta la posibilidad de ofrecer más servicios al público?

WR - El sistema financiero es mucho más que el sistema bancario, incluye otra serie de agentes, entre los cuales están la Bolsa de Valores, las empresas de intermediación financiera, claramente los bancos, las administradoras de crédito, las administradoras de seguros, las AFAP, infinidad de agentes. Es cierto que a raíz de la crisis de 2002 y de una tendencia internacional el sistema regulatorio es cada vez más complejo y seguramente les genera más costos a las instituciones. La regulación tiene el sentido de proteger a los ahorristas, y la forma de subsanar eso es generar mayor actividad. En un país en crecimiento debemos estimular líneas de crédito, líneas de financiamiento a largo plazo –que tal vez sea uno de los déficits que el país tiene–, y eso pasa por estimular a la Bolsa de Valores para apalancar proyectos de inversión en infraestructura y de otro tipo que vengan a generar mayor competitividad en el país. Un mayor nivel de actividad va a generar mayor renta, con lo cual esos costos se van a diluir.

JAE - Pero la Bolsa de Valores ha criticado enormemente la nueva regulación, dice que deja a muchísimos pequeños corredores de bolsa fuera de la posibilidad de seguir operando por la cantidad de controles, porque incluso se exige que se graben conversaciones telefónicas de clientes con el corredor a efectos de dejar registro de los movimientos que el cliente quiere hacer.

WR - Reconozco que la nueva reglamentación, que ya tiene dos o tres meses, es muy compleja y exhaustiva. Pero pasa por generar mayor volumen de negocios, que viene dado por la necesidad mayor de financiamiento que el país tenga en proyectos de inversión a largo plazo.

JAE - ¿Cómo se hace? ¿Se requiere alguna otra norma para apuntalar esta idea? Porque da la impresión de que con la situación tal como está las cosas no se generan solas.

WR - Por supuesto que no se generan solas. También va en un aspecto cultural, el uruguayo no tiene cultura de ir al mercado de valores, al mercado de capitales para obtener financiamiento. Seguramente será un proceso lento, el país y la regulación bancaria y financiera se están modernizando y adecuando a la tendencia internacional. Es cierto también que muchas veces lo que se les exige a los países chicos como Uruguay no se cumple en los países de origen, los países que nos califican, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea; ya hemos visto lo que pasó con una crisis impresionante. Son esos países los que nos exigen mayores controles a nosotros. Forma parte de la relación y la negociación internacionales que el país como país tenga con esas economías. Y hay que generar medidas que alivien el exceso de regulación y de costos producto de una mayor regulación en la economía doméstica.

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JAE - Se maneja que en el final de este año 2010 los bancos van a empezar agresivamente a ofrecer créditos para pequeños operadores, pequeños clientes, para el consumo doméstico. ¿Cómo ve esto?

WR - ¿Créditos al consumo o microcréditos?

JAE - Hay de todo, vivienda, automóviles.

WR - Lo veo bien, no puedo juzgar la política comercial de un banco. En la medida que esté dentro de las normas y de las reglas que se establecen, bienvenido sea el desarrollo del sector.

JAE - ¿Efectivamente es esperable una mayor oferta de crédito?

WR - Eso forma parte de la política comercial de uno o varios bancos y será producto de la competencia que se dé en el mercado. No puedo prever las políticas comerciales de instituciones privadas.

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Transcripción: María Lila Ltaif