(emitido a las 8.45 Hs.)

JUAN ANDRES ELHORDOY (JAE):
Las cuentas públicas mostraron una mejora significativa en el primer semestre de 2010. En los 12 meses a junio el déficit fiscal se ubicó en 1,1% del PBI, lo que significó una baja de 6 décimas respecto de los niveles de cierre de 2009.

Sin embargo, al mismo tiempo el Tribunal de Cuentas observó la Rendición de Cuentas de 2009, señalando que el gobierno no había registrado correctamente las capitalizaciones del Banco Hipotecario y del Banco Central y que, por lo tanto, el déficit del año pasado estaba subvaluado en unos 1.900 millones de dólares.

¿Cómo debemos analizar entonces las cuentas públicas? ¿Se está subestimando el déficit fiscal? En seguida conversamos de estos temas con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.

Antes de entrar en las observaciones del Tribunal de Cuentas, ¿cómo están analizando las cifras fiscales?


PABLO ROSSELLI (PR):
Si miramos las últimas cifras publicadas, el superávit primario se ubicó en 1,7% del PBI en los 12 meses a junio, lo que significó una mejora de 7 décimas respecto al cierre de 2009. De esa manera, con intereses que se han mantenido estables, en 2,8% del PBI, el déficit global fue de 1,1% del PBI en el año móvil a junio. O sea, que se redujo algo más de 6 décimas respecto al observado en 2009, como tú señalabas al comienzo.


JAE: ¿Por qué se observó esa mejora?


PR: La mejora del resultado primario se debió enteramente a las empresas públicas, básicamente a UTE. Mientras al cierre de 2009 las empresas públicas tenían un déficit primario consolidado de 0,5% del PBI, en los 12 meses a junio presentaron un superávit de 0,3% del PBI, es decir, aumentaron sus resultados en 8 décimas del PBI. En definitiva, se está confirmando lo que plantemos otras veces: en el deterioro que mostraron las cuentas públicas del año pasado y de 2008 había un componente transitorio muy importante asociado a la falta de lluvias, que estaba generando sobrecostos muy fuertes en UTE.

Con la llegada de las lluvias los costos de generación de electricidad bajaron sustancialmente.


JAE: ¿Cómo juega el Fondo de Estabilización Energética que creó el gobierno en mayo?


PR: El gobierno creó un fondo de reserva, con el objetivo de ahorrar para afrontar eventuales dificultades en la generación hidroeléctrica. Por el momento, entre mayo y junio se destinaron a este fondo unos 150 millones de dólares, pero se anunció que el Fondo sería de unos 400 millones de dólares.

En las cuentas públicas esos 150 millones de dólares, que equivalen a aproximadamente un 0,4% del PBI, se registraron como un gasto de UTE, que reduce por tanto el resultado primario de esta empresa y en definitiva disminuye el resultado global.

A nuestro juicio, es compartible la inquietud del gobierno de generar un ahorro para enfrentar en el futuro períodos más adversos en términos de costos de generación eléctrica. Sin embargo, en nuestra opinión sería más adecuado mantener el criterio general de registración de base caja. En otras palabras, este ahorro destinado al fondo de estabilización energética debería reflejarse como un mayor superávit primario y no como un gasto.


JAE: Pero si el superávit primario fuera más alto, ¿no habría acaso un riesgo de que el gasto público terminara siendo mayor?


PR: Eso es algo que podría ocurrir. Administrar las demandas de los distintos sectores de la sociedad y de los sectores políticos es tarea del gobierno y, en última instancia, la Ley de Presupuesto es resorte del Parlamento.

Varias veces hemos insistido con la conveniencia de llevar adelante una política fiscal anticíclica y entendemos que hoy hay algún espacio para procurar ahorrar más. De todos modos, nos parece importante preservar un marco claro de registración y de interpretación de las cuentas públicas. Al mirar el resultado fiscal es necesario sumar ese ahorro de UTE registrado como gasto.


JAE: Pasemos a la noticia que trascendió este fin de semana. El Tribunal de Cuentas señaló que no se registró correctamente ni la capitalización del BHU ni la del Banco Central y que por lo tanto se estaba subvaluando el déficit fiscal. De todas maneras, algunos economistas marcaron su matiz con el Tribunal. ¿Cómo analizan Uds. este tema?


PR: A nuestro juicio, esto tiene por detrás un tema más complejo que tiene que ver con lo que mencionaba recién: la metodología de registración de las cuentas públicas. La verdad es que no tenemos en el país un marco explícito, terminado o ajustado, sobre cómo se debe registrar cada transacción que ocurre en el Estado, hay buenas pautas generales pero falta detalle.

Hoy no se lleva de hecho una contabilidad patrimonial, es decir no se elabora un Estado de Situación Patrimonial en el que se registre cómo cambian todos los activos y pasivos del sector público. Sí lo tenemos a nivel de las empresas públicas, pero no para el consolidado de todo el sector público. Las cuentas consolidadas se registran únicamente en base caja, esto es, considerando los ingresos y egresos de dinero. Otras operaciones que no involucran ingresos o egresos de caja no se computan.


JAE: Pero, entonces, ¿se está subestimando el déficit fiscal o no?


PR: En nuestra opinión, bajo el criterio de base caja, que es como medimos habitualmente las cuentas públicas, esta operación de capitalización no cambia el déficit fiscal. Más aún, nosotros no entendemos que haya intención de subestimar el déficit fiscal.

La realidad es que esas capitalizaciones del Banco Hipotecario y del Banco Central no involucran movimientos de caja y vienen a absorber pérdidas pasadas (muchas generadas durante la crisis de 2002, pero no exclusivamente). De hecho, muchas de esas pérdidas nunca entraron en los resultados fiscales, porque fueron pérdidas patrimoniales (por ejemplo por la desvalorización de activos de esas instituciones o por el aumento de sus pasivos) pero no implicaban una salida de caja y, por tanto, no correspondía registrarlas según el criterio de caja utilizado desde siempre.


JAE: ¿Podemos poner algún ejemplo de por qué esas capitalizaciones no cambian el resultado fiscal?


PR: En la capitalización del BCU el gobierno asume una deuda con el BCU por la cual se obliga a pagar un interés todos los años. No vamos a entrar en los detalles de las distintas partes que tiene toda la operación, pero en esencia el gobierno deberá pagar en el futuro un interés. Aunque en el futuro el gobierno deberá pagarle al BCU, la concreción de la operación no significó en ese momento ninguna erogación de fondos para el gobierno.

Con base caja, el gobierno no tuvo gastos. Luego hay un segundo punto a tener en cuenta. En el futuro el gobierno le pagará al Banco Central (eso incrementará un gasto público) pero el Banco Central recibirá un ingreso. Entonces, como la contabilidad fiscal consolida al gobierno central y al Banco Central tampoco habrá en el futuro un impacto fiscal por esa operación.

La consolidación es otro tema. Algunas empresas públicas consolidan en la contabilidad fiscal (es decir que forman parte) y otras como el BROU, el BHU y el BSE no (sólo se incorporan en las cuentas públicas los eventuales pagos de dividendos que hagan al gobierno central).

Por último, se debe aclarar que la contabilidad fiscal se realiza en base a un criterio de caja por simplicidad. En el pasado el BHU y el BCU enfrentaron pérdidas. Una parte importante de esas pérdidas no se registraron como déficit pero fueron realmente pérdidas que terminan reflejándose en un incremento del endeudamiento público.

En suma, el tema es sin dudas complejo. No hay soluciones sencillas. En todo caso, esta polémica no hace más que subrayar la importancia de tener un marco más claro de registración de las cuentas públicas y de avanzar hacia criterios más integrales de contabilización.


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