Si hace un poco de historia, no puede quedar en el olvido el corralito en Argentina en 2001; corrida bancaria contra el  Banco Galicia en enero de 2002. Se suspende la actividad y la efervescencia y el nerviosismo ya cundía en Uruguay. A los pocos días, Carlos y José Rohm son denunciados por sus antiguos socios por el lavado de dinero y por la desaparición de 250 millones de dólares.

Para frenar la corrida que estaba sufriendo el Banco Comercial el ex presidente Jorge Batlle en persona negoció directamente con los socios privados un aporte de capital de 100 millones de estos tres bancos en una operación que también incluyó al gobierno.  

El Estado uruguayo tiene que devolverle 120 millones de dólares a los tres bancos internacionales porque ese plan de capitalización decía que si el banco se fundía, el Estado debía devolver los 100 millones de dólares que por concepto de aporte de capital estaban realizando las entidades  internacionales.

Ante el incumplimiento de esa cláusula por parte del Estado, los ex socios del Banco Comercial lo demandaron en dos ocasiones, siendo ambos fallos favorables a los bancos internacionales.

Acerca de cómo aparece el embargo de ex ahorristas del Banco Comercial, El Estudio Posadas, Posadas & Vecino trabó embargo por esos 100 millones de dólares que el Estado uruguayo debía pagar si se liquidaba el viejo Banco Comercial. Se trata de un expediente en el que se reúne el reclamo de algo menos de 200 ex ahorristas. La cifra total reclamada es superior a los 100 millones de dólares del propio embargo.

En cuanto a la relación entre ese dinero y el embargo que trabaron el grupo de ex ahorristas, algunos profesionales consultados por El Espectador confiaron que el cobro de ese embargo podría complicarse, si el Estado uruguayo decide pagar a los tres ex socios del Banco Comercial a través de una cuenta bancaria ubicada en el exterior (ejemplo, Nueva York).

Pero De Posadas dijo a El Espectador que eso no es así, ya que el embargo es independiente del lugar donde se paguen los 120 millones. Es más, su estudio advirtió que si algún funcionario del Estado decide pagar fuera del país y eludir el pago de ese embargo, lo denunciará por desacato a la Justicia, ya que entiende que el embargo está por encima de la forma en que se le pague a los bancos.