(emitido a las 8.30 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Empecemos por aclarar algunos conceptos, porque desde hace tiempo que se está hablando en Uruguay de "app", asociaciones público-privadas. Parece que un proyecto de ley está en la puerta y va a ingresar al Consejo de Ministros formalmente. ¿De qué se trata esto?

PABLO ROSSELLI:
El término de app –o como parece que le vamos a llamar en Uruguay participaciones público-privadas (ppp)– hace en realidad referencia a un concepto, a toda asociación entre una parte pública y una parte privada para el desarrollo de una infraestructura o para la prestación de un servicio, siempre que se cumplan con algunas características básicas: tiene que haber una participación privada en la financiación y en la gestión de la infraestructura a lo largo de la vida de la infraestructura; esa participación tiene que estar regulada por un contrato y la parte privada de la operación debe asumir riesgos a lo largo de la vida de esa infraestructura.

Bajo esa modalidad se pueden desarrollar infraestructuras nuevas o se pueden dar en concesión infraestructuras que existen para su mejoramiento y para su posterior mantenimiento.

JAE – Sería bueno, y tomando en cuenta que es un aspecto nuevo de la reglamentación que se viene, ver las diferencias con las concesiones usuales de obra pública porque en principio parece que no difiere mayormente esto, ¿cómo es?

PR – Conceptualmente no es tan diferente, la realidad es que numerosas concesiones de obra pública que tenemos en Uruguay podrían caer en esta definición que acabamos de dar.

En Uruguay hay experiencias de concesiones de obra pública que perfectamente podrían caer en esa definición anterior. Tenemos el caso del aeropuerto de Carrasco, la concesión de ruta 5 y ruta 8, por poner algunos ejemplos.

También está el caso de la actividad que desarrolla la Corporación Vial del Uruguay que es una empresa propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La Corporación Vial realiza obras cumpliendo el rol de la parte privada de la asociación. Es una sociedad que actúa bajo el derecho privado con la única particularidad importante de que esa parte privada en la asociación es en realidad una entidad de propiedad estatal y ese tipo de app se les suele llamar apps institucionales.

Habrá un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento que busca definir un marco consistente para la definición de este tipo de emprendimientos. En el pasado varias de estas asociaciones requirieron de marcos legales específicos. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto que todos lo tenemos bastante presente la ley creó una sociedad anónima, la ley le confirió a la sociedad anónima la obligación de construir un aeropuerto y le dio el derecho de operarlo cobrando las tasas aeroportuarias y percibiendo otros ingresos y luego se subastaron las acciones de la sociedad anónima.

JAE – No parece que sea muy viable que por cada concesión haya que hacer una ley en particular.

PR – Es un proceso extremadamente trabajoso. El del aeropuerto, más allá de algunas cuestiones técnicas que uno puede criticar de ese proceso general, fue un caso muy exitoso. Digamos que ese fue el camino que se siguió con la segunda Terminal de Contenedores y en ese caso lo que debemos concluir es que el conjunto de disposiciones técnicas económicas que se establecieron en la ley resultaron probablemente incompatibles para el interés de los inversores y no hubo interesados.

Con este nuevo marco se intenta evitar ese trámite para cada contratación creando un marco más flexible que el que tenemos actualmente para las concesiones de obra pública. Se trata, también, de que las características más específicas de los proyectos se definan en el ámbito de la administración y no en el ámbito legislativo. No tenemos todavía los detalles del proyecto pero seguramente ese va a ser el enfoque.

JAE – ¿Podemos ver los beneficios que puede traer esta ley?

PR – Sí, claro. El país necesita avanzar en puertos, en carreteras, en vías férreas, en infraestructuras llamadas "sociales" las cárceles han ocupado un lugar muy grande en la agenda pública pero esto también podría aplicarse para escuelas, liceos, hospitales.

¿Cuáles son los beneficios de las app? Cuando las app están bien estructuradas pueden permitir dos cosas claves: por un lado, pueden permitir una gestión más eficiente de la infraestructura porque se concentra en un solo actor la parte privada todo el ciclo del proyecto desde la planificación hasta la construcción la operación el mantenimiento y la finalización del proyecto. Esa mayor eficiencia es como una presunción, es algo que debe de ser demostrado en la preparación de la concesión incorporando un análisis de los costos de operación, de los costos de construcción y de financiamiento que va a tener cada proyecto. Hay una posible ganancia de eficiencia.

Por otro lado, cuando el sector privado asume una parte significativa de los riesgos del proyecto estas app pueden justificar razonablemente que el Gobierno no deba registrar el gasto de construcción como un gasto dentro de su presupuesto, cosa que sí tiene que hacer cuando hace una construcción directa contratando una empresa constructora y luego el Gobierno se queda con la infraestructura.

Justifica que el gobierno no deba anotar como deuda pública el endeudamiento financiero necesario para realizar la obra sin perjuicio de que debería y veremos cómo lo trata el proyecto registrarse de alguna manera que el gobierno asume obligaciones de pagar en el futuro a quien construyó esa obra.

JAE – En principio ese tema va a ser polémico porque ya han surgido algunas críticas entorno a eso, de hecho ayer el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, hizo referencia a que se van a llevar en forma clara y separada del Presupuesto algunas cuentas para saber exactamente hasta dónde llegan los compromisos del Estado cuando se mete en este tipo de emprendimientos.

PR – Veremos cómo lo trata el proyecto, este es un punto clave. También hay experiencia internacional para entender cómo se hace eso en otros lugares que es algo que abordaremos en el seminario.

Si hay una adecuada transferencia de riesgos al sector privado, las app permiten ciertas flexibilidades del prepuesto. Aunque de todos modos no quiere decir que el Gobierno vaya a poder hacer tantos proyectos como desee porque en el futuro los proyectos tendrán que ser repagados y en parte tendrán que ser repagados con fondos presupuestarios. Con esta iniciativa el Gobierno prevé darle más impulso al desarrollo de infraestructuras.

JAE – Ya está casi todo pronto para el comienzo de este seminario, ¿podemos decir en breves palabras cuáles son los objetivos?

En Deloitte entendemos que el tema de infraestructuras es clave para el país, el Gobierno va a enviar al Parlamento un proyecto que regula esta operativa y nos pareció que nuestra firma podía contribuir organizando este seminario en el cual las empresas van a poder escuchar de primera mano la estrategia que se plantea el Gobierno.

También se podrá recoger aportes relevantes en la experiencia internacional. En España las app han tenido un gran desarrollo en los últimos años, nos pareció que valía la pena incorporar la visión de un especialista de nuestra firma que es Ramón Espelt que de hecho ha estado trabajando un poco también en Uruguay, conoce la realidad del Uruguay, y la visión también desde el sector público a través de la experiencia que puede contar Antonio Ruspira que es director general de carreteras de la comunidad autónoma de Aragón y que está desarrollando un programa de app con una inversión en carreteras de más de 600 millones de euros.