(emitido a las 10.02 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Después del incremento de 9,7 % en promedio que se decretó la semana pasada, en los últimos dos meses los combustibles acumulan un aumento superior al 16 %. Con estos números a la vista, y con la idea de beneficiar al consumidor, desde filas del Partido Nacional (PN) se replantea el debate sobre el monopolio que ostenta Ancap para la refinación e importación de combustibles.

El diputado Pablo Abdala elaboró un proyecto de ley que desmonopoliza la importación y refinación de combustibles y que, al mismo tiempo, propicia el pasaje de Ancap al régimen del derecho privado para facilitarle a la empresa la competencia en un nuevo escenario de mercado abierto.

Para conocer más acerca de este proyecto, su viabilidad política y las consecuencias que tendría, recibimos esta mañana En Perspectiva al diputado Pablo Abdala, abogado, ex integrante del directorio de Ancap entre los años 2001 y 2003.

¿Nos explica el origen de esta propuesta? ¿Por qué ahora una iniciativa para desmonopolizar la importación y refinación de combustibles?

PABLO ABDALA:
En realidad lo que hicimos ahora es la reiteración de una propuesta que ya habíamos formalizado en la legislatura pasada. La idea no es nueva, y sin ninguna duda entronca con el pensamiento y la línea programática y argumental del PN con relación a estos temas. Ni más ni menos que la desmonopolización del mercado de los combustibles fue lo que nuestros delegados partidarios llevaron a la mesa de negociación durante la última transición, en los meses de verano, antes de la asunción del presidente Mujica, y no hubo acuerdo político con el Gobierno en cuanto a desmonopolizar ahora, pero sí asumió el Gobierno allí que en tal caso la desmonopolización del mercado de los combustibles es inexorable, aunque no termina de definir en qué tiempo y de qué forma. Y en el anexo del documento de acuerdo que oportunamente se suscribió entre todos los partidos políticos quedó establecida la posición del PN.

Lo que hacemos hoy es reiterar este planteo a la luz de la coyuntura que usted relataba en la introducción de esta nota. Es decir, la crisis que vivimos en lo que tiene que ver con la cotización del crudo, la situación de precios internos bastante insostenible, con un aumento de 16, 17 % en lo que va del año y la perspectiva de que esto puede tender a agravarse. La prensa de hoy da cuenta de que el Gobierno analizaría en abril la situación del mercado en función de la evolución del precio del crudo, lo que quiere decir que eventualmente puede volver a subir. Esto nos llevó a sostener el sentido de la oportunidad en cuanto a que es el momento de replantear la discusión.

EC - Llevándolo a términos gráficos y prácticos, el monopolio del que estamos hablando implica que en Uruguay el único autorizado a importar petróleo y combustibles destilados es Ancap, y suponiendo que se importe el petróleo, el único autorizado para refinarlo y producir nafta, gasoil, fueloil, etcétera, es también Ancap. Usted propone que caiga ese monopolio, que se pueda importar combustibles ya terminados de otros lugares. ¿Qué ventajas generaría esto? ¿Cuál es el análisis de números que usted tiene?

PA - En el caso del gasoil la ventaja es notoria, y eso tiene que ver con la motivación política de haber replanteado este tema. De acuerdo con la información que publica regularmente la Ursea –no estamos hablando de cálculos elaborados por técnicos del PN, estamos hablando del informes que mensualmente publica la entidad reguladora–, la paridad de importación determina hoy que el litro de gasoil importado puesto en boca de expendio, cargándole todos los costos, los costos de importar ese combustible, de internarlo en el territorio nacional, de almacenarlo, de seguro, de flete, etcétera, podríamos estar vendiéndolo a 25 pesos por litro y los uruguayos lo estamos pagando a 32,50 desde la semana pasada. Ese es un elemento que por lo menos nos debe motivar a la reflexión y a replantearnos esta discusión.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Pero el mismo informe señala que en el caso de las naftas no conviene, es exactamente lo contrario. De acuerdo con el último informe de la Ursea, importar nafta Súper 97, Súper 95, es más caro que producirlas aquí en Uruguay. El último informe habla de una referencia, para el caso de la Súper 95, de 33,50, cuando aquí en el mercado valía 30,70.

PA - Nos alineamos un poco entonces.

JAE - Habría que ver, se supone que los precios de paridad de importación también se modifican porque estamos hablando de costos que subieron en todo el mundo. ¿Cómo sería esto entonces? Porque uno puede leerlo de la otra manera: que en Uruguay sea más conveniente hoy producir nafta que importarla es un elemento al menos novedoso.

PA - En el caso del gasoil es notorio que hay una diferencia, y estamos hablando del combustible de mayor consumo. Es el combustible que utiliza la producción, que utilizan los servicios, que utiliza el transporte. En cualquier caso –lo digo en la exposición de motivos–, tal vez estemos necesitando experimentar la alternativa de importar combustibles o de generar libre competencia para después poder ponderar los resultados. Es algo que en Uruguay nunca se ha hecho. Yo me pregunto ¿por qué no lo intentamos?

JAE - Producir combustibles a partir de petróleo, tal como está ocurriendo hoy aquí, prácticamente da uno a uno, un litro de nafta y un litro de gasoil, cuando el consumo en Uruguay es mucho mayor en el caso del gasoil. O sea que Uruguay tiene que importar gasoil. Lo curioso es que esto hoy lo hace Ancap en forma monopólica, pero lo hace a menor costo.

PA - Claro, Uruguay tiene que importar gasoil, pero la importación de gasoil por parte de Ancap determina un precio al consumidor más alto, porque tenemos una determinada ecuación de costos.

JAE - Pero ¿eso es por el monopolio o por una decisión política?

PA - Creo que es porque Ancap tiene un presupuesto que financiar, tiene una estructura de costos determinada, que incluye toda su infraestructura asociada a los combustibles, pero que incluye –esto es parte de la discusión– todos los demás negocios que por la vía de los subsidios cruzados, más tarde o más temprano, en todo o en parte terminan siendo financiados por lo que nosotros pagamos a la hora de consumir los derivados del petróleo. Eso es parte del tema, cuando proponemos la desmonopolización del mercado no la proponemos como una medida aislada; ustedes habrán visto que en el proyecto también sugerimos autorizar a que Ancap opere en el derecho privado.

EC - Pero volviendo a la situación actual, si esta ley estuviera vigente lo que ocurriría sería que habría empresas privadas que importarían solo gasoil, hoy convendría importar gasoil que podría venderse en el mercado teóricamente a un precio más bajo que el de Ancap. En cambio las naftas seguirían siendo las de Ancap, porque a nadie le valdría la pena importarlas.

PA - No necesariamente. Cuando proponemos generar competencia, libre competencia y libertad de importación de derivados no necesariamente estamos postulando que cualquiera importe lo que quiera y en cualquier condición.

EC - ¿Cómo sería?

PA - Nos está faltando introducir el marco regulatorio. La misma Ursea, que nos informa estos precios que en algún sentido nos interpelan o al menos nos plantean el desafío de replantearnos esta cuestión, a mi juicio tiene un papel muy importante que jugar desde el punto de vista de definir en un mercado en competencia, si fuera el caso, cuáles son las reglas, es decir, cuáles son los mínimos que un importador razonablemente debe internar traer al país para competir y vender libremente gasoil. ¿Podrá importar solo gasoil o tendrá que también importar gasolinas? Sus números y su ecuación de costos determinarán si le conviene o no. ¿Cuáles son los mínimos que ese importador tendrá que tener almacenados en el Uruguay o tendrá que tener como reserva? Son todos aspectos que el marco regulatorio debe determinar. En un mercado abierto la entidad reguladora debe jugar un papel esencial no solo en cuanto a definir las condiciones, sino después también en cuanto a controlar el mercado. Que haya libertad de precios no quiere decir que cualquiera cobre lo que quiera, también pueden darse circunstancias de conductas colusivas, anticompetitivas, conductas que determinen la necesidad de que el Estado intervenga, no a través de Ancap, que sería un competidor más, sino de la entidad reguladora, para eventualmente fijar precios mínimos y máximos.

JAE - De hecho, los valores que hoy se fijan en el surtidor hablan de precios máximos, una estación de servicio podría cobrar menos.

PA - Teóricamente sí.

JAE - Pero en la práctica no ocurre, salvo con los grandes clientes.

PA - Pero hay un monopolio, de repente si usted a Petrobras o a Esso les dice que pueden importar libremente están en condiciones de vender por debajo de los precios máximos. O no. Pero repito, si en todo caso la incertidumbre o cierto grado de escepticismo es lo que en todo caso hay con relación a esta idea, menos razón para oponernos a ella. Liberemos el mercado, habrá una especie de monopolio de hecho, por las circunstancias que aquí se plantean con mucho fundamento, y el mercado determinará si conviene importar o no, y si no conviene seguiremos como estamos. Es una alternativa que vale la pena explorar, sobre todo porque la diferencia es apreciable, estamos hablando de 7,50 pesos entre los dos precios.

EC - A propósito de lo que usted señalaba sobre la regulación que sería necesaria, viene el mensaje de Alberto, que viaja mucho a Estados Unidos, que dice: "En Estados Unidos los precios de venta al surtidor son completamente libres, y ocurre que de una estación a otra aparecen diferencias de 30 o 40 centavos de dólar por galón".

PA - Es un mercado abierto, allí hay libre competencia.

EC - Y pregunta Tomás: "Si se fuera por ese camino, los jornales que se dedican a la elaboración de los combustibles, sus aportes, etcétera, etcétera, ¿qué ocurriría con ellos?, ¿quién los pagaría?".

PA - Estamos hablando de los trabajadores de Ancap.

EC - Evidentemente sí, se refiere a los trabajadores de la refinería de La Teja.

PA - Como le decía, el proyecto tiene dos componentes principales, la desmonopolización de la importación y la exportación de petróleo, derivados y la refinación de combustibles, y la autorización a Ancap a operar en el derecho privado, esto es un disparador para definir un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión en el que Ancap, a partir de una sociedad 100 % de propiedad estatal compita en un mercado abierto, pero al hacerlo disponga de instrumentos y de herramientas con los que hoy en un régimen de derecho público no cuenta. Entre ellos, un régimen de contratación distinto, un régimen licitatorio de compras, un sistema de compras diferente.

Y en cuanto a los derechos de los funcionarios, más allá de que la ley de Asociación de Ancap fue derogada en el referendo de 2003, podríamos remitirnos a una solución del tenor de la que allí se estableció. Perfectamente estamos en condiciones de garantizar los derechos laborales de los trabajadores, eventualmente dándoles la oportunidad, que puede ser opcional, de pasar al derecho privado, como se hizo en la División Alcoholes en su momento con mucho suceso. Es decir, aquellos trabajadores que integran el presupuesto o la plantilla de personal de Ancap en un esquema de transformación de estas características podrían incorporarse a la nueva sociedad, y aquellos que no quieran hacerlo permanecerán en la empresa, en lo que sería Ancap ente autónomo, por decirlo de alguna forma. Pero no hay por esa vía por qué temer que esto signifique una pérdida o afectación de los derechos laborales de nadie, si esa es la pregunta.

EC - Capaz que la pregunta apunta a que como consecuencia de la apertura del mercado se comercializa menos combustible producido por Ancap, la refinería va a trabajar menos, y si trabaja menos se supone que hay empleados cuya tarea no va a ser necesaria, u horas hombre que en el conjunto de la semana no van a ser necesarias. ¿Qué pasa con eso? ¿Son costos que absorbe Ancap simplemente para no generar un problema sindical con el gremio?

PA - No estoy seguro de que necesariamente la refinería tenga que trabajar menos. La refinería tiene una capacidad de refinación en este momento de 50.000 barriles diarios, esto tiene que ver con lo que recién decía Elhordoy, es decir, la refinería no se prende y se apaga según las conveniencias del día o de la semana, tiene que tener un funcionamiento continuo. Ancap tendrá en todo caso un desafío que va bastante más allá de la situación de sus trabajadores, que tiene que ver con la disminución de sus propios costos, con resolver ineficiencias asociadas a los combustibles vinculadas con otros negocios, por ejemplo el pórtland y muy particularmente en este momento la experiencia de ALUR, que es un tema que está muy relacionado con los combustibles, y tendrá un problema comercial en principio que tendrá que ver cómo soluciona, pero que soluciona bajando los costos, que es colocar después los excedentes de su producción en otros mercados en condiciones ventajosas, o al menos más ventajosas de lo que acontece hoy.

Desde el punto de vista del mercado de trabajo, lo que no se trabaje en la refinería se trabajará en el ámbito de la actividad privada, porque en todo caso el mercado es el mismo y los volúmenes de comercialización son equivalentes, no creo que la refinería trabaje menos. El tema no es tanto industrial como eventualmente comercial en una primera instancia, y entiendo que se soluciona fundamentalmente por el desafío que Ancap tendrá que asumir, que es el de reformularse a sí misma y ser más eficiente en la tarea de refinar los combustibles.

JAE - Además, cuando Ancap compra la red de distribución de Texaco se argumenta que la idea es ganar mercado para hacer viable la refinería de La Teja funcionando en un eventual escenario de desmonopolización.

PA - Exacto, muy buena la acotación. Si me permite, aquí tendríamos que subrayar que cuando proponemos que Ancap pase al derecho privado no estamos proponiendo ni la privatización de la empresa ni mucho menos su extinción. Ancap es un dato de la realidad muy importante, es la empresa dominante en el mercado nacional, y lo sería incluso en un mercado abierto, es la empresa que tiene no solo la refinería sino toda la infraestructura asociada. Tiene más del 60 % del mercado de distribución, lo que incluso es bastante contradictorio con la ley de defensa de la competencia, que no admite más de un 50 % de participación en ninguna actividad. Eso de por sí le da una posición prevalente a la hora de competir.

JAE - Si es por eso, hay muchas empresas que están fuera de la ley.

PA - Seguramente, pero en el caso de Ancap es notorio y evidente. De manera que tampoco creo que tengamos que temer que esto conduzca inexorablemente al fin de Ancap. Experiencias el país tiene, el proceso que se hizo en materia portuaria con todas las características y por cierto tratándose de una actividad diferente es un ejemplo, y lo que hicimos en materia de seguros, la desmonopolización y la subsistencia, supervivencia y competencia con éxito del Banco de Seguros también.

JAE - En este caso uno puede pensar que se trata de un rubro muy sensible, porque el país depende de la energía, a diferencia de los ejemplos que usted acaba de mencionar. En este caso uno puede plantearse que lo que importa es defender a Ancap porque así se asegura que se defienden los intereses del país y no de alguna multinacional que puede sacar provecho de una situación particular. ¿Entonces?

PA - Es un tema de opciones y de prioridades. Perfectamente se puede sostener, de hecho se ha sostenido hasta este momento, que el combustible es un rubro estratégico, entonces no podemos asumir el más mínimo riesgo, mantengamos el modelo de gestión que viene desde el año 31, la vigencia de todos los monopolios, la refinería, todo tal cual está, y paguemos el gasoil 7,50 pesos más caro. Es una opción, es la que tenemos hoy. La otra es decir: no podemos seguir pagando el gasoil como lo estamos pagando, porque esto encarece la producción, los servicios, la calidad de vida de los uruguayos y las posibilidades de desarrollo nacional, busquemos en todo caso una salida inteligente. N estamos hablando de cambiar de la noche a la mañana, esto es un proceso; que Ancap opere en el derecho privado demandará un tiempo de preparación, hay que elaborar el marco regulatorio. Si en todo caso da más seguridad o es una condición para un acuerdo político diferir el monopolio de la importación un plazo prudencial para darle tiempo a Ancap a que se prepare para competir, es un camino que se puede recorrer, siempre es mejor que dejar las cosas como están.

JAE - Porque si lo que importa es el precio, uno podría pensar ¿por qué no proponer algún ajuste de impuestos? Si por litro de nafta hoy se pagan 15 pesos de Imesi, ¿por qué no hacer el ajuste por la vía de sacrificio fiscal para beneficiar al consumidor? ¿Ese no es un camino posible?

PA - Posible es, no sé qué tan probable a la luz de las circunstancias. Todas las administraciones, no solo esta, encuentran en el Imesi la segunda fuente de recaudación fiscal, y notoriamente en este último ajuste de los combustibles advertimos que esa posibilidad es remota. En todo caso el propio Gobierno la estuvo analizando y se manejó la eventualidad de que el aumento no fuera tan gravoso por la vía de que hubiera un renunciamiento fiscal y que parte del Imesi quedara en Ancap, y eso no ocurrió. De manera que los antecedentes no alientan demasiadas esperanzas. Sí decimos que el Estado asuma un costo fiscal pero no a través del Imesi, sino a través del pasaje a la actividad privada, eso ya implicaría determinada renuncia fiscal.

***

EC - El proyecto de ley que usted ha presentado además propicia el pasaje de Ancap al derecho privado. Sobre este punto, ¿el hecho de que Ancap operara en el derecho privado no llevaría a que hubiera menores controles sobre la empresa, justo cuando la oposición reclama tener más y mejor información sobre los negocios de este ente en particular?

PA - Muy buena la pregunta. Ese es un aspecto que habría que considerar, y que se soluciona por la vía de modificar o ampliar las competencias del Tribunal de Cuentas. Es un tema que hemos advertido en estos días en el ámbito de la Comisión de Hacienda, que integro, que está analizando el proyecto de ley de asociaciones público-privadas. El doctor Ripe, que compareció a la comisión, se quejó –y con razón– de que el Tribunal no accede a controlar todo el ámbito de participación del Estado en emprendimientos privados, que es amplísima y cada vez mayor. Y que es una especie de huida del derecho administrativo, como dicen los juristas, por la vía de constituir sociedades anónimas, y a través de las corporaciones es un campo que avanza y avanza. Hay que modificar –se puede hacer de acuerdo con la Constitución– la ley orgánica del Tribunal de Cuentas; el artículo 2.11 establece por un lado en el literal b que al Tribunal le corresponde un contralor genérico de toda la actividad financiera del Estado, y esto puede tener que ver con eso. Pero la Constitución establece que por ley se podrían ampliar las competencias del Tribunal de Cuentas, y creo que debería hacerse, y en ese caso creo que, en función de esta nueva realidad –no digo la de este proyecto de ley, digo la que acabo de mencionar–, sería bueno que el Tribunal tuviera injerencia al menos en una suerte de control posterior de la actividad de las empresas privadas que controla o domina el Estado.

EC - ¿En qué está esa posibilidad?

PA - Es un tema que se está debatiendo. En el marco de este proyecto de ley del Gobierno que tiene que ver con la participación público-privada el tema está planteado, el Tribunal lo ha reclamado y tiene que ver con las demandas que han provenido de los propios sectores del partido de Gobierno.

JAE - ¿Y usted ve con buenos ojos esto?

PA - Absolutamente, claro que sí, cómo no va a controlar el Tribunal, tiene que controlar. Es indispensable que controle, porque, más allá de operar en el derecho privado, acá estamos hablando de recursos públicos.

JAE - Pero esta modificación puede implicar que empresas privadas sean controladas por el Tribunal de Cuentas, y algunos pueden decir que esto va a desalentar lo que se busca, que es la asociación público-privada.

PA - Yo me refería fundamentalmente a la participación de Ancap. Allí se justificaría que hubiera una suerte de discriminación o que el Tribunal controlara eso, porque estamos hablando de una empresa pública que opera por vía indirecta. En el caso de las empresas privadas supongo que no es que haya ausencia de controles, son de otra naturaleza.

EC - Juan Andrés, más temprano tú manejabas los datos de la Ursea según los cuales si comparamos los precios actuales de los combustibles después del último ajuste con los de paridad de importación, con los precios que tendrían esos mismos combustibles si se los importara y se les cargaran los impuestos y los costos de distribución, etcétera, resultaba que el único combustible que hoy valdría la pena importar sería el gasoil.

PA - Sí, en el informe de enero daba 25,50 pesos la paridad de importación para el gasoil y 29,60 era el valor del 5 de enero de 2011.

EC - Pero desde la audiencia llega este mensaje de Alejandro que dice: "Por favor, cuando hablen de gasoil, hablen de 41 pesos el litro, porque el otro gasoil, el de 29, no es gasoil, los motores nuevos con eso se rompen y por lo tanto los precios que hay que considerar son otros. El gasoil ese de 29 es un verdadero robo".

JAE - Es muy interesante el aporte de Alejandro, porque además el gasoil de 41 pesos es argentino, se importa de Argentina porque tiene menor nivel de azufre y por eso rompe menos los motores, o no rompe directamente los nuevos motores.

PA - Sí, también tiene que ver con nuestras relaciones con Venezuela y con el petróleo crudo que le importamos de una forma ostensible y que está determinando un combustible de inferior calidad. La relación con Venezuela es compleja, porque en definitiva cuando hablábamos de sobrecostos ocultos en el precio de los combustibles –y ahora agrego falta de transparencia en lo que tiene que ver con las tarifas–, un capítulo especial merece el endeudamiento de Ancap en los más diversos rubros, entre ellos los más de 700 millones de dólares que le debemos a Venezuela por un combustible que los uruguayos ya pagamos. Porque cuando importamos el combustible de Venezuela nos cobraron el precio en boca de surtidor al precio internacional, y sin embargo diferimos el pago del 25 % que los uruguayos vamos a tener que pagar de vuelta por la deuda que Ancap generó.

EC - Pero ¿no ocurrió siempre que Ancap compraba a crédito?

PA - Sí, pero a 60 o 90 días, no a 15 años. Ese es el cambio cualitativo, representa un cambio tremendo a mi juicio, porque hoy la deuda supera más de la mitad del valor patrimonial de la empresa.

EC - Ahora Ancap está considerando la posibilidad de liquidarla pagando contado con una quita importante, a efectos de lo cual se haría una emisión de papeles de deuda en el mercado local.

PA - Por algún lado no cierra, porque por un lado se nos dice que la financiación de Venezuela es muy buena, es un crédito fantástico porque es con una tasa del 2 %, pero por otro lado salimos raudos a ver cómo hacemos para pagarla o liquidarla o concretar una quita importante. Quita importante que si la concretamos va a tener un costo financiero importante, porque seguramente las obligaciones negociables que emita Ancap van a llevar a sustituir deuda por deuda.

JAE - Van a pagar más de 2 %, hay que ver cuánto es el porcentaje, porque en algún momento el presidente de Ancap llegó a hablar de 50 %.

PA - Está bien, vamos a verlo. Nosotros hemos pedido que comparezca el ministro Kreimerman a la Comisión de Industria a informarnos sobre este tema, porque creo que es necesario saber en qué condiciones se realizará esa operación.

EC - Usted mencionó al pasar que en el análisis de los costos de Ancap y en las transformaciones pendientes está el capítulo de Bella Unión y el proyecto sucroalcoholero; ¿por qué?

PA - Porque los dineros comprometidos en este momento, según la información que manejo, en la operación de Bella Unión están a punto de medirse en cientos de millones de dólares tanto en lo que concierne a la inversión física, a la inversión efectiva que allí se ha concretado, que las propias autoridades reconocen supera los 100 millones de dólares, como en cuanto a los créditos y los préstamos del sistema bancario y los préstamos de Ancap a ALUR, que implican o bien dinero efectivo contante y sonante que Ancap ha puesto en el emprendimiento o bien obligaciones que se han contraído en el sistema bancario con la garantía y el aval de Ancap, que para el caso son responsabilidades financieras de la propia Ancap.

En esa perspectiva es que digo que estamos hablando ya de cientos de millones de dólares que están comprometidos. El último antecedente es de hace pocos días, se contrajo un nuevo préstamo por 27 millones de dólares, 20 con el Banco Santander y 7 con el HSBC, no para financiar el pago de la caldera, que ya la hemos pagado varias veces, sino para solucionar los problemas de caja, para solucionar que hoy las obligaciones que ha adquirido y a las cuales tiene que hacer frente ALUR superan el flujo de fondos. Hay un problema de financiamiento de la operación, de capital de giro. ¿Por qué lo hay?, ¿por una situación coyuntural? Todo lo contrario, es un problema estructural, las propias autoridades han reconocido que la inversión en caña de azúcar no es rentable, así se dijo cuando yo interpelé al ministro de Industria hace dos años en la Comisión Permanente.

EC - Se ha dicho que el proyecto tiene dos grandes ventajas: una de tipo social, porque es una solución laboral y de actividad para la zona, y otra por la posibilidad de incorporar los biocombustibles a la matriz energética.

PA - La solución social me parece absolutamente loable y compartible, no me opongo a que a ese sector de la sociedad se le busque una salida. Me pregunto si esta es la salida más rentable o más conveniente, me pregunto si a un costo menor que el que está asumiendo la sociedad a través de Ancap no podríamos dar una respuesta igual o mejor, porque hoy hay situaciones conflictivas con los cañeros porque el precio de transferencia no alcanza a cubrir sus costos. Y lo otro que me pregunto es: ¿por la vía del componente energético del proyecto compensamos las pérdidas que estamos generando en lo que tiene que ver con el negocio azucarero? ¿Apenas con cuatro o cinco megavatios de energía que le vendemos a la UTE de energía eléctrica y con 5.000, 6.000 o 7.000 metros cúbicos anuales de alcohol que estamos mezclando con la nafta compensamos todo lo demás? Francamente creo que no, los números indican que no.

EC - El proyecto que acaba de presentar, que establece la desmonopolización de la importación y refinación de combustibles y prevé el pasaje de Ancap al derecho privado, ¿tiene viabilidad política?, ¿ha hecho los sondeos, ha hecho consultas?

PA - Esa es la tarea que empieza ahora, con mucho gusto le comento algunos pasos que me propongo dar. Dentro de pocos días el ministro de Economía y Finanzas, el economista Lorenzo, va a venir a la Comisión de Hacienda a presentar los grandes números de las perspectivas económicas para el año que comenzó. Ahí vamos a hablar de todo, incluso vamos de la discusión tributaria que está planteada. Y vamos a presentarle este proyecto. La situación de precios no es ajena al ministro de Economía, esto impacta en los niveles inflacionarios, este aumento va a aumentar la inflación de marzo. Yo le voy a entregar una copia al ministro y le voy a pedir una opinión. Otro tanto voy a hacer con el ministro de Industria cuando venga a la Comisión de Industria y Energía por otros temas o por estos mismos temas, porque también va a hablar de las tarifas. Vamos a hacer contactos políticos; por supuesto, mi partido no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.

EC - ¿Cómo pesa el antecedente del año 2003? Hubo un pronunciamiento popular, el referendo sobre la ley de asociación de Ancap, que incluía este aspecto entre otros. Allí seis de cada 10 uruguayos dijeron no.

PA - Es muy buena la pregunta, porque en algún sentido aquí se reproduce la discusión que tenemos con relación a la ley de Caducidad. Hay un pronunciamiento popular que tenemos que respetar, y yo me preocupé de respetarlo a la hora de redefinir y replantear este proyecto, porque en aquel momento lo que se rechazó –esa es la lectura que yo hago– fue la asociación, una asociación específica, o la oportunidad de que Ancap se asociara con una compañía internacional. Y al mismo tiempo se rechazó toda forma de privatización, porque en aquel momento se leyó aquella solución como la privatización de Ancap. Yo francamente entiendo que en este planteo no hay tal privatización, esto es en todo caso fortalecer a Ancap.

Desde ese punto de vista creo que no se vulnera el pronunciamiento del 2003, que por supuesto tenemos que considerar y tener en cuenta. Si alguien entiende que sí, por lo menos hablando en abstracto, llevando las cosas un poco lejos, tal vez en el futuro debamos plebiscitar una solución de estas características. Espero que no dé para tanto, ojalá podamos construir un acuerdo político que le dé sustento a una solución como esta o similar. Esto es apenas el punto de partida de una discusión, es apenas un marco muy general al que se le pueden agregar todos los elementos que se consideren necesarios.

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Transcripción: María Lila Ltaif


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