(emitido a las 8.45 Hs.)

JUAN ANDRES ELHORDOY:
Hay una discusión en torno a la tributación en el sector agropecuario y se ha instalado también en la agenda política de nuestro país. Es un tema que tiene muchas aristas y que despierta varios debates. Por este motivo nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio económico de hoy a analizar este asunto. Vamos a recibir a partir de este momento a Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Si te parece, empezamos a ver el punto de partida. ¿Cuánto paga de impuestos hoy el sector agropecuario?

PABLO ROSSELLI:
Según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en 2010 el sector agropecuario pagó impuestos por casi 230 millones de dólares. ¿Cómo se llega a ese número? Noventa millones son de impuestos sobre la tierra. La contribución inmobiliaria rural se calcula sobre la tierra. Son 60 millones de dólares. Los aportes patronales al Banco de Previsión Social (BPS) también se calculan sobre la tierra y son 20 millones de dólares y hay pagos de impuesto al patrimonio por algo más de 10 millones de dólares.

JAE – O sea que tenemos 90 de 230 que son producto de impuestos a la tierra.

PR – Exacto. Luego hay impuestos a la renta por 85 millones de dólares. En el sector se paga el IRAE como en todas las empresas. Las empresas medianas y grandes pagan IRAE y las más pequeñas pueden optar por pagar un impuesto sobre la venta, el IMEBA. El conjunto de eso es ese monto que decíamos de 85 millones. El resto de la recaudación son impuestos indirectos: el IVA y un impuesto a los remates y ventas de ganado. Eso, restando las devoluciones de impuestos, llega a 50 millones de dólares. Y así tenemos esos 230 millones, que representan casi un 7% del Producto Bruto Agropecuario.

JAE – O sea, del valor bruto de la producción del sector.

PR – Del valor agregado en el sector, exactamente.

JAE – ¿Cómo se compara esta recaudación con respecto, por ejemplo, a otros sectores de la economía?

PR – Es difícil hacer comparaciones sector a sector. Eso lo hemos comentado otras veces. No tenemos esos datos para otros sectores, porque los impuestos no son sectoriales. Básicamente, el sistema tributario tiene dos grandes tipos de impuestos: al consumo y a la renta. La información que tenemos no nos permite asignar la recaudación de cada impuesto a cada sector de la economía, con lo cual no podemos rastrear esos impuestos a los sectores económicos donde se originaron. Pero supongamos que pudiéramos hacerlo. Se podría hacer un gran esfuerzo estadístico para eso pero después tampoco sería fácil sacar conclusiones claras. ¿Por qué digo esto? Pongamos este ejemplo: un sector muy exportador, se vería mucho menos alcanzado por los impuestos al consumo, porque toda la lógica tributaria se basa en tratar de no exportar impuestos. Otro sector de baja rentabilidad sobre sus ventas o sobre su producción también pagaría pocos impuestos en relación a su PBI, porque esa es la lógica de los impuestos a las rentas. Entonces, en realidad, lo que tenemos que preguntarnos es en qué medida el sector agropecuario tiene un tratamiento tributario diferente, más allá de tratar de calcular cuánto paga cada uno.

JAE – Entonces, la pregunta va en bandeja: ¿en qué medida hay un tratamiento tributario diferente?

PR – Después de la reforma tributaria de 2007, el sector agropecuario en Uruguay tiende a tener un esquema tributario muy similar al resto de los sectores. Después de la reforma se extendió –y esta fue la clave– la aplicación del Impuesto a la Renta Empresarial, que antes de la reforma alcanzaba a muy pocas empresas del sector. Hoy, el sector agropecuario está gravado por los mismos impuestos que el resto de las empresas con dos salvedades: una es la forma de cálculo de los aportes patronales al BPS, que es diferente al de los otros sectores de la economía. La otra es el Impuesto al Patrimonio porque no alcanza la tierra salvo que sea propiedad de sociedades anónimas con acciones al portador. O, en algunos otros casos menos frecuentes, donde al final no se conoce quién es el propietario. Eso explica por qué la recaudación del impuesto era tan pequeña.

JAE – Este es un punto de fuerte discusión. ¿Por qué el Impuesto al Patrimonio no alcanza a la tierra?

PR – Esa es una pregunta relevante. Uno podría concluir que si todas las empresas pagan el Impuesto al Patrimonio la tierra no debería estar exceptuada. El tema es que el Impuesto al Patrimonio es un impuesto que tiene muchas características no deseables. Es un impuesto que grava a la consecuencia directa del ahorro. Quien ahorra incrementa su patrimonio. Si tiene más patrimonio (si ahorró) con un impuesto al patrimonio debe pagar más impuestos. Quien no ahorra no incrementa su patrimonio y por lo tanto no paga más impuestos. Por eso se dice que el Impuesto al Patrimonio es un impuesto que desalienta el ahorro. Ahora, para que el país crezca más rápido se necesita inversión y para financiar esa inversión se necesita ahorro. Por lo tanto, el Impuesto al Patrimonio tiende a tener efectos negativos sobre el crecimiento económico porque desalienta el ahorro que financia la inversión. Por otro lado, el Impuesto al Patrimonio grava al contribuyente con independencia de si ese contribuyente ha generado rentas o si no las ha generado. Es decir, con independencia de su capacidad financiera de pago.

Otra línea argumental podría ser que el Impuesto al Patrimonio al final grava las rentas acumuladas en el pasado, porque el patrimonio surge de acumular bienes que se pagaron con rentas pasadas. Esa lógica podría explicarse si no se gravaran al mismo tiempo las rentas que están siendo generadas en cada momento.

Por este tipo de consideraciones es que en el mundo es muy poco frecuente que los países graven el patrimonio. Es notoriamente mejor gravar las rentas. Con la reforma del 2007, Uruguay se movió en ese camino. Se amplió el alcance de los impuestos a la renta tanto para las personas como para las rentas empresariales y las rentas agropecuarias. Y, en realidad, con coherencia se planteó que la tasa del Impuesto al Patrimonio iría bajando paulatinamente en el caso del impuesto que pagan las personas físicas. Pensar ahora en restablecer el Impuesto al Patrimonio en lo que hace a las tierras, desde esa perspectiva, a nuestro juicio, no parece muy consistente con la lógica que comentábamos recién y con la tendencia internacional. Además de todo ese análisis que uno puede decir que es conceptual, en el caso de la tierra tendríamos que contemplar la relación que hay entre las rentas de la tierra y la tasa con la que eventualmente podrían gravarse las tierras con el Impuesto al Patrimonio o con cualquier otro impuesto que finalmente recaiga sobre la tierra.

JAE – ¿A qué te estás refiriendo con esto?

PR – A esto: pensemos en una empresa que tiene tierras. La posesión de tierras da derecho a percibir un ingreso por arrendamiento. Muchas veces, en realidad, el propietario de la tierra también la explota pero desde un punto de vista económico son dos negocios diferentes: quien explota la tierra puede tenerla en propiedad o la puede arrendar; quien tiene la tierra en propiedad siempre puede recibir una renta anual que ronda, según información oficial del Instituto Nacional de Colonización, el 4% anual sobre el valor de mercado de la tierra. Por esa renta o alquiler, el propietario de la tierra ya paga un impuesto. Es el impuesto a la renta empresarial o personal, dependiendo de quién es el propietario. Si a eso le sumamos un Impuesto al Patrimonio con una alícuota que, por ejemplo, hoy en el patrimonio de las empresas es de 1,5% y en el patrimonio de las personas físicas varía con tasas que pueden ir desde 0,7 hasta 2%, es bastante notorio que gravar la tierra con un Impuesto al Patrimonio o un impuesto equivalente tendría un impacto muy fuerte sobre la rentabilidad de la tenencia de la tierra. Ese impacto sería tan fuerte que el valor de mercado de la tierra probablemente bajaría notoriamente si se pasara a un tratamiento tributario de la tierra como el que tiene cualquier otro patrimonio.

JAE – Vamos rápidamente a otro concepto que aparece aquí en la discusión y tiene que ver con el tamaño de la tierra y con la tenencia de grandes explotaciones. Se ha manejado poner un impuesto adicional a aquellos que tienen más de 2.000 hectáreas, que podría ser vía Impuesto al Patrimonio o un incremento de la contribución inmobiliaria rural. ¿Cómo ves este tema?

PR – Esa es otra línea argumental que ha estado en el debate. Uno podría pensar en un esquema tributario que castigara a la concentración de la tierra, que en realidad es parte de lo que subyace a ese tipo de planteos. A veces se piensa que la concentración de la tierra equivale a concentración de la riqueza, pero ese razonamiento supone que sólo la tierra genera riqueza. La concentración en la propiedad de la tierra no significa necesariamente más concentración de la riqueza, porque los que venden la tierra obtienen recursos a cambio y como forma de pago, lo que termina ocurriendo es que modifican la composición de su portafolio de activos o de ahorros pero la distribución de la riqueza sigue siendo la misma. Es cierto que en el mundo hay un hecho que genera preocupación y que es la concentración de la tierra en propiedad de fondos soberanos, en propiedad de otros Estados nacionales. Ese es un desafío relevante que el mundo va a tener que abordar pero que es distinto al de la mera concentración de la tierra o al del crecimiento en el tamaño de las explotaciones. El mayor tamaño en las explotaciones supone más escala y eso también suele suponer más eficiencia. Esa mayor eficiencia permite tener más productividad y pagar más salarios. Las empresas grandes suelen pagar mejores salarios que las empresas chicas. Las empresas chicas suelen ser más creadoras de empleo, pero en el Uruguay de hoy, que tenemos una situación prácticamente de pleno empleo, parece clave que la prioridad hoy está en tener empleos de más calidad y más salarios.

JAE – ¿Estás de acuerdo en subir la tasa de contribución al campo?

PR – Ese es un tema que admite múltiples perspectivas. Desde la perspectiva más económica, nosotros hemos comentado varias veces en el programa que la política tributaria debería, por un lado, procurar una razonable neutralidad a nivel sectorial. También hemos comentado otras veces que no deberíamos sobreestimar el papel o la potencia redistributiva que tiene la política tributaria. En el debate actual, nos parece que hay algunas señales negativas hacia la inversión, porque en forma explícita o en forma implícita se advierte un mensaje negativo, a veces a la inversión extranjera, a veces a los grandes emprendimientos. La intensidad de las compra-venta de tierras que hemos visto en los últimos años, tendemos a verlas como un hecho que probablemente genera más eficiencia, porque los activos cambian de mano desde los que presumiblemente le sacan menos valor a los que presumiblemente le sacan más valor. Ciertamente va a haber en todo momento excepciones, pero la tendencia general debería ser esa y ese traspaso de activos y esas mayores escalas en la producción agropecuaria son factores que, a nuestro juicio, terminan alentando la productividad, el crecimiento económico y la creación de mejores empleos.

JAE – ¿Entonces?

PR – Tendemos a pensar que en esta discusión deberíamos evaluar que el Impuesto al Patrimonio es un impuesto distorsivo, que grava el ahorro, y que por esa razón es muy poco empleado en el mundo. Quizás, antes de recorrer este camino de restablecer el Impuesto al Patrimonio en el sector agropecuario, a nuestro juicio quizás puede tener mucho más sentido revisar la forma en cómo se calculan algunas contribuciones y en particular la contribución patronal a la seguridad social. Esa contribución se fija en función de las hectáreas explotadas, aunque en el resto del país se fija en función de los salarios pagados. Cuando miramos la magnitud de la recaudación por contribuciones patronales a la seguridad social, probablemente tenemos que concluir que esa forma de cálculo está redundando en una recaudación reducida frente a lo que pagan las demás empresas del país.

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