Se calcula en unos 1.000 millones de dólares la cartera de inversión entre todos los emprendimientos que pueden formar parte de los PPP.

Con la ausencia del senador comunista Eduardo Lorier, el Senado aprobó por unanimidad de presentes (27 votos) el proyecto de participación público privada (PPP). Ahora la Cámara de Diputados deberá ratificar los cambios efectuados por la Cámara alta.

El articulado habilita a contratos entre el Estado y privados para obras de infraestructura en diversos sectores de actividad: viales, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, caminería rural, energía, tratamiento de residuos, cárceles, centros de salud, de educación, viviendas de interés social y complejos deportivos.

También podrá celebrarse este tipo de contratos para la colonización de tierras, que por su ubicación, superficie y características resulten económicamente apropiadas para formar colonias.

En cualquier caso el Estado mantiene el cumplimiento de los servicios esenciales y los monopolios con los que cuenta.

En el texto se establecen los principios y orientaciones generales que deben tener estos contratos.

En el artículo cuarto queda claro que se debe cumplir con: transparencia y publicidad; protección del interés público; eficiencia económica; adecuada distribución de riesgos; transferencia; ecuanimidad y temporalidad (todos los contratos deben establecer un plazo máximo de duración, que no puede exceder de treinta y cinco años).

También la ley establece responsabilidad fiscal y control, así como el respeto a los derechos laborales y las normas legales acordadas en los ámbitos de negociación colectiva.

Para cada proyecto la administración pública que contrate deberá designar una Comisión Técnica que asesorará en todas las etapas del procedimiento de contratación.

La Comisión Técnica estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, debiendo ser dos de ellos, por lo menos, funcionarios de la Administración Pública que contrate.

Sus miembros deberán tener idoneidad en los diferentes aspectos que componen el rubro de la contratación.

La Corporación Nacional para el Desarrollo cumple un rol clave en los PPP. Es justamente este organismo el que debe desarrollar y fomentar la ejecución de proyectos de PPP mediante la aplicación de criterios técnicos, uniformización de procedimientos y preparación de manuales.

El presidente de la CND explicó este jueves a En Perspectiva, sobre la base de que la ley va a ser aprobada, que ya se avanzó en algunos estudios con los ministerios del Transporte y Obras Públicas, Interior y la Intendencia de Maldonado para los primeros emprendimientos.

Porto dio detalles sobre cómo se va a intervenir en las rutas 21 y 24.

"Esa va a ser seguramente la dos primeras que van a salir juntas como un corredor vial, no van a salir por separada rutas 21 y ruta 24, sino que se van a licitar como un corredor vial. Los estudios allí se han avanzado, faltan algunos estudios, faltan algunas encuestas de origen destino que se van a realizar seguramente en el próximo mes mientras que se hace el decreto. Podríamos decir que el primer llamado va a ser sobre la ruta 21, 24, eso es lo que hemos acordado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es una de las prioridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", indicó Porto.

Para la cárcel de Punta Rieles los estudios previos también están encaminados y para esto se ha contratado a consultores internacionales.

Varias empresas locales e internacionales, fundamentalmente de España, Brasil y Argentina, han manifestado interés en formar parte de los PPP.

En cuanto a los tiempos de los proyectos, Porto detalló que antes de la redacción de los pliegos y los llamados,  el Ministerio de Economía y Finanzas deberá sacar el decreto reglamentario.

"El Ministerio de Economía a quien le corresponde llevar adelante el proceso está analizando también experiencias internacionales para tratar de ver la forma de que el decreto cubra todos los aspectos que puedan ser cubiertos de forma de dejarle poca libertad a los contratos a la hora de las adjudicaciones y que gran parte de los elementos ya estén contenidos en la ley, en el decreto. Los de corto plazo, para que la ley esté plenamente con ley y decreto, capacidad de ser aplicada, yo estaría hablando de unos dos meses y luego viene el tema del proceso que la propia ley marca. La propia ley exige a diferencia de lo que sucede hoy que las obras que se realicen tengan unos estudios previos", aseguró Porto.

De todas formas, Porto precisó que los llamados se van a efectuar en el correr de este año.