(emitido a las 10.07 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
La Dirección General Impositiva realizó un operativo sobre 600 empresas de zonas francas que arrojaron reliquidaciones de tributos por montos millonarios en dólares.

Además se detectaron maniobras para evadir impuestos, según informó ayer el organismo en conferencia de prensa.

Pero al mismo tiempo que hace operativos sobre empresas, la DGI está pidiendo cada vez más datos a terceros para controlar el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que ha derivado en cuestionamientos de tributaristas y gremiales empresariales.

¿Cómo fue el operativo en zonas francas? ¿Qué hace la DGI con los datos que obtiene de terceros? ¿Cómo puede defenderse el contribuyente si se detectan inconsistencias entre lo que declaró y los datos que obtuvo la DGI?

Para responder estas preguntas, vamos a conversar con el director general de Rentas, el contador Pablo Ferreri.

¿Cómo surgió el operativo en zonas francas? Son zonas francas que están funcionando en todo el país.

PABLO FERRERI:
A fines del año pasado iniciamos un operativo de inspección, de fiscalización a empresas vinculadas a zonas francas, porque teníamos alguna información que fuimos acumulando a lo largo de los años, propia de DGI, que cruzamos con distintas bases de datos. Esa información se vio ratificada luego por los informes anuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las zonas francas y su actividad. Allí fuimos viendo algunos datos que nos resultaban llamativos en el régimen en general.

JAE - ¿Por ejemplo?

PF - Por ejemplo, en los informes del INE del período 2005-2008 vimos que se verificaba la existencia de un grupo importante de establecimientos sin actividad, que se denominan establecimientos latentes, que son establecimientos que cumplen con la condición de no haber registrado pagos al personal dependiente por ningún concepto, ingresos operativos ni gastos por encima del canon correspondiente. En este período estas empresas latentes representaban entre el 17 y el 26 % del universo de empresas de zonas francas.

JAE - Eso en cuanto al número de usuarios.

PF - En cuanto al número de usuarios.

JAE - ¿Qué tiene de malo?

PF - No entendíamos por qué había tantos usuarios que presentaban tan bajos signos de actividad, lo cual además se complementaba con el dato de que la mayor parte de las empresas presenta muy bajos niveles de ocupación. Entonces pensamos que podía haber allí alguna actividad encubierta, como descubrimos a lo largo de estos meses cuando empezamos a realizar inspecciones. De las 600 empresas de las que cruzamos datos, filtramos y seleccionamos unas 150, en algunas de las cuales ya hemos concluido las inspecciones y en otras continúan en curso todavía.

Hasta ahora las inspecciones han arrojado reliquidaciones de obligaciones tributarias por unos 400 millones de pesos. Y esta cifra puede verse incrementada en algunos casos porque en función de la intencionalidad del contribuyente y de su actitud para subsanar el perjuicio tributario causado estará incurriendo en una multa por defraudación que oscila entre 1 y 15 veces el monto del impuesto reliquidado. Y cuando además de una infracción por defraudación estamos frente a elementos de una actitud defraudatoria que implica un comportamiento penable penalmente, haremos las denuncias penales que correspondan.

JAE - Estamos hablando de empresas vinculadas a zonas francas. Se supone que en las zonas francas no hay pago por ejemplo de IRPF, sin embargo aquí se habla de reliquidación de al menos 27 empresas por este monto cercano a los 22 millones. ¿De qué empresas estamos hablando?

PF - En una primera instancia agrupamos a aquellas empresas que presentaban una casuística similar, que son estas 27 que hemos citado a lo largo de la semana pasada. En este caso estamos hablando de empresas en las que se ha verificado un uso inapropiado de la forma jurídica.

JAE - ¿Son usuarios de zonas francas o son empresas que están en el territorio?

PF - Ahí conviene ser gráfico para que la gente entienda bien cuál fue el concepto que se reliquidó. Por lo general tenemos empresas mayoristas de plaza que venden a comercios minoristas; cuando una empresa minorista le hace un pedido, la empresa mayorista le vende, o compra a su proveedor del exterior, trae la mercadería y realiza la venta en plaza, por lo cual obtiene un margen lógico de utilidad, al que se le debe aplicar el impuesto a la renta empresarial (IRAE). Esa es la realidad económica. Pero en muchos casos hemos detectado la creación de usuarios de papel en las zonas francas, usuarios que no tienen ningún personal a cargo, que no tienen ninguna actividad y que se crearon a los solos efectos de hacer pasar la mercadería por la zona franca, entonces la mercadería al minorista final le es facturada por el usuario de papel haciendo que el margen de utilidad quede en la zona franca. Las empresas que actúan bajo el régimen de zona están exoneradas del IRAE.

JAE - ¿Qué quiere decir "usuarios de papel"? Porque hay movimiento de mercadería.

PF - Hemos constatado que estas empresas no tienen personal a cargo, lo único que hacen es recibir la mercadería y sacarla.

JAE - Porque se pensó en las zonas francas justamente para facilitar el manejo de mercadería: viene un artículo en grandes volúmenes, se deposita en las zonas francas y se va volcando, se va importando al territorio a medida que el importador recibe las demandas.

PF - Sí, esa actividad logística es legítima y correcta, pero la actividad sustancial, la concreción del negocio, la venta de la mercadería, el acuerdo de un precio, las condiciones de entrega y demás, es toda pactada por una empresa de plaza. La sustancia del negocio es realizada por una empresa de plaza, por lo cual el negocio en la realidad económica es una venta de empresas de plaza que están gravadas por IRAE. Cuando tenemos actividad logística o empresarial realizada en forma sustancial dentro de la zona franca, no es un problema y se está usando correctamente el régimen. Pero cuando empresas de plaza utilizan empresas que son una simple carpetita a los efectos de dejar la renta en zona, estamos frente a casos de evasión tributaria.

En este caso esta casuística ha sido tan pero tan clara, que desde el lunes cuando comenzamos a citar a estas 27 empresas hasta ayer, en pocos días hábiles, ya hemos recibido la aceptación por escrito de unas 10 empresas de la reliquidación realizada y la solicitud de acuerdos de pago. Esto habla a las claras de la aceptación de un uso ilegítimo del régimen.

JAE - En estos 27 casos ustedes han detectado que son empresas de plaza que tienen empresas usuarias de zonas francas, hay una vinculación entre el usuario de zona franca y la empresa de plaza.

PF - Sí, la vinculación está absolutamente comprobada, es muy fuerte, y claramente es una creación artificial de la empresa de plaza para dejar la renta en zona. Estamos hablando de cifras bien importantes, de aproximadamente unos 400 millones de pesos en estos casos.

JAE - ¿Cómo sigue esta historia? Porque algunos ya aceptaron la reliquidación y otros se han negado.

PF - Entendemos que durante los próximos días y durante el plazo que las empresas tienen para acercarse a la oficina varias más concretarán su pedido de acuerdos de pago –varias lo han manejado de manera informal–, y en los casos en que esto no ocurra se proseguirá con las instancias que la normativa prevé. Si no se llega a un acuerdo, se pasa a otras instancias en las que interviene la División Jurídica de la administración tributaria.

Es importante destacar que esto no es algo nuevo que está haciendo la administración tributaria. En los últimos años por este mismo concepto, por la creación de usuarios de papel que se utilizan de manera artificial para dejar la renta en zona, la DGI ha realizado reliquidaciones por cifras muy importantes en casos que han sido bastante relevantes dentro del mercado. Por tanto no estamos innovando. Sí se realizó esta vez un operativo más general y más en profundidad que en otras ocasiones, no fuimos a una empresa puntual ni a una zona franca en particular, sino que hicimos un rastreo de 600 empresas ubicadas en todas las zonas francas del país.

JAE - Ya han surgido manifestaciones críticas y de rechazo. Luis Calachi, presidente de Zona Franca Florida y propietario de M24 aquí en Montevideo y de radio Florida en Florida, estuvo ayer en la conferencia de prensa, a la que asistió como periodista, como miembro de la delegación de radio Florida, y cuestionó los operativos y la acción de la DGI. Más allá de la polémica en cuanto a las potestades que tiene la DGI para entrar y controlar, ¿cómo quedan las empresas que están vinculadas a este tema, que dicen que se han violado algunas garantías de las empresas usuarias? ¿Cómo quedan este asunto y este cuestionamiento frente a la propia DGI?

PF - En la conferencia de ayer aceptamos las preguntas que cualquier periodista objetivamente quisiera formular. No correspondía las apreciaciones de un contribuyente que se veía tocado en su interés particular; no correspondían y no las contestamos.

Con respecto a los usuarios, entendemos que el régimen de zona franca es legítimo, es útil para el país y es conveniente que exista, pero siempre que se utilice en forma correcta y no como una pantalla para evadir tributos. En esto es importante destacar dos o tres cosas; ayer informábamos la reliquidación de tributos en 27 casos, estamos hablando de 27 casos en 600 empresas seleccionadas, es decir, menos de 5 % del total. Esto habla a las claras de que muchas de las empresas de zona cumplen en forma correcta con el régimen, pero hay otras que compiten de forma desleal. Para nosotros es muy importante recaudar los impuestos que corresponden, no entendemos de recibo que se nos objete que las empresas quedan comprometidas porque se les cortó la posibilidad de evadir impuestos. Si el negocio no es legítimo y está basado en la evasión tributaria, cuando la administración controla se acabó la fiesta.

Para nosotros es muy importante asegurar un marco de competencia legal para todos los usuarios que utilizan correctamente el régimen. Y también asegurar un marco de competencia leal y transparente para las empresas de plaza que no recurren a velos jurídicos para evadir impuestos y por lo tanto tener ventajas competitivas en función de esa evasión. Para nosotros es fundamental que todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones.

Además, si bien la ley es pareja para todos, entendemos que tenemos que ser especialmente estrictos con empresas de este tipo que por lo general son de un porte bien importante, que no pueden alegar en ningún caso el desconocimiento de la ley, porque cuentan con el mejor asesoramiento técnico de plaza, porque lo pueden pagar. En esos casos, cuando el mejor asesoramiento técnico no se pone al servicio de la creación de negocios legítimos sino al servicio de la evasión de impuestos, tenemos que tener una respuesta muy pero muy firme.

JAE - Entonces no hay un cuestionamiento al uso de las zonas francas para el movimiento logístico de mercadería.

PF - En absoluto, entendemos que es legítimo y que es muy útil. Entendemos que la actividad logística que desarrollan estas empresas le sirve al país, y no la objetamos de ninguna forma. Lo que sí objetamos es la evasión tributaria, la objetamos en empresas de zona, como en comercios de plaza, como cuando hacemos operativos de temporada. Nuestro objetivo es que la ley rija de forma pareja para todos.

***

JAE - ¿Esta línea de trabajo continúa o queda acá, en estas 27 empresas que están en este proceso y que tienen que acordar con la DGI?

PF - Todavía tenemos en curso algunas de las 150 empresas en las que realizamos procesos inspectivos más intensivos. En una primera instancia comunicamos esta casuística que abarca a 27 empresas, pero el operativo va a continuar porque todavía tenemos en estudio un universo de empresas en el cual las inspecciones no han terminado.

***

JAE - A poco tiempo de asumir usted planteó algunas ideas en una entrevista aquí En Perspectiva. Hizo referencia a la tecnología y al uso de la informática para hacer un mapeo de los sectores con mayor evasión, de forma de realizar fiscalizaciones más efectivas, es decir, en los lugares con más probabilidad de presentar evasión. ¿Cómo viene este proyecto?

PF - En general todas las iniciativas que hemos impulsado tienen como fin dos objetivos fundamentales: por un lado, mejorar la capacidad de la administración a la hora de cumplir con su cometido, es decir, velar por el cumplimiento tributario de los contribuyentes, y por otro lado dar servicios cada vez mejores, de mayor calidad a la gente. En ese sentido hemos iniciado un programa de iniciativas que ya está teniendo resultados concretos; por suerte ya no hablamos solo de expectativas, sino también de resultados.

En primer lugar, en la actual campaña de rentas estamos realizando un plan piloto de declaraciones juradas borrador con las cuales las personas incluidas, que son unas 10.000, no tienen que realizar la declaración jurada. El contribuyente accede con un pin a la página web de DGI, ve la declaración y si está de acuerdo con solamente darle ok la declaración queda entrada en nuestros sistemas, no tiene que realizar ningún trámite frente a ninguna oficina de la DGI. Esto ha sido una mejora sustancial dentro de las posibilidades de confección de declaración que le estamos ofreciendo a la gente, que en definitiva es para quien trabajamos. En los pocos días que llevamos de campaña efectiva ya tenemos más de 1.000 declaraciones aceptadas por este nuevo mecanismo.

Ahora en agosto vamos a concretar otro proyecto que está sustentado por la innovación tecnológica, vamos a hacer el lanzamiento público del proyecto de factura electrónica, y en setiembre vamos a lanzar los programas de mapeo de riesgo fiscal que habíamos comentado y a los que tú hacías referencia. En este sentido estamos elaborando mapeos de riesgo para personas físicas y para personas jurídicas. El de personas jurídicas ya está pronto, lo estamos testeando, y el de personas físicas está todavía en elaboración.

JAE - Pongamos un ejemplo concreto. Tenemos una empresa determinada con un número de RUT determinado; ¿para qué sirve este mapeo? ¿Qué pasa con ese dato? ¿Qué hago yo?

PF - Más que una empresa, tomamos la base de datos completa de DGI o un universo de empresas. Esto nos permite tener una tasa de éxito mayor a la hora de fiscalizar, racionalizando nuestros recursos humanos, porque en función de diferentes parámetros que se van construyendo, que utilizan bases de datos de diversos orígenes, vamos definiendo un perfil de evasión que nos da una tasa de riesgo por parte del contribuyente, y eso lo contrastamos en un universo. Por ejemplo, tomamos una base de 1.000 contribuyentes y mediante este sistema, este software nos indica cuáles son las 50 o las 100 o las 10 empresas que es más probable que estén evadiendo en función de los índices que se analizan.

JAE - ¿Esto también se va a hacer para personas físicas?

PF - Sí, es nuestra idea hacerlo también para personas físicas. Es absolutamente necesario en el caso de las personas jurídicas, pero es imperioso poder hacerlo en el caso de las personas físicas, porque en el caso de las personas jurídicas, de las empresas, tenemos decenas de miles de empresas, o algún centenar de miles, pero en el caso de los contribuyentes personas físicas tenemos más de un millón y medio, y es imposible para la DGI controlarlos a todos al tuntún, es necesario filtrar para poder inspeccionar de forma correcta el impuesto. Por eso tenemos que seleccionar a aquellos que presenten mayor probabilidad de evasión.

JAE - Cuando hablamos de evasión, ¿se refiere al IRPF?

PF - Exactamente, el mapeo para personas físicas está construido para detectar los casos de mayor probabilidad de evasión frente al IRPF o frente al impuesto al patrimonio de las personas físicas.

JAE - Todo esto ha dado lugar a la polémica, muchos se quejaron cuando la DGI se acercó a automotoras para ver los autos caros que se han comercializado o cuando solicitó a los colegios privados el detalle de los niños, de los padres que pagan las cuotas para ver si coincide con las declaraciones juradas de esas personas. ¿Apunta a ese mismo objetivo, a chequear si la declaración jurada se corresponde con la realidad? ¿Cómo funciona?

PF - Una pequeña precisión al correcto planteo: no hemos pedido datos de los niños, hemos pedido datos de los padres, que son contribuyentes de IRPF.

JAE - Pero se llega a los padres a partir de los niños.

PF - Salvo ese detalle, el resto de tu planteo es correctísimo. Para responder a la pregunta, como concepto general, atribuyo esa polémica a un tema de cultura tributaria. Es lógico que se plantee esta discusión en un país donde el IRPF es joven, por decirlo de alguna forma, recordemos que fue instaurado en julio del 2007 y recién estamos en 2011. En los países con una cultura tributaria mayor, donde el IRPF tiene décadas de existencia, estas cosas ni se cuestionan, porque así como la DGI debe obtener información para fiscalizar a las empresas, también debe hacerlo para fiscalizar a las personas físicas. En los países del primer mundo con un impuesto a la renta de las personas físicas más longevo, la administración tributaria ni siquiera pide los datos que nosotros pedimos porque tiene acceso directo online a toda esa información.

JAE - Por eso le preguntaba, porque aquí se ha hablado mucho del derecho a la intimidad, de la protección de datos personales que podrían estarse violando a partir de estos pedidos que hace la DGI –por ejemplo lo de los colegios privados–. La pregunta es si este mapeo que se va a instrumentar hace que la DGI tenga que recurrir a terceros para acceder a fuentes de información sobre sus contribuyentes.

PF - Sí, acceder a fuentes de terceros es absolutamente imperioso, es necesario; si no, no podríamos fiscalizar el impuesto. Pero todo esto debe darse dentro del marco que hemos estado repitiendo permanentemente desde que estamos al frente de la administración tributaria: la relación entre la administración y los administrados, los contribuyentes, tiene que ser de absoluto equilibrio. Tenemos que fiscalizar el impuesto, tenemos que velar por el correcto cumplimiento, pero también tenemos que velar por los derechos de los contribuyentes.

En este sentido también comentábamos como una aspiración en la entrevista del año pasado la elaboración de una carta de derechos del contribuyente en la que los derechos de estos estuvieran claramente plasmados y en lenguaje accesible para todos. Esto ya es un hecho concreto, por primera vez en la historia el año pasado la DGI impulsó la esta carta de derechos del contribuyente para que los contribuyentes que no pueden contar con asesoramiento tuvieran claro cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, porque todo derecho conlleva una obligación.

Entendemos que tenemos que respetar los derechos de la gente, tenemos que respetar la intimidad de la gente, pero no debemos confundir intimidad con opacidad, porque hay información con la que la administración tributaria debe contar para poder determinar correctamente las obligaciones tributarias que a todos nos corresponden, porque el pago de impuestos es la primera responsabilidad social que tiene un ciudadano para poder financiar la vida en sociedad.

JAE - En su momento usted anunció que se obtendrían datos del Clearing de Informes; ¿en qué quedó eso?

PF - Estamos tomando datos de diferentes bases, una de ellas seguramente será la base del Clearing. Con el Clearing de Informes estamos trabajando en el diseño del modelo estadístico para el mapeo de riesgos de personas físicas. Hicimos un llamado público al cual se presentó el Clearing de Informes, y estamos trabajando con ellos en la elaboración de ese mapeo estadístico, más que en la toma de datos.

JAE - Es sustancial la diferencia. La pregunta es si la base de datos del Clearing de Informes va a ser utilizada por la DGI para hacer el control del IRPF.

PF - En algún caso entendemos que podremos tomar datos de esta base o de otras; no entendemos que eso tenga que despertar un alarmismo o un temor en la gente. Hay datos que se podrán tomar y otros que están cubiertos por la ley de protección de bases de datos.

JAE - ¿El consumo de tarjetas de crédito, por ejemplo?

PF - La administración tributaria tiene la potestad para acceder a los consumos de tarjeta de crédito y de hecho accede desde el año 95, ya hace más de una década que la DGI cuenta con esta potestad. En los últimos años no ha habido un aluvión de nuevas potestades para la administración tributaria, en general todas las potestades que tiene vienen de hace varias décadas, pero con el uso intensivo de la tecnología se utilizan mejor las potestades existentes. No creo que los uruguayos queramos una administración tributaria ineficiente, sino al contrario, una administración tributaria de calidad que haga cumplir la ley de forma pareja a todos.

JAE - Ahora hay una ley que admite el levantamiento del secreto bancario sin necesidad de una definición del juez. Eso es un cambio.

PF - Con definición del juez.

JAE - Pero ahora la DGI no necesariamente tiene que mostrar evidencia de que se está frente a una evasión, puede presumir que la hay.

PF - Esa es la única gran potestad que ha incorporado la administración en los últimos cinco o seis años, y es de perogrullo que la tenga; para hacerlo bien gráfico, es el destornillador en la caja del electricista. Cualquier administración tributaria que se precie de tener un mínimo de eficiencia a nivel internacional cuenta con esta potestad. Es más, como te comentaba, en la mayor parte de los países desarrollados las administraciones tributarias no le solicitan información al sistema bancario, están conectadas online y obtienen los datos de todos los contribuyentes.

Aquí se ha optado por un sistema que entendemos mucho más garantista de los derechos de los contribuyentes y con el cual estamos de acuerdo, que implica que no se toman datos en general de todos los contribuyentes, solamente se pueden pedir de un contribuyente en particular. Y el levantamiento no lo determina la DGI, esta debe solicitárselo al juez, que es quien define si se levanta o no. Me parece que los uruguayos podemos confiar en nuestra Justicia, por lo cual los contribuyentes tienen todas las garantías del caso.

Ahora bien, antes para solicitar el levantamiento del secreto la administración tenía que demostrar que había defraudación, pero si la DGI ya tiene demostrada la defraudación no necesita levantar el secreto bancario, entonces había ahí un círculo vicioso. Muchas veces para constatar la defraudación es necesario levantar el secreto, por eso se ha cambiado a que haya una presunción, porque se estima que la prueba contundente está en la información bancaria.

***

JAE - Estamos hablando de tornillos y destornilladores, de instrumentos que tiene la DGI para hacer pagar los impuestos o para que el porcentaje de evasión baje. En el caso del IVA ha bajado bastante; ¿hay algún dato a propósito del IRPF? ¿Cuánto se paga de IRPF en función de lo que debería ser?

PF - Tenemos mediciones muy afinadas en cuanto a la evasión del IVA, que es un impuesto indirecto y por lo tanto más fácil de medir. A nivel internacional es muy difícil medir la tasa de evasión de los impuestos directos, en casi ningún país hay una construcción, una estimación afinada de la evasión de los impuestos directos. En el caso de los impuestos a la renta empresarial siempre se estima que la tasa de evasión es un poco superior a la del IVA. Nosotros ya por segundo año consecutivo tenemos la tasa de evasión más baja de América Latina, que en el caso del IVA se ubica en el entorno del 15 al 16 %, lo cual nos lleva de orgullo porque algunas administraciones del continente son de primer nivel, como la de Chile, la de México o la del propio Brasil.

Es importante destacar esto porque por ejemplo en este operativo de zonas francas hablamos de 400 millones de pesos, de 20 millones de dólares, de recaudaciones millonarias, pero no estamos hablando simplemente de dinero, sino de la posibilidad del Estado de dar mejores servicios y mejor contención a los ciudadanos. Como decíamos, 20 millones de evasión en las zonas francas, más que 20 millones de dólares son muchas escuelas de tiempo completo. Me parece que ese mensaje de cultura tributaria ha ido permeando a lo largo de estos últimos años en la sociedad y vemos un cumplimiento cada vez mejor de los uruguayos.

JAE - Pero así como está esa estimación de evasión de 15-16 % en el caso del IVA, ¿hay alguna estimación para el caso del IRPF? En algún momento se habló de 30 % o más, en un estudio internacional que se conoció.

PF - Sí, pero no son datos demasiado finos como en el caso del IVA. En el caso del IVA es una medición muy concreta; entendemos que el valor de evasión del IRPF puede estar por encima del valor del IVA, pero no nos parece conveniente aventurar un número porque no hay construcciones fiables de la tasa de evasión del IRPF ni en Uruguay ni a nivel internacional.

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Transcripción: María Lila Ltaif


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