(emitido a las 8.43 Hs.)

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
"Fin de la sesión. Se aprobó una Rendición de Cuentas irresponsable, despilfarradora, clientelista y oscura. Buenas noches".

Este es el tweet de Hernán Bonilla, que daba cuenta de la conclusión de la discusión en particular de la Rendición de Cuentas que estuvo a consideración de la Cámara de Diputados.

EMILIANO COTELO:
Sí, últimamente las sesiones del Parlamento pueden seguirse a través de los tweets de distintos legisladores, tanto en la Cámara alta como en la Cámara de Representantes. En este caso tú estabas citando el mensaje final de un diputado del Herrerismo, Partido Nacional (PN).

JAE – A su vez, si uno acumula todos los mensajes que han mandado los legisladores se puede armar una historia. Por ejemplo, Julio Bango, del Partido Socialista, en el mismo momento dice: "3 y 11 minutos, aprobamos Rendición de Cuentas". Fernando Amado también ponía: "Votando el último artículo de la Rendición de Cuentas, 68 en 69, afirmativa. Hasta dentro de un rato". Y nos encontramos también con cruces, por ejemplo el diputado frentista Sebastián Sabini le decía a través de un tweet a Fernando Amado: "No grites que es tarde".

Pero más allá del uso de la tecnología y de la información minuto a minuto que pueda ir surgiendo, aparece una discusión de fondo que tiene que ver con el gasto público que está contemplado en la Rendición de Cuentas. Por un lado, la oposición cuestiona al oficialismo por una especie de contradicción entre el aumento del gasto y el pedido de prudencia realizado por el presidente José Mujica.

Por otra parte, en el oficialismo se afirma que la crisis de los países desarrollados está contemplada en la Rendición de Cuentas que el Parlamento tiene a consideración.

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Recibimos al diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio (FA).

La oposición cuestiona la contradicción, dice que hay un incremento del gasto público más allá de lo que está previsto en cuanto a la educación y que también hay otros gastos que tienen que ver con la creación de cargos de particular confianza. ¿Bajo qué argumentos sostiene el FA que sí se contempla el pedido de prudencia del presidente de la República?

ALFREDO ASTI:
En primer lugar, algunos de esos mensajes están hablando de otra Rendición de Cuentas o de otro país. Si algo tiene esta Rendición de Cuentas es una responsabilidad absoluta del Gobierno y de su bancada. Pese a todas las presiones que se intentó hacer –incluso por parte de la misma oposición, que propuso algunos aumentos del gasto adicionales a los que se votaron– hay solamente dos rubros que tienen aumento del gasto; y los dos provienen de leyes votadas anteriormente.

JAE – Uno es educación y el otro es el inicio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

AA – Exactamente. El único otro aumento es la creación de una fiscalía, que desde el punto de vista del gasto no tiene mayor significación. Pero no hay ningún otro aumento del gasto salvo esas dos situaciones, que fueron absolutamente consideradas dentro de –entre otras cosas– los compromisos del FA de llevar adelante su plan de Gobierno. En particular el tema de mantener el 4,5% del PBI para la educación, algo respetado cabalmente porque estaba en el presupuesto anterior, pero además porque es un compromiso político de seguir dando recursos a la educación, para que a través de la misma se obtenga la igualdad de oportunidades que posibilite el desarrollo social y humano igualitario.

JAE – Su colega colorado Germán Cardoso, de Vamos Uruguay, dijo al semanario Búsqueda que hay una inconsistencia entre el Poder Ejecutivo y lo que termina siendo realidad. A su juicio, esto queda en evidencia debido a que "por un lado aparece el discurso de cautela y por otro lado la Rendición de Cuentas, que afirma que si sobró algo que se gaste, no importa en qué". Y hace mención al informe en minoría del Partido Colorado (PC) que expresa que "mientras se trata la Rendición de Cuentas con el mundo desarrollado complicado, hay decenas de normas que se encargan de distribuir créditos sobrantes en otros múltiples destinos, además de volver a incrementar el gasto total". ¿Qué dice usted al respecto de esto?

AA – Simplemente para demostrar la actitud de ese diputado que usted menciona, en un momento determinado de la sesión del martes el diputado Germán Cardoso gritaba desaforadamente: "El Gobierno miente cuando dice que ha cumplido con el tope del endeudamiento". Nosotros le respondimos que no era el momento [de discutirlo] porque estábamos hablando de otro tema y que le íbamos a contestar oportunamente cuando habláramos del endeudamiento público. Inmediatamente conseguimos los documentos, que según él faltaban, los distribuimos en la Cámara y por supuesto no tuvimos ninguna respuesta. Ayer, cuando tratamos el tema del endeudamiento público, volvimos a decir que el que había mentido había sido él, y que el Poder Ejecutivo –con documentación que estaba distribuida entre los legisladores– había cumplido estrictamente con el tema del endeudamiento público. Por supuesto no pudo decir ni una sola palabra. Esa es la actitud de algunos legisladores, que además ni siquiera participaron activamente, debiendo hacerlo porque estaban convocados. [Los diputados] del PC fueron muy poco a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Y el diputado Bonilla prácticamente no habló en ninguna de las sesiones, en las cuales muchos otros legisladores, de todos los partidos, trabajamos arduamente para que varios de los artículos se votaran con un consenso bastante grande, a veces por unanimidad, a veces dos o tres partidos acompañando lo que en ese momento se estaba votando.

JAE – Pero con relación a este cuestionamiento del diputado Cardoso, ¿cuántos recursos había que no se gastaron, que estaban previstos y que fueron distribuidos como sobrantes en otros múltiples destinos?

AA – Pero es que el tema es la reasignación de recursos que estaba previsto pensando en situaciones especiales en cada uno de los organismos. Varios organismos decidieron que muchos de los montos que tenían para contrataciones de personal fuera del propio organismo pudieran utilizarse con los nuevos vínculos laborales, con los contratos temporales de derecho privado por ejemplo. Eso es muy claro. Había algunos mecanismos, y uno de los más cuestionados fue el de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La OPP tenía rubros para seguir contratando –como siempre lo hizo– personas a través de préstamos internacionales y como si fueran gastos de funcionamiento. Se decidió sincerar eso porque, entre otras cosas, se habían perdido juicios laborales debido a que se contrataba a personas a través de programas como los del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que luego se convertían –esto pasó en administraciones anteriores– en contratos que por su renovación se hacían estables. En algunos casos el Poder Ejecutivo ha tenido que pagar juicios, porque cuando quería cesar estos contratos se encontraba con que se había establecido una relación laboral y que no los podía cesar. No se gasta un solo peso más en transformar la contratación de personas a través del sistema de tercerizaciones en contratos de derecho privado. Quedó absolutamente comprobado que no hay aumento del gasto, más de lo que establecíamos originalmente...

JAE - ...La pregunta es si en este contexto de incertidumbre internacional no se justificaba un recorte del gasto.

AA – Nosotros entendemos que precisamente tenemos que fortalecer lo que ya pasó en el ejercicio 2008-2009, con el inicio de la crisis internacional por la burbuja financiera y todas las consecuencias que luego hubo en el mundo. Este Gobierno se preparó para las crisis, tuvo políticas públicas ajustadas a la realidad, con una disminución de las vulnerabilidades fiscales, financieras, comerciales, y fue uno de los cinco países en el mundo que logró que su nivel de actividad no cayera –aunque fue menor– así como disminuir la pobreza, aumentar el empleo y ampliar el ingreso de los hogares. Esto es reconocido por organismos internacionales. O sea que, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, nosotros no permitimos que la crisis cayera sobre los sectores menos privilegiados y pudimos, en este caso con políticas públicas activas anticíclicas, evitar que el país sufriera los problemas que tuvo en crisis pasadas. Ahora, nuevamente, no estamos dispuestos a que sean los sectores de menores ingresos quienes paguen las consecuencias de esta crisis.

Una de las acusaciones que se nos hacía es que debíamos revisar la incorporación de los pasivos al Fonasa. No había norma presupuestal para hacerlo, pero debíamos seguir incorporando paulatinamente más contingentes de pasivos, de acuerdo a su edad y a su ingreso, al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y en particular al Seguro Nacional de Salud (SNS). Eso ya está resuelto por una ley que aprobamos todos los partidos por unanimidad en 2010. Una de las propuestas era que fuéramos hacia atrás en esa decisión y postergáramos el ingreso de los pasivos al Fonasa, porque eso requiere bastantes erogaciones por parte del Estado. No está previsto en la Rendición de Cuentas y hubiera sido una medida para limitar el gasto, que ya estaba aprobado por normas anteriores y que habían votado todos los partidos. Ante esto por supuesto que nosotros nos negamos, no pueden ser los pasivos los que paguen el precio de la crisis postergando su inclusión en un seguro como ya tienen los activos en el país.


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