(emitido a las 7.39 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Gobierno no descarta decretar la esencialidad de los trabajos en la refinería de Ancap y también de los servicios de UTE, debido a que el paro del gremio metalúrgico pone en riesgo el abastecimiento de combustibles y el normal suministro de energía eléctrica.

Así empieza una nota que publica hoy el diario El Observador, que luego agrega que la huelga, resuelta por la Untmra (Unión Nacional de trabajadores del Metal y Ramas Afines), afecta el suministro de combustibles y hace peligrar el respaldo energético de UTE, según señaló el subsecretario Edgardo Ortuño.

Recordemos por qué se plantea esta situación dentro del conflicto de este sector. El director de Ancap, Juan Gómez, explicó: "Estamos en una paralización programada de mantenimiento en La Teja. Son tareas que se realizan cada cuatro años, pero esta vez hay algunas tareas agregadas, como la sustitución de la torre de destilación y la instalación de la conexión de la planta desulfurizadora. Teníamos cuatro días de atraso previstos, pero esto se ha multiplicado a partir del conflicto. El retraso de la puesta en funcionamiento de la refinería, porque no se terminan los trabajos de mantenimiento, tiene un impacto negativo ya que ahora tenemos que exceder las previsiones de compra de derivados importados".

En línea está el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. ¿El Poder Ejecutivo ha decidido decretar la esencialidad de estos trabajos?

EDUARDO BRENTA:
No, el Poder Ejecutivo está analizando la situación en contacto permanente con las partes, tratando de generar alternativas que eviten precisamente la aplicación de una medida de este tipo. Este conflicto ha tenido una duración larga. Y esta negociación incluyó la emisión por parte del Poder Ejecutivo de un decreto por el cual se alcanzó uno de los objetivos que los trabajadores metalúrgicos planteaban y que nosotros consideramos justo, que era igualar en la parte del montaje industrial –precisamente lo que se está haciendo en la refinería de Ancap– los salarios de los trabajadores metalúrgicos y los salarios de los trabajadores de la construcción. Existía una diferencia que por supuesto también tenía un impacto en los costos de las empresas, dado que los salarios del sector metalúrgico eran notoriamente inferiores a los del sector de la construcción.

Dado que no hubo acuerdo, no se alcanzó un convenio colectivo en este grupo del Consejo de Salarios. Sí se alcanzó en otros donde también participa la Untmra, como el sector naval o el sector de la minería. En este no hubo posibilidades de acuerdo. A partir de la ausencia del sector empleador, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que básicamente igualó estas categorías generando un incremento salarial muy importante para cuando los trabajadores metalúrgicos se encuentran realizando tareas de montaje industrial en distintas empresas de plaza. Esta propuesta no fue bien recibida por el sector empresarial, que en su momento planteó que esto inviabilizaba la posibilidad de las empresas de participar en emprendimientos muy importantes, como la refinería de Ancap o los emprendimientos de Montes del Plata. Sin embargo, efectivamente muchas empresas metalúrgicas han logrado participar en este proceso. Resuelto este aspecto, pasado un tiempo ambas partes –la Untmra y la Cámara Metalúrgica– nos presentaron un proyecto de ley de interpretación del decreto que a su entender mejoraba nuestro propio decreto y que fue incorporado como tal de común acuerdo entre las partes.

Pasado unos meses, el sindicato planteó su interés en la discusión de un convenio integral. Cuando hay un decreto, el Poder Ejecutivo por la ley de negociación de colectiva sólo puede limitarse a establecer categorías, salarios mínimos y licencias sindicales. Son los únicos aspectos que puede definir, las condiciones de trabajo y demás tienen que ser fruto del acuerdo bipartito entre empresas y trabajadores. Como no fue posible esta negociación, nosotros insistimos buscando mecanismos, vías, propuestas. La organización de los trabajadores comenzó a plantear la posibilidad de ir a una huelga de carácter general, situación que de alguna manera fue evitada hace unas semanas en virtud de que se comenzó a conversar entre las partes. Finalmente esta conversación no habilitó un espacio de diálogo más profundo y entonces hace una semana aproximadamente fue declarada la huelga general.

EC – Y ahora, ¿efectivamente una de las medidas que se está evaluando es la declaración de servicio esencial del trabajo de empresas y sus empleados del sector privado en esta tarea de mantenimiento en la refinería de La Teja?

EB – La Organización Internacional de Trabajo (OIT) habilita la declaración de servicios esenciales cuando está en riesgo la vida, la salud, o la seguridad de la población. En este caso, claramente no nos corresponde a nosotros determinar el tiempo y los plazos sino a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de Ancap. Pero el hecho de detener la refinería genera un retraso que puede provocar el desabastecimiento de combustible, lo que tiene dos aspectos que lo vinculan a la esencialidad. El primero refiere a los combustibles necesarios para el funcionamiento de elementos claves para la vida, la seguridad y la salud, como patrulleros, ambulancias, carros de bomberos, etcétera. La posibilidad de aplicarla en este caso no está en duda desde el punto de vista jurídico. Y el otro refiere a la generación de energía a partir de productos refinados del petróleo...

EC - ...Ahora, por más que no se pueda refinar en La Teja, Ancap puede seguir importando combustibles tal como lo está haciendo.

EB – Puede seguir o no, eso depende de la disponibilidad de combustibles refinados existente en la región. Lo que hace Ancap en la llamada parada de la refinería es comprar previamente todo el combustible necesario –y un margen más naturalmente– para prever el tiempo en el cual la refinería va a estar detenida. Puede suceder lo que ha sucedido con la energía eléctrica, por ejemplo, que en muchas oportunidades se le ha pedido a Argentina y esa posibilidad no existe porque Argentina en ese momento no tiene excedentes de energía eléctrica.

EC – Desde la Untmra, por ejemplo, su principal dirigente, Marcelo Abdala, responde: "No nos pueden obligar a trabajar, nosotros somos trabajadores industriales, no somos empleados públicos. Además deben tener en cuenta que hay toda una parte del gremio que no participa de la huelga pero está pronta a solidarizarse". Porque está el inconveniente de que, suponiendo que los obreros que realizan esta tarea de mantenimiento en La Teja volvieran a trabajar, a su vez requieren insumos que vienen de otras plantas del sector metalúrgico que van a continuar en huelga. Entonces, ¿cómo se sale de este brete?

EB – Durante mucho tiempo la Untmra ha presentado documentos y propuestas vinculadas al desarrollo industrial y a las empresas públicas, parece bastante contradictorio poner en riesgo precisamente la principal empresa pública del país. Esto me parece que es un elemento clave.

Lo segundo es que los servicios esenciales no están pensados exclusivamente para los funcionarios públicos, también pueden ser aplicados a los funcionarios privados. El caso más claro es la salud, por ejemplo. Respecto a eso no hay ninguna duda, dado que el doctor Tabaré Vázquez emitió un decreto en el cual declaró esenciales los servicios de transporte de carga, cuando fue rodeado el Parlamento nacional.

EC - ¿Y el otro factor, el hecho de que por más que vuelvan a trabajar estos empleados carecerán de insumos porque las plantas que los producen seguirán en huelga?

EB – Yo no soy un experto en refinería pero tengo entendido que la empresa Ancap tiene todas las previsiones tomadas respecto al aprovisionamiento de –en este caso– repuestos y demás para el desarrollo de las tareas de mantenimiento de la planta. Me parece que esto no sería un obstáculo.

Lo que me parece importante es el compromiso de los trabajadores metalúrgicos, a los cuales les planteamos este tema hace ya dos meses, cuando se comenzó a hacer referencia la posibilidad de una huelga general, y sabiendo que los tiempos de Ancap estaban previstos, porque la parada de la refinería es un proceso muy complejo y que exige cronológicamente etapas claramente definidas. En una reunión en el Ministerio de Trabajo junto al ministro de Industria y las autoridades de Ancap adelantamos cuál era la situación y nuestra preocupación respecto a que en una medida de lucha de estas características no fue incorporada una....

EC - ...¿Y qué dijo la Untmra en ese momento?

EB – La Untmra tomó el planteo y reafirmó su compromiso con el desarrollo nacional en ese sentido, con el papel que juega Ancap como empresa líder en muchos aspectos. Y ellos manifestaron su interés en el desarrollo...

EC - ...¿Pero se comprometieron a no parar estas obras?

EB – No, a eso no se comprometieron. Pero claramente eran conscientes de la decisión que se estaba tomando, en los tiempos en que se estaba tomando.

EC – ¿Por qué se maneja la posibilidad de decretar la esencialidad de estos trabajos en particular –los de mantenimiento en la refinería de La Teja– pero no hay una acción más enérgica del Gobierno en relación al conflicto en general? Estamos hablando de una huelga que ya lleva una semana y que, según los datos recopilados por la producción de En Perspectiva, incluye ya a 22 fábricas ocupadas. Da la impresión de que estamos hablando de un problema muy serio. Además de la refinería de La Teja, una cantidad de empresas han tenido que interrumpir su producción, hay empleados que eventualmente discrepan con la huelga y querrían entrar a trabajar y no pueden. ¿Cómo se entiende que una semana después el Gobierno no haya logrado incidir en esta huelga?

EB – No, el Gobierno ha incidido permanentemente y ha recibido de parte del sector empresarial planteos extremadamente duros, como el que tiene que ver con la pérdida de confianza en la organización sindical. Yo creo que, a diferencia de la construcción, por ejemplo, aquí estamos en un sector en que las partes han perdido la confianza entre sí y la reconstrucción de la misma no es un proceso fácil. Pero es bueno tener claro cuáles son las herramientas de las que dispone el Gobierno. ¿En qué puede consistir una actitud más enérgica? Existe un decreto vigente que está siendo utilizado por los empresarios para el desalojo de las plantas, cosa que efectivamente se ha concretado en varios casos, según consta en los propios medios de comunicación. Y el derecho de huelga es un derecho constitucional, por tanto no se le puede impedir a nadie, salvo cuando la huelga colide con otros derechos como el derecho a la vida, a la salud o a la seguridad de la población. Estas son las normas internacionales y los márgenes de los que dispone el Gobierno uruguayo.

Luego hay un conflicto entre partes privadas donde el Gobierno ha mediado, y esto le consta a las dos partes y a la prensa también. Ha sido notoria la innumerable cantidad de discusiones e intercambios que ha existido entre las partes. Yo creo que hay una decisión del sector empleador en ese sentido, adoptado con mucha firmeza por una cámara que se encuentra absolutamente unida en esto, que supone un replanteo de las relaciones a partir de una situación conflictiva de volumen en general. Con esto no quiero decir que esté provocando el conflicto, sino que no hay ninguna disposición a ceder ni a negociar en ningún aspecto –así me fue manifestado a mí personalmente- si no existía un levantamiento total de las medidas por parte del sindicato.

EC - ¿Usted dice que en estas condiciones el Gobierno está atado de manos?

EB –Lo que digo es que el Gobierno tiene un marco legal que tiene que cumplir. No puede prohibir el derecho de huelga ni tampoco puede obligar a negociar a los empresarios cuando estos no están dispuestos a hacerlo.

Quienes están en un camino sin salida –aunque estas cosas a veces cambian en 24 horas– son los empresarios y los trabajadores del sector, que se encuentran empantanados en una situación donde uno condiciona al otro el levantamiento absoluto de las medidas para poder negociar. En general, esto es difícil hacer. Y otra es la posición del sector trabajador, donde se exigen determinados beneficios y si no [se consiguen] no se está dispuesto a levantar las medidas. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Trabajo en este caso? Precisamente la búsqueda de fórmulas que permitan que cada una de las partes, sin ceder en sus aspectos centrales, logre reiniciar un diálogo. Para reiniciar ese diálogo tiene que haber voluntad, porque nadie puede obligar a otro a hacerlo. Nosotros creemos que es posible construir esa voluntad a partir incluso de la garantía del Ministerio de Trabajo en algunos aspectos, algo que podría ser puesto sobre la mesa como un elemento que asegure a las partes el cumplimiento de los compromisos. Esta es una de las posibilidades que tenemos y que, por ejemplo en el caso de Conaprole, ha sido una garantía suficiente para reconstruir el vínculo laboral y generar un espacio nuevo de relaciones laborales...

EC - ...¿En este caso ya han hecho ese ofrecimiento?

EB – No, aún no lo hemos hecho. Lo que pasa es que una propuesta buena pero fuera de momento, adelantada, en general fracasa. A veces hay que esperar. Esto pasa en las relaciones humanas también, en general hay que esperar y buscar el momento propicio para que las partes comprendan que el camino del diálogo siempre es mejor que el camino de la confrontación. Y esto vale para ambos.